Es descubrir que esta última va
contra
la democracia fundada en la
soberanía popular.
Empecemos por analizar:
Democracia en el estado plurinacional
13 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016
Por
Arturo D.
Villanueva Imaña (Rebelión)
Cuando los bolivianos pensamos en la democracia, inmediatamente
nuestras ideas nos remiten a las dictaduras, los gobiernos de facto, las
restricciones impuestas y la conculcación de libertades y derechos elementales.
Y es que se
produce una asociación inmediata con la pérdida de las libertades de expresión,
pensamiento o inclusive reunión; porque su ejercicio había sido castigado hasta
el punto de imponer el apresamiento, la tortura, la desaparición y hasta la
muerte de todos aquéllos que se habían atrevido a pensar diferente y expresar un
criterio propio.Intolerancia secante de por medio, se nos convertía en “conspiradores” o “delincuentes subversivos” ante los ojos de quienes detentaban un poder antidemocrático, usurpado por la fuerza, y que lo ejercían autoritaria y despóticamente.
Será por eso que en algunos sectores sociales, e inclusive intelectuales, les basta con reivindicar una democracia tradicional que se limite al respeto de los derechos humanos. Entienden la democracia como el control del poder, donde existe respeto a las minorías, prevalece el estado de derecho, la legalidad y la institucionalidad. Además, donde se generen condiciones de participación y donde un ciudadano equivale a un voto. Se trata de una democracia formal, arraigada en una visión liberal, que busca el establecimiento de condiciones básicas mínimas para un desenvolvimiento pacífico y una relación respetuosa entre la sociedad y el Estado. Es una democracia que no alcanza a percibir la importancia de una democracia deliberativa y comunitaria, donde se busca prioritariamente el consenso y no la imposición de las mayorías. Tampoco les preocupa o alcanzan a intuir, la enorme significación de construir una democracia que verdaderamente constituya “el gobierno del pueblo”, tal como establece la propia definición de democracia; o que en la práctica pueda estar germinando en las democracias de base autogestionaria, participativa y directa. Tampoco perciben la importancia y trascendencia de las identidades colectivas, cultural e históricamente diferentes y diversas; porque se concentran en el individuo y el establecimiento de una ciudadanía universal única, generalmente monocultural, particularista y occidental, que desdeña las diversidades y diferencias…
Sin embargo, devolviéndonos a lo que sucede en los hechos, a 34 años de haber sido recuperada tras una larga lucha, surge el doloroso contrasentido de festejar su conquista y no tener siquiera la más mínima sensibilidad y voluntad política del actual gobierno para saldar una deuda histórica nacional que sigue pendiente. Es decir, una democracia que permita recuperar, desentrañar y restablecer la memoria histórica y la verdad, de modo que nunca más vuelvan a repetirse semejantes situaciones; así como cerrar las graves heridas causadas, devolver la dignidad y restablecer la justicia que fue arrebatada.
Como si ello no fuese suficiente, también es posible constatar que el gobierno se ha dado a la tarea de imponer un tipo de democracia excluyente y sectaria, que anula toda posibilidad de construir una democracia plural, respetuosa de la diferencia y la diversidad. Es decir, que corresponda y esté acorde al Estado plurinacional y al abigarramiento de nuestra sociedad. Para ello y adoptando un enfoque confrontacional y un discurso agresivo, se han emitido normas que atentan y conculcan el derecho a la libre asociación (específicamente dirigida a ONGs e instituciones de la sociedad civil, a las que se busca someter al criterio oficial sobre “desarrollo” si no quieren estar expuestas a su expulsión y cierre).
También se ha emprendido una fuerte y agresiva campaña mediática y comunicacional (pagada con recursos fiscales), orientada a anular el derecho a la libre información, pensamiento y expresión, que está dirigida a medios de comunicación y periodistas independientes (identificados como “el cártel de la mentira”). En este caso, se utiliza el amedrentamiento, la amenaza y la descalificación para acallar y coartar dichos medios y periodistas, aunque en los hechos implicaría conculcar el derecho que tenemos todos de expresarnos, pensar, informar y ser informados. Ni hablar de la reiterada reticencia y rechazo a dar cumplimiento y garantizar el ejercicio al derecho de consulta que tienen de los pueblos indígenas para otorgar su consentimiento libre e informado, cuando se trata de efectuar cualquier tipo de medidas o proyectos que les afecten (como sucede en el caso de las iniciativas desarrollistas, extractivistas o de construcción de mega obras y proyectos de grandes inversiones que buscan ser implantados “quieran o no quieran” en territorios indígenas).Amparados en cualquier tipo de argumentos, pero teniendo como común denominador una supuesta detentación de la verdad (entendida ésta como única y propia), pretenden desconocer e imponer, al mismo tiempo, sus intereses y criterios particulares. Estos generalmente están respaldados en el uso de la violencia, la agresividad e intransigencia de sus movilizaciones, la cantidad de gente que los sigue y la fortaleza organizativa o gremial. Es el caso, por ejemplo, de aquellos sectores sociales que insistentemente buscan desconocer nada menos que los resultados de un referéndum nacional, e imponer inconstitucional y antidemocráticamente la repostulación de los candidatos que han sido mayoritariamente rechazados por el pueblo boliviano.
Por otra parte, bajo el argumento de construir nuevas hegemonías, el gobierno ha optado por la cooptación clientelar y prebendal de las organizaciones y algunas dirigencias sociales, que al margen de distorsionar, corromper y envilecer la relación de éstas con el Estado, también secuestra su independencia organizativa para ponerla al servicio del poder y el gobierno circunstancial que se detenta. De ese modo, las organizaciones sociales dejan de ser actores y protagonistas en la lucha por su libertad y la realización de las tareas de transformación y cambio, para pasar a ser instrumentos dóciles al servicio de los intereses de la nueva casta dominante que detenta el poder.
Finalmente y no menos importante (en realidad todo lo contrario), también somos testigos de un fenómeno francamente preocupante que va adquiriendo cada vez mayor “naturalidad”, por su frecuente recurrencia. Se trata de lo que podría denominarse como la democracia corporativa, que se expresa en colectivos, movilizaciones o manifestaciones sociales de diverso tipo. Se caracteriza también por ser excluyente y sectaria. Es lo que podría entenderse como la democracia de la selva, donde se impone el más fuerte, sin importar el otro, la alteridad y mucho menos el bien mayor.
También es el reciente caso de un sector ciudadano que decidió destruir y borrar un mural considerado ofensivo, sin tener la más mínima consideración y respeto por las manifestaciones y expresiones diferentes y diversas que al margen de ser reconocidas legalmente, deberían ser respetadas en el marco de la pluralidad, la diferencia y la diversidad.
Podría continuarse abundando en otros ejemplos
que den cuenta de la situación de la democracia en el Estado Plurinacional; pero
a pesar de los evidentes cambios que se ha podido constatar en este sucinto
recuento, queda constante una muy preocupante tarea no encarada a pesar de las
luchas y varios años transcurridos:
la persistencia de las tentaciones y
prácticas autoritarias y secantes, que lamentablemente continúan bajo el signo
de la intolerancia, el sectarismo y la exclusión. Se trata de un aspecto (ojalá
no un germen maligno) que hace sombra y ciertamente interpela al proceso y los
logros de inclusión social de la que muchos bolivianos nos ufanamos.
Arturo D. Villanueva Imaña es sociólogo de
Cochabamba
Pensemos que Evo Morales, Álvaro García Linera y el MAS habiendo luchado
desde la izquierda política llegan al mismo posicionamiento respecto a los
pueblos respectivos que el Partido Justicialista cuyo objetivo primario
consiste en conciliar a los trabajadores con los capitalistas y desde su
función en la democracia restringida se ha derechizado por completo. Ante
todo busquemos explicación en:
La trampa de la gobernanza nuevas formas de
participación política
Por Juan Carlos
Monedero(…)El discurso de la gobernabilidad y la gobernanza
En estas nuevas formas de lo público es común que se presente y use el concepto de gobernabilidad, supuestamente depurado de connotaciones ideológicas. Se trataría de la simple posibilidad del ejercicio pacífico y consensuado del poder político. Sin embargo, esa idea de orden y consenso (ausencia de conflicto) que incorpora la gobernabilidad es el núcleo ideológico que después se trasladaría a otra palabra comodín, la gobernanza. En ese viaje se corre el riesgo tanto de asumir la retirada del Estado como articulador del interés común, como de aceptar una concepción de sociedad civil complaciente que ha perdido la capacidad crítica y el impulso social transformador.
Es importante resaltar que a
partir de los años setenta, cuando empieza a concretarse el desmantelamiento del
Estado social en el ámbito europeo, empiezan también a referirse dos ideas
contrapuestas de sociedad civil, separadas por el papel que debe desempeñar un
Estado que se está transformando para dar por válida la separación entre
economía y política y, de esta manera, articular el poder del Estado al servicio
de la explotación. En este sentido, diferenciamos entre una sociedad civil
liberal, que la presenta como ámbito del interés privado y lugar alternativo al
Estado como redistribuidor, y otra emancipadora, que considera que hay un ámbito
público no estatal formado por la ciudadanía activa, que se organiza de manera
flexible y que puede transformar lo político bajo el prisma del interés
colectivo.
Mientras que la primera
expulsa a la ciudadanía de la gestión de los asuntos públicos, privatizando y
mercantilizando las relaciones sociales, la segunda intenta compensar los
ataques contra la política institucional del bienestar y avanzar hacia nuevas
formas políticas implicando a la ciudadanía en su cotidianeidad. Mientras la
primera va a hacer descansar el equilibrio social principalmente en el mercado,
la segunda está comprometida con la creación de redes sociales que brinden el
cemento dinamitado por el discurso y la práctica neoliberales.
En las conclusiones del
estudio presentado a la Trilateral con el título La crisis de las democracias.
Informe sobre la gobernabilidad de las democracias (1975), Huntington, en
colaboración con el francés Crozier y el japonés Watanuki, establecieron las
líneas de choque frente al ímpetu democratizador de base que recorría el
planeta. La oposición dentro y fuera del país a la masacre perpetrada por los
Estados Unidos en Vietnam; los efectos críticos del mayo del 68; el impulso
descolonizador; las movilizaciones populares en Europa, especialmente
importantes en Italia, reclamando la democracia en las empresas; la revolución
de los claveles en Portugal; la existencia de movimientos guerrilleros por toda
América Latina; las huelgas obreras y ciudadanas en los estertores del
franquismo, eran todos elementos que ponían en cuestión el orden político
occidental de posguerra, quizá con mayor intensidad que en cualquier otro
momento histórico porque también cuestionaban el orden soviético tras el
aplastamiento de la Primavera de Praga por los tanques del Pacto de Varsovia en
1968.
La ingobernabilidad (que
es la contracara de la gobernabilidad), en definitiva, es el concepto con el que
se quiere justificar la quiebra de, al menos, cuatro bienes públicos: la
legitimidad de la participación (otorgada por el Estado democrático), el
bienestar material (otorgado por el Estado social), la seguridad jurídica
(otorgado por el Estado de derecho) y la identidad cultural (otorgado por el
Estado nacional o plurinacional). En el discurso de la ingobernabilidad el
problema no es la quiebra de esas redes de seguridad institucional, sino las
dificultades para que el sistema de dominación y la obligación política de los
ciudadanos se mantenga. Por eso, la construcción de prácticas de gobierno
transparente (de gobernación democrática, utilizando la alternativa semántica
propuesta por Vidal Beneyto) va necesariamente a discutir con algunos de los
aspectos centrales vinculados a la gobernabilidad. En la actualidad y en el ámbito occidental no es posible ni un Estado que carezca de forma democrática (sería contestado socialmente) ni una democracia sin Estado (sería mera fachada formal, donde la ausencia de un contrato social le impediría tener un contenido real). La discusión entre democracia real y formal ya no pertenece al siglo XXI. Ambas son necesarias. De ahí que el impulso social crítico debe implicar una reinvención de la democracia y del Estado (B.Santos). Éste impulso debe funcionar como una solución superadora del momento anterior. No se trata ni de recuperar el pasado (el Estado keynesiano o fordista de posguerra) ni de negarlo (sustituirlo por una rearticulación sobre la base del mercado o, incluso, sobre un conjunto de movimientos sociales autoorganizados). Los cambios estructurales reclaman sus plazos. Por eso, la democracia del siglo XXI debe dar cuenta de las críticas al Estado social y democrático de derecho realmente existente realizadas durante décadas desde diferentes lugares: desde el pensamiento liberal (criticando el paternalismo, la ineficiencia, el clientelismo); desde el marxismo (su mantenimiento de la explotación, de la alienación, el debilitamiento de la conciencia crítica ciudadana); el ecologismo (productivismo esquilmador de la naturaleza); la crítica generacional (la hipoteca transmitida a los que vienen detrás); el anarquismo (el autoritarismo y la limitación de la libertad); el pacifismo (el entramado militar-económico, el keynesianismo de guerra, la violencia); el feminismo (el patriarcado, la desigualdad de género); la crítica posmoderna (el ahogamiento de la individualidad y de la diferencia, la homogeneización cultural, las jerarquías); o desde la periferia mundial (el incremento de las diferencias Norte-Sur, el neocolonialismo). Por esto que también se deba repasar críticamente las respuestas tradicionales dadas por los Estados de posguerra a las demandas ciudadanas.
La experiencia del siglo XX
debe incorporarse. Al ser la política tanto polis (la ciudad presente) como
polemos (la ciudad a construir), la acción colectiva debe asumir como eje de su
reflexión una clara noción de lo que quiere conservar, lo que quiere desterrar y
lo que necesita construir. Por tanto, deben constatarse con objetividad los
errores cometidos en la gestión del sistema capitalista tanto en su vertiente
socialdemócrata como desde la democristiana o liberal. La transformación de las
democracias en democracias de audiencia (Manin), donde los partidos son parte
del Estado, controlan los recursos del mismo así como los mediáticos,
tienen una organización piramidal y viven de manera casi exclusiva para la
lógica electoral, necesita ser repensada de manera crítica.
El desmantelamiento del Estado social y
democrático de derecho o el agotamiento del sistema no pueden evitarse
simplemente con posiciones reactivas que no den respuesta a las críticas que
reclaman su superación. Por todo esto, las nuevas formas de democracia deben
incorporar el valor más rico y menos utilizado de lo político durante la segunda
mitad del siglo XX: la ciudadanía crítica organizada en la pluralidad de
movimientos sociales.
Una nueva ciudadanía democrática: reforma, revolución,
rebelión
Las funciones tradicionales desempeñadas en las democracias liberales por los
partidos políticos ya no son patrimonio exclusivo de estas asociaciones, aunque
sigan siendo responsables directas del funcionamiento estructural del Estado.
Si los partidos fueron la herramienta por excelencia en la construcción de los
Estados sociales y democráticos de derecho, en el siglo XXI las siguientes
etapas emancipatorias van a tener como sujetos intermediarios nuevas formas.
El discurso de la
gobernabilidad se tradujo en más Estados gendarme y menos Estados sociales y
democráticos de derecho. O en la hermosa metáfora de Pierre Bourdieu, menos mano
izquierda, la mano femenina del Estado (la que enseña, alimenta, cuida, alienta
y conforta) y más mano derecha, la mano masculina (que coacciona, amenaza y
castiga). Toda sociedad está en tránsito. De ahí que, en un mismo momento
histórico, convivan diferentes generaciones, modos de pensar, actitudes vitales,
conciencias diferentes sobre el género o la raza, y cada una de ellas con una
realidad vinculada al ámbito de socialización que haya funcionado de manera más
eficaz sobre cada individuo.
La articulación política transformadora en el siglo XXI va, necesariamente, a
construirse sobre tres almas y tres cuerpos condenados a convivir: la reformista
(simétrica, gradual, que gestiona los logros alcanzados y que transforma el
marco institucional existente), la revolucionaria (frontal, urgente, que
construye su propuesta frente al marco institucional actual y lo orienta con un
programa de máximos) y la rebelde (tangente, de ritmo flexible, que va más allá
de las formas políticas del siglo XX y que incorpora la propia libertad de los
nuevos sujetos). Esas
tres fuentes se entrecruzarán, se dejarán el paso en cada momento según lo
marquen las situaciones, se reforzarán entre ellas, se adaptarán a las
situaciones históricas (aunque también se entorpecerán, competirán y se
lastimarán mutuamente). El ocaso de la linealidad también deberá afectar a estos
tres espacios, y los portadores de las mismas deberán saberse partes de una
transformación que reclama un diálogo con las otras pautas de la emancipación
social. El mero reformismo sin horizonte transformador deviene en simple gestión
presentista que refuerza lo existente. Necesita faros que lo orienten. Como se
apuntó antes, el sistema capitalista siempre está atravesado por contradicciones
internas irresolubles. Lejos de solventar sus problemas, la fase actual de
mundialización los ha agudizado. Por otro lado, la actitud estrictamente
revolucionaria, con su programa de máximos, no otorga respuestas reales para lo
existente, al tiempo que niega el valor de lo ya alcanzado. Necesita articularse
con el reformismo y acabar con el divorcio mantenido entre estos dos
planteamientos. Pero ambos pertenecen a un mundo anterior y a una conciencia en
retirada. Y por eso ambos necesitan articularse a su vez con lo rebelde, propio
de un mundo en transformación que no se identifica con los contenidos del
reformismo y de la revolución, propios de la etapa moderna y de la cultura
obrerista.
Si el reformismo y la
revolución implican una discusión sobre estructuras, la rebeldía incorpora la
energía, nuevas bifurcaciones en el camino de la libertad. Si reforma y
revolución quieren tomar el poder, la rebeldía desafía al poder negándole la
centralidad que hasta entonces ha tenido. Pero además, los cuerpos políticos
donde se encarnan o han encarnado estas almas, los recipientes donde se han
contenido estas fuentes deben replantearse. Los partidos políticos y los
sindicatos deben abrirse a la sociedad, siendo capaces de garantizar su
permanencia estructural con la necesaria renovación que evite su burocratización
y cristalización. Las formaciones políticas revolucionarias no podrán ignorar el
nuevo lugar donde se juega la transformación política, de manera que tendrán que
replantear su exigencia militante, su inflexibilidad ideológica, su sacrificio
del ahora oscuro por el mañana luminoso. Y las formaciones rebeldes deberán
aprender a conjugar su diferencia con la necesidad de puntos de encuentro, a
encontrar la formación de articulaciones que terminen con su cacofonía sin
eliminar su identidad diferenciada, que solventen su miopía ante las estructuras
y su facilidad para desaparecer. Y los tres continentes deberán saber que los
demás existen y es necesario que existan.
Se trata de reconstruir de
nuevo la "totalidad concreta".Se trata de seguir buscando pautas que hagan
cierto el contenido profundo de la democracia, expresado por Lincoln en su
famoso discurso de Gettysburg en 1864:
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo. El gobierno "del pueblo" implica la legitimidad de origen: es del pueblo
de donde emana la capacidad de gobernar.
El gobierno "por el pueblo" implica la legitimidad de ejercicio: es el pueblo el
que directamente o a través de representantes libremente elegidos ejerce el
gobierno. El gobierno "para el pueblo" implica la legitimidad de resultados: es
el pueblo el que se tiene que ver beneficiado por la gestión del gobierno. La
democracia es la conjunción de esos tres elementos. Por tanto, no vale el "todo
para el pueblo sin el pueblo" (el despotismo ilustrado o tecnocrático) ni el
"nada para el pueblo con el pueblo" (la falacia de la democracia formal hueca de
contenidos), y mucho menos el "nada para el pueblo sin el pueblo" (la utopía
neoliberal y el fin de la historia ante un escenario sin participación).
La única
reformulación correcta es "todo para el pueblo con todo el pueblo": la
democracia avanzada, único contenido correcto para los usos ambiguos del buen
gobierno, las formas transparentes de gobierno o la gobernanza democrática Esta
concepción del gobierno democrático debe, sin embargo, incorporar las enseñanzas
históricas del siglo y medio transcurrido:
(1) no hay democracia real sin democracia formal; (2) la democracia formal sin
contenidos reales de igualdad está hueca; (3) la idea de pueblo debe construirse
como una tensión dialéctica permanente entre los individuos y el colectivo,
entre la comunidad política concreta y el resto de los habitantes del planeta, y
entre la población actual y la población futura. Por el contrario, el gobierno
democrático sitúa la capacidad de disentir en primer plano, vincula la crítica
al gobierno no democrático con la ausencia de democracia económica, no rehuye la
confrontación pacífica de ideas y modelos, no acepta la inevitabilidad del
devenir social, entiende la técnica como una capacidad humana y, por tanto, sabe
que su uso está marcado por esa voluntad y no por determinismos que roban el
albedrío humano.
En una palabra: la utopía, el
motor que impulsa la transformación social hacia una dirección definida por las
aspiraciones de una ciudadanía formada y consciente. Pero una utopía que al
igual que rechaza el mito del Estado y el mito del mercado, no construye un mito
de la sociedad civil como espacio mágico donde la realidad humana juega a
olvidarse de su condición. Una vez más nos topamos con la necesidad de conjugar
la transformación reformista, la revolucionaria y la rebelde. Las energías
participativas de la ciudadanía tienen un límite (Font, 2001), y en ese sentido,
toda la institucionalización social y el desarrollo tecnológico ayudan a ese
ahorro de tiempo que permite abandonar la condición de idiotes (desentendido de
lo público) y reencontrar una colaboración con lo público, de cada uno según sus
capacidades.
Nuevas formas de participación política
Por todo esto no podemos olvidar las objeciones que tradicionalmente se han hecho a la participación: aumento de la lentitud en la toma de decisiones; aumento de los costes; no incorporación de valor añadido a la decisión; incremento del particularismo; cortoplazismo de los intereses particulares; miopía ante los problemas estructurales; erosión de partidos e instituciones; desinterés ciudadano en la participación; falta de constancia en la participación; recurrencia de las personas que participan; representación individual de los participantes (Subirats). Pero todas estas dificultades no pueden negar un hecho: el agotamiento de las formas tradicionales de lo político, verificables en la abstención, la desafección, la falta de afiliación, la desconfianza, el nihilismo y, en definitiva, la desarticulación social. Por todo esto, el debate sobre las formas transparentes de democracia y gobierno son el núcleo de una discusión que quiera salvaguardar los modos y contenidos democráticos de la organización social. Sólo la democracia participativa puede llegar allí donde las formas tradicionales no llegan porque han sido superadas o desmanteladas.
Los siguientes aspectos podrían, como conclusión, formar parte de ese debate:
• Establecer garantías de la existencia de regímenes políticos democráticos que cumplan, como punto de partida, con los requisitos de la democracia mínima: (1) las decisiones gubernamentales son adoptadas por representantes elegidos por la ciudadanía en (2) procesos electorales periódicos, libres y no amañados; (3) no existen obstáculos, salvo excepciones lógicas, para tener la condición de elector y elegible, y (4) se otorgan las garantías de existencia de libertad de expresión, de organización y asociación y de información.
Dentro de esos planteamientos mínimos, también entrarían: (1) la idea de universalismo, es decir, imperio de la ley válido y obligatorio para todos; (2) la rigurosa separación entre lo público y lo privado, esto es, la no patrimonialización de lo público que lleva a su apropiación particular; (3) más allá de la responsabilidad vertical que se ejerce en las elecciones, una responsabilidad horizontal que se ejerce cotidianamente y está vinculada a una forma estricta de entender y hacer respetar a los gobernantes las reglas de juego. Estos rasgos permiten diferenciar entre una democracia consolidada, encarnada de manera típico ideal en los modelos nórdico y anglosajón, y democracias delegativas, donde las características se definen por la negación de los rasgos principales de las anteriores: (1) particularismo frente a universalismo, con la consiguiente discrecionalidad del poder e incumplimiento real de las normas; (2) confusión de lo público y lo privado, y los correspondientes clientelismos, corrupción y patrimonialización; (3) y frente a la responsabilidad horizontal, liderazgos caudillistas, populismo paternalista e impunidad del poder (O’Donnel). En una dirección similar pueden agregarse como requisitos una serie de elementos que habilitan mínimamente la condición de ciudadanía: ( 1) identificación clara de la condición jurídica de ciudadanía; (2) esperanza de vida similar al nacer, sin distinciones sociales o étnicas; (3) acceso a trámites judiciales y administrativos en la lengua materna; (4) inexistencia de desnutrición; (4) inexistencia de pobreza absoluta (Auditoria Ciudadana sobre la calidad de la democracia). A estos aspectos añadiríamos por último, en ese umbral mínimo de democracia: (1) niveles educativos similares, ligados a la escolarización infantil obligatoria; (2) asistencia sanitaria generalizada; (3) viviendas salubres; (4) seguridad ciudadana generalizada y ausencia de cualquier amenaza social (terrorismo de Estado, militarismo, paramilitarismo, delincuencia, violencia, terrorismo étnico o político, etc.)
• Posicionamiento general alternativo a la globalización en curso, por lo que significa de ataque a las redes sociales solidarias participativas. Mientras que las nuevas formas de democracia reclaman la inclusión, la globalización neoliberal genera exclusión. La democracia no puede ponerse en marcha en tanto en cuanto domine un modelo que, por definición, es disolvente de los lazos sociales. La democracia avanzada declara la existencia de una herencia común en toda la humanidad (y que incluye tanto a la naturaleza como a las generaciones futuras) que no es divisible ni enajenable. Por el contrario, es un presupuesto básico de la mundialización neoliberal el tratar todo como mercancías, articular su intercambio sobre la base del mercado, y considerar el presente como lugar de valoración del beneficio.
• Puesta en marcha de presupuestos participativos con vistas a definir por la ciudadanía el gasto público. Estos presupuestos seguirían un modelo donde: (1) la participación esté abierta a todos los ciudadanos al margen de cualquier estatus; (2) exista una combinación de democracia directa y democracia representativa, dándose los participantes sus propias reglas internas; (3) la asignación de los recursos se hará basándose en criterios técnicos y generales, y compatibilizando las exigencias técnicas, legales y financieras y las reglas establecidas por los participantes (B.Santos). Las cifras del gasto público deben hacerse accesible a toda la población de la forma más sencilla posible. Pintar en una pared las cuentas públicas de un municipio pequeño (Brasil) es un ejemplo de esfuerzo de clarificación.
• Establecimiento de posibilidades materiales para obtener la información, recibir las consultas, transmitir la codecisión y articular la cogestión. Esta capacitación va desde la existencia de locales a la disposición de teléfonos y redes informáticas. Estas capacidades materiales deben adaptarse a las realidades de cada país. El desarrollo de formas alternativas de energía deberá ser un paso previo en aquellos países donde la inexistencia de redes eléctricas sea el primer impedimento para poner en marcha formas de democracia participativa.
• Celebración de auditorias ciudadanas sobre la calidad de la democracia, con el fin de incrementar la participación popular, hacer un diagnóstico correcto de los problemas de funcionamiento y generar una mayor corresponsabilidad con las decisiones políticas. La auditoria es un estudio participativo compuesto por diferentes niveles donde el elemento esencial es la transparencia del proceso y de los resultados La auditoria ciudadana incorporaría: (a) seguimiento y evaluación de las fortalezas y debilidades de la vida política; (b) forma diferenciada de participación al integrarse la ciudadanía en el análisis como actores y al ser públicos los resultados del mismo; (c) potencial transformador al ser la idea de calidad de la democracia la guía de las discusiones. (Taller "Calidad de la democracia y desarrollo humano en América Latina")
• En el ámbito jurídico, es necesario establecer dos órdenes: (1) ámbito nacional: garantía de la gratuidad real en todos sus niveles; establecimiento de protocolos basados en la igualdad y la competencia en la elección de jueces y magistrados; transparencia en la elección de los magistrados en todos los niveles judiciales, así como rendición de cuentas en las reelecciones; separación del poder Ejecutivo del Judicial; fomentar la participación popular en la administración de justicia (2) en el ámbito internacional, un gobierno nacional transparente tiene necesariamente que estar comprometido con los derechos humanos en todo el mundo. En este sentido, debe suscribir, apoyar y cumplir los Tratados Internacionales al respecto: Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convención Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales; Convención Internacional de derechos civiles y políticos. Igualmente, debe apoyar la formación de un Tribunal Penal Internacional. Es esencial también la cooperación nacional en las diferentes formas de justicia supranacional y debe buscarse la pluralidad cultural y política en la creación de órganos supranacionales con capacidad sancionadora. Debe también impulsarse la deliberación en el ámbito mundial, única forma de encontrar también formas de responsabilidad mundial (decisiones tomadas por instituciones financieras en el primer mundo pueden afectar a la economía de un país a miles de kilómetros sin quedar afectado por ningún tipo de responsabilidad). Debe crearse una segunda cámara en la ONU que actúe como un Parlamento Mundial, paso previo a la posibilidad de impulsar un diálogo ciudadano de base en todo el planeta (D.Held)
• Fortalecimiento de los servicios técnicos e informativos parlamentarios, creando convenios con universidades y centros de investigación que actúen como auxiliares de la labor política institucional y también como forma de incluir a miembros de la sociedad en la deliberación política. El refuerzo del apoyo de técnicos debe facilitar la rotación en los cargos, sin que ello se traduzca en un poder espurio de los técnicos. La deliberación ciudadana debe contar igualmente con las posibilidades del conocimiento experto. Defensa de la división de poderes que permita a la oposición parlamentaria y a la ciudadanía ejercer las tareas de control y petición de rendición de cuentas al Gobierno. Posibilidad de petición de rendición de cuentas también a los partidos de la oposición. Igualmente, todas las instancias de control institucional (de justicia, tributaria y fiscal, electoral, administrativa, anticorrupción, etc.), así como todos los altos cargos de instituciones públicas y semipúblicas deben someterse al (…)
∗
Universidad Complutense de Madrid/ACSUR
Volvamos a nuestra realidad concreta.
Recordemos los «ámbitos privilegiados de acumulación» con protagonismo de la
casta política y el sindicalismo empresario. Entramados de intereses
antipopulares, antinacionales en que predomina el PJ, a su vez, partícipe
del Estado en contubernio con el narcotráfico, con la trata de personas, con
la prostitución...
De lo antedicho se
desprende que
no podemos atribuir sólo al gobierno de Mauricio Macri el ataque frontal a
los trabajadores. Consideremos cómo el gobierno de Evo Morales toma:
Una medida
a favor de los empresarios
20 de
octubre de 2016
Por
Mauro Alcócer (Rebelión)
La decisión de no otorgar esta gestión 2016 el segundo aguinaldo
(un beneficio laboral establecido el año 2013) va a tener consecuencias
económicas y políticas. En lo económico ocasionará que este fin de año haya
menos dinero circulante, con lo que las actividades comerciales y de servicios
serán duramente afectadas. Muchos internadores comerciales que hicieron compras
de mercadería, o gente que encargó determinados productos, confiados en que
venderían este año lo mismo que el año pasado, no podrán recuperar su inversión,
lo que afectará a toda la cadena comercial, tanto a los que operan al mayoreo
como a los que venden al detalle. Esta caída en el movimiento comercial afectará
también la venta de servicios y repercutirá en los siguientes meses en el sector
productivo, con lo que se va a dar un efecto de contracción de la economía
boliviana. Esto no dice Luis Arce Catacora, el ministro de Economía y Finanzas
Públicas, cuya orientación monetarista y de ajuste fiscal está llevando al
gobierno a cometer varias equivocaciones.
¿Y qué pasará con los trabajadores que habían confiado en las
palabras del propio Arce, que hasta hace unos meses aseguraba que habría doble
aguinaldo esta gestión? ¿Cree el vicepresidente Alvaro García Linera que los
obreros van a creer su argumento que “como gobierno estamos cuidando la
estabilidad laboral”?
No es la primera vez que el vicepresidente repite las razones de los empresarios
privados y se alinea con ellos, que también hablan en estos términos
paternalistas: “es preferible ganar menos pero tener una fuente de trabajo,
porque hay mucho gente que quisiera ocupar tu puesto”.
Recuerdo que fue García Linera el artífice de los acuerdos de abril de 2015 con
los latifundistas de la Cámara Agropecuaria del Oriente. No me olvido que en
julio de ese mismo año, viajó hasta San Cristóbal en Potosí para dar garantías a
los ejecutivos japoneses de la transnacional Sumitomo Corporation, de que el
gobierno no nacionalizaría esa portentosa mina que explota plata. Actúa así
porque el vicepresidente, conforme a la teoría de que nuestra economía debe
atravesar por una fase de “capitalismo andino” que planteó hace diez años (ver
artículo escrito por AGL titulado “El capitalismo andino amazónico”en Le Monde
Diplomatique, de enero de 2006), cree que la burguesía y los inversores externos
(a los que se refiere con el eufemismo: “sujetos productivos”) pueden cumplir un
rol positivo dentro del proceso de cambio. Ahí está la gran diferencia que con
él tenemos los que planteamos una orientación consecuentemente antimperialista,
por tanto anticapitalista, al proceso boliviano.No otorgar el segundo aguinaldo tendrá el efecto político de que los trabajadores y la clase media se van a distanciar del gobierno. Y no es poca gente: estamos hablando de 2 millones de asalariados del sector público y privado, que sumados a sus familias hacen por lo menos 5 millones de personas.
Al interior de los sindicatos se van a fortalecer las tendencias
opositoras que plantean el discurso de la “independencia de clase”, vale decir
la ruptura de la clase obrera con el gobierno y el proceso. Ya mismo, en la
mentalidad de los obreros de base, debe estar dando vueltas el siguiente
razonamiento: si este gobierno hace lo que piden los patrones, entonces no es un
gobierno de los trabajadores. ¿No se evaluó esto? Es un daño político enorme que
le hacen a nuestro proceso las decisiones económicas que se están tomando.
Decisiones que
se basan, según nos dicen, en las cifras del Instituto Nacional de Estadística,
que dijo (con una exactitud nunca antes vista y que invita a la sospecha) que el
crecimiento había sido del 4,43% del PIB. Vale decir que por el 0,08% (lo que
faltaría para el 4,51% fijado por el decreto del año 2013 que estableció el
beneficio laboral) se corre el riesgo de dilapidar el respaldo de la base social
del proceso. Y eso que causa desconfianza el informe del INE, dirigido por el
señor José Luis Pereira, un funcionario de los gobiernos neoliberales que logró,
quién sabe cómo, reciclarse en la gestión actual.¿Quiénes aplauden la decisión de no pagar el segundo aguinaldo? Empresarios de todos los sectores, que sumarán a sus ganancias las previsiones que debieron hacer para el pago del beneficio laboral y que ahora no tendrán que pagar. Aplauden los analistas económicos de derecha (Gonzalo Chávez, Alberto Bonadona, Alejandro Mercado) que elogian la “responsabilidad” y la “racionalidad” del gobierno. Aplauden todos los grandes medios de comunicación privados, que están controlados también por empresarios. Aplaude la derecha (Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Rubén Costas) que aprovecha el momento para decir que la suspensión del doble aguinaldo es una muestra de que estamos en crisis económica.
Ojalá que algunos dentro del gobierno no se estén engañando pensando que lo hicieron muy bien y que serán pocos que cuestionen una supuesta decisión “técnica”. En este caso lo técnico es también político pues el gobierno terminó coincidiendo con los patrones. Esto es lo que importa, lo que queda en la conciencia del pueblo y que seguramente se reflejará en una caída del apoyo ciudadano a la gestión gubernamental.
Alguna vez alguien dijo que había que fijarse con quién coincides y
quién te elogia para saber dónde estás parado. Si la burguesía te aplaude y los
trabajadores te repudian, quiere decir que las cosas no están yendo como
deberían ir, quiere decir que se está perdiendo el rumbo revolucionario.
Quiere decir que las tendencias procapitalistas
están tomando cada vez más fuerza dentro del proceso y del propio gobierno.
Aprendamos de lo que pasó en Brasil con Dilma Roussef, cuyas concesiones a la
burguesía y a los grandes capitales llevaron a que el gobierno fuera perdiendo
base social popular, hasta que la derecha (dentro y fuera del gobierno) le dio
el golpe congresal. Los revolucionarios no podemos permitir que en Bolivia ocurra lo
mismo que en Brasil, no podemos dejar que se adueñen de nuestro proceso las
tendencias conservadoras.
Que a nadie se le ocurra decir que lo sostenido en este artículo
reproduce posiciones de derecha. Para un revolucionario criticar el error
cometido con la suspensión del doble aguinaldo es también una forma de defender
al proceso y al propio Evo Morales.
Mauro Alcócer
es economista y vive en la ciudad de Potosí
Subrayemos que el gobierno K fue fundamental en reforzar el Estado garante
de los negocios gran capitalistas e imperialistas. De ahí lo perentorio de
hacer historia de cómo es posible la arremetida actual de los oligopolios y debatir
el mito K de proyecto popular, nacional y gobierno de derechos humanos.
Examinemos dos leyes estructurales y ecocidas-genocidas:
Primera ley de muerte y
sometimiento:
¿Qué es la
llamada "Ley Monsanto" que retiró el Gobierno?
18 de marzo de 2014
Anuncio fue
hecho por la ministra Ximena Rincón.
Su origen se
remonta a enero del año 2009.
Autor: Andrés
Rojas M. / Cooperativa.cl
La
ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena
Rincón, confirmó este lunes que el Gobierno retiró el proyecto
de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga
la ley N° 19.342, conocida
popularmente como la "Ley Monsanto".
La llamada "ley Monsanto" fue desde distintas organizaciones sociales, que le
imputan un fin de "privatizar las semillas" y concentrar su propiedad en pocas
empresas.
El
proyecto fue ingresado
al Congreso (a la Cámara de Diputados) por
el Gobierno de Michelle Bachelet, el
13 de enero del año 2009.
En sus
disposiciones generales la iniciativa planteaba regular "el registro y los
derechos del obtentor vegetal", al señalar que "el
derecho sobre una obtención vegetal se constituye por su inscripción en el
Registro que, al efecto, llevará el Servicio Agrícola y Ganadero".
"Esta
ley garantiza que la protección conferida de conformidad a esta ley se concederá
salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los
conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos que
constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del
material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará
supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente", señalaba el
proyecto original.
El texto fue
aprobado en general y en particular en la Cámara Baja, cerrando su primer
trámite constitucional, en una sesión
efectuada
el 9 de marzo de 2010, dos días antes del
cambio de Gobierno.
En la
votación al artículo 1º se le sumó la indicación de la Comisión de Recursos
Naturales que señala: "Por tanto,
no podrán registrarse variedades de especies vegetales, en cuya tramitación
no se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente ley", aprobada con 78 votos a favor, cero en contra y tres
abstenciones.
Al votar
el artículo 14 se aprobó, por indicación de la Comisión de Hacienda y con 81
votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, suprimir la frase que dice:
"Y
con cargo a ellas se imputarán los costos de la dieta de los miembros
profesionales del Comité".
Mientras
tanto, con 75 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, se visó el
artículo Tercero transitorio, con la indicación de la Comisión de
Recursos Naturales para suprimir su inciso final, sobre "la Observancia del
Derecho del Obtentor", que indicaba que "se
extenderá en siete años el plazo de protección para las variedades de árboles y
vides y en cinco años para las variedades de otras especies, inscritas de
conformidad a la ley Nº 19.342".
El proyecto
fue revisado por la Comisión de Agricultura del Senado en una sesión efectuada
el pasado 6 de agosto, que entregó un informe que lo dejó en
condiciones de discutirse en al Sala de la Cámara Alta.
Se
esperaba que la iniciativa se votara ayer, pero finalmente se
pospuso para esta jornada.
Archivos Adjuntos:
Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/sectores-productivos/agricultura/que-es-la-llamada-ley-monsanto-que-retiro-el-gobierno/2013-08-28/115234.html
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NO a la
nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina
15 de agosto de 2014
Organizaciones ambientalista solicitan la adhesión para frenar el proyecto
impulsado por el Ministerio de Agricultura de Nación. Implicará un mayor avance
en la privatización de las semillas y en la monopolización del mercado de
alimentos a favor de las transnacionales del agronegocio como Monsanto.
Organizaciones sociales y ambientalista del país lanzaron la campaña nacional “NO
a la nueva ley ‘Monsanto’ de semillas en Argentina”. El objetivo
es sumar adhesiones para
poder frenar la ley de modificación en materia de semillas que está impulsando
el Ministerio de
Agricultura de la Nación.
Denuncian que implicará un mayor avance en la privatización de las semillas y en
la monopolización del mercado de alimentos a
favor de las transnacionales del agronegocio como Monsanto.
Desde la
campaña declaran que “las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las
corporaciones” y exigen “fuera
Monsanto de Argentina y América Latina”.
La
iniciativa es convocada desde un amplio abanico de organizaciones, entre ellas:
GRAIN, Patria Grande, COB La Brecha, MP La Dignidad, MULCS, Pañuelos en
Rebeldía, Amigos de la Tierra, Asociación de Abogados Ambientalistas, SERPAJ.
A su vez,
cuenta con la adhesión de grupos de todo el país y el continente como:
Confederación Mapuche de Neuquén, Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú,
Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios, Foro Ambientalista
Santiago del Estero, Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe Capital,
Asociación Campesinos del Valle del Conlara San Luis, Productores Campesinos
Organizados “Los Algarrobos” de Tulumba Córdoba, RAP-AL (Red de Acción en
Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).
Buscan que
más organizaciones se sumen a esta iniciativa para realizar movilizaciones,
festivales, jornadas de debate, ferias de semillas y productos orgánicos, y otro
tipo de acciones en todo el país para frenar la modificación a la actual ley de
semillas.
Correo electrónico: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
El gobierno nacional anunció una modificación de la Ley de privatización de semillas por decreto
Debaten legislación sobre semillas. Monsanto bajo la lupa
La ley del más fuerte
Fuente: http://www.8300.com.ar/2014/08/15/no-a-la-nueva-ley-monsanto-de-semillas-en-argentina/
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Gobierno
argentino decreta polémica modificación a Ley de Semillas
20 de mayo de 2015
Resumen Latinoamericano/Notas – Tras
una reunión en el Ministerio de Agricultura el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, anunció que se emitirá un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para
regular el mercado de semillas en el país. De esta forma se saltea el debate
público respecto a la modificación de la Ley de Semillas nacional.
Este martes
se llevó a cabo un encuentro en la sede de la cartera agropecuaria nacional del
cual participaron, entre otros, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, Carlos Casamiquela, y el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal
Fernández, quienes se reunieron “con representantes de toda la cadena productiva
para anunciar importantes medidas para el sector”, según informó el Ministerio.
Allí se
anunció que por decreto se fijará que “todos los pagos por derecho de propiedad
deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio que
determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué
porción corresponde al comercio de ‘bolsa blanca”, término con el que se
denomina al producto no certificado o fiscalizado (la venta de las semillas de
soja como grano por parte de productores).
De acuerdo a
lo explicado por Fernández, el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores
y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a
través del cobro de un canon tecnológico. Esto supone un guiño al reciente
acercamiento entre la Federación Agraria Argentina (FAA), ahora conducida por
Omar Príncipe, y el gobierno nacional.
El ministro
Casamiquela subrayó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos
actores”, destacando esta decisión como una “modernización del sistema de pago,
que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”.
De acuerdo
con el comunicado emitido por el propio Ministerio de Agricultura participaron
de la reunión “representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y
entidades técnicas y de productores, quienes coincidieron en valorar la voluntad
del gobierno por alcanzar el consenso necesario para solucionar el problema
histórico del comercio de semillas en el país, que en los últimos tiempos había
generado conflictos entre diversos actores de la cadena”.
En ese
sentido Aníbal Fernández opinó que de esta forma se pone “fin a tantos años de
discusión”. Pero el debate de la que habla el ministro coordinador difícilmente
termine por decreto.
Según la
información brindada oficialmente, no fue parte de la reunión Emilio Pérsico,
subsecretario de Agricultura Familiar que tiene una estrecha relación con el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Este hecho, sumado a que ninguno
de los funcionarios presentes habló del tema, pone en duda como afectará esta
medida al sector campesino.
Hay que
tener en cuenta que desde 2012, cuando se empezó a discutir la posibilidad de
una nueva Ley de Semillas, un amplio espectro de organizaciones sociales y
políticas advirtió sobre los peligros de una legislación que permita un avance
aun mayor de las transnacionales en el agro, así como la destrucción de formas
ancestrales de producción campesina.
En noviembre
de 2014 se realizó en el Congreso de la Nación una jornada de debate sobre las
“leyes de semillas y modelo productivo en Argentina”. En aquella oportunidad
Tamara Perelmuter, integrante de la Campaña “No a la nueva ley Monsanto de
semillas en Argentina”, explicaba que “la actual ley que se quiere modificar, y
que data de 1973, ya privatiza las semillas, pero el anteproyecto actual apunta
a una profundización del proceso de privatización”.
La
legislación busca eliminar la figura del uso propio, ya que actualmente los
agricultores pueden guardar las semillas, resembrarlas e intercambiarlas
libremente, “prácticas que de aprobarse la nueva ley no podrían realizarse”,
sostuvo Perelmuter y añadió que “otorga a las empresas el poder de policía para
controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se
cumple”.
Si bien
todavía no se conoce el texto definitivo del DNU resulta curioso que se utilice
esta herramienta para regular un sector de la producción para el cual, al mismo
tiempo, se está trabajando un proyecto de ley. Enrique Martínez, actual
coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita
advirtió al respecto que “la ley de semillas que se prevé por DNU debería
recibir un debate profundo. Es inexplicable que se apruebe sin más”.
A su vez,
Perelmuter comentó a Notas que un diversas organizaciones ya están elaborando un
comunicado donde rechazarán esta medida exigiendo “un amplio debate público” que
incluya la participación de organizaciones sociales y campesinas.
COMUNICADO: Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas
NO SE ATREVAN A TOCAR NUESTRAS SEMILLAS – QUEREMOS DEBATE, NO DECRETO DE
NECESIDAD Y URGENCIA
En un acto
más de ejercicio de gobierno a la medida de las grandes corporaciones que hoy
definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de nuestro país,
el Gobierno Nacional declaró en la voz de Anibal Fernández la emisión de un
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para fijar los pagos por derechos de
propiedad en la semilla y crear un registro de uso propio.
Este
anunciado DNU, avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el
rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores,
campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de diferentes
sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación de los
bienes comunes de la naturaleza. Porque estos “eventos biotecnológicos” sobre
los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de
los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. También es
importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es
el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas
consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete
tecnológico de empresas como Monsanto: drástica disminución de la biodiversidad,
desertificación de nuestros suelos, contaminación de suelos y acuíferos con
pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con
las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus
territorios.
Los anuncios
realizados incluyen la creación de “un fideicomiso para el fomento de la
biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico” y “que
todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además
de crear un registro de uso propio”. En primer lugar este proceso implica
modificaciones a la Ley de Semillas vigente a través de un DNU violando los
debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo. En segundo
transforma en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un
derecho.
Con la
excusa de combatir la “Bolsa Blanca” (la venta de las semillas de soja como
grano por parte de productores) se plantea haber llegado a un “consenso” para
impulsar este DNU. Lo que se olvidan los sectores involucrados es que la “Bolsa
Blanca” ya es ilegal con la actual Ley de Semillas y fue la herramienta con la
que ilegalmente se logró expandir la soja transgénica a partir de 1996. El
“consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la
sociedad. Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus
pretensiones.
En palabras
de A. Fernández, el DNU viene a “poner un fin a tantos años de discusión” (sic).
Con la sorpresa todavía de esta noticia, las organizaciones y referentes
sociales abajo firmantes, le decimos al Gobierno Nacional NO a cualquier decreto
y a cualquier normativa que intente avanzar sobre la privatización de nuestros
bienes comunes.
-Exigimos la
apertura de un amplio debate público, como el que desde esta Campaña venimos
impulsando desde hace años, para que sean los intereses de nuestro pueblo los
que se privilegien y no los intereses de las corporaciones.
-NO
a los Derechos de Propiedad Intelectual y a la apropiación de las semillas por
las corporaciones.
-NO
queremos ningún registro de pequeños agricultores exceptuados. El uso propio es
un derecho y no un privilegio. LIBRE CIRCULACION DE SEMILLAS!!!
-No
queremos una industria nacional de semillas transgénicas.
FOMENTO A
LAS SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS!!!! SI A LA SOBERANIA ALIMENTARIA!
-NO
queremos los recursos del ESTADO PARA CUIDARLE EL BOLSILLO A LAS SEMILLERAS
-NO A LA
LEY O EL DECRETO MONSANTO
-DEBATE
PÚBLICO YA!!!!
Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas
Convocan e impulsan:
Tierra Para
Vivir en COB La Brecha
Acción por la
Biodiversidad
GRAIN
Movimiento
Popular Patria Grande
Unidad
Popular
Equipo de
Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
MULCS –
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social
RENACE
Frente
Popular Darío Santillán
Colectivo
Desde el Pie
Colectivo
Aymuray – Movimiento Popular La Dignidad
Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA)
Colectivo x
la Igualdad en el Partido Social
Visión
Sostenible
Amigos de la
Tierra Argentina
Asociación
Campesinos del Valle del Conlara (San Luis)
Cátedra Libre
de Soberanía Alimentaria Universidad Nacional del Comahue
Proyecto Sur
(Pcia. de Buenos Aires)
Movimiento
138 Colectivo de resistencia cultural
Cátedra Libre
de Soberanía Alimentaria y Agroecología de la Universidad Nac. de Luján
ADHIEREN: (…)
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Las semillas son patrimonio de los pueblos:
No a la Ley Monsanto
7 de agosto de 2016
7 de agosto de 2016
Por
Enredando las Mañanas - RNMA –
Viernes, 05
Agosto 2016 17:24 | Iniciando el mes de agosto, en que se conmemora la
Pachamama, desde el Enredando
las Mañanas entrevistamos a Carlos
Vicente, de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, que
estaba desarrollando en este marco una radio abierta frente al Ministerio de
Agroindustria en contra de la proyectada nueva ley de semillas.
Enredando
Las Mañanas:
¿Cuáles son los aspectos
más relevantes y preocupantes de esta ley?
Carlos
Vicente: La
ley de semillas, que hace un mes anunció el ministro Buryaile se iba a enviar al
Congreso, es una ley que -como decían claramente-, se opone a todo lo que ha
sido la historia de la agricultura. Diez mil años de intercambiar semillas, de
circular libremente, y ahora, en estos últimos cincuenta años, se quiere limitar
con las leyes de semillas, que básicamente lo que permiten es crear monopolios
sobre las semillas; que alguien que se adjudica ser el obtentor de una semilla,
pueda tener el monopolio, pueda controlarla, pueda decir “¡Bueno, quien quiera
usarla me tiene que pagar regalías!” Y como nos oponemos a eso hemos constituido
esta multisectorial, formada por movimientos campesinos, organizaciones
políticas, sociales y ecologistas para decirle no a la ley de semillas y por eso
nos convocamos hoy a las 14hs al Ministerio de Agroindustria para expresar este
rechazo.
ELM:
¿Cómo es realmente el
manejo del mercado de semillas?
CV: Lo
que estamos viviendo en el mundo es una concentración del mercado de semillas en
pocas manos, de tener semillas que se produjeron libremente y circularon
libremente por miles de años, hoy tenemos un conjunto de seis corporaciones,
entre ellas está Monsanto, pero también están Dow, Dupont, Syngenta, Bayer… que
empezaron a comprar compañías semilleras, durante 20 años se han dedicado a
comprar semilleras y semilleras, y hoy manejan 6 empresas el 60% del mercado de
semillas del mundo.
Entonces
estas corporaciones, además de controlar a través del capital, o sea comprando
empresas, lo que buscan es controlar las semillas controlando su
comercialización a través de las leyes de semillas. Inventaron una figura, que
es el derecho de obtentor, que por supuesto los gobiernos aceptaron, y a través
de las leyes de semillas se fijan monopolios por lo cual, como dije, cuando una
empresa registra una semilla, si yo quiero volver a sembrar, con la nueva ley
tengo que declarársela a Monsanto o a la empresa que tiene el derecho de
obtentor y pagarle regalías, por 20 años.
Entonces
esto es una aberración, es una violación de los derechos elementales más básicos
de los campesinos y es una violación al derecho a la alimentación de los
pueblos, y por eso nos oponemos.
ELM:
¿Qué impacto tiene esto
en los pequeños productores y en la salud?
CV:
En
cuanto a las leyes de semillas y los pequeños productores, es un ataque más de
los que vienen sufriendo cuando se los atropella quitándoles las tierras, cuando
se desmonta y se les quitan los espacios que han sido históricamente sus lugares
de sustento y, criminalizar a la semilla, hacer que la semilla criolla, nativa,
nuestra semilla, esa semilla con la que cada año honramos a la Pachamama
sembrando, sean ilegales y que puedan ser apropiadas por las corporaciones es un
atentado; que además está claramente demostrado el impacto que han tenido hasta
ahora, porque en el siglo XX se perdieron el 75% de las semillas que la
humanidad generó durante diez mil años. O sea, tres cuartas partes se perdieron,
y se perdieron a causa de la agricultura industrial.
Y bueno, una de las partes de la agricultura industrial son las leyes de semillas, o sea que el impacto está clarísimo, y de lo que se trata es de un proyecto de exterminio de los campesinos y campesinas y de los pueblos originarios que por suerte, como han sabido resistir, no están dispuestos a aceptar, y renacen cada año, y esta Pachamama es un momento de ese renacimiento, y vamos a dar la lucha juntos consumidores, movimientos sociales, campesinos, campesinas e indígenas.
ELM:
¿Cuál es desde tu punto
de vista la violencia que hay implícita en la aplicación de estas leyes y estos
intereses?
CV: Bueno,
Monsanto, a pesar de que en Argentina por ley es permitido guardar semillas para
volver a sembrar, el último año ha ido a los silos y los puertos para controlar
las semillas y detectar su soja “intacta”, la última soja que introdujo en el
2012 y tratar de cobrar las regalías. Esto va contra la ley, pero sin embargo
Monsanto amenazó al gobierno y amenazó a los sojeros. A nosotros en realidad
esta disputa no nos parece trascendente porque es parte de todo un paquete
destructivo que implica el uso masivo de glifosato en los 20 millones de
hectáreas de soja que hay en Argentina, y esto implica un impacto sanitario en
los pueblos dramático, con incrementos de cáncer, incremento de nacimientos con
malformaciones, etc. Pero, lo que sí es importante es que esta disputa entre
sectores poderosos, como son la Sociedad Rural Argentina, como son las grandes
semilleras, como es Monsanto, ha terminado en un acuerdo con el gobierno en el
cual lo que se anunció es que ese control que estaba haciendo ahora lo asume el
gobierno a través del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y en segundo
lugar esto, que lo que se espera es que en el mes de agosto el gobierno envíe el
nuevo proyecto de ley al congreso.
ELM:
¿Cómo fue el avance de
este proyecto de ley en el gobierno anterior y cómo está avanzando en este
gobierno?
CV:
La
continuidad es clarísima, porque desde el 2012 llega el gobierno kirchnerista a
un acuerdo con Monsanto, el ministro (de agricultura) de entonces, Yauhar,
anunció la modificación de la ley de semillas y todo el proceso desde el 2012
hasta ahora ha sido un proceso de resistencia, lo que ocurre es que desde
diciembre, cuando asume Cambiemos el gobierno hay una clara orientación de apoyo
al agronegocio que quedó ratificado el día sábado en la apertura de la
Exposición Rural Argentina, que hace que ya no haya ninguna grieta y desde
agroindustria, sin duda, va a salir muy pronto el proyecto hacia el Congreso.
ELM:
¿Cuáles son las medidas
que tienen planificadas para realizar la resistencia ante este proyecto?
CV: Nosotros
lo estamos pensando en cuatro etapas. Claramente la primera fue, dado que el
proyecto nunca se hizo público, hace veinte días presentar una carta a
Agroindustria a través de la Multisectorial pidiendo que el proyecto se hiciera
público y se conociera en la sociedad antes de enviarse al Congreso. Esto no
tuvo ninguna respuesta, por eso hoy iniciamos esta jornada, que incluye
justamente este trabajo valioso de ustedes de llegar a cada rincón de la
Argentina con la información, y que todo el pueblo argentino tome conciencia de
la importancia de las semillas.
La jornada
de hoy es una convocatoria para concentrarnos frente al Ministerio de
Agroindustria para informar allí, para hacer una radio abierta para expresar
nuestro rechazo a la modificación de la ley y pedir que antes haya un debate
nacional.
Luego esto
va a continuar con las acciones que haya que hacer frente al Congreso, pero
sobre todo tratando que desde todos los movimientos sociales haya una
movilización para expresar que no queremos una nueva ley de semillas porque este
es un derecho básico de los pueblos y las semillas son un patrimonio de los
pueblos al servicio de la humanidad que tenemos que defender.
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La Multisectorial No a la Ley
Monsanto contra modificación de la Ley de Semillas
20 de octubre de 2016
20 de octubre de 2016
El Poder Ejecutivo presentó el pasado 13 de octubre el Proyecto de Ley de Semillas en el Congreso de la Nación. La Multisectorial No a la Ley Monsanto comunica que esté proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores y dejan afuera las necesidades de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio.
La Multisectorial No
a la Ley Monsanto, a las y los Legisladores Nacionales:
NO A LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS
Finalmente el
Poder Ejecutivo presentó el día 13 de octubre pasado el Proyecto de Ley de
Semillas en el Congreso de la Nación.
Es por esto que
el nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los
anteriores, contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar
nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de
la ley vigente.
Para comenzar, la
estrategia parece ser ir introduciendo cambios menores pero regresivos con los
que se avance paso a paso en la imposición de UPOV 91 ante los rechazos que
existen para la modificación de la ley.
En primer lugar,
y tal como se venía anunciando, el proyecto busca limitar el “uso propio” de las
semillas planteando que deberá pagar regalías todo aquel que haya comprado
semillas “protegidas” (art 4°) “durante las tres (3) multiplicaciones
posteriores a la adquisición de la semilla, por toda la semilla reservada para
uso propio”. Además agrega “A partir de la cuarta multiplicación inclusive sólo
por el uso incremental”; o sea que en el caso de que se amplíe la superficie de
cultivo el pago deberá ser permanente (ya que no se aclara la duración que
tendría en ese caso). La
limitación del derecho básico a guardar semilla para cultivar, inherente a la
misma existencia de la agricultura, es inaceptable y la rechazamos de plano.
Porque la diversidad y riqueza de nuestra alimentación depende de la posibilidad
que los agricultores familiares han tenido durante siglos para guardar, mejorar
y crear nuevos alimentos, nutritivos y sanos.
No podemos permitir que se
impida el libre acceso a la semilla, sustento fundamental de la cultura y el
trabajo de nuestros/ as pequeños/as agricultores/as.
En segundo lugar la
“excepción” al pago de regalías planteada en el artículo 4° para quienes tienen
una facturación menor a “tres (3) veces el monto correspondiente a la categoría
más alta de monotributista” es otra burla que solo busca legitimar la limitación
del uso propio tratando de que los agricultores familiares pequeños acepten la
modificación. En
términos prácticos los controles recaerán sobre todos los agricultores. Pero
además el proyecto señala que “En cada compra de semilla deberá establecerse el
valor que el titular del derecho o su licenciatario podrá requerir por el uso de
su tecnología incorporada a la variedad vegetal” con lo cual deja en libertad al
titular para establecer el monto de la regalía pudiendo la misma ser exagerada o
abusiva.
En tercer lugar
lo planteado en el artículo 1° “El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS tendrá acceso
a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar que se
encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio
origen, en cumplimiento de la presenteley”
implica la instalación de un sistema policial de persecución de los agricultores
en la cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando
y controlando toda la cadena productiva. La reglamentación de
este artículo podría empeorar mucho más las cosas, introduciendo por ejemplo la
posibilidad de que se intervenga con fuerzas de seguridad privadas y sin
intervención judicial. Esto se ve fortalecido por el artículo 6° que plantea que
quien “no permita tomar muestras sobre el cultivo o producto de la cosecha, no
proporcione o falsee una información que por esta ley este obligado, será
sancionado con apercibimiento o multa de un mil pesos ($ 1.000) a sesenta mil
pesos ($ 60.000).”
En cuarto lugar
el artículo 3° plantea que: “Cuando se emplee una variedad protegida o sin
protección que contenga un elemento patentado, el titular de la patente no podrá
impedir el uso de dicha variedad que contenga o no la tecnología protegida a los
fines de experimentación u obtención de una nueva creación fitogenética”. De
esta manera se acepta la posibilidad del patentamiento de semillas y plantas,
cuestión que en Argentina está terminantemente prohibida por la legislación
vigente (comprendiendo tanto a sus componentes físicos como los brotes,
semillas, tallos, células, frutos, bulbos, como así también a los componentes
celulares como las organelas, membranas, moléculas de adn, secuencia genética,
etc.). Esto significa la no patentabilidad y en estos momentos está en disputa
la posibilidad de patentamiento de genes en la Corte Suprema de Justicia.
Rechazamos de
manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patentes sobre la vida. Permitir que el marco normativo admita estas patentes es
profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes
empresas se apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y
campesinas han acumulado de manera milenaria en la semilla, a través de su
cuidado y mejoramiento. A su vez, este artículo cierra planteando que: “No
obstante, a los fines de la explotación comercial se requerirá el consentimiento
del titular del derecho de patentes o su licenciatario.” Con
lo cual se establece que quien realice la investigación deberá finalmente pagar
regalías para poder tener “el consentimiento” del titular de la patente.
Finalmente la
administración y dirección del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) queda
conformada por un directorio integrado por 12 personas de las cuales 6 son
representantes del Sector privado. Considerando que muchas de las otras partes
(INTA, Ministerio de agroindustria) tienen intereses cercanos a los del sector
privado, consideramos que esta estructura para el INASE es inadmisible ya que de
ninguna manera puede representar los intereses de nuestro pueblo frente a un
tema tan fundamental. Este organismo así constituido consolida la complicidad ya
hace años construida entre las corporaciones, el Estado y el sistema de
investigación hegemónico, que garantizan la apropiación de la semilla y el
conocimiento para la ganancia de unos pocos y la miseria de las mayorías.
Las más de 50
organizaciones sociales que integramos la Multisectorial No a la Ley Monsanto de
Semillas y las personas abajo firmantes entendemos que este nuevo intento de
modificación de la ley de semillas se encuentra enmarcado en un sistema
capitalista que, desde hace décadas busca convertir nuestros bienes comunes
(naturaleza, conocimiento) en mercancías para el lucro y crecimiento del poder
de unos pocos. A lo largo y ancho de nuestro continente se han llevado adelante,
de manera constante, reformas para que las grandes corporaciones obtengan
ganancias que los pueblos pagamos con la contaminación de nuestros lugares de
vida, con la pérdida de nuestros recursos para la subsistencia, incluso, con
nuestra propia salud. Los Tratados de Libre Comercio, que han avanzado en las
últimas décadas en nuestro continente, intentan extender y consolidar estas
reformas a pesar de nuestras resistencias y múltiples luchas. Por eso sabemos
que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes
transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y
nuestra vida.
Por eso,
consideramos que son principios irrenunciables para el abordaje de una Ley de
Semillas en Argentina:
1- El rechazo a toda forma de propiedad
intelectual sobre las semillas. Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo
una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y
privatización a través de los derechos de obtentor, patentes o normas de calidad
son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
2- Garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas
nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de
corporaciones.
3- Revalorizar y relegitimar los conocimientos, saberes, creencias y prácticas
locales, tradicionales y ancestrales de las campesinas y los campesinos,
indígenas y afrodescendientes y demás comunidades.
4- Promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco
de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas,
productores y productoras familiares y pueblos originarios.
5- Abandonar el impulso al agronegocio,
el control corporativo de nuestra agricultura, el uso de semillas transgénicas y
la aplicación de agrotóxicos y la entrega de nuestros bienes naturales a través
de los Tratados de Libre Comercio; promoviendo una transición urgente hacia un
modelo regional agroecológico de base campesina con real participación de las
comunidades involucradas. En este sentido, consideramos urgente e imprescindible
avanzar en un proceso de reforma agraria integral que recupere el territorio
para las mayorías sociales.
Los más de 10 mil años que los pueblos originarios, campesinas y campesino del mundo llevan alimentando a la humanidad sin que se viera limitado su derecho al libre intercambio es la mejor prueba de que ese es el camino a seguir.Al mismo tiempo la pérdida del 75 % de las semillas agrícolas producidas en los últimos 60 años a causa de la agricultura industrial (según datos de la FAO) demuestran que el agronegocio, sus transgénicos y agrotóxicos y las leyes de semillas que promueven están acabando con el principal patrimonio que tenemos los pueblos para garantizar nuestra alimentación en el futuro.Junto a ello, la codependencia a la economía neoliberal, propia del modelo agrario actual, industrial y capitalista, que ha generado millones de muertes y enfermedades, desplazado pueblos enteros hacia las zonas más pobres de las ciudades, provocando terribles deforestaciones, inutilizando millones de hectáreas de tierra al dejarlas sin nutrientes, generando cada vez más contaminación así como más relaciones de desigualdad; ha demostrado que aquel NO es el camino a seguir.
Señoras
legisladoras, señores legisladores: ustedes son responsables con las leyes que
aprueben de que este proceso continúe o se revierta. Los pueblos estarán atentos
y vigilantes a las consecuencias de sus acciones.
¡Las semillas son
un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad!
¡NO A LA NUEVA
LEY DE SEMILLAS MONSANTO!
¡NO A LA
PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!
¡FUERA MONSANTO Y
LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!
¡POR UNA
AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!
Multisectorial NO a la Ley Monsanto de Semillas
GRAIN, Acción por
la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía,
Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra
Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de
Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda,
Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación
en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra
Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Vía Campesina, Red
Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
Nueva Izquierda, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario
de Lujan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social Regional
Bs As Oeste y Regional Santa Fe, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados,
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción
Ecologista Renace, CTA - Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda,
Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación,
Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD
Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de
Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP,
Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe, Maela,
Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán.
Adhesiones:
noalanuevaleydesemillas@gmail.com
Facebook: Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas
Facebook: Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas
Segunda ley de muerte y
sometimiento:
La
Ley de Hidrocarburos, ¿a la medida de Chevron?
0
de noviembre de 2014
Mientras que la petrolera multinacional busca más beneficios en Vaca Muerta,
diario La Nación señaló que la nueva ley se redactó a pedido de esa empresa.
El gigante
petrolero Chevron, asociado en Loma Campana con YPF, habría presionado fuerte
para lograr modelar aspectos centrales de la nueva Ley de Hidrocarburos,
sancionada días atrás en el Congreso. Así lo afirmó el domingo un artículo de
Hugo Alconada Mon en el diario La
Nación, que accedió a documentos que hasta ahora permanecían secretos.
Entre las
condiciones planteadas por la petrolera estadounidense figuran que
“las
concesiones deberán otorgarse por un plazo mínimo de 35 años con una
autorización asociada para ceder, en totalidad o en parte, una o varias concesiones
a terceros”,
y que “la tasa de regalías total por la explotación de recursos
hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesiones no superará
el 12 por ciento”, según consignan
las
“condiciones suspensivas” o “precedentes” citados por el matutino porteño en su
edición de ayer, y que forman parte del texto sancionado en Diputados.
“Las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías”, señala otra de las pautas fijadas, de acuerdo con la publicación.
Según consigna el
mismo diario, altos ejecutivos de YPF confirmaron la autenticidad de los
documentos dados a conocer.
“Chevron no
tiene ninguna garantía: corre el ciento por ciento del riesgo petrolero y
reclama las condiciones habituales de la inversión petrolera en el mundo”, cita
el diario a fuentes no identificadas de la empresa nacionalizada.
En una primera
etapa, Chevron acordó invertir 1.240 millones de dólares en Vaca Muerta y otros
360 millones para la exploración en 26 pozos nuevos.
Junto con YPF
opera el área Loma Campana, que este año se convirtió en el segundo productor de
petróleo en el país, con una producción del orden de los 31.000 barriles
equivalentes de petróleo diarios.
“El plazo
para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [por
Chevron Overseas Finance II (Exploration) Limited] se regirán por términos y
condiciones que resultan aceptables para Cofel (Chevron), lo que,
entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la
legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco
regulatorio federal y provincial”,
señala el documento citado por
el diario
Fuente: http://www.mdzol.com/nota/569299-la-ley-de-hidrocarburos-a-la-medida-de-chevron
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Ley de hidrocarburos:
convenio Chevron para todos
18 de septiembre de 2014 | Edición del día
18 de septiembre de 2014 | Edición del día
El
nuevo proyecto de ley, producto de arduas negociaciones entre las provincias y
el gobierno nacional, generaliza el convenio Chevron. Una reglamentación al
servicio de las empresas.
@estebanm1870
Lejos en el
tiempo quedaron las ensoñaciones respecto de las posibilidades que abriría lo
que se presentó como una estatización de YPF, que fue en los hechos una
“recompra” parcial del 51% del paquete accionario. En 2012 se hablaba de que el
petróleo sería un bien estratégico, y dejaría de ser tomado como una mercancía.
Siendo que ya entonces estaban buscando pactos con otras petroleras para empezar
con el shale, todo el planteo resultaba poco creíble.
Pero los sectores “progres” no se privaron de
llenar páginas y páginas con estas ilusiones, y hasta el hoy ministro de
Economía –por entonces viceministro- se dio por entonces el gusto de elaborar el
decreto 1.277 de 2012, que reglamentó el “Nuevo régimen de Soberanía
Hidrocarburífera”, que ponía fin a la libre fijación de precios, bonificaciones,
volúmenes de exportación y de disponibilidad de divisas por parte de las
empresas.
“Soberanía”, bajo las banderas de Chevron
Pero el convenio
con Chevron fue el primer paso para sepultar todas estas expectativas. Previo al
acuerdo, el decreto 929 de julio de 2013, estableció un “Régimen de promoción de
inversión para la explotación de hidrocarburos” que desandó buena parte de lo
establecido en 2012. Este decreto aseguraba a las firmas que invirtieran por más
de 1.000 millones de dólares que gozarían en 5 años “del derecho a comercializar
libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos” sin
pagar derechos de exportación. Además, otorga la libre disponibilidad del 100%
de las divisas provenientes de dicha exportación. Si no pudieran exportar por
necesidad de abastecer al mercado interno, no perderán los beneficios
prometidos: tienen el derecho de obtener por el 20% exportable el precio
equivalente al de exportación sin ningún derecho de exportación. Aunque a cambio
recibirán pesos, están expresamente a salvo del cepo cambiario para convertir a
dólares el equivalente a ese 20% exportable.
Aunque se pretenda que se trata de una
legislación complementaria al decreto 1.277, punto por punto niega lo
establecido en el mismo. A estas concesiones garantizadas por el decreto, se
agregó el hecho de que el convenio (del cual todavía hay muchos puntos
mantenidos en las sombras) está celebrado bajo jurisdicción francesa y
estadounidense. Y después se hacen los sorprendidos cuando los buitres acechan.
Una ley para dar aún más “seguridad jurídica” a los buitres petroleros
Sin embargo, con
este decreto no alcanzaba. Entre otras cosas, porque con la reforma de la
Constitución del ’94 de Menem los recursos son de las provincias, que pueden
otorgar o extender las concesiones, así como anularlas. La llamada Ley Corta,
aprobada en 2007, dio más poder de negociación a las provincias, que pueden
establecer el aumento de regalías e impuestos varios. Sobre esto se proponía
avanzar el kirchnerismo, y particularmente el gerente de YPF S.A., Miguel
Galuccio, para poder estar en mejores condiciones para negociar acuerdos
entreguistas. No se puede entregar aquello que maneja otro; por lo menos no sin
que también se lleve su parte.
Fue esta batalla
–que bien podríamos definir como una competencia entre cipayos- lo que tuvo
durante tres meses empantanada la salida de la ley. Hasta el martes 16, en que
finalmente se llegó al acuerdo.
Algunos puntos
salientes de esta ley:
Establece 25 años de concesiones para
las explotaciones convencionales, y se extienden a 35 años en el caso de
explotaciones de hidrocarburos no convencionales. En ambos casos es posible que
las empresas soliciten una prórroga de 10 años más (igual que puede hacerlo
Chevron). Las regalías serán de 12%, y se pueden
reducir a 5% si la autoridad provincial o nacional lo dispone. Esto está por
debajo del nivel que tienen hoy en algunas provincias o regiones (hay áreas de
Neuquén donde llega al 15%). En caso de prórroga podrán elevarse a 18%. Impuesto
a ingresos brutos no podrá superar el 3%. Las provincias o municipios no pueden
inventar nuevos impuestos, ni subir las tasas de los sellos vigentes a la fecha. El art. 19 fija el piso para entrar al
“Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”
(decreto 929/13) a 250 millones de dólares en 3 años. El decreto 929 lo
establecía en 1.000 millones en 5 años. Cumplidos los 3 años las empresas podrán
exportar libremente con 0% de alícuota, un 20% de lo producido en el caso del
convencional y no convencional, y un 60% del "off shore" (costas afuera). A las empresas que soliciten una
concesión de no convencionales hasta 36 meses desde la entrada en vigencia de la
ley, se les puede reducir las regalías “hasta el 25%” el monto correspondiente a
regalías aplicables, durante los 10 años siguientes a la finalización del
proyecto piloto. Es decir que podrían llegar a pagar regalías de 9%. En caso de prórroga, las empresas
abonarán a las provincias un canon de reingreso equivalente al 2% de las
reservas probadas al momento de la prórroga.En el art. 18 autorizan a las empresas provinciales a encarar asociaciones con empresas. Sin mencionarlo, permiten que las provincias sigan aplicando el método de “carry” o acarreo (es decir asociarse sin invertir a cambio de eximir a las firmas de pagar canon de ingreso).
En el art. 21, se establece que a las
provincias, además, les toca “un monto de 2,5%” de la inversión inicial para
“responsabilidad empresaria”. No plantea ningún monto fijo para obras de
infraestructura en los pueblos afectados (aún en el acuerdo con Chevron había
una previsión de 500 millones de dólares para afrontarlas). Las importaciones de bienes
“imprescindibles” pagarán aranceles según el decreto 927/13, que fija alícuotas
de 0% y 14% según los bienes de que se trate.
De esta forma,
provincias y nación llegan a un acuerdo para dar fuerza de ley al esquema
Chevron. Obviamente, ni una palabra del medio ambiente.
Un nuevo estatuto de coloniaje, pero bien federal.
Seguramente el
gobierno puede argumentar que no hay otra forma de incrementar la producción
para lograr la “soberanía hidrocarburífera” (burdamente igualada a
autoabastecimiento aunque este se logre entregando Vaca Muerta a las
multinacionales por 40 años). ¿Acaso no había otro camino? Y, si se descarta
como hizo el kirchnerismo un cambio en el conjunto del sistema energético,
afectando sólo la propiedad accionaria del 51% de YPF S.A., era cantado que no
había alternativa a abrazarse a las grandes petroleras extranjeras. La
alternativa pasa por la expropiación y estatización sin pago de todo el complejo
petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a
producción bajo control de sus propios trabajadores, como plantean el diputado
nacional Nicolás del Caño y el ex diputado provincial en Neuquén y dirigente
ceramista de FaSinPat Raúl Godoy en el proyecto que presentarán la semana
próxima. La inversión en base a esta apropiación de la renta es la única
alternativa verdaderamente soberana, para encarar una producción respetuosa del
medio ambiente y en función de las necesidades sociales, y no de la ganancia.
TEMAS RELACIONADOS
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Un proyecto de ley de hidrocarburos escrito por
Chevron, Soros y Schlumberger
20 de septiembre de 2014
Por
Jorge Altamira
El proyecto de ley de hidrocarburos,
enviado al Congreso para aprobarlo en trámite express, constituye la última
vuelta de cerradura para convertir al acuerdo secreto firmado entre YPF y
Chevron en el régimen general de explotación energética en Argentina.
Más allá de que consagra innumerables prórrogas
de concesiones, sin considerar las violaciones de sus términos en la mayoría de
ellas y decididas por decretos y resoluciones, o sea sin venia parlamentaria,
el eje del proyecto es iniciar una serie de concesiones en
gran escala bajo la forma de asociaciones con YPF, que despoja a la nación de la
mayor parte de la renta minera y exime de responsabilidad ambiental a las
compañías intervinientes. El proyecto quita a las provincias de casi toda
potestad recaudatoria, para concentrar el acaparamiento de la renta entre YPF y
los monopolios internacionales. Como YPF es una sociedad anónima que cotiza en
las bolsas internacionales y tiene un fuerte accionariado privado, una parte de
su renta va a parar a los fondos de inversión internacionales. El proyecto sale
en las vísperas de la reunión de la presidenta de la nación con George Soros, el
mayor buitre del mundo. La doctora Kirchner peregrina al Vaticano, pero su
destino final es Wall Street.
El perjuicio de este proyecto para el país y los trabajadores deja a los fondos buitres ofuscados de envidia y abre un campo de inversión excepcional al conjunto de los acreedores de la deuda usuraria que ha venido acumulando el país. Este proyecto es el que mantiene las cotizaciones de la deuda argentina en el exterior, a pesar de la quiebra financiera del país. Este proyecto energético es la base de poder del gobierno actual, concentrado en el cuarteto Kicillof-Galuccio-Chevron-Schlumberger. El Congreso asistirá a una activa disputa de ‘lobbys’, a partir del reclamo de Shell y sus voceros en la oposición para establecer un régimen de licitaciones en oposición a los acuerdos de asociación.
La oposición a
este proyecto no puede limitarse al ámbito parlamentario: debe ser motivo de una
amplia movilización popular, cuya preparación ya está en marcha. En oposición a
los planes para convertir a Argentina en un país minero-rentístico a favor del
capital internacional, planteamos la nacionalización integral de la producción
de combustibles y en primer lugar la de YPF, con apertura de los libros y
control de los trabajadores.
Para
comunicarse:
Jorge Altamira:
1544237873
Contacto
Prensa:
Maura 1540555424
- Agustina 1555770598- Cecilia 1140553294 - Olga 1560058303
ESPECIAL 3 AÑOS DEL ACUERDO CON CHEVRON
El único proyecto alternativo a la "ley Chevron"
28 de agosto de 2016A poco más de un año del acuerdo YPF - Chevron, el Congreso Nacional convirtió en ley, generalizó y profundizó los beneficios otorgados a la petrolera norteamericana. El único proyecto alternativo fue el presentado por Nicolás del Caño junto a Raúl Godoy (PTS-FIT).Por Esteban MartinoDías antes del acuerdo entre la Sociedad Anónima YPF y la multinacional norteamericana Chevron (o entre sus respectivas empresas "off shore"), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto a su medida, el 929 (julio de 2013).Ese decreto estableció un "Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos". Se inauguraba un régimen especialmente entreguista para la explotación no convencional. Entre otros beneficios, ese decreto aseguraba a las firmas que invirtieran más de 1.000 millones de dólares en 5 años, que gozarían del "derecho a comercializar libremente en el mercado el 20% de la producción de hidrocarburos", disponiendo a gusto del 100% de las divisas provenientes de dicha exportación.Durante largos meses del año 2014, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las empresas petroleras, negociaron una ley que profundizó los beneficios para todas las petroleras: la ley 27.007, finalmente promulgada el 30 de octubre de ese año.La nueva ley de hidrocarburos redujo el piso para entrar al "régimen de promoción" de 1.000 a 250 millones de dólares, y el plazo para exportar parte de su producción con 0% de alícuota, de 5 a 3 años. Establece, a su vez, un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking). Determina que las regalías a pagar por las empresas serán de un 12%, pero que esa cifra se puede reducir a un 5% si así lo disponen las autoridades provinciales. Obviamente, del impacto socio-ambiental de la actividad petrolera, ni una palabra. Se impuso entonces un estatuto de coloniaje, a la medida de empresas como Chevron, la anglo-holandesa Shell, o la francesa Total, entre otras.La única oposición en el CongresoMientras se desarrollaba el debate sobre la ley de hidrocarburos, un equipo de trabajo compuesto por el entonces diputado nacional Nicolás del Caño y el actual diputado provincial de Neuquén Raúl Godoy, trabajaba el único proyecto alternativo. El equipo, junto a especialistas de la Universidad Nacional del Comahue y en consulta con organizaciones socio-ambientales y miembros del pueblo mapuche, dio a luz a un proyecto que luego fue firmado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT).A continuación, las claves del proyecto.Contra la entrega nacionalEn sus fundamentos, el proyecto sostiene que las empresas privadas del sector hidrocarburos sólo han buscado, históricamente, maximizar sus ganancias inmediatas, sin contemplar el futuro energético ni el bienestar social. El caso de YPF S.A., con un 51% estatal (y un 49% que incluye grandes magnates y buitres), no fue más que una forma de garantizar condiciones atractivas para grandes multinacionales.Esa afirmación se confirma hoy cuando, aún tras la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas, el gobierno nacional, con el ex-CEO de Shell a la cabeza, aumenta el precio del gas en boca de pozo, continúa el aumento del precio de las naftas, y mantiene la política de "precio sostén" del gobierno anterior: ganancias fabulosas para las petroleras. Todo esto mientras se sigue importando energía, y sin poder demostrar una sola medida que vaya en el sentido de la "soberanía energética".El proyecto del Frente de Izquierda sostiene que es necesario nacionalizar los recursos (hoy provincializados) y crear una YPF 100% estatal, expropiando las empresas de más de 100 trabajadores dedicadas a la exploración, explotación, producción, refinación, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos. A su vez, sostiene el control obrero sobre toda la industria, mediante un Consejo General de la Industria Hidrocarburífera.Contra el atropello a las comunidades originariasDesde el acuerdo YPF - Chevron se multiplicaron los ataques a los derechos de las comunidades mapuce, violando incluso leyes nacionales, y acuerdos previos. El caso más emblemático es el del Lof Campo Maripe, que tiene su territorio histórico ocupado por decenas de torres, "picadas", camiones con miles de litros de agua y químicos contaminantes, etc. Las actividades tradicionales del Lof, como la ganadería, se vieron altamente afectadas. Ni hablar de las consecuencias a largo plazo de los derrames y accidentes cotidianos. El Estado Provincial no reconoce siquiera el relevamiento territorial que él mismo había iniciado.El proyecto del FIT, en cambio, sostiene que no podrán realizarse actividades sin previa consulta a las comunidades superficiarias. A su vez, establece la representación de dichas comunidades con voz y voto en el Consejo de la Industria.Contra la miseria socialLas empresas la "levantan en pala", pero en la región solo dejan un tendal de miseria y desigualdad social. En las localidades petroleras aumenta inmediatamente el costo de vida. En Añelo, por ejemplo, mientras a las empresas se les garantiza el acceso a la tierra por la insólita suma de $5 el metro cuadrado, el pueblo trabajador no accede al agua potable, al gas de red, a la salud ni a la educación de calidad. Se multiplica la prostitución y la trata de personas, el consumo problemático de sustancias, la ludopatía y los accidentes de tránsito.El proyecto del FIT sostiene que, de los recursos obtenidos por la actividad hidrocarburífera, el 10% se deberá destinar a educación, el 10% para la salud, el 15% para vivienda, y 5% para planes de obra pública.Contra el destructivo impacto ambientalEl "fracking" o fractura hidráulica es un método para extraer hidrocarburos a miles de metros de profundidad, atrapados en en formaciones poco porosas. Para fracturar la "roca madre" se utilizan miles de litros de agua y cientos de compuestos químicos altamente contaminantes, de los cuales sólo se "recupera" entre un 9 y un 35%. El "retorno" se inyecta en pozos sumideros, o se "trata" en basureros petroleros en zonas urbanas. Es una técnica prohibida en varios de los países de origen de las petroleras que la realizan. Contamina cielo, tierra y agua, y afecta tanto la biodiversidad como la salud humana. Entre otras enfermedades posibles, se encuentran: cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos, etc. Las poblaciones cercanas a los basureros petroleros vienen luchando sin respuestas favorables por parte del Estado provincial.El proyecto del FIT plantea prohibir el fracking, destinar un 10% de los recursos obtenidos de la actividad hidrocarburífera al desarrollo de energías renovables, especialmente a las de mayor potencial en Argentina, y un 3% para la investigación, remediación y prevención del impacto ambiental, apostando a la necesaria diversificación de la matriz energética.TEMAS RELACIONADOS
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