sábado, 17 de marzo de 2018

Necesitamos abajo analizar de qué país son responsables el poder real y su democracia.

Con ese objetivo debemos atender
a las diversas luchas desde abajo.
 
En Brasil, como en Argentina, se lucha por el "volveremos" frente a gobiernos de derecha explícita. De esta manera se continúa desconociendo abajo que no se trata de sustituir gobiernos sino de enfrentar a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Es la privilegiada permanente, independientemente de si estamos bajo gobierno constitucional o de facto  impone su acumulación por sobre las necesidades populares.

Para situarnos en la realidad del país-continente y del mundo es prioritario visualizar las diversas luchas desde abajo que enfrentan el modelo capitalista de producción y desarrollo. Están rompiendo el círculo vicioso del poder las organizaciones populares que plantean: 
 

¡Agua, Tierra y Trabajo!

5 de marzo de 2018
Cerca de 4.000 personas se movilizaron en Mendoza, en una nueva jornada de lucha durante los festejos vendimiales. En una semana marcada por la movilización de miles de trabajadores de la educación, los festejos fueron otro escenario para manifestar las demandas de diferentes sectores en lucha. Territorios fumigados, megaminería saqueadora y contaminante, fractura hidráulica (fracking), ajuste en educación y devaluados salarios docentes fueron algunas de las situaciones denunciadas por miles de manifestantes durante el tradicional carrusel vendimial.
 
Por ANRed
El pasado Sábado 3, desde muy temprano en la Plaza Italia de la capital se fueron concentrando miles de mendocinos/as con pancartas, muñecos, y carros alusivos a los impactos de la megaminería, las fumigaciones y la implementación del fracking -una de las técnicas más caras para obtener energía y con mayor impacto ambiental-.
Como otros años, estaba presente la Reina/Madre del Agua, sobre la que Tania, miembro de la Asamblea por el Agua Pura, nos decía: “La reina del Agua ya lleva varias vendimias. Era reina en un comienzo, ahora es la madre del agua porque justamente estamos en contra de esto de que las mujeres sean reinas. Simboliza la vida y todo lo que nosotros vemos cuando vemos agua, vemos vida, peces, flores, la vida de los mendocinos”.
 
En el recorrido, desfilaron las asambleas por el agua también con presencia de “Jachal no se toca” de la provincia de San Juan; los trabajadores de la educación nucleados en SUTE y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados); judiciales; estatales agrupados en ATE; docentes de FADIUNC; trabajadores de la Feria Popular de Guaymallén; víctimas de gatillo fácil, organizaciones sociales, las comparsas de colectividades bolivianas que se sumaron al contracarrusel por las declaraciones xenófobas por parte del gobierno nacional y provincial, partidos políticos, entre otros.
A pesar de la ausencia de autoridades, el contracarrusel se detuvo algunos minutos frente al palco oficial, ubicado frente a un lujoso hotel. En él debían estar la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos; el Ministro de Producción, Francisco Cabrera; el Ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, el Secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa y el gobernador de Salta, Juan Manuel Uturbey.
Sin embargo, ninguno de ellos se encontraba presente al momento del desfile de la colorida manifestación, que coreaba: “¡El Agua de Mendoza, no se negocia!” Y luego, con el paso de los trabajadores de la educación: “¡Docente luchando, también está enseñando!”, “¡Qué nos vengan a ver, que nos vengan a ver, la escuela está en la calle aunque Cornejo no quiera ver!”. 
 
Los docentes estuvieron presentes portando enormes lápices y entregando folletos. ANRed entrevistó a Sebastián Henríquez, secretario General del SUTE: “Antes de ser la conducción, cuando éramos agrupaciones, ya movilizábamos. No solamente por nuestros reclamos sino por el reclamo común del agua, por la defensa del ambiente y de la Ley 7722. Y hoy en particular estamos incluyendo la campaña #Más para Educación, porque queremos dialogar con toda la sociedad y con toda la comunidad en función de mostrar que el gobierno no prioriza el sistema educativo en los hechos, porque hay un desfinanciamiento brutal del sistema en los últimos tres años, y a partir de allí dialogar qué sistema educativo queremos. Mostrarle a la gente que en Mendoza se pierden días de clase no por paro, sino porque hay escuelas que se caen a pedazos; la merienda que no llega en tiempo y forma a las escuelas y que la tienen que poner los docentes y celadores de su bolsillo. Son las cosas que vimos en las escuelas que ya colmaron la indignación de todos”. Respecto al proceso de discusión y activación en las escuelas, señaló: “Un proceso bastante arduo que culminó en algo muy emocionante que fue la marcha del lunes 26 de marzo, que fueron más de 15.000 personas. Creo que la clave fue que trabajamos una orientación desde diciembre que fue debatir más socialmente, y la gente empezó a entusiasmarse con que había una conducción que estaba explicando qué pasaba con el sistema educativo; que le estaba empezando a debatir de igual a igual al gobierno. Fueron ellos los que tuvieron que salir a discutir nuestros números y nuestros informes, donde les planteábamos cómo estaban desfinanciando el sistema educativo.”
 
El contracarrusel se ha llevado adelante ininterrumpidamente durante 12 años. El año 2007 fue el de la promulgación de la Ley 7722 que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera. Esta ley fue producto de la lucha en las calles que venía desarrollándose fuertemente en los departamentos del Valle de Uco y que luego, hacia los años 2006-2007 adquiría un carácter provincial. Para conocer la situación actual, ANRED dialogó con miembros de distintas asambleas que componen AMPAP (Asambleas Mendocina por el Agua Pura).
Enrique, de la Asamblea del Departamento de San Carlos, nos decía: “Gracias a la Ley 7722 por ahora venimos liberando de la minería a gran escala, de la minería contaminante, metalífera. No defendemos solamente el agua de San Carlos sino que estamos defendiendo el agua de todo Mendoza y de todo el país, porque casi toda el agua que nace en nuestros glaciares va a parar a Buenos Aires, por napas. 
Alberto, de la Asamblea del Pueblo de General Alvear, planteaba: “Nosotros participamos focalizando nuestra protesta al gobierno de la provincia porque el gobernador autorizó el desarrollo de la extracción de petróleo no convencional por medio del fraking, justamente en el lugar más sensible y estratégico del Río Atuel, que son las nacientes.
 
La Asamblea Maipucina por el Agua Pura se hizo presente con un carro que simbolizaba las torres del fracking. Ariel nos decía respecto a la situación de ese departamento: “Maipú se ve atravesado por las tres grandes amenazas que está sufriendo nuestro recurso hídrico, que son la megaminería, el fracking; porque Maipú es una zona petrolera que aunque todavía no comienza, siempre está latente. Y sobre todo, hoy por hoy, los agrotóxicos, porque están fumigando indiscriminadamente sobre escuelas con la excusa de combatir la polilla de la vid. 
La Localidad de Uspallata de Las Heras, ha librado una victoriosa batalla contra el megaproyecto minero San Jorge. Sin embargo, la amenaza continúa. Al respecto, nos decía Federico: “Estamos acá apoyando, como parte de AMPAP, todos los reclamos: trabajo digno, tierra y agua pura y además nuestro reclamo puntual de Uspallata, que es NO a minera San Jorge y SÍ al área protegida Uspallata-Polvareda. 
Finalmente, Marcelo de la Asamblea por el Agua Pura del Gran Mendoza, sintetizaba: “Fracking, fumigaciones y megaminería son los tres principales ejes que han motivado nuestras luchas del último año y lo que comienza de este año 2018.
Lamentablemente ya el año pasado, en el mes de julio, el fracking se empezó a practicar en Malargüe, en el sur de la provincia.
Ampliaremos con mayor detalle los conflictos socio-ambientales de cada Asamblea en un segundo informe.
Para generalizar la apreciación de estas luchas desde abajo es imprescindible cuestionar el poder de la palabra y la autoridad en vigencia.  Es poner en debate a la lógica gran capitalista del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implícita en la planificación de la superexplotación de Vaca Muerta.
 
Es historiar la modelación de un amplio consenso mediante la parcial recuperación de YPF en 2012 donde por segunda vez se patentiza el pensamiento mágico de una importante mayoría popular. Durante la primera se afianza el liderazgo del matrimonio K pese a su pasado reciente de enriquecimiento como abogados aprovechando la circular 1050 de la dictadura genocida y luego como  sátrapas de la provincia de Santa Cruz. En la segunda la mayoría popular desconoce u olvida que los K fueron protagonistas principales en la privatización de YPF ni averigua la falsedad de descubrimiento de Vaca Muerte por Repsol. Tampoco la mayoría popular repara en la designación de Miguel Galuccio plenamente conectado a Schlumberg, oligopolio estadounidense con la tecnología del fracking. Reflexionemos sobre:

Yacimientos no convencionales, olor a Vaca Muerta
26 de noviembre de 2012

Por Hernán Scandizzo / OPSur

 En diciembre de 2010 la empresa YPF –todavía controlada por Repsol- anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de shale gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en 4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después el gobierno neuquino aclaró que ésa era la punta del iceberg, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs, es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales del país.
A partir de ese anuncio en torno a Vaca Muerta, y las especulaciones sobre el potencial de esa formación, las autoridades públicas y el sector empresario presentaron a los no convencionales como la única alternativa para superar la crisis energética y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en el país. La buena nueva era respaldada por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que sostiene que el potencial argentino de gas de yacimientos no convencionales es de 774 TCFs, sólo superado a nivel mundial por China (1.275 TFCs) yEE.UU. (862 TFCs).
Tal es la relevancia adquirida por estos reservorios en el país que ocuparon un lugar central en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en abril pasado. Dicha norma no sólo planteó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol, sino también alcanzar el autoabastecimiento y la generación de saldos exportables a partir de la explotación de no convencionales. Es decir, mantener a los combustibles fósiles como fuente principal de generación de energía –más allá de que la crisis climática global demande avanzar hacia fuentes limpias y renovables- y consolidar el modelo exportador de materias primas –que hoy se manifiesta a través del agro-negocio y la mega-minería. Emiratos sudacas…
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Un fetiche llamado Vaca Muerta
30 de julio de 2014
La referencia a esta formación de esquistos, en los últimos tiempos, se ha vuelto cotidiana tanto en Neuquén como en el ámbito nacional. Las fantasías de vastos sectores de la dirigencia política y del mundo corporativo están depositadas en ella; incluso despierta apetitos más allá de las fronteras argentinas. El intento de concretar esas fantasías pone en tensión concepciones como soberanía, participación popular y democracia, e interpela sobre el significado que el medio ambiente y su cuidado tiene para la dirigencia del país.
Por Hernán Scandizzo

La Agencia de Información de Energía de EE.UU. estimó, en 2013, que las formaciones de esquistos Vaca Muerta y Los Molles concentran un potencial de recursos recuperables de gas de 582 billones de pies cúbicos (TCF, trillones según la nomenclatura estadounidense). Es decir, más de la mitad de lo que ese organismo le adjudica a la Argentina, 802 TCF, y más de un tercio de lo que proyecta para Sudamérica, 1431 TCF. Independientemente de cuán creíbles sean los números difundidos por Washington, éstos las posicionan en el mercado energético global. Actualmente Vaca Muerta es considerada el área prospectable de esquistos más importante fuera de Norteamérica. Justamente, es a partir de esa caracterización que se dan las pujas entre el gobierno nacional y el de Neuquén –que tiene el dominio sobre la mayoría de estos recursos y porciones menores comparten Mendoza y Río Negro-, y se desarrollan las negociaciones con gobiernos extranjeros y organismos financieros y entre el sector público, las corporaciones petroleras e YPF -que en los hechos queda a mitad de camino.

Desde la agitada primera mitad de 2012, que culminó con la intervención de YPF y la sanción de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el escenario sigue sometido a constantes vaivenes. Aprobada la norma por amplia mayoría en ambas cámaras, el Estado no sólo recuperó el control de la petrolera, al expropiar el 51% de las acciones en poder de Repsol, sino que anunció el retorno a una concepción estratégica de los hidrocarburos, enfocada en las necesidades e intereses del país y divorciada de las imposiciones del mercado. Si bien no se volvió al momento previo a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ni se desmanteló todo el esquema de los ´90, se avanzó en quitarle a las empresas la libre disponibilidad sobre el recurso y en devolverle al Estado nacional el protagonismo en la planificación de un sector fuertemente trasnacionalizado. Al menos los discursos, y algunas acciones, como el decreto 1277/12 que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, iban en ese sentido (OPSur, 14/08/2012).
Sin embargo, a poco andar, la balanza comercial energética cada vez más deficitaria, debido al incremento de las importaciones, y los fuertes condicionamientos que las corporaciones imponían para asociarse con YPF –libre disponibilidad, aplicar la cotización internacional al mercado interno y liquidación de divisas en casa matriz- minaron la intransigencia arropada de nacionalismo petrolero. El pragmatismo se abrió paso y en ese contexto Miguel Galuccio, presidente y CEO de la petrolera parcialmente nacionalizada, debutó como nexo entre los intereses corporativos y los de la empresa controlada por el Estado, que no necesariamente son los del país. Hizo lobby no sólo para que a través de programas como Plan Gas se aumente el precio en boca de pozo, sino también para que los incrementos lleguen a los surtidores y, además, para que el precio interno del crudo se acerque a la cotización internacional. El objetivo de esta transferencia de renta al sector privado -que funcionó para inyectar dinero en la petrolera de bandera- era reactivar la producción, ya que respondía a la demanda de mejores condiciones planteadas por las corporaciones, sin embargo sólo YPF aumentó los niveles de extracción (Página/12, 14/04/2014).
La imposibilidad de revertir a través de YPF la caída de la extracción de crudo y de gas, que se arrastran desde 1998 y 2004, respectivamente, mostró los límites de la expropiación de las acciones de Repsol, ya que la petrolera de bandera concentra poco más del 30% de la producción argentina. Por otra parte, las dificultades para conseguir socios financieros para avanzar en la explotación de Vaca Muerta, planteada por el Gobierno Nacional como la única vía para lograr el autoabastecimiento, se transformaron en un cuello de botella que se decidió sortear sacrificando letras del término soberanía. Así se alcanzó el acuerdo con Chevron para el desarrollo de un piloto para explotar el área Loma Campana.

 Este acuerdo fue precedido por la firma de los decretos 927 y 929, que modifican el marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera. A través del primero se quitaron o redujeron considerablemente aranceles a la importación de tecnología e insumos que directa o indirectamente estén vinculado al desarrollo de yacimientos no convencionales. Mientras que el segundo remontó el camino de los ’90: tanto para los proyectos convencionales como no convencionales que inviertan más de U$S 1000 millones, a partir del quinto año, pueden exportar el 20% de la producción a precio internacional, libre de aranceles, y liquidar en casa matriz las divisas obtenidas; en caso de no autorizarse la exportación, ese porcentaje de la producción puede venderse en el mercado interno en idénticas condiciones.
Sin embargo el nuevo marco regulatorio no fue seguido por la andanada de inversiones esperadas, de momento sólo YPF/Chevron se acopló. Ante el poco interés despertado el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias petroleras discuten la posibilidad de reducir el monto de inversión a U$S 250 millones e incrementar los beneficios, permitiendo la liquidación de total de utilidades en casa matriz. Pero antes de avanzar en ese debate conviene puntualizar otras decisiones que lo precedieron. Una de las más relevantes es el cierre del proceso expropiatorio con Repsol, con el que se intentó dar una señal clara al mercado de la vocación argentina de respetar las reglas y, en términos prácticos, poner fin a las ofensivas de la compañía española, que había iniciado demandas en diferentes tribunales, incluso ante el CIADI, y presionaba con acciones similares a las empresas que se asociaran con YPF. Más allá de la pirotecnia desplegada al momento de la expropiación, en la que voceros del oficialismo plantearon la posibilidad de no pagar indemnización dada la gravedad de los pasivos ambientales y financieros de la empresa, finalmente se acordó un monto y se pagó con bonos (Tiempo Argentino, 24/05/2012 e Infonews, 18/04/2012). Además se garantizó la indemnidad de Repsol en causas judiciales en curso y futuras vinculadas a su gestión -incluso las vinculadas a pasivos ambientales.

La incorporación de los pasivos ambientales como variable de presión en la puja con Repsol, por parte de las autoridades argentinas, y su posterior desentendimiento, dan un peligroso mensaje de impunidad ambiental se transforma en una bomba de tiempo, máxime cuando, con la finalidad de atraer inversiones, se flexibilizan los marcos regulatorios, como es el caso de los decretos 422 y 1208, firmados en 2013 por el Gobierno de Neuquén. A través del primero se eliminó la realización de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos de explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales y se lo reemplazó por la presentación de un Informe Ambiental, que es menos profundo y no se somete a una Audiencia Pública. En tanto el decreto 1208, a través del cual se aprobó el proyecto de YPF para la explotación de esquistos en el bloque Loma Campana, asociada con Chevron, se incluyeron cláusulas por la cual la fiscalización del plan de trabajo y los controles ambientales los realizarán de manera conjunta la provincia y la empresa, lo que marca tendencia hacia la autorregulación corporativa (OPSur, 23/08/2014).
A poco de concretarse la solución amistosa con Repsol, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, anunciaron que sellaban una alianza en materia energética. Según el diario oficialista Tiempo Argentino, el acuerdo -de carácter estratégico- apunta a que el país capte capitales para la explotación de sus recursos y dinamice proyectos claves del sector mientras que Estados Unidos se insertaría de lleno en el negocio de Vaca Muerta. Durante la reunión Poneman enfatizó en la necesidad de crear lazos “para favorecer el intercambio entre las empresas”; mientras que De Vido aseguró que “es uno de los convenios más importantes que han suscripto ambos países en los últimos años”. “Las partes ponderaron el acuerdo alcanzado entre YPF y Chevron, y confirmaron que la oficialización de la colaboración abrirá el ingreso de nuevos inversores entre los que busca seducir a ExxonMobil” (Tiempo Argentino, 22/05/2014).

Poco tiempo después el Gobierno Nacional informaba que las negociaciones con el Club de París habían llegado a buen puerto, seguirían el camino emprendido con Repsol: pagarle hasta que le duela. En ese sentido, el diario Página/12, también cercano a la Casa Rosada, presentó como una buena noticia que grandes corporaciones, con intereses en Argentina y con casa matriz en los países del Club -como la angloholandesa Shell-, allanaran el camino para el diálogo. “Se trata de grandes empresas de los países acreedores que vienen haciendo buenos negocios en el país, y que en la etapa que se inicia proyectan fuertes inversiones.

Las más importantes en carpeta son en los sectores de hidrocarburos, con Vaca Muerta a la cabeza, química y petroquímica, automotrices, minería, donde podría reflotar un megaproyecto para la extracción de potasio en Mendoza y otros de litio en el norte del país, laboratorios y en licitaciones de obras públicas” (Página/12, 01/06/2014). En esa misma edición tanto el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, como el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, manifestaron sus expectativas de la llegada de inversores externos, incluso se deslizaron los nombres de las petroleras Petronas y Pemex, y de las empresas de servicios Halliburton, Schlumberger y Weatherford.
El clima de negocios favorables al desarrollo de Vaca Muerta que se intenta generar a través de los acuerdos con empresas, gobiernos extranjeros y acreedores parece encontrar su techo en la puja entre Nación y los gobernadores de provincias petroleras. El principal conflicto se suscita con la provincia de Neuquén, que tiene el dominio sobre el área de la formación de esquisto que mayores fantasías genera. El gobierno provincial busca captar mayor cantidad de renta a través del sistema de acarreo, por el cual la estatal neuquina Gas y Petróleo (GyP) se asegura la participación en proyectos de desarrollo de no convencionales sin realizar un desembolso directo. Desde el gobierno nacional e YPF se busca poner fin a este sistema, arguyendo que actúa como una traba para la inversión externa, aunque, poco se dice respecto a que la petrolera de bandera tiene intereses en juego. En breve negociará la prórroga de 19 bloques en los que está asociada a GyP a través de dicho mecanismo (LMN, 22/05/2014).

Más allá de las divergencias en torno al acarreo, las negociaciones para consensuar una nueva ley de hidrocarburos giran alrededor de las porciones del negocio que corresponderán a la Nación, las provincias y las empresas, al tiempo que se evalúan otros beneficios para atraer la atención de las corporaciones, como extender la duración de los contratos a 35 años para no convencionales, período al que se sumaría la posibilidad de prórroga por 10 años. También se negocian los alcances de la estabilidad fiscal, el congelamiento de las regalías y la posibilidad de que las empresas liquiden el 100% de utilidades en su casa matriz. El fetiche sigue alimentando fantasías, mientras que de la soberanía sólo se conservan unas pocas letras, el resto fueron servidas como ágape en las celebraciones.
 OPOSICIÓN, TERRORISMO Y CONTROL SOCIAL [recuadro]
 La fuerte represión policial con que el 28 de agosto de 2013 se intentó frenar la manifestación contra el acuerdo Neuquén-YPF/Chevron fue la expresión del tipo de relación que el gobierno de Jorge Sapag está dispuesto a entablar con la oposición al fracking. Si bien desde un primer momento había adjudicado a sectores fundamentalistas las críticas a esta técnica, después de aquellas jornadas de agosto la cuerda se tensó más. En noviembre de ese año, en el Club del Petróleo, el gobernador neuquino llamó a librar una fuerte batalla comunicacional a favor de la explotación masiva de yacimientos no convencionales (Neuquén Informa, 12/11/2013). Mientras que en diciembre la ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue y actual vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén, convocó nuevamente al empresariado a educar a la población para contrarrestar los discursos de miedo del ‘terrorismo ambiental’ (OPSur, 19/12/2013). Meses más tarde, durante la inauguración de una escuela, el gobernador pidió a los jueces “no generar terrorismo ambiental” al referirse a un fallo judicial que paralizó la perforación de un pozo para esquistos en la provincia de Chubut (LMN, 21/03/2014).

Estas declaraciones se complementan con pedidos de endurecer las sanciones a quienes bloqueen el acceso a yacimientos o interrumpan la producción (LMN, 05/06/2014) y con otras medidas como capacitaciones para policías y fiscales provinciales dictadas por agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos y la construcción de un laboratorio forense con fondos de responsabilidad social de las petroleras (RN, 14/02/2014 y 24/02/2014).

 PUNTA DE LANZA [recuadro]

YPF es la única empresa que ha tomado la decisión de explotar masivamente yacimientos de esquistos y, en ese sentido ha desembolsado alrededor de U$S 2.500 millones en Vaca Muerta. También intervino la formación D 129, en Chubut, donde perforó dos pozos, que se encuentran paralizados por acciones judiciales fundadas en la legislación ambiental e indígena. Las otras empresas que más han avanzado en la exploración de Vaca Muerta son la francesa Total y la angloholandesa Shell. La compañía con sede en París explota 11 áreas hidrocarburíferas, en 6 de las cuales está a cargo de la operación, y cuenta con 16 pozos exploratorios perforados en Vaca Muerta. La angloholandesa, en tanto, obtuvo permisos de exploración para tres áreas de la provincia patagónica y perforó 6 pozos horizontales.

Al tándem de las europeas se suma la alemana Wintershall, que a principios de año formalizó un acuerdo con GyP para la exploración del potencial de shale del área Aguada Federal. Mientras que otra actora de peso es la estadounidense ExxonMobil, corporación a la que Gobierno Nacional pretende asociar con YPF, pero que llegó a Vaca Muerta de la mano de la empresa neuquina. En mayo último la mayor petrolera privada del mundo anunció que resultó exitosa la perforación de un pozo en el área Bajada del Choique.

Publicado en Fractura Expuesta N°3, julio 2014. [Descargar edición completa]
 FUENTES

Organismos oficiales
-US Energy Information Administration (2013); Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. June.

Medios de Prensa
InfoNews, 18/04/2012; Santa Cruz demanda a Repsol por daño ambiental.
La Mañana Neuquén, 21/03/2014; Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental”
— 22/05/2014; El 20% de Vaca Muerta, en la disputa con YPF.
— 05/06/2014; Sapag quiere fuertes penas para los piquetes petroleros.
Neuquén Informa, 12/11/2013; Exposición del gobernador Jorge Sapag en reunión del Club del Petróleo.
Observatorio Petrolero Sur -OPSur-, 14/08/2012; Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’.
— 23/08/2013; Acuerdo Neuquén-YPF: ¿El nuevo piso para las demandas corporativas?
— 19/12/2013; El extractivismo pide represión.
— (Hernán Scandizzo), 14/04/2014; YPF, nuevos desiertos y resistencias.
Página/12, 14/04/2014; “No creo que alcance con YPF”.
— (David Cufré), 01/06/2014; La trama oculta del acuerdo.
Revista Petroquímica (Nicolás Gadano), 28/05/2014; Qué está haciendo cada una de las grandes petroleras para subirse al boom de Vaca Muerta.
Río Negro, 14/02/2014; Agentes del FBI capacitarán a policías y fiscales de Neuquén.
— 24/02/2014; Con fondos petroleros crearán un laboratorio de genética forense.
Tiempo Argentino, 24/05/2012; El pasivo que dejó Repsol ya es superior al valor que exige por YPF.
— 22/05/2014; La Argentina y los EE UU sellaron una alianza estratégica en energía. Fuente:http://www.opsur.org.ar/blog/2014/07/29/un-fetiche-llamado-vaca-muerta/
Para generalizar la apreciación de estas luchas desde abajo es imprescindible también que cambiemos de actitudes:
 
 
a) Naturalizamos y contribuimos a silenciar e invisibilizar genocidios silenciosos si no indagamos qué significa la contaminación ambiental para la vida y la salud humana. En ese camino es fundamental solidarizarnos con lo que dice una vecina de Caleta Córdova: “No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”. Dice  Rosa Montecino. 10
 
 

Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

12 de octubre de 2017
 
Por Hernán Scandizzo*
La creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el eje de intervención que nos proponemos. Surgimos con el objetivo de incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos años las movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras, habían puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su totalidad, de los combustibles fósiles.
Eso a pesar de que desde mediados de la década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años- contra el tendido del gasoducto NorAndino.
Las comunidades del Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre el hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas de los primeros años ’90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en la grilla de los medios masivos o, por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso más emblemático que el de los yaguareté de las yungas, es el de la aparición masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, por el vertido de crudo al mar. También estuvo en discusión el impacto de las piletas de purga, cavadas junto a los pozos, que se transformaban en trampas mortales para la fauna, principalmente las aves que las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias.
 
Los cuestionamientos a prácticas muy extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas de los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin protección o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura demandada por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en la agenda periodística por esos años, principalmente, en función de las afectaciones a la vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos empetrolados no era una novedad para los habitantes de las localidades del litoral atlántico, aunque sí la masividad. Pero no sólo los pingüinos se empetrolaban sino también las personas que se zambullían en el mar en las playas de Comodoro Rivadavia. El crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se quitaba con aceite de cocina. El contacto con el petróleo, “empetrolarse”, no era percibido como riesgoso para las personas. La imagen de los pingüinos empetrolados funcionó como la carta de presentación de un hecho no sólo noticiable sino también novedoso: “el petróleo afecta a la Naturaleza”; pero, cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía a los seres humanos. Una percepción bastante extendida aún hoy.
 
Pingüinos y liberalización del sector
Vale la pena hacer un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de relieve un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones, dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, los autores observaron “un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina”.1
 
Pueblos empetrolados
Por esos mismos años también tomaron estado público dos casos de “poblaciones empetroladas”, que no son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho, que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que demandan que se garanticen sus derechos.
·         Loma La Lata
Loma La Lata (LLL) dista 100 km al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la preeminencia de la provincia en el sector.
Este yacimiento abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente plomo, cadmio y mercurio.
En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de agua segura. Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la remediación ambiental.2
Las demandas contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en 2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ un caso de anencefalia.3
 
A pesar de la exposición crónica al riesgo tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ y particularmente la figura de su werken (vocero político), Gabriel Cherqui, están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos.4 Un estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata,5 y al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol, tras la expropiación de YPF.6 Del deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi no hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.
 
·         Koluel Kaike
En 1999, a partir de una causa judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la situación ambiental de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada por parte de la empresa PAE.7 A partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad.8
Luego de esa primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de protección del ambiente.9 La contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que finalmente fue aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike se vuelve difuso.
·         Caleta Córdova (queremos ser pingüinos)
El 26 de diciembre de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, 20 km al norte del centro de Comodoro Rivadavia: 300 m3 de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías, flora y fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera, que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa Termap S.A.
Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. La dependencia convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.
“No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”. Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova.10
“Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos en ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte. Habíamos acordado todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.” Liliana Murgas, jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia.11
 
Estos son algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino “personas empetroladas”, ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la exposición crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias la invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de ciudades yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las llamadas enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del país. Una percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina Caleta Olivia.12
 
Emergencia y muerte de la cuestión ambiental
Si bien afirmábamos que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno (municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común que fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la “cuestión ambiental” fue utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.
 
·         Neuquén, planes de diversificacion productiva
En 1997 Felipe Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba un cercano “fin del petróleo”. Como telón de fondo, la alta conflictividad social producto de la implementación de políticas neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar fuertemente al desarrollo agroindustrial.
En ese proceso el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente 555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de paridad 1 a 1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge13.
Una década más tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:
“Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.14
Diagnósticos similares fueron realizados por el Concejo de Planificiación y Acción para el Desarrollo, organismo provincial.15
Sin embargo los planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaba años de bonanza.
“Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).
La mejor síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los puso nuevamente en tierra.
 
·         Expropiación de YPF
Los pasivos ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que invisibilizaban sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del Estado tienen por función controlar la actividad y obligar a remediar daños, si había pasivos es porque los daños no habían sido remediados oportunamente.16
 
·         Vaca Muerta
Como advertíamos, al ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de degradación de suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010. En los planes de desarrollo estratégico de la región Vaca Muerta, elaborados por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única objeción se refiere a la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras a partir de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no convencionales.
Ante escenarios como estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén como campañas de terrorismo ambiental.17 No había lugar a criticar al fracking, en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al “riesgo cero”.
 
Los discursos en torno a la pretendida inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su país porque constituía un atentado contra la Madre Tierra, mientras que técnicos del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también plantearon serias objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales por el alto riesgo ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos países el fracking es un horizonte lejano.18
 
Anotaciones al margen
Anoche [4 oct.] el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmó que “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”. Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a partir de las obras de remediación.
Agulleiro además señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de los gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. Una declaración que puede ser tomada como una invitación al involucramiento de toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un reconocimiento de los límites de los controles que desde el Estado provincial pueden ejercer sobre la actividad.
El ministro también dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorios, las buenas prácticas empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se estaba debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque le resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: “Se recortan las normas de seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para garantizar la rentabilidad”. También en su intervención reconocía “que no está internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente sano”; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.
 
A modo de cierre
Han pasado más de dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las primeras denuncias de los pueblos empetrolados, y aún se siguen naturalizando los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente, debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.
* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo y protección ambiental, en el marco del Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3 al 5 de octubre de 2017.
Notas: (...)
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2017/10/12/petroleo-y-medioambiente-el-caso-de-argentina/
 
 
b) Desmercantilicémonos e interpelemos a nuestras introyecciones racistas y colonialistas si pretendemos no ser cómplices del progreso capitalista y de su carácter destructor tanto del planeta vivible como de la humanidad. Consideremos:
 
 
La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua
La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de
los desiertos de sal andinos
16 de marzo de 2018
 
 
Por Luis Martín-Cabrera 
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No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar, etc.– son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.
Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos. El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico. En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.
Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk, portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone, es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.
TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.
Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.
En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red. La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?
El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.
 
La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de "Arabia Saudí del Litio", describe en estos términos el Salar del Atacama:
"Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama".
Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.
Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.
A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.
 
Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.
La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.
Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.
 
Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:
“[Explotar el litio] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como…trágico, o sea… como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado harto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido conservar muchos años… Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no tenemos nada más que hacer, porque no podemos luchar con algo tan grande. […] Pero si la luchamos, si la gente se preocupa de poder conservar el agua...”.
 
Es evidente que necesitamos alternativas al petróleo, pero también pensar en los desafíos que presentan esas nuevas tecnologías y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos simplemente sustituir los autos que funcionan con hidrocarburos por autos eléctricos? ¿Qué papel debe cumplir el transporte colectivo y público en la lucha contra el calentamiento global? ¿Existen alternativas al litio como por ejemplo la batería de sodio? ¿Impiden la minería transnacional y los inversores financieros la búsqueda de alternativas al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con nuestros patrones de consumo la destrucción de ecosistemas de gran complejidad y diversidad como los de los salares? ¿Queremos asumir éticamente la destrucción de culturas milenarias y modos de vida y gestión de lo social alternativos al modo de vida occidental?
 
Luis Martín-Cabrera es profesor de Estudios Culturales y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California San Diego. Su proyecto sobre el litio ha sido financiado con una beca de la Fundación Wihting.
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Las comunidades originarias frente a la extracción de litio

3 de febrero de 2016 
Azul Picón
Comité de redacción.
 
Los proyectos de exploración y explotación de litio en las salinas del noroeste argentino han entrado en conflicto con las comunidades kollas y atacama que habitan allí ancestralmente. El litio se presenta como un mineral asociado a las energías renovables, proyectos de transición energética y desarrollo sustentable. Sin embargo, su extracción afecta a las comunidades que viven en cercanías a los salares en su trabajo, su vida cotidiana y su cultura.
Las salinas fueron utilizadas por las comunidades originarias desde siempre. Antiguamente la sal cumplía un rol crucial en la articulación y comunicación entre las comunidades ya que se intercambiaba mediante el trueque por otros elementos. En la actualidad las comunidades han creado cooperativas ligadas a la explotación de la sal o trabajan como asalariados en pequeñas empresas, por lo cual la destrucción del salar significa la pérdida de su fuente laboral.
Los salares tienen además un carácter simbólico y cultural muy importante. Es su espacio de vida y tienen un significado espiritual: allí descansan sus ancestros y se encuentran sitios sagrados donde se ofrenda a la Pachamama. La minería obligaría a relocalizar casas, familias y sitios sagrados de gran importancia para su cultura.
La defensa del agua es el eje que articula las demandas de todas las comunidades. El agua apta para consumo humano y animal es sumamente escasa. En un clima muy árido, la extracción de litio requiere la utilización de abundantes cantidades de agua, por lo que allí reside una de las razones principales del rechazo a esta minería. Las estimaciones realizadas calculan que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua, una clara evidencia de que la minería del litio en salares es una minería del agua [1]. Además, la perforación de los salares, implica la posibilidad de que se mezclen aguas dulces (que se encuentran a niveles profundos) con aguas saladas, lo que ocasionaría un doble daño ya que se salinizarían las aguas dulces impidiendo su consumo y se destruiría el salar, lo que significaría la perdida de estas culturas de siglos [2].
A la defensa del salar y del agua, se suma un tercer reclamo: la falta de información y consulta a las comunidades cuando se comenzaron los procesos exploratorios en sus territorios, uno de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Ley 24.071).
 
Procesos de resistencia y organización de las comunidades
Los factores mencionados anteriormente fueron un impulso para que las comunidades indígenas comiencen a organizarse frente a los proyectos de exploración y explotación. Se destacan dos procesos organizativos diferentes que encabezaron la resistencia: la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” y el “colectivo La Apacheta”, surgido en las comunidades de Susques, en la cuenca Olaroz-Cauchari.
La Mesa de Comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc agrupa a 33 comunidades que se autoconvocaron a comienzos de 2010, cuando comenzaron los movimientos por parte de las empresas mineras a explorar en sus territorios. En Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en Argentina, las autoras Florencia Puente y Melisa Argento sostienen que en la “Mesa de comunidades…” la estrategia de acción privilegió los canales institucionales y los mecanismos legales (aunque no exclusivamente) para garantizar los derechos de las comunidades originarias. Las 33 comunidades se encuentran en las provincias de Salta y Jujuy. En un primer momento se realizó el pedido de información al Juzgado de Minas en Jujuy, luego la demanda adquirió un carácter interprovincial y se demandó a las dos provincias. En el 2012 la lucha llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde las comunidades exigieron uno de sus derechos básicos: el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y remarcaron que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes que agrupa cursos de agua en Jujuy y Salta. Pero los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda preguntaron una y otra vez en qué consistía el derecho de consulta y consentimiento indígena [3]. Luego de las audiencias la CSJ decidió devolver la causa a la jurisdicción de las provincias involucradas y las comunidades decidieron llevar la demanda al plano internacional presentando una demanda indígena en la ONU y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También elevaron la denuncia ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya. La estrategia jurídica no fue exclusiva, sino que fue reforzada con mecanismos de acción directa: en julio de 2011 más de 900 personas de 86 comunidades y organizaciones indígenas y campesinas realizaron un corte en la ruta nacional 52 en rechazo a los proyectos de minería de litio en gran escala, reclamando el cese de los proyectos y los títulos comunitarios [4].
La lucha de estas comunidades contra el extractivismo no está desvinculada de la lucha por la tierra y el territorio. Las comunidades de Cuenca Salinas Grandes no poseen títulos comunitarios, por lo que la exigencia de los mismos, es otra de las demandas fundamentales de la Mesa.
En diciembre de 2015, a 5 años de comenzado el conflicto y tras dos años de trabajo, la Mesa de las 33 comunidades presentó un documento titulado “Kachi Yupi. Huellas de la sal. Procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la cuenta de las Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” presentado como un “ejercicio de autodeterminación”, en respuesta a las preguntas de los jueces de la Corte Suprema. En el documento elaborado y consensuado por las comunidades se detalla cómo debe realizarse el procedimiento de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte del Estado y las empresas ante cualquier acción que quieran realizar en los territorios pertenecientes a las comunidades. Los proyectos del litio en la cuenca de Salinas Grandes se encuentran en un estado de “latencia”. Actualmente están frenados y no se han dado pasos en la explotación.
El caso de las comunidades de Susques, situadas en la cuenca Olaroz-Cauchari, fue más conflictivo, ya que las comunidades se encontraban divididas entre quienes rechazaban conceder la autorización de exploración a las empresas y quienes aceptaban cederles derechos. Las promesas de modernización, reactivación económica y mejoras que las empresas traerían a la comunidad, generó ilusiones en un sector que derivó en divisiones intracomunitarias. La ausencia del Estado para garantizar derechos básicos como agua potable, electricidad, infraestructura, teléfono, etc., permite que los mecanismos clientelares de las empresas tengan efecto sobre algunos dirigentes indígenas y sectores de las comunidades que ceden a estas presiones.
Así, en septiembre de 2012, 20 personas firmaron el acta de cesión de permisos a la empresa por parte de la comunidad de Susques y a fines de 2014 se inauguraría el “proyecto del litio” habilitándose la explotación del mineral. En este contexto surge el colectivo La Apacheta, que reclama participación en el control y en torno a las ganancias y beneficios que se extraigan de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
En las comunidades de Susques se expresan las divisiones de posicionamientos, donde a la defensa medioambiental, territorial e indígena, se suma la pelea en torno a la participación en la redistribución de los recursos y beneficios que obtiene la empresa [5]. En palabras del abogado del colectivo: “La demanda de La Apacheta es participación, control y capacitación. Participación en el control ambiental, participación en las ganancias, que tengan puestos jerárquicos, en el tema de que tengan gente de la comunidad en las aduanas. Es decir la participación a nivel general” [6].
Durante la última década, la profundización del modelo extractivo fue política de Estado. Avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios, las comunidades fueron desplazadas por la soja y vieron desmontar sus territorios. La megaminería y el fracking implicaron la voladura de montañas y contaminación del agua y la tierra. El litio, bajo la investidura de “energía verde”, oculta los daños ambientales y sociales que genera su extracción a las comunidades originarias que habitan la zona históricamente. A pesar de los amplios reconocimientos jurídicos y la extensa legislación nacional e internacional que resguarda los derechos de los pueblos originarios, el Estado no garantiza que esos derechos se cumplan, por el contrario abre las puertas para que las empresas avancen sobre los territorios de las comunidades.
La llegada de las multinacionales a la Puna generó un impulso para que las comunidades comiencen a organizarse. Pero los viejos mecanismos de dominación del Estado se han mantenido y reforzado. Como sucede en muchos lugares del país, los procesos de organización y resistencia de las comunidades frente a estos avances son muchas veces reprimidos y criminalizados por los Estados, y los integrantes de las comunidades judicializados [7]. Pero las comunidades resisten. La lucha contra el extractivismo es la lucha por la tierra y el territorio, es la defensa de sus derechos como pueblos indígenas, del medioambiente, de su cultura y forma de vida.
[1] Según la estimación del geólogo Fernando Díaz, citado en Fornillo, Bruno, Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina, Buenos Aires, Editorial El Colectivo/CLACSO, 2015, p. 46.
[2] Alicia Chalabe, abogada de la Mesa de Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Citado en Aranda, Darío, Tierra arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería en Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2015.
[3] Aranda, Darío, ob. cit. Este libro se encuentra reseñado en IdZ 20.
[4] Fornillo, Bruno, ob. cit., p. 136.
[5] Ibídem, pp. 160-161.
[6] Ibídem, p. 154.
[7] Para un análisis más acabado de la situación de los pueblos originarios ver el dossier de IdZ 8.

 
 
c) Superemos nuestro pensamiento de corto plazo y pragmático. Reparemos cómo Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz caracteriza la situación Mapuche en Chile. Porque mediante "Territorialidad, Biopolítica y Estado de excepción: una aproximación al conflicto del Walmapu como guerra gestional de baja intensidad" Leer  nos permite interpretar las de todos los que el capitalismo estima estorbamos a su acumulación oligopólica. Destaquemos algunos de sus señalamientos:
 
  • "La actual ofensiva estatal sobre el territorio Mapuche no se produce a través del "tradicional" modelo jurídico soberano, que persigue la restitución o consolidación del orden exclusivamente estatal, sino que es emprendida precipitando la gestión del primero hacia la restitución de un orden jurídico de corte económico-gestional (Karmy, 2013). En este sentido, es que la relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma "policíaca", en tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones".
     
  • "Las políticas seguritarias cobran una centralidad fundamental, convierten el espacio territorial en un arma de punición, en “espacios de excepción” (2004) donde las comunidades quedan en una permanente relación de extrañamiento con su hábitat y excluidas de toda posibilidad autónoma de decisión sobre él, de manera de configurar un nuevo paisaje economizado y sometido a la lógica extractivista y al emprendimiento como una única relación con la tierra, a través de una superposición de proyectos económicos y de circulación productiva, que reemplazan por la disposición ideológica neoliberal de los territorios".
     
  • "El colapso democrático se evidencia, entonces, en la coincidencia de la democracia con el totalitarismo en el territorio del Walmapu, una antinomia que no desaparece en la indistinción, sino que pierde su carácter sustancial y se transforma en un campo de tensiones del cual, en este modelo de producción, resulta cada vez más difícil encontrar espacios de fuga y autonomía, en tanto crecientemente esa coincidencia se materializa en la fusión entre el diseño económico territorial y la maquinaria policial".
Valoremos argumentos y hechos en defensa del pueblo nación Mapuche:
 
 
“Preso o libre seré uno más en la confrontación dialéctica Mapuche vs Capitalismo”
25 de agosto de 2016

A una semana de que se realice la audiencia pública por el juicio de extradición que demanda la justicia chilena, el Lonko Weichafe Facundo Jones Huala dio a conocer un extenso documento en el que analiza no sólo su detención sino el contexto político social en que se producen procesamientos y persecución a integrantes de los Pueblos Originarios en ambos lados de la Cordillera. 

 

Por RedEco

En el documento, el Lonko Wichafe, Facundo Jones Huala reivindica la rebelión como un claro derecho frente a regímenes tiránicos y con las comunidades sometidas a vivir en la pobreza, marginación y vulneración de derechos básicos y denuncia la falta de diálogo para encontrar una solución política a los conflictos que afrontan los Pueblos Originarios.
“No tememos a la cárcel, ni a la muerte, no debemos someternos más. Los autores intelectuales de nuestra lucha de liberación son nuestros antepasados, dignos Weichafes que en resistencia combatieron, transmitiendo su Rakizuam (pensamientos) y su Nguneu (voluntad) hasta hoy. Los tribunales colonialistas carecen de moral y legitimidad para nosotros, solo justifican con tecnicismos inventados por ellos mismos, basados en la lógica del derecho imperial romano, su represión y brutalidad occidental judeo-cristiana capitalista. Si las leyes las escribieron los ricos (terratenientes, empresarios, etc) descendientes de la europea genocida, no podemos esperar más que el resguardo de sus privilegios”, sostiene Jones Huala que está detenido desde el pasado 27 de mayo cuando se produjo un violento allanamiento en el territorio recuperado en Vuelta del Río, a pocos kilómetros de El Maitén.

Desde la Unidad Nº 14 del Servicio Penitenciario Federal, el líder indígena denuncia que “hasta hoy se han negado al diálogo serio y han respondido con cárcel y plomo, ante nuestros planteos políticos, tratándonos de delincuentes y terroristas frente al resto de la sociedad. Inventando perfiles en la prensa burguesa, cuando el verdadero terrorismo proviene del Estado y de las empresas, incluyendo gatillo fácil y abuso sexual de la policía, que ni siquiera es cuestionado. Entonces ¿qué podemos esperar de la democracia?, sistema de origen griego, quienes tenían "ciudadanos" y "esclavos"; ¿más cuando es burguesa? Así todo, lamentablemente, la democracia es lo menos inhumano, creado por los occidentales que nos han dominado para someternos a su régimen de explotación racial y de clase”.
Si bien la justicia provincial terminó morigerando la medida cautelar dictando la prisión domiciliaria, la justicia federal negó finalizar con la prisión preventiva hasta tanto se sustancia el juicio por extradición que se realizará el próximo 31 de agosto en Gendarmería Nacional. “Pretenden usarme como escarmiento ejemplificador para el Pueblo Mapuche conciente, pero no nos doblegarán. Soy un comunero más que la historia y el Pueblo han llevado a este contexto, para amplificar esa voz que no será silenciada por barrotes ni percutores bélicos de ningún tirano”, agrega Jones Huala y proclama: “soy una Autoridad Mapuche, un weichafe, soy un Revolucionario que revindica el accionar de su pueblo en la búsqueda de su Liberación”.
En el documento escrito y divulgado desde la prisión, el referente mapuche se pronuncia por la negativa respecto de la extradición y aclara: “pero si me extraditan sepan bien que preso o libre seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica Mapuche/Capitalismo, otro agitador social, militante, subversivo alterador del orden político”.
Francisco Facundo Jones Huala, Lonko Weichafe, Preso Político Mapuche, Pabellon Nº 5 Unidad 14 del Servicio Penitenciario, Esquel Warria. tel; (0054) 02945-456396
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12685

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Chile - El “Terrorismo Mapuche”:

La campaña de desinformación para

desviar responsabilidades en mega incendios forestales

10 de marzo de 2017
Las regiones afectadas por mega incendios durante enero y febrero 2017, mayoritariamente no corresponden a zonas de comunidades Mapuche y menos que hayan conflictos con empresas forestales, sin embargo, aun así, se levantaron una serie de montajes y campañas de noticias falsas que buscaron de una u otra forma vincular causas de “terrorismo mapuche” e influencias “externas”. Sin embargo, en esta ocasión, quedó abiertamente demostrado que quienes levantaron de manera orquestada esta campaña, fueron grupos de ultra derecha, incluyendo a algunos ex miembros de la dictadura militar de Pinochet a través de redes sociales o por medio de algunos nuevos medios digitales apoyados por este sector.
 
La acción orquestada se hace evidentemente con el propósito de que las empresas forestales evadan sus responsabilidades en los siniestros o en menor grado, utilizados como chantaje o campaña “anti gobierno”, instrumentalizando ideológicamente una desgracia que afectó a todo el centro sur de Chile. Paradójico que fue el estado de catástrofe con la intervención en vigilancia y control territorial de miles de miembros del ejército y las fuerzas públicas lo que finalmente logró frenar la expansión de los incendios intencionales, salvándose en esta ocasión la Región de la Araucanía, donde ya habían comenzado las quemas de plantaciones de pinos y eucaliptus en la zona de Saavedra y Carahue y que seguramente se habrían extendido a amplias otras zonas con características de monocultivos de plantaciones forestales.
Si bien este tipo de campaña – montaje no es nuevo, viene como modus operandi desde hace años, incluyendo en el 2012 donde murieron siete brigadistas de forestal Mininco en Carahue, pero la diferencia este 2017 es que por primera vez se interpone desde el ejecutivo acción penal para que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones indaguen en profundidad los orígenes de noticias falsas, existiendo una importante lista de personas y ciertos medios con responsabilidades directas, algunos incluso han eliminado contenidos de sus sitios y redes sociales para tratar de ocultarlo, sin embargo, existen registros al respecto y deberían determinarse y formalizarse las responsabilidades criminales, siempre y cuando no existan otros niveles de intervención y desvío de atención sobre los hechos al interior del Ministerio Público.
A su vez, quedó en la agenda pública dos tesis relacionadas al móvil que habría en la intencionalidad más allá de la disputa comunicacional “ideológica”: Las redes de negocio y lucro que destapó un programa de televisión de Megavisión; y la existencia de plagas, su descontrol y cobros de seguros, destapado por más de 110 organizaciones sociales en Chile, con antecedentes del SAG y de Conaf, entre otros contenidos (ver aquí).

También, quedó en evidencia los intentos de levantar la campaña de relación “Mapuche – Farc”, la que cada cierto tiempo, de manera manoseada, se instala a través de algunos medios, la que en esta ocasión tiene como novedad que ciertos sectores desde Chile, han pretendido exteriorizarla torpemente a un par de medios en Estados Unidos, incluyendo la fuente de un ex Fiscal Regional de la Araucanía quien jamás investigó los antecedentes de autoatentados relacionados a los intereses de las empresas forestales en incendios, lo que podría generar finalmente mayores coletazos para las propias empresas forestales en dicho mercado.
Al respecto, tanto Carabineros de Chile, la PDI, la CÍA de EE-UU y hasta el Senador de ultra derecha Alberto Espina y el ex Ministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, han tenido que desmentir en sus momentos esa relación “Mapuche – Farc”.
 
Insano y sin sentido ha sido el aprovechamiento político que han pretendido sectores de la ultra derecha en esta catástrofe que afectó a miles de personas para fines oscuros o de proteccionismo a los grupos económicos forestales, más aún, cuando estos han estado acusados de colusión, redes de corrupción e intervencionismo en partidos políticos y operadores políticos partidistas que involucran a la Alianza Por Chile y a gran parte de la Nueva Mayoría, razón por la cual existiría un enorme silencio al momento de asumir posiciones frente a las responsabilidades de las empresas.
Sin embargo, en medio de las decadencias políticas institucionales y sus carteles de corrupción, tibiamente algunas voces se han venido desenmarcando, eso sí, casi sin levantar polvo para que seguramente no repercutA en contra.
 
El escenario de catástrofe del país a causa de los mega incendios, dejó en evidencia la pobreza moral de los empresarios forestales, quienes no han sido capaces de asumir sus responsabilidades en los hechos, tampoco en los impactos que se han generado en los territorios a causa de los monocultivos de plantaciones, con profundización de la crisis hídrica con cientos de miles de personas sin agua en amplias zonas rurales, empobrecimiento, desplazamiento de población y de actividades económicas locales, con severas contaminaciones a causa de las plantas de celulosa (pepaleras) y de fumicidas en las plantaciones. No hay ética, no hay principios, no hay moral, sin un mínimo de capacidad de replantear sus actividades económicas donde se pudiese considerar el respeto a las personas y la naturaleza, sólo actos primitivos de lucro a costa de la depredación.
La Red por la defensa de los territorios señaló este 27 de enero de 2017 que la FISCALÍA a pesar de poseer una nutrida carpeta de antecedentes se ha negado a investigar atentados que estarían relacionados con las empresas forestales y sus grupos de seguridad (ver aquí). Ante la inoperancia del Ministerio Público, organizaciones sociales exigieron el 31 de enero que el Consejo de Defensa del Estado investigue y se querelle con respecto a la responsabilidad que tendrían las empresas, condición que va más allá de aspectos “ideológicos” sino de sentido común y justicia.
Cabe indicar que algunas referencias sobre estas campañas de cortinas informativas levantadas, estarían relacionados a operaciones denominadas “bandera falsa” que son actos encubiertos llevadas a cabo por sectores de poder político, corporaciones y otras organizaciones (incluyendo paramilitarismo), diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Los denominados “ataques terroristas” en el marco de bandera falsa, son operaciones que se atribuyen a organizaciones consideradas radicales con el fin de desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión hacia estos, eludiendo asimismo responsabilidades como ha ocurrido en los focos incendiarios.
 
“Exigimos que el ejecutivo retire el proyecto de Ley de prórroga del Decreto Ley 701 por muy inactivo que parezca (la asignación de recursos persiste) y que lo liquide definitivamente, estableciendo que no se va a generar ningún tipo de subsidio ni bonificación para monocultivos de árboles, por el contrario, llamamos con urgencia, a que se levanten políticas públicas tendiente a restaurar ecosistemas, a la reforestación con nativos y a definir políticas de regulación de los territorios con respecto a las plantaciones de monocultivo forestal existentes, prohibiéndose con mayor rigurosidad su cercanía a fuentes de agua, poblados, bosque nativo y extremar cuidados en zonas cordilleranas, siendo fundamental su eliminación progresiva y la revitalización de las economías locales que han sido dañadas por la concentración forestal”, señalaron en enero decenas de organizaciones sociales por la defensa de los territorios.
Así como sucedió a fines de enero de este 2017, donde se realizaron diversas protestas contra la industria forestal, nuevamente diversas organizaciones hacen llamados para manifestarse durante este mes de marzo, exigiendo como sentido común, el fin del modelo y la restauración de los territorios.
Hoy, como siempre, continúan numerosas personas y comunidades del Pueblo Mapuche defendiendo los territorios de la depredación de inescrupulosos empresarios y sectores políticos invasores y colonialistas, varios de ellos escondidos en multigremiales o falsas campañas de paz, cuya piedra de tope a su insaciable y descontrolado lucro, es la resistencia ejercida en diversos territorios para defender las últimas reservas naturales, las que no solo posibilitan la supervivencia de una cultura ancestral, sino también la del chileno criollo, la de los propios descendientes de colonos europeos y de muchísimos descendientes de inmigrantes.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Chile_-_El_Terrorismo_Mapuche_La_campana_de_desinformacion_para_desviar_responsabilidades_en_mega_incendios_forestales
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"Sabemos que el capitalismo y el patriarcado no descansan en el afán de apropiarse de la totalidad de los bienes comunes de los pueblos, pero así también los pueblos organizados y las mujeres en abierta lucha consciente y organizada les diremos una y otra vez, no pasarán."

Chile: Pronunciamiento contra el TPP - Xawvn (reunión) de mujeres mapuche auto-convocadas

5 de marzo de 2018

En Temuko, representantes de distintas organizaciones mapuche y comunas de la Araucanía nos dimos cita en un encuentro fraterno y solidario, con el fin de intercambiar puntos de vista en torno a la problemática de violencia en el territorio mapuche y posicionar con mayor fuerza y unidad una plataforma común de lucha desde las mujeres y por nuestros derechos.
Este xawvn surge de la iniciativa de mujeres mapuche de la región participantes en la mesa nacional de ONU mujeres, quienes presentaron los avances de la agenda política hacia pueblos originarios como parte del trabajo de las lideresas a nivel nacional; y que en la región contribuye al punto de partida de este xawvn de mujeres mapuche auto – convocadas.
En la oportunidad, el xawvn se concentró en focalizar los ejes de lucha a corto y mediano plazo que se irán instalando, mediante dinámica participativa de las organizaciones y desde las diferentes aristas que toca enfrentar como mujeres mapuche y en defensa de nuestros territorios.
Los debates de este primer xawvn se centraron en analizar los peligros que constituye el nuevo tratado de libre comercio trans pacífico (TPP 11) el cual sería firmado el próximo 8 de marzo por la presidenta de la república junto a los otros 10 países que hacen parte de este nuevo capítulo del capital tras nacional de libre comercio contra los pueblos y la soberanía nacional.
A su vez es de la preocupación de este xawvn la situación de montaje, persecución y acoso policial contante que sufre la lamgem Machi Francisca Linconao, así como también el lamgen Machi Celestino Córdova quienes junto a los presos y presas política mapuche constituyen símbolo de resistencia cultural para nuestro pueblo ancestral y milenario.
Sabemos que el capitalismo y el patriarcado no descansan en el afán de apropiarse de la totalidad de los bienes comunes de los pueblos, pero así también los pueblos organizados y las mujeres en abierta lucha consciente y organizada les diremos una y otra vez, no pasarán.
Y ya a unos días de la conmemoración del día internacional de las mujeres trabajadoras, nosotras mujeres mapuche; queremos expresar toda nuestra solidaridad con nuestras autoridades religiosas ancestrales hoy privadas de libertad y también nuestra solidaridad con la familia de Macarena Valdés, mujer luchadora por la defensa de los territorios asesinada por los intereses del capital empresarial.
MAPUCHE ZOMO TA INCHIÑ #NOalTPP1
(Las mujeres mapuche decimos #NOalTPP11)

JUSTICIA PARA MACARENA VALDÉS
LIBERTAD A MACHI FRANCISCA LINCONAO Y CELESTINO CORDOVA
Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.

Participantes:
Asociación Indígena Ad Kimvn; Eleonor Huechucura, María Colimil, Tamara Torres, Miriam Hueiquilao, Loyda Oyarzun
ANAMURI; Viviana Catrileo
Pidi Galvarino; Tatiana Mergarejo
Red de Mujeres Mapuche de Chol Chol; Millaray Painemal
Encargada de género de la CUT Provincial Cautín; MercedesQuelempan
Comunidad Ancapi Ñancucheo de Ercilla; Jazmín Roa Ñancucheo
Purexafe; Soledad Molinet
Comunidad cooperativaLibre; Luisa Sandoval
Rayen Mapu; Silvia Montoya
Montero Central de Servicios, comunidad; María Elena Castro
Concejala Galvarino; Sara Huechupil
Represente de Lonco de Comunidad Manuel Quimen de Tolten;Alejandra Gimen Quemel
Representantes mesa Territorial Lof Mapu Pocoyan de Tolten; Hortensia Lemun y Cristina Quemel
Wuerken mesa Comunal Mapuche de Tolten; Cristina Quemel
Wallmapuwen; Irma Quilaqueo, Isabel Cañete
Pascual Colicheo comuna de Carahue; Pilar Levio
JJ.CC Araucanía; Camila Vergara
Comunidad Manuel Coilla II; Rosa Lincoñir
Presidenta de la comisión de género del Consejo CONADI; Maria Hueichaqueo
Asamblea Mapuche de Izquierda; Domingo Marileo
Junta de vecinos Los Notros, Cunco; Ema Huenumilla
Camila Peña Levio
 
 
 
d) Descubramos que no sólo los extractivismos suscitan la autoorganización de la Unión de Asambleas Ciudadanas en contra del modelo capitalista de producción y desarrollo sino también: "a raíz del intento de cambiar la implementación de la Ley de salud mental se generó una movilización y un llamado que tuvieron respuesta de parte de múltiples sectores ligados a la salud mental. Obviamente, al hacerse en la Facultad de Psicología fue un actor importantísimo el conjunto de los estudiantes, el Centro de estudiantes, diversas organizaciones y así también diversas representaciones de diversa índole, no sólo de trabajadores sino de usuarios. Fue muy significativo y eso entusiasmó. (...)
Es uno de los grandes desafíos, incorporar a toda la comunidad en defensa de la Ley. El documento fundacional habla de qué es lo que pretenden cambiar, conceptual e ideológicamente, la perspectiva desde la que se plantea la ley. Creemos que en la medida que esto se vaya difundiendo la convocatoria a partir del documento y la adhesión que está generando, va a llevar adelante esto que tenemos como propuesta que es generar un gran movimiento social y político ligado a las concepciones de salud mental".
Es toda una ruptura con el círculo vicioso del poder. Reflexionemos:
 
 
Entrevista a Ángel Barraco, Miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental
"Los ataques a la Ley de salud mental no sólo son responsabilidad gubernamental sino de otro actor poderosísimo:
la corporación médico psiquiátrica".
17 de marzo de 2018
 
Por Mario Hernández (Rebelión)

M.H.: Se ha conformado una suerte de Coordinadora en defensa de la Ley de salud mental.
A.B.: Una asamblea multisectorial.
M.H.: ¿Qué importancia tiene la conformación de esta asamblea?
A.B.: La importancia es que nace a raíz del intento de cambiar la implementación de la Ley de salud mental. Hicimos una primera reunión en la Biblioteca obrera “Juan B. Justo” en Av. La Plata con mucha gente, pero la sorpresa fue la segunda reunión en la Facultad de Psicología, donde el aula más grande de la facultad quedó chica.
Lo importante que hay que traducir es que se generó una movilización y un llamado que tuvieron respuesta de parte de múltiples sectores ligados a la salud mental. Obviamente, al hacerse en la Facultad de Psicología fue un actor importantísimo el conjunto de los estudiantes, el Centro de estudiantes, diversas organizaciones y así también diversas representaciones de diversa índole, no solo de trabajadores sino de usuarios. Fue muy significativo y eso entusiasmó.
M.H.: ¿Es una asamblea que funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional?
A.B.: Nace en la Ciudad de Buenos Aires pero justamente se debatió y la idea es que sea federal. Pensamos en un principio que se replique en 3 ó4 regiones para que se vaya gestando en el resto del país, porque si no se confirma que “dios atiende en Buenos Aires” y es una queja con justa razón.
También es cierto que el epicentro de los poderes es acá. Una de las cuestiones más significativas respecto de las responsabilidades en los ataques que sufre la Ley de salud mental tiene que ver no sólo con la cuestión de la responsabilidad gubernamental sino de un actor poderosísimo que es la corporación médico psiquiátrica.
M.H.: ¿Cuáles son los objetivos de la asamblea?
A.B.: En primer lugar plasmar un gran movimiento de manera plural, abierta, democrática y horizontal. En estos momentos conviven representaciones de diversas magnitudes a nivel político, social y el tema es hacer un llamado a quienes todavía están por fuera de esta situación. Necesitamos de todos para defender lo que plantea la Ley y ese sería el contenido político.
Después hay todo un desarrollo en cuanto a dar a conocer a nivel comunicacional e informativo a toda la comunidad. Una de las cuestiones que tenemos que superar, que históricamente cuesta mucho, es que la comunidad en su conjunto sepa qué esta pasando con la salud mental y por qué es importante que la Ley no sea modificada porque sino esto queda situado en los actores que en general intervienen en el área de salud mental.
Ese es uno de los grandes desafíos, incorporar a toda la comunidad en defensa de la Ley. El documento fundacional habla de qué es lo que pretenden cambiar, conceptual e ideológicamente, la perspectiva desde la que se plantea la ley. Creemos que en la medida que esto se vaya difundiendo la convocatoria a partir del documento y la adhesión que está generando, va a llevar adelante esto que tenemos como propuesta que es generar un gran movimiento social y político ligado a las concepciones de salud mental.
38 años del Frente de artistas del Borda: “lo artístico también es inherente a un abordaje integral de salud mental”
M.H.: Saliendo un poco del tema de la Ley de salud mental, se cumplieron 38 años del Frente de artistas del Borda y te quería preguntar, ¿qué papel cumple en el ámbito del a psiquiatría, de la salud mental?
A.B.: Justamente, 38 años es una historia larga que habla de cómo surgió dentro del Hospital Borda y fue poco a poco generando una credibilidad y una necesidad frente a lo que no se hacía por parte del Estado y los frenos que ponían las corporaciones. El Frente de artistas del Borda cumplió y sigue cumpliendo una misión fundamental, en primer lugar que la práctica artística en todas sus facetas es muy importante en el aspecto de la resocialización, la rehabilitación de los pacientes y esto indudablemente está corroborado, por eso peleamos porque este sea un dispositivo más dentro de los dispositivos que nosotros denominamos “clínicos”.
Así como necesitamos que haya camas de internación en guardias generales, en todo aquello clínico-terapéutico, lo artístico también es inherente a un abordaje integral de salud mental, por eso tiene un cometido muy importante, como también la radio “La Colifata” y algunos otros dispositivos, así que tratamos de darle todo el apoyo posible.
M.H.: Alberto Sava fundador y director del Frente de artistas del Borda es el papá del director técnico de fútbol.
A.B.: Exactamente, de Facundo.
M.H.: Que es psicólogo social ¿no?
A.B.: Es psicólogo social pero fundamentalmente su carrera artística es de mimo, ha desarrollado toda su práctica a partir de esa faceta, la representación gestual. A partir de ahí fue fundador y sigue siendo alma mater de lo que es el Frente de artistas del Borda. Y una ampliación, porque ya no es sólo el Frente de artistas sino que se ha estructurado una red de arte y salud mental a nivel nacional, con lo cual esto ya tiene una dimensión en todo el país.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
A.B.: Ya que hablás de lo del Borda, paso un aviso. El 25 de marzo en Moreno el Frente de artistas del Borda va a hacer un espectáculo integral que se llama “Sin reserva”. He tenido la oportunidad de verlo en el centro de detención “El Olimpo” y realmente lo recomiendo. Domingo 25 de marzo a las 17:00 en Av. Del Libertador 751 en la localidad de Moreno, en el oeste.
Los que tengan la posibilidad de verlo no se lo pierdan, es un día después de la fecha que vamos a conmemorar todo respecto del terrorismo de Estado y su secuela genocida. Está integrado por pacientes, chicos que son coordinadores y vale la pena, moviliza los sentidos y la reflexión respecto de esa historia. El Frente de artistas ha sabido coordinarlo con la dirección de Alberto Sava, les dejo la invitación.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239150
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