martes, 23 de diciembre de 2014

Un legado del 19y20 es el rechazo al 'Mercado' por sobre la vida y la dignidad de los pueblos.


Para qué economía promover significa: 

desmonopolizar, descolonizar y unir territorios recuperados por 

sujetos colectivos del trabajo para el buen vivir local, provincial y del país-mundo.
 
 
Veamos cómo la dictadura de las transnacionales y sus socios locales es encubierta por la  democracia representativa:
 
Un informe sobre leyes clave del modelo extractivo 
que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año
 
La ley del más fuerte
 20 de noviembre de 2014
Por Darío Aranda (lavaca.org)
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.

Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similar a la de la soja de 1996 y la de 2012.

La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.

Decreto a medida
Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.
 
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
  • Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
  • Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
  •  Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
  • Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
  •  Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
  • Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
  • La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.
  • Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.

Otra vez sopa
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.

Lo que viene
El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.
Fuente original: http://www.lavaca.org/notas/la-ley-del-mas-fuerte/ Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192243

 
Analicemos qué y cómo construir la ofensiva abajo y a la izquierda. Se trata de asumir las bases y perspectivas establecidas por la resistencia de los de abajo al modelo productivista del capitalismo imperialismo. Esta lucha plantea el objetivo de lo " “común” que se refiere a formas de propiedad no privada, no mercantiles; y aparece acá toda una variedad de posibilidades: público estatal, comunitaria, social, cooperativa, etc. Pero la idea de lo “común” en la práctica y programática de los movimientos populares latinoamericanos no sólo significa tipos de propiedad, sino que tiene además otras dos dimensiones que resultan fundamentales".
 
 
Bienes comunes y acumulación por desposesión
 23 de noviembre de 2014

Por José Seoane *
En esta exposición, el autor realiza una genealogía del capitalismo en su fase neoliberal –caracterizado por los procesos de desposesión como nuevas formas de acumulación del capital–, sus efectos en el metabolismo de la sociedad y el rol de los movimientos populares, tanto en la resistencia como en la formulación de alternativas civilizatorias.
 
(…)El tema que yo quería plantear es el de los bienes comunes y la acumulación por desposesión. Y el enfoque que quería darle a estas dos cuestiones tiene que ver con pensarlas a la luz de las formas de dominación presentes hoy en el capitalismo neoliberal y los aportes que hacen las resistencias populares en esta última década, e incluso en un período más largo. Y en ese sentido quiero centrar mi exposición en tres cuestiones.
  • El primero refiere a la pregunta sobre cómo fue posible la implementación de las contrarreformas neoliberales en condiciones de democracia representativa, particularmente en los años 90’. Sobre ello suelen darse dos explicaciones. Una refiere al impacto de las políticas económicas e incluso al impacto de las crisis económicas: en particular la hiperinflación. Sin la hiperinflación de fines de los 80’ y principios de los 90 es inentendible el proceso de privatizaciones y desmantelamiento de conquistas sociales que promueve la “convertibilidad” de Menem-Cavallo. Pero claro, cuando vemos así las políticas económicas o las crisis económicas no las pensamos sólo como procesos de concentración del ingreso y la riqueza, sino también como construcción de nueva relaciones de fuerza entre las clases sociales, entre los sectores sociales. En ese sentido, aparece una cuestión que fue mencionada hace tiempo que es la lógica política de las políticas económicas, la lógica política que se esconde detrás de las crisis económicas. En relación a esto se señala también que una de las dificultades para enfrentar la implementación de las políticas neoliberales tuvo que ver con la fragmentación estructural de las clases populares; lo que remite a los 90’ y la hiperinflación pero también a un conjunto de transformaciones que se inicia más atrás con la dictadura militar. Puede decirse que la dictadura militar supuso por un lado la unidad y homogeneización de las clases dominantes y la fragmentación y división de las clases populares. Hablamos entonces de procesos muy largos de fragmentación estructural de las clases populares como lo mencionaba Mariano en relación al modelo económico.
Pero esta fragmentación estructural tiene dimensiones que podemos llamar “objetivas” pero también dimensiones “subjetivas”, porque supone también una fragmentación subjetiva de las clases populares. La construcción de un individualismo egoísta, individualismo negativo; la lógica de la competencia y el enfrentamiento entre los diferentes sectores populares -lo que se llama habitualmente el pobre contra pobre- no es un resultado no querido de la aplicación de la gobernabilidad capitalista, sino que es un objetivo buscado como uno de los fundamentos de la lógica de la dominación actual. Me parece que son dos cuestiones: el impacto político de las crisis y las políticas económicas por un lado; y la expresión de esta fragmentación estructural como procesos de creciente violencia en término de las relaciones sociales, por el otro. Este individualismo negativo implica niveles crecientes de violencia; de naturalización y ejercicio de la violencia al interior de los sectores populares; que son cuestiones que no resuelve el neodesarrollismo; en tanto no resolvió la fragmentación estructural. Si uno mira la composición de la clase trabajadora hoy en su sentido más amplio en la Argentina sigue estando partida por lo menos en tres tercios: trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado y en negro; sin hablar de las cuotas del desempleo y de los que están siendo expulsados del mercado de trabajo. En este sentido, la actual crisis del neodesarrollismo de la que hablaba Mariano implica o promueve una nueva profundización de la fragmentación, un nuevo estimulo a la construcción subjetiva de disputas al interior de los sectores populares.
Esta cuestión entonces que fue parte de la historia de la construcción larga del neoliberalismo en Argentina y sus formas de dominación, vuelve a estar hoy como desafío para los movimientos populares frente a la crisis actual.
  • El segundo comentario que quiero hacer se propone articular estas ideas de la fragmentación estructural y la construcción subjetiva de enfrentamiento al interior de las clases populares, con la acumulación de capital. Porque una de las novedades que trae este capitalismo neoliberal es que no sólo va a recurrir a la acumulación en base a la explotación de los trabajadores -la plusvalía- sino que también va a dar un lugar importante a otras formas de acumulación del capital que se han llamado “acumulación por despojo” o “acumulación por desposesión”. ¿Qué significa la acumulación por desposesión? Refiere a los procesos de apropiación privada de bienes, servicios, territorios, relaciones sociales que estaban por fuera del mercado; o sea que no eran mercancía. En este sentido refiere a bienes y servicios, territorios, relaciones sociales, conquistas sociales muy diversos. Por ejemplo, a los bienes naturales que mal llamamos “recursos naturales”, como los que hablaba Mariano antes, e incluso a aquellos que no habían sido objeto hasta ahora de la explotación capitalista; por ejemplo los hidrocarburos no convencionales en base al fracking que ahora son incorporados a la lógica del capital, de la mercancía, de la mercantilización. Pero no sólo supone incorporar bienes, territorios, relaciones sociales que siempre estuvieron por fuera de la lógica del mercado, sino también mercantilizar algunas relaciones sociales, bienes, servicios que producto de la lucha popular, producto de la lucha obrera y popular de casi un siglo, particularmente de segunda mitad del siglo XX habían dejado de estar bajo el control del mercado. Y acá nos referimos también, entre otras cosas, al tema de la educación y la salud pública. Y a todo un conjunto de conquistas sociales obtenidas en el marco del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX que fueron también fruto de la presión del movimiento obrero y los sectores populares y contribuyeron no sólo a su disciplinamiento sino también a su constitución colectiva. Ernest Mandel, por ejemplo, se refería a este proceso como una conquista en el aumento de nivel objetivo de la solidaridad de clase. Acá también opera la acumulación por desposesión o por despojo, se trata también de transformar o apropiarse de estos derechos, instituciones, servicios y convertirlos en mercancía. Bueno es lo que vivimos en términos de las política de privatización o de precarización que tuvieron tanta centralidad en la década del 90’ y que tienen -bajo otras formas- también su centralidad en la actualidad.
¿Cuál son las consecuencias de esta acumulación por despojo? Mencionemos la que nos convoca hoy. Esta diversidad de lógicas de acumulación (por despojo y en base al trabajo asalariado), y las propias lógicas diversas de la acumulación por desposesión, supone o promueve niveles crecientes de fragmentación entre los sectores afectados y dificultades particulares en relación a las posibilidades de construcción de las lógicas de articulación de las clases subalternas. Hay una vinculación entonces entre estas formas de acumulación del capital, y de aquella basada en el despojo en particular, y la promoción o producción de la fragmentación objetiva y subjetiva de las clases populares. Bien, este es el segundo comentario que quería hacer.
  • El tercero remite a la pregunta sobre cuáles son los aportes que en relación a esta cuestión podemos retomar de la experiencia de los movimientos populares que vienen batallando contra estas políticas y tratando de construir alternativas particularmente ricas en América latina en la última década. La experiencia de las luchas populares que tienen una concentración especifica desde fines de los 90’ hasta la actualidad en América Latina ha sido extremadamente intensa en la confrontación contra la aplicación de la acumulación por despojo. Si en los años 90’ en relación a las privatizaciones -y el desmantelamiento de la educación y la salud pública- supuso una revitalización de la discusión y entendimiento de lo público mas allá de su forma estatal en términos sociales; el ciclo de luchas posterior recupera en parte esta discusión incorporando una nueva noción -la de bienes comunes naturales y sociales- que viene fundamentalmente de los movimientos socio territoriales (indígenas, campesinos, urbanos) surgidos particularmente frente al extractivismo exportador. Noción que tiene sin embargo interpelaciones mucho más amplias porque, me parece, aporta herramientas importantes para enfrentar estas lógicas de acumulación por despojo.
¿Qué se entiende entonces por estos bienes comunes? Bueno, claramente la idea de bien común o de bienes comunes refiere a un conjunto de bienes, relaciones sociales, territorios, formas de ser, formas de vivir, formas de producir que están por fuera del mercado, que no son mercancías, que no están subordinadas a la lógica del lucro y de la apropiación privada que conlleva -directa o indirectamente- su integración al ciclo de la gran propiedad capitalista y la valorización mundial. Pero la noción de “bien común” refiere a dos campos más que no deben olvidarse. Uno que refiere también, como ya analizamos en el comentario anterior, a aquellos bienes, servicios, relaciones sociales, forma de gestión, forma de vida, que en algún monento en el pasado estuvieron por fuera de la valorización capitalista y la forma mercancía. Pero también a aquellos que debieran estar por fuera del mercado. Refiere así a un proyecto hacia el futuro, un proyecto inscripto en un horizonte alternativo emancipatorio que pone en discusión incluso aquello que parecía neutralizado en términos de su incorporación y valorización en las relaciones mercantiles.
En este sentido, es claro que por “común” se refiere a formas de propiedad no privada, no mercantiles; y aparece acá toda una variedad de posibilidades: público estatal, comunitaria, social, cooperativa, etc. Pero la idea de lo “común” en la práctica y programática de los movimientos populares latinoamericanos no sólo significa tipos de propiedad, sino que tiene además otras dos dimensiones que resultan fundamentales. Por un lado, la cuestión de su uso; es decir, para que sirven esos bienes comunes, que se hace con ellos. Ello incorpora la idea de que son comunes porque deben servir a la comunidad, repone la idea de que es necesario pensarlos en términos de sus valores de uso, en particular referencia a las mayorías sociales y los sectores populares; y no como mercancía o valores de cambio. Y una tercera dimensión que tiene que ver con la forma de gestión. En este sentido lo “común” refiere a formas de gestión comunes; es decir comunitarias, participativas, efectivamente democráticas, autogestionarias.
O sea, en la práctica y programática de los movimientos populares, la noción de “bienes comunes” va mucho más allá del aspecto importante de cuestionamiento de la lógica de la acumulación por desposesión de cáracter defensivo. Implica también un desafío de pensar nuevas formas de organizar la vida social, más allá de la lógica de la mercancía y del afán de lucro privado.
Creo que estas tres cuestiones que he planteado refieren a los desafíos que afrontan los movimientos populares en la Argentina y Nuestra América. Uno de estos grandes desafíos ha sido -y sigue siendo- el de construir las articulaciones entre las lógicas de resistencia a la acumulación por despojo y la resistencia a la explotación en base al trabajo asalariado. Lógicas distintas pero estrechamente entrelazadas; complementarias en términos del capital, y simultáneas en su afectación sobre los sectores populares. Sin embargo, las formas de dominio del capitalismo neoliberal implica construirlas como diferentes, como opuestas, como excluyentes, como contradictorias; como un momento en la producción y promoción de la fragmentación de las clases subalternas. Por contrapartida, la emergencia y luchas del movimiento popular se basó en encontrar las formas de articulación de las resistencias a estas diversas formas de acumulación. Así parece indicarlo la experiencia de los años 90’ en la Argentina; por ejemplo, donde las resistencias sindicales importantes no pudieron construir estos puentes la ofensiva del neoliberalismo capitalista avanzó más profundamente; por el contrario, en aquellos lugares donde las resistencias de los trabajadores se articularon en proyectos más amplios, más allá de la propia frontera sindical, articulando las luchas contra las privatizaciones desde el cuestionamiento a los efectos múltiples de las diversas lógicas de acumulación, las resistencias fueron más efectivas, como por ejemplo en la defensa de la educación pública.
Por otra parte, en los últimos años, las potentes resistencias locales a la implementación o profundización del modelo extractivo exportador (la megaminería, el agronegocio con la soja transgéncia y las fumigaciones tóxicas, la explotación hidrocarburífera de convencionales y no convencionales, etc.) en la medida que no pudieron articularse con las luchas y percepciones de los sectores populares urbanos, de los trabajadores, encontraron limites en su capacidad de bloquear la profundización del extractivismo. Estas lecciones están planteadas hoy como desafíos, porque la crisis del neodesarrollismo -que en tanto crisis es también ofensiva del capital, del ajuste- implica la búsqueda de la profundización simultanea de la acumulación por despojo y de la explotación del trabajo. Y, por contrapartida, plantea la pregunta de cómo responder a esta producción sistémica de fragmentación de los sectores populares; es decir, de cómo construir los marcos vitales y complejos de articulación entre los diferentes sujetos que requiere una resistencia que sea efectiva y capaz también de avanzar en alternativas.
(*) Este texto es la transcripción de la intervención en el pre-Encuentro Nacional de Educación realizado en el partido de La Matanza. El autor integra el Grupo de Estudios sobre América Latina y El Caribe (GEAL).
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=6961

Veamos cómo expandir y ampliar los objetivos de los territorios libres de transgénicos y los territorios libres de fracking que han conseguido las asambleas de vecinos autoconvocados y construyen a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Desde Chile nos aclaran qué se proponen y hacen en ese rumbo.
 
 
Comuna Libre: donde el pueblo manda y el gobierno obedece
17 de diciembre de 2014
 
Por Henry Renna (Rebelión)
En las últimas décadas el factor territorial ha adquirido nuevo protagonismo como espacio clave de la lucha de clases. No sólo por su estructura de oportunidades para enfrentar el sistema, sino la potencialidad inscrita en él de prefigurar uno diferente. En este ámbito se han multiplicado las organizaciones de base y más importante se han fortalecido experiencias y prácticas autogestionarias y de construcción de poder popular. Estas nos regalan el derecho a pensar nuevamente en una alternativa masiva de transformación radical del país y el mundo, nos invitan a soñar con la proyección de las autonomías en una oleada de comunas libres que se reproduzcan revolucionando toda la ciudad.

El cambio territorial para una transformación social
El desmantelamiento de la sociedad industrial a manos del neoliberalismo, supuso no sólo un cambio en el régimen económico de acumulación sino además en la forma de dominación. En una de sus dimensiones, se pasó de un poder disciplinario concentrado dentro de los límites de la fábrica, a una fase de control a cielo abierto sobre los cuerpos. Con ello la lucha de clases en las ciudades de América latina sufrió una redirección en la intensidad de su conflicto, del ámbito de la producción (trabajo) al de la reproducción social (modos de vida), haciendo del espacio territorial un campo geopolíticamente clave para las resistencias.
Así como el capitalismo ha invadido esferas de la vida antes impensadas también ha permitido con ello una pluralidad de ejes de enfrentamiento entre las comunidades y los defensores del sistema. Desde los territorios se han desencadenado en los últimos años importantes procesos de insumisión. Por nombrar algunos ejemplos emblemáticos en la región está el caso de los caracoles del EZLN en México, las Juntas Vecinales de El Alto en Bolivia, las comunidades del Movimento Sem Terra en Brasil y la organización piquetera en Argentina. En Chile esta tendencia se observa en los últimos (i) levantamientos regionalistas (Magallanes, Aysén, Calama, Arica, Tocopilla), (ii) luchas sectoriales (Castro por salud, Cabildo, La Ligua y Petorca por el agua, Peñalolén y La Florida por suelo y vivienda, Dichato por la reconstrucción, Freirina por la crisis sanitaria, Santiago centro por el comercio popular), batallas ecológicas (Ralco, Alto Maipo, Aysén, Punta de Choros, Penco-Lirquén, por proyectos de inversión energética, Huasco alto contra Pascualama, Huasco bajo, Arica, Coronel y Quintero contra la contaminación de azufre, plomo, arsénico y el derrame de petróleo),choques contra el gobierno local (Renca, Ñuñoa, Conchalí, Peñalolén ante la defensa de espacios comunitarios, Cerro Navia, La Florida y Talcahuano por el cierre de escuelas, Concepción, Chiloé y Valparaíso contra obras de infraestructura) y como no, la histórica lucha de la nación-pueblo Mapuche que sigue a vivo fuego.
Todos los casos más allá de sus particularidades, tienen en común (de forma) una organización asamblearia con un fuerte arraigo de base territorial, (en su contenido) trabajar por la reconstrucción de la vida social mediante la auto-organización de la clase en sus territorios y la colaboración solidaria de sus participantes, y sobre todo (en el fondo) ser acciones dirigidas a la construcción y ejercicio de un poder, un poder propio. Un poder-hacer de los de abajo en los territorios que nada a contracorriente del poder-sobre que los de arriba tienen sobre nuestras vidas.
 
La autogestión como forma de lucha y producción social
Este proyecto adquiere cuerpo lentamente con las innumerables prácticas de trabajo de base autogestionario existentes hoy en Chile. Ellas las vemos como los embriones de un área de reproducción social donde los modos de vida propuestos, sus lógicas y formas de organización, no son estatales, ni mercantiles, sino sociales, las que se da la propia gente. Son alternativas a las que ha recurrido la población para hacer efectivo en los hechos, los derechos que el Estado no garantiza y que el Mercado viola permanentemente. Modalidades de planeación, control y ejecución del trabajo, educación, vivienda, salud, cultura, otros, levantadas por las mismas comunidades cuando recuperan la confianza en sus capacidades y dan respuesta con sus propias manos a las necesidades más sentidas, desde estructuras solidarias, mutualistas y autogestionarias.
Algunos ejemplos son:
§ Prácticas de educación autogestionaria que reproducen por grietas de una ciudad escolarizante y autoritaria alternativas de educación liberadoras bajo control directo de la gente (jardines comunitarios, primarias populares, escuelas autogestionadas de jóvenes y adultos, espacios permanentes de autoformación, etc.).
§ Experiencias de producción social del hábitat que siembran gérmenes en la misma trama urbana capitalista de un habitar crítico, un poblar alternativo que nace desde las propias poblaciones (apoyo técnico colaborativo para proyectos habitacionales y urbanos, dispositivos de autogestión del hábitat, cooperativas y constructoras populares, entre otras).
§ Esfuerzos de organización cooperativa y economíalocal que lentamente recuperan espacio perdido en el ámbito del trabajo articulando economías otras en el seno del neoliberalismo (cooperativas de servicios, empresas sociales, emprendimientos mutualistas).
§ Trabajos de comunicación, arte y cultura popularque hacen frente al silencio de los medios, el individualismo, y los grises y opacos del sentido común hegemónico (centros culturales, periódicos, radios, canales de TV, asociaciones de artistas, sellos autogestores, entre otras).
§ Casos de salud comunitaria que desafían la medicalización y patologización del bienestar abordando sus determinantes sociales a través de distintas técnicas y prácticas, ancestrales y alternativas, de auto-cuidado individual y colectivo (apoyo mutuo psico-social, medicina indígena, consultorios populares, grupos de crianza, etc.).
§ Entre otras.
 
A revolucionar la ciudad desde abajo
La reforma urbana de la Nueva Mayoría, como era de esperarse, no sólo omite el problema de la tierra, la cuestión de la segregación, el tema del lucro con la ciudad, la construcción de barrio, la planificación social del espacio y pensar un habitar de nuevo tipo, sino además incorpora nuevas exenciones e incentivos a la empresa privada. Así las cosas, con las cartas del progresismo en la mesa, no basta con reivindicar al mal gobierno el derecho a la vivienda o el acceso a la ciudad. No será suficiente exigir una reforma mejor a las de antes, o una política de desarrollo urbano mejor a la que propone el gobierno. Es urgente, aquí y ahora, revolucionar la ciudad desde abajo; una larga travesía, que comienza hoy, por disolver la urbe capitalista en múltiples comunas libres; comunas donde el pueblo mande y se mande, gobierne y se autogobierne.
La construcción de estas comunas es una gran batalla, un combate cuyos primeros golpes debiese considerar:
  • Levantar la asamblea territorial como entidad gestora de proyectos de producción social en todos los ámbitos que sean de su interés (vivienda, trabajo, salud, educación, cultura, etc.) y el área social como un espacio no estatal, ni mercantil, de desarrollo, sino autogestionario.
  • Crear (auto)gobiernos comunitarios donde se encuentren la mayoría de las organizaciones de base, organizaciones políticas y movimientos sociales y populares de los territorios en cuestión.
  • Disputar el acceso al suelo mediante el establecimiento de áreas de manejo comunitario de interés social definidas participativamente, el traspaso de todo el suelo público a un conservador local de suelo social y la instauración de mecanismos que controlen el alza en el valor del suelo privado, la recuperación de plusvalías para los habitantes, y medidas impositivas sobre su transferencia y especulación.
  • Impulsar el acceso a la vivienda adecuada mediante la masificación de la autogestión habitacional y la conformación de cooperativas de construcción de viviendas y empresas sociales sin fines de lucro.
  • Dar vida a los consejos populares de planificación territorial cuyo objetivo sea velar por la justicia espacial del ordenamiento territorial, con carácter resolutivo y cuyas decisiones sean vinculantes.
  • Articular polos productivos de economía local y solidaria dirigidos a la transformación secundaria de materia prima, convergencia colaborativa de servicios y, transferencia tecnológica a cooperativas populares familiar y comunitaria.
  • Implementar una política de ecología barrial dirigida a la arborización, reciclaje y creación de huertas urbanas en cada grieta del espacio comunal.
  • Luchar por la integración inicial en el sistema de salud comunal de los centros de autocuidado comunitarios, como espacio paralelo de trabajo familiar y barrial en torno al buen vivir.
  • Intencionar la creación de una red de educación autogestionaria paralela a independiente a la educación estatal-municipal compuesta por centros de infantes, escuelas primarias, secundarias y de adultos, como de capacitación, especialización y de formación con financiamiento público y administrados directamente por las comunidades y organizaciones educativas autogestoras.
  • Apoyar y reproducir los medios de comunicación alternativos, centros culturales, las artes y artistas populares en cada barrio bajo autogobierno comunitario.
Todos estos elementos no son líneas de un novedoso manifiesto del cambio social, sino en su mayoría son realidades que ya se están construyendo en los sótanos del modelo. Detrás de ellas hay mujeres y hombres que decidieron tomar una opción distinta -y en contra- del modo de vida capitalista, su esclavitud soterrada, la violencia estatal aceptada, y un pensamiento único naturalizado. Lentamente estas manos se entrelazan en los territorios, donde nace un nuevo habitante, un poblador y una pobladora en lucha que construirá territorios libres por donde vaya transformando el mundo y cambiando su propia vida.
A ese sur, vamos caminando.
 
Henry Renna, Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha
Algunas de estas ideas están desarrolladas en el libro “Sobre el ejercicio y construcción de autonomías”, Mutual de Lectura-Poblar Ed., MPL, Nov. 2014
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193178
 
 
 
Valoremos cómo reaccionan frente a la realidad común entre los pueblos de Nuestra América y cómo la caracterizan: "En el mundo rural se promueve el agronegocio y los grandes monocultivos y no se democratiza el acceso a los medios de producción como la tierra y el agua, se amplían áreas para la explotación petrolera y minera sin consideración de los enormes daños ambientales y graves conflictos sociales que provoca. En el conjunto de la sociedad se favorece un consumismo exacerbado que presiona hacia la intensificación del extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza sigue siendo alta, la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la destrucción de la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las grandes ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el desequilibrio territorial".
 
 
 

Ecuador: Carta Política del II Encuentro Nacional de Agroecología

21 de noviembre de 2014

 
Las organizaciones campesinas e indígenas, los colectivos y personas que en caravanas llegamos al II Encuentro Nacional de Agroecología, desde distintos lugares del país hasta los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 23 y 26 de octubre del 2014, para compartir reflexiones y propuestas que se construyeron en cada territorio, juntamos las voces y declaramos ante la sociedad ecuatoriana lo siguiente: 

1. En el país se profundiza el modelo extractivista y primario exportador.
El Plan Nacional de Desarrollo plantea la promoción de nuevas industrias y sectores “con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que genere”1. Palabras más, palabras menos, el denominado cambio de matriz productiva se asienta sobre estructuras sociales y productivas que han determinado un país tremendamente desigual. Se impulsa desde una mirada única e impositiva de desarrollo, del Bien Estar, del Buen Vivir, y no desde un esfuerzo colectivo que integre la diversidad social y cultural del país. Las políticas públicas que se han implementado de redistribución del ingreso, de ampliación del acceso a los servicios públicos como salud y educación, de construcción de infraestructura física, se asientan en un modelo extractivista que no es sostenible.
 
En el mundo rural se promueve el agronegocio y los grandes monocultivos y no se democratiza el acceso a los medios de producción como la tierra y el agua, se amplían áreas para la explotación petrolera y minera sin consideración de los enormes daños ambientales y graves conflictos sociales que provoca. En el conjunto de la sociedad se favorece un consumismo exacerbado que presiona hacia la intensificación del extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza sigue siendo alta, la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la destrucción de la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las grandes ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el desequilibrio territorial. En territorios campesinos se incentivan formas de producción basadas en la revolución verde con su paquete de fertilizantes químicos, agrotóxicos, uso de las denominadas semillas mejoradas y en el encadenamiento del campesinado al agronegocio, perdiendo así autonomía, soberanía alimentaria y contribuyendo a la degradación ambiental a la que conllevan los monocultivos. Con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea el gobierno ha tomado partido por la agroexportación y en debilitamiento de las economías campesinas, que serán afectadas por nuevas normas que limitan el acceso al mercado, permiten la apropiación de semillas y conocimientos por parte de las empresas, y abren las puertas a la importación de alimentos en los que hoy somos autosuficientes. 
 
En nuestra experiencia compartida de organizaciones campesinas es evidente que la política pública agraria no contempla a la agricultura campesina. Cotidianamente vemos el modo en que normas como las denominadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas por igual para grandes empresas como para las fincas campesinas, a sabiendas que las últimas quedarán sin opciones. Se plantea que la viabilidad de nuestras unidades productivas campesinas está atada a la aceptación de los encadenamientos productivos, mientras queda fuera de toda discusión real en las leyes agrarias la transformación de la estructura de propiedad y de acceso a los recursos productivos en el campo, y se criminaliza la lucha por la defensa de los territorios. Si bien se ha fortalecido una institucionalidad pública debilitada en el periodo neoliberal, su acción ha adquirido un carácter impositivo y hay cada vez menos capacidad de diálogo. A la par se promueve una normatividad restrictiva de derechos y sancionadora: el Código Integral Penal, el Decreto 16 y otros instrumentos que penalizan la lucha social. Estas normativas a las que se suman el conjunto de propuestas de enmiendas a la Constitución, afianzarán el autoritarismo y la restricción de derechos. Planteamos que el modelo de desarrollo es excluyente, y favorece a los mismos sectores dominantes que por décadas se han aprovechado de los recursos naturales, y explotado la fuerza de trabajo campesina, al amparo del Estado. Eso no ha cambiado. 
 
Los y las campesinas afirmamos que hemos sido históricamente garantes de la soberanía alimentaria, aportando en el 60% de la canasta básica alimentaria y conservando la agrobiodiversidad y el agua que son recursos estratégicos. Miles de familias con poca tierra y agua aportamos con nuestro trabajo al desarrollo productivo del país mientras cuidamos a la Pachamama, esta es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Apostamos por la diversidad, la producción de alimentos sanos para alimentar al pueblo, la reconstrucción ecológica de nuestros territorios dañados y enfermos por una agricultura de la revolución verde, mientras recomponemos nuestros lazos solidarios y comunitarios, rechazando el individualismo y la competencia inhumana que nos propone el sistema capitalista. Los campesinos y campesinas somos actores estratégicos para la alimentación y la economía de la sociedad ecuatoriana. 
 
2. Nuestra propuesta agroecológica.
La agroecología recoge un conjunto de prácticas productivas, enseñanzas del mundo campesino y de comunidades indígenas y del conocimiento científico y proyecta un profundo sentido de vida comunitaria y de convivencia con la naturaleza. En la agroecología confluyen estrategias de resistencia, de construcción de soberanía, de decisiones consensuadas en el territorio, de sostenimiento de la cultura, de reconocimiento a nuestra herencia como sociedades agrarias y de construcción de nuestra autonomía frente al capital. Es un proyecto para la ruralidad pero también para toda la sociedad. Es una opción política y económica que permite romper con el monopolio de las transnacionales sobre los alimentos y devolver a la ciudadanía el derecho a la alimentación sana y culturalmente adecuada. Es el instrumento para afirmar que la comida no es una mercancía si no un derecho de todas las personas. La agroecología nos permite enfrentar la desnutrición y malnutrición que son problemas de salud pública. Su papel fundamental es garantizar la soberanía alimentaria, sin dañar los ecosistemas, pues permanentemente mantiene los procesos naturales. Nos permite producir alimentos sanos para el pueblo.
Es una propuesta que contribuye a disminuir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero, menos petróleo, más reciclaje, más conservación de la biodiversidad, por tanto, es una contribución directa a enfriar el planeta y posibilita a que las comunidades rurales puedan enfrentar en mejores condiciones los impactos provocados por el cambio climático. Para nosotros campesinos y campesinas la agroecología nos convoca a un permanente acercamiento con la naturaleza, a trabajar con ella y no contra ella. Desde la agroecología se valora el trabajo de la gente como el trabajo de la naturaleza. Se plantea una constante tarea de reconstrucción ecológica de nuestros territorios cada vez más devastados y degradados por malas prácticas asociadas al extractivismo. Exigimos políticas sencillas, prácticas y efectivas en torno a riego, tecnologías apropiadas, mercados locales y aprendizajes agroecológicos, que tengan un carácter integral e integrador del territorio. 
 
3. Nuestro primer horizonte es la reconstrucción del movimiento campesino.
La unidad es lo que nos fortalece para luchar, campesinos, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, para encontrar caminos hacia la soberanía alimentaria, ampliar la autonomía frente al modelo extractivo y defender nuestros derechos básicos fundamentales. La nueva matriz productiva nos afecta a todos, nos proletarizará y generará mayor despojo. Por ello, más allá de las pertenencias culturales y regionales, el campesinado debe actuar de forma unitaria, recuperar nuestra dignidad y orgullo de ser productores de alimentos, e impulsar nuestra solidaridad como clase. Dejamos de esperar que las soluciones lleguen desde el Estado y desde los gobiernos, que como éste, ya ha tomado posición por el agronegocio. Los campesinos y campesinas trabajamos por construir poder popular desde los territorios. Desde allí planteamos una diferente relación con la institucionalidad pública donde las normas y políticas respondan al fortalecimiento de la vida social y cultural campesina. La juventud rural y las mujeres están en el centro de nuestros procesos organizativos. Las mujeres son el corazón de la soberanía alimentaria y las principales promotoras de la agroecología y el cuidado de la agrobiodiversidad. Debemos luchar contra el patriarcado y la violencia para fortalecer la organización. 
Frente a las acciones por desarticular al movimiento social, por controlar los procesos y dividir a las organizaciones, los campesinos y las campesinas hablamos con voz propia, y juntos nos representamos a nosotros mismos. 
4. Nuestra lucha por democratizar el acceso a la tierra y el agua.
La tierra y el agua están concentradas en pocas manos, y no existe ninguna política de redistribución. Por el contrario, prima el criterio de su uso y apropiación en función del aumento de la productividad en los rubros prioritarios de la nueva matriz productiva, caña, banano y palma entre otras, mientras que la producción que sostiene la soberanía alimentaria, como es la agricultura campesina agroecológica y diversa, es marginada. El régimen de uso de la tierra privilegia los monocultivos de exportación, lo cual se verá ahondado con la nueva Ley de Tierras, que no recoge las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas, y no plantea mecanismos ciertos para sancionar el latifundio y redistribuir la tierra. Una verdadera redistribución debe poner la tierra prioritariamente al servicio de la producción de alimentos para el mercado interno en manos de campesinos y debe evitar toda forma de reconcentración de la tierra. 
Es necesario que las organizaciones y las familias productoras discutamos sobre la minifundización de la tierra, debido a que esta poca tierra no permite tener una economía campesina de bienestar, propongamos desde nuestra realidad, involucrando a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores para encontrar una respuesta que permita construir un territorio de soberanía alimentaria y buen vivir. La propiedad y formas de comunitarias de uso de la tierra deben ser protegidas y denunciamos los intentos constantes del Estado por fraccionar e individualizar nuestros territorios comunales. El riego es un privilegio al que accede prioritariamente la agroindustria. Políticas de redistribución del agua han estado y siguen ausentes, constituyendo el acceso al agua en varias regiones del país un hecho de inequidad sin nombre. Los que más utilizan y contaminan el agua, son los que menos pagan. La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública, somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico, y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria del agua. 
 
5. Los campesinos aportamos en múltiples planos a la economía.
Los campesinos y campesinas somos sujetos fundamentales de la economía, que abordamos procesos de producción, transformación e intercambio. Para ello hemos creado estrategias que aseguren producción, cuidado del ambiente, justicia social y relaciones menos inequitativas entre el campo y la ciudad. Cada vez más la distribución de los alimentos se encuentra en manos de monopolios. Los municipios de una u otra manera han favorecido la presencia de estos monopolios y poco o nada han hecho para favorecer iniciativas de intercambio directo productor consumidor, y por el contrario impiden que se gesten mercados locales agroecológicos, salvo contadas excepciones. En el país hay varias experiencias de mercados locales agroecológicos que se han mantenido de hace varios años. Contamos con mecanismos como los sistemas participativos de garantía (SPG) basados en la confianza y el en derecho a controlar y ser controlado, por lo tanto exigimos que el Estado y la sociedad lo respete sin disminuir su autonomía. Demandamos un espacio para la comercialización e intercambio a través de las ferias agroecológicas campesinas, que reconozcan el aporte del producto agro ecológico como un producto sano para el pueblo. Exigimos el derecho a establecer circuitos de comercialización directa del productor al consumidor y a ampliar la compra pública a los productores campesinos y fundamentalmente a los grupos que producen agroecológicamente. Luchamos por un trato diferenciado a los productores agroecológicos por todos los aportes que brindamos a la sociedad. Exigimos se revea la aplicación del reglamento de buenas prácticas de manufactura porque no responden a las realidades del mundo rural y son utilizadas para favorecer a los agronegocios. Sí, nos comprometemos a trabajar sobre buenas prácticas campesinas-artesanales para cuidar la salud de los consumidores y la calidad de los productos. Las agriculturas campesinas agroecológicas cumplen un rol fundamental en la ocupación de mano de obra, incluso, población que no puede acceder a empleos ni en la agroindustria, ni en industrias, como son las personas de la tercera edad, cumplen un rol importante en la actividad productiva de las familias campesinas. Este esfuerzo debe ser compensado por el estado desde el impulso a iniciativas que combinen protección como gestación de iniciativas sociales. 
 
6. Las semillas tradicionales son la fuente que posibilita la agroecología.
Reconocemos que la agrobiodiversidad y las semillas son resultado del trabajo de hombres y mujeres que a través del tiempo ha logrado conocer, seleccionar, mejorar, adaptar, perfeccionar variedades de plantas y razas de animales, para cada ecosistema, nicho ecológico y territorio. Por tanto la agrobiodiversidad es sustento y cultura, base de la agroecología y soberanía alimentaria Nuestras semillas son un patrimonio cultural y exigimos que sean reconocidas como tal, por tanto son de libre circulación y no pueden ser apropiadas ni patentadas. El agronegocio destruye la agrobiodiversidad, por ello, planteamos la defensa de la semilla criolla y ancestral, su conservación y uso en las fincas, y la permanente transmisión de los conocimientos asociados a nuestra juventud. No pueden las empresas, las corporaciones o los Institutos de investigación apropiarse o comprar el saber colectivo, nadie es dueño de éste, es patrimonio de los pueblos y así debe seguir. Las semillas que hemos entregado al Estado y que se mantienen en el Banco de Germoplasma del INIAP, deben ser por derecho accesibles a través de mecanismos claros y no burocráticos para su reintroducción a los agroecosistemas. Nos oponemos radicalmente a la introducción de semillas y organismos transgénicos. 
 
7. El TLC-UE: el campesinado será profundamente afectado y no debe ser ratificado. 
El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, al igual que todos los TLCs, privilegia los intereses de la agroindustria de exportación (en el marco de la nueva matriz productiva) y facilita la entrada de productos de la agroindustria subsidiada del norte, frente a la cual los campesinos no podemos competir. No hay en el TLC ninguna oportunidad de desarrollo para la economía y la industria artesanal campesina. Por el contrario, las normas estipuladas por este tratado, restringe los mercados campesinos, permite la apropiación privada de la agrobiodiversidad y los conocimientos, y contribuye a una concentración aun mayor de los recursos productivos y de mercado. Nos oponemos a la ratificación del TLC-UE, y nos planteamos la defensa de los mercados campesinos como condición para que se garantice la soberanía alimentaria en el país. 
 
8. Afirmamos la importancia de la educación intercultural y la formación como un derecho y como una necesidad de las organizaciones campesinas. Los procesos educativos propios indígenas y campesinos han surgido como necesidad de la lucha, desde el territorio, la identidad, la lengua y el proceso de descolonización. 
La formación agroecológica aparece como una necesidad de este momento político del campesinado. Debemos construir propuestas de formación para responder de manera autónoma. No creemos en la asistencia técnica autoritaria desde arriba, sí planteamos un diálogo de saberes, abiertos a la recreación del conocimiento y al derecho a estar plenamente informados para la toma de decisiones en los territorios, desde la perspectiva del Bien Estar y Buen Vivir de la población. La agroecología nos permite revalorizar el conocimiento campesino frente a la autoridad académica. La universidad debe transformarse profundamente para responder a las demandas sociales y en particular, las del campesinado. Es una de nuestras tareas plantearle a la Universidad la agroecología como proyecto académico, científico y como una necesidad social. En torno a la educación primaria e intercultural, evidenciamos la manera inconsulta y prepotente de autoridades educativas que en muchos casos han decidido el cierre de escuelas rurales. Sin consideración a condiciones particulares de ubicación y culturales, y a nombre de las ventajas educativas de las escuelas del milenio que no dejan de ser también en muchos casos “infraestructura grande con débil contenido educativo”, se ha procedido al cierre injustificado de muchos centros educativos rurales. Expresamos que esta acción responde a un pensamiento positivista, homogeneizante y no democrático, donde el sentido de la educación intercultural al igual que el sentido comunitario y de proximidad al entorno ambiental, han sido vaciados. Demandamos del Estado el derecho a mantener formas educativas diversas que favorezcan la formación integral y la interculturalidad en las nuevas generaciones. 
9. Denunciamos la expansión del extractivismo y de la criminalización.
Existe una política de Estado que persigue y criminaliza a todo aquel que se oponga a proyectos extractivos. En este marco nos solidarizamos con el compañero Javier Ramírez de Intag, preso político, que junto a su organización viene planteando alternativas al extractivismo, una de ellas la producción agroeoclógica. Esto solo demuestra que los intereses de las transnacionales prevalecen sobre las alternativas campesinas y de las comunidades indígenas. Esto demuestra que el actual régimen, no tiene intención de cambiar el modelo de acumulación primaria ni su alianza con el capital global, para un mayor enriquecimiento de pocos. Es necesario enfrentar con lucha firme, con procesos organizados que pongan como centro la soberanía alimentaria en el territorio. Exigimos el sobreseimiento de todos casos de campesinos enjuiciados por su defensa de la naturaleza y la inmediata libertad para el compañero Javier Ramírez. Reconocemos que su lucha es nuestra lucha. 
 10. Fortaleciendo nuestra organización y alianzas.
Los mecanismos institucionalizados de participación se han convertido en un instrumento de control y de manipulación del campesinado, puesto que nuestras propuestas han sido ignoradas o simplemente desechadas ya sea a través de las consultas como de los mecanismos de participación ciudadana propiciados desde el estado. Por esta razón nuestra prioridad es construir la organización social, la unidad y el poder popular desde los territorios y en alianza con los trabajadores, los indígenas y los consumidores organizados. La agroecología y la soberanía alimentaria serán construidas por manos campesinas y trabajadoras. Esta carta forma parte del conjunto de resoluciones dadas en el II Encuentro Nacional de Agroecología. Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecuador_Carta_Politica_del_II_Encuentro_Nacional_de_Agroecologia
Objetivo            10.       Plan      Nacional            del        Buen     Vivir     2013-2017 
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecuador_Carta_Politica_del_II_Encuentro_Nacional_de_Agroecologia
 
 
Indaguemos cómo la organización y unión contra la privatización-mercantilización de los bienes comunes  y contra la criminalización que pretende bloquearla, precisa interpelar a los diversos de abajo para involucrarlos en la recuperación de la soberanía alimentaria que es comenzar por enderezar la política económica hacia la satisfacción de necesidades e intereses populares y el respeto tanto a los derechos de la Madre Tierra como a la salud poblacional e individual.
 
 
Comemos veneno: El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida
El precio de los alimentos se disparará
 17 de diciembre de 2014
Por Marie-Monique Robin (Anncol)
“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosas para la salud y no suelen detectarse en los análisis toxicológicos, por lo que se invalida el principio de que la ‘dosis hace el veneno’”. 
Con esta advertencia a modo de carta de presentación, la galardonada documentalista y periodista Marie-Monique Robin nos introduce en el mundo de la agroindustria, su campo de investigación desde hace más de una década, y sobre el que versa su último ensayo: Las cosechas del futuro.
Cómo la agroecología puede alimentar al mundo (Península). 
Una obra fruto del análisis comparativo de diversos sistemas de producción alimentaria que, en sintonía con otras anteriores como Nuestro veneno cotidiano y El mundo según Monsanto, cuestiona el mito de que la bajada del precio de los alimentos o de que el fin del hambre en el mundo sólo son posibles mediante la producción industrial de alimentos. La principal novedad que aporta la autora gala con este último libro es que existe una alternativa demostrable, “más sobresaliente de lo que creía antes de iniciar la investigación”, y que se llama agroecología. 
La transición de la agroindustria a la agroecología todavía es posible, explica Robin, pero aun existiendo la voluntad política necesaria para propiciar los cambios legislativos que la permitan, “llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”. Es por ello que urge, en primer lugar, limitar el uso de pesticidas y transgénicos. “España es el país más permisivo de la UE con el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la comercialización de otras sustancias tóxicas, como el bisfenol A que en otros lugares como Francia está prohibido”.
Una permisividad, alerta la autora gala, con unas consecuencias más que visibles: “Las parejas españolas son las que más problemas tienen de infertilidad en toda Europa, al afectar a una de cada cuatro”. Al mismo tiempo, los cánceres de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ponen también de relieve el auge del origen fetal de las enfermedades en la edad adulta (presuntamente por el tipo de alimentación de la gestante). “La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya se está dando cuenta de estas consecuencias y reconociendo las deficiencias del principio toxicológico de que 'la dosis hace el veneno’ debido a las indetectables hormonas sintéticas, como demuestra la mayoría de literatura científica sobre esta cuestión”, apunta Robin. 
 
El cenit del petróleo lo será también de la comida barata 
Tradicionalmente se ha relacionado el bajo coste de los alimentos con los monocultivos, el uso de pesticidas y fertilizantes para reducir las plagas, así como otras técnicas modernas de producción a gran escala. Sin embargo, Robin afirma que “los precios de los alimentos que compramos en el supermercado son completamente falsos porque no incluyen los costes directos ni los indirectos”. 
 
Los gastos derivados del tratamiento de las aguas contaminadas, del pago de las tasas por los gases de efecto invernadero, de las subvenciones (para el gasóleo, para exportar o directamente de la Política Agraria Común de la UE), así como de los sistemas públicos de salud, por el aumento de enfermos crónicos, son algunos de los costes asociados a la agroindustria que no se incluyen el precio de origen. “Si sumamos todos estos costes a los productos en origen, su precio subiría y serían más caros que los ecológicos”. Además, añade Robin, más de la mitad del precio está engordado por los intermediarios y finalistas. 
 
Una realidad de la que no estamos muy lejos, según la autora gala, para quien antes o después tendrá que dispararse el precio de la comida, ya sea por el fin de las subvenciones (como se prevé con la PAC), por la creciente especulación bursátil con las materias primas en los mercados de futuro, o por el no menos inminente encarecimiento de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, debido a su cenit. 
Los productos químicos utilizados en la agroindustria se elaboran a partir de petróleo y gas, por lo que un aumento en el precio de estos recursos, junto a la escasez de agua, pondría a la agroindustria en la encrucijada. “Esta es la gran debilidad de las industrias alimentarias. Se sustentan sobre un modelo que depende de los combustibles fósiles, y está claro que el precio de éstos será cada vez mayor, por lo que el de los alimentos será parejo. No tiene sentido que la alimentación en el mundo dependa de la producción de petróleo en una región tan convulsa como es Oriente Medio”, lamenta Robin. 
 
Alimentos saludables en un mundo sostenible 
Las perniciosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de la agricultura industrial, así como la crónica de una muerte anunciada que Robin comenzó a describir antes incluso de que se produjesen las primeras crisis alimentarias en Latinoamérica (relacionadas con los biocarburantes) han llevado a la francesa a recorrer el mundo en busca de alternativas ecológicas. Después de estudiar diferentes técnicas agroecológicas pudo comprobar que su rendimiento puede ser mayor que con técnicas propias de la agroindustria. 
“Muchas veces, cuando hablamos de agroecología pensamos que se trata de volver a las técnicas empleadas por nuestros abuelos. No es así, se trata de prácticas mucho más complejas que dependerán de la zona geográfica donde se desarrollen, del tipo de cultivo o del tipo de tierra”, explica la autora. Sin embargo, Robin sí pudo comprobar que todos ellos coincidían en un principio básico: la complementariedad. “Se trata de un principio común mediante el que se busca complementar la biodiversidad del medio, mediante rotación de cultivos o interfiriendo en los ciclos biológicos de los insectos, para prevenir plagas y aumentar la producción”. 
La demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores ha aumentado proporcionalmente al deterioro de la cadena alimentaria, “pero la oferta todavía no llega para abastecerlos a todos”, apunta Robin. Para hacerla extensiva a todo el mundo no llega con la concienciación del consumidor, que al fin y al cabo es el que más poder detenta con sus decisiones de compra, sino que se necesitan medidas políticas concretas. 
Entre las propuestas más urgentes para facilitar el cambio, la periodista cita “la prohibición de la especulación con alimentos, el fomento de la soberanía alimentaria mediante una férrea protección de los mercados y agricultores locales, y el acortamiento de las cadenas de distribución buscando conexiones directas entre consumidores y productores”. Sólo mediante la eliminación de los intermediarios y finalistas, explica la francesa, el precio de los alimentos orgánicos se reduciría hasta en un 90%. 
Las bases para posibilitar un cambio de modelo están puestas “desde hace muchos años”, pero de no iniciarse una pronta transición, advierte Robin, “no podremos anticiparnos a las crisis alimentarias que resurgirán en cualquier momento”. 
* Marie-Monique Robin,   autora de 'Las cosechas del futuro' (Península).  
 
 
Tengamos presente a la Declaración de Nyéléni (Selingué, Mali 2007) que define «la soberanía alimentaria» como "el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. 
 
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artisanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 
 
La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. 

La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones". Fuente: http://www.soberaniaalimentaria.tv

De  modo que nos interpela, a los diversos de abajo del país-mundo, a enfrentar al "mercado alimentario global, que genera disfunciones como que cerca de 1.000 millones de personas pasen hambre cuando se producen alimentos para 12.000 millones".


 
Entrevista a Esther Vivas, activista y autora del libro "El negocio de la comida"
“Hemos pasado de la burbuja inmobiliaria a la alimentaria”
 21 de diciembre de 2014

Por Brais Benítez (La Marea)
Esther Vivas (Sabadell, 1975), hace años que analiza los entresijos de la industria alimentaria. Licenciada en Periodismo y máster en Sociología, acaba de publicar El negocio de la comida (Icaria, 2014), un exhaustivo ensayo en el que se adentra en el funcionamiento del mercado alimentario global, que genera disfunciones como que cerca de 1.000 millones de personas pasen hambre cuando se producen alimentos para 12.000 millones.
¿Por qué los alimentos recorren miles de kilómetros hasta llegar a nuestra mesa? ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Estamos dejando de lado la dieta mediterránea para apuntarnos a la comida basura? ¿Existen puertas giratorias en el ámbito de la alimentación? “Destapar lo que no les interesa que veamos”, se marca como objetivo Vivas, “darnos instrumentos para que podamos juzgar por nosotros mismos, sacar conclusiones y pasar a la acción”.
¿Cómo se explica que en un mundo en el que se producen alimentos de sobra, una de cada ocho personas pase hambre?
El hambre en un mundo de la abundancia es el mejor ejemplo de cómo hoy la alimentación y la agricultura se han convertido en un negocio. Lo que cuenta en el modelo alimentario actual es hacer dinero. A pesar de que se producen más alimentos que nunca en la historia, para 12.000 millones de personas según datos de Naciones Unidas, 1 de cada 8 pasa hambre. Se ha producido una mercantilización de los alimentos, y si no tienes dinero, no comes.
Las causas del hambre son políticas, afirmas en el libro…
Hay un discurso oficial que nos dice que es necesario producir más comida para dar respuesta al hambre, es falso. No hay un problema de falta de alimento sino de acceso al alimento. Un problema de democracia. Se asocia el hambre a una serie de catástrofes que pasan en determinados países por guerras o causas meteorológicas, que pueden influir, pero hay unas causas políticas que tienen que ver con el expolio de los recursos naturales que se ha producido en los países del sur a lo largo de décadas. También vemos que el hambre hoy también golpea en nuestro país, donde los supermercados tiran cada día toneladas de comida. Alimentos hay.

¿Qué papel juega en la dificultad de acceso a los alimentos la especulación alimentaria?
A menudo pensamos que la crisis económica que nos afecta tiene poco que ver con la crisis alimentaria a escala global, y están íntimamente unidas. Los mismos que en su momento especularon con las hipotecas subprime y generaron la burbuja inmobiliaria, una vez ésta estalló en el 2008, buscaron nuevas fuentes de negocio. ¿Y qué hay más seguro que la comida para especular? Muchos fondos de inversión, compañías de seguros y bancos comenzaron a invertir en los mercados de futuro comprando y vendiendo grano, no en función de la oferta y la demanda real, sino para ganar dinero con la especulación. Esto condujo a un aumento de precios de cereales básicos, arroz, maíz, que llegaron a doblar el precio, haciéndolos inaccesibles para muchas familias en países del sur. Se puede decir que hemos pasado de la burbuja inmobiliaria a la burbuja alimentaria.

En enero de este año, la Unión Europea anunció una reforma de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros para poner límites a la especulación con alimentos; el Parlament de Catalunya aprobó una resolución para prohibirla, ¿han funcionado estas medidas?
A nivel gubernamental se hacen declaraciones de buenas intenciones que no significan un cambio real de las políticas. La especulación alimentaria continúa siendo una realidad. El Banco Sabadell sigue ofertando un producto financiero llamado BS Commodities, la rentabilidad del cual viene determinada por la especulación que se produzca con los alimentos. Son prácticas que se siguen produciendo. Aquellos que dictan las políticas actuales, ya sea en agricultura, en economía o en sanidad, tienen vínculos estrechos con las empresas del sector correspondiente.

Sí, es algo que también analiza: no sólo vemos puertas giratorias con empresas eléctricas o sanitarias, también en la alimentación.
Sí, de hecho las políticas agroalimentarias actuales se explican porque aquellos que las dictan tienen vínculos estrechos con las empresas del sector. El Estado español es la puerta de entrada de los transgénicos a Europa, en Cataluña y Aragón se cultiva el 80% de los transgénicos del continente, concretamente el maíz mon810 de Monsanto. Esto se debe a que tanto PP como PSOE tienen vínculos estrechos con la industria biotecnológica y pro-transgénica. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, viene de estar ocho años como directiva en la empresa de fertilizantes y productos químicos Fertiberia. Y quien fue ministra de Ciencia e Innovación en la segunda legislatura de Zapatero, Cristina Garmendia, antes de ocupar ese cargo era la presidenta de Asebio, que es el principal lobby pro-transgénico en el Estado español. Esto nos explica por qué el Estado español ha sido líder en el cultivo de transgénicos en Europa, cultivando transgénicos que están prohibidos en la mayoría de estados europeos.

Con este panorama, ¿qué puede suceder con el TTIP?
Significa flexibilizar la legislación europea, mucho más rígida en aspectos alimentarios que la estadounidense, en beneficio de grandes empresas, muchas de ellas norteamericanas. En lo que se refiere a los transgénicos, hay presiones importantes por parte de empresas como Monsanto y otras biotecnológicas para aumentar la variedad de transgénicos cultivables. En la medida en que se permitan cultivar más tipos de transgénicos, está claro que el Gobierno hará una apuesta decidida para dar apoyo a estas medidas, porque si ya lo hace ahora… Además, permitirá la entrada de productos de vaca o cerdo hormonados que hoy están prohibidos. Significará un retroceso muy importante.

¿Cuál es el peligro de la concentración de poder en el mercado alimentario en pocas manos, un aspecto que también detallas en el libro?
En la medida en que el mercado está dominado por unas pocas empresas que anteponen sus intereses económicos, la función que deberían tener los alimentos, que es precisamente alimentarnos, queda en un segundo plano. También comporta la homogeneización de la alimentación y la pérdida de biodiversidad, en el sentido que las empresas tienden a fomentar unos determinados cultivos en detrimento de otros. Un claro ejemplo es el de la soja, hasta hace unas décadas un cultivo anecdótico y hoy predominante. Se ha perdido mucha variedad de alimentos porque se priman aquellos que se consideran más rentables para el mercado. Variedades que pueden viajar miles de kilómetros sin estropearse, que tengan un tamaño adecuado, un color atractivo…

Ahora que llegan las fiestas, ¿cuántos kilómetros puede acumular la comida servida en una cena de Nochebuena en una casa cualquiera?
Según un informe de Amigos de la Tierra, la media de la distancia que viaja un alimento de la tierra al plato es de 5.000 kilómetros. Para Navidad, alimentos que hoy se han convertido en habituales en nuestra mesa como la piña o los langostinos, tienen muchos kilómetros a sus espaldas. Se han incorporado muchos productos en nuestras comidas navideñas que poco tienen que ver con la realidad autóctona. Con eso no quiero decir que no sea bueno incorporar otras culturas gastronómicas, el problema es que se ha generalizado este consumo porque a la industria le ha interesado, y detrás del cultivo de langostinos en Ecuador o de la piña en Costa Rica lo que hay es explotación medioambiental y laboral.

Eso sucede también en nuestra dieta cotidiana…
Sí, y usamos productos de la otra punta del mundo que también se elaboran aquí. Nos preocupamos de que no podremos vender las manzanas de Lérida en Rusia por el veto,¡ pero es que estamos importando manzanas de China! No tiene ningún sentido.

¿Prohibir la importación de alimentos que ya se produzcan aquí sería una buena medida?
Creo que hay que tomar medidas en positivo, comenzando por primar la producción local, payesa, ecológica, justa y de calidad. No es lógico que en los supermercados encontremos naranjas que vienen de Sudáfrica, manzanas de la China, uvas de Chile, tomate de Marruecos u Holanda, cuando ese producto lo tenemos aquí.

¿Qué responsabilidad tiene el consumidor? Al final es el que compra un producto u otro…
La actitud del consumidor es clave, porque puede haber sectores agrícolas que opten por la agricultura ecológica, pero si nadie la compra poco futuro tendrá. Considero positivo que cada vez hay más interés por este tipo de agricultura y alimentación, cada vez nos preguntamos más qué hay detrás de aquello que comemos y qué impacto tiene en nuestra salud. A partir de esta inquietud nos replanteamos nuestros hábitos alimenticios. El reto es que esta actitud individual vaya más allá de comer bien, no sólo ir a buscar la etiqueta ecológica, sino saber qué historia hay detrás de este producto, y que tenga un valor social añadido.

Mucha gente diría, y más en un momento de crisis como el actual, “mira, todo esto está muy bien pero me sale más a cuenta ir a una gran superficie, donde hay descuentos, a hacer la compra de la semana…”
Con el tema del precio hay varias cosas. Por un lado, vamos al supermercado y pensamos que ahorramos dinero. Pero en realidad en el supermercado todo está pensado para que gastes cuanto más mejor. Se calcula que entre un 20% y un 55% de nuestra compra en el súper es fruto de estímulos externos y una compra impulsiva. Cuando uno entra a formar parte de una cooperativa de consumo, en cambio, tiende a gastar menos porque compra lo que necesita. El alimento ecológico no tiene por qué ser más caro. Si lo vas a buscar a un supermercado especializado o una tienda gourmet quizás te saldrá más caro, pero si compras productos ecológicos de temporada, haces una dieta sin tanto consumo de carne, seguramente ahorrarás. Y además, a menudo nos hace daño en el bolsillo gastar dinero en comida, pero no miramos tanto si nos compramos determinado gadget tecnológico…

Incluye una cita de un autor norteamericano, Michael Pollan, que dice que “para comer bien hay que comer comida”. ¿Tan difícil es encontrar comida, entonces?
Si en un supermercado descartas todos los productos que hayan sido procesados con un alto número de aditivos, de potenciadores del sabor, de azúcares añadidos, no queda prácticamente nada. Así que encontrar comida comida puede ser mucho más difícil de lo que pudiera parecer..

Eso tiene relación con una afirmación que haces en el ensayo, “la obesidad y el hambre son dos caras de la misma moneda”.
Son resultado de un modelo agroalimentario enfermo que no funciona. En los países donde que adoptamos una dieta occidental, con productos altamente procesados, con grasas saturadas, etc. emergen nuevas enfermedades como problemas cardiovasculares, diabetes, sobrepeso e incluso cáncer. Los sectores más afectados son aquellos con más problemas económicos, y de hecho vemos que en el Estado español, las comunidades autónomas que padecen más la crisis, como Canarias, Andalucía o Extremadura, son las que sufren más problemas de obesidad y sobrepeso. Entre los menores la obesidad es una epidemia creciente, entre un 15% y un 20% de los niños y niñas menores de 10 años sufren obesidad, y eso es fruto de nuestra alimentación.

Para eso están los productos para cuidar la línea, ¿no?
La misma industria que te vende esos alimentos basura es la que después te vende alimentos funcionales, que dicen que solucionarán el colesterol, el sobrepeso, la pérdida de calcio, etc. Se cambia el vestido, se viste de asesor nutricional, y te vende productos milagro que te dicen que solucionarán los problemas que ella misma te ha generado. Pero de lo único que se trata es de seguir haciendo negocio con tu alimentación y con tu salud.
Fuente original: http://www.lamarea.com/2014/12/18/esther-vivas-hemos-pasado-de-la-burbuja-inmobiliaria-la-burbuja-alimentaria/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193413
 
 
Introduzcámonos en lo que comunica Adital: "El movimiento campesino internacional Vía Campesina hace un llamado a las organizaciones de todo el mundo, al pueblo organizado, aliados y consumidores conscientes a la Jornada de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en contra de las Transnacionales.
 
La entidad realiza una jornada de solidaridad, resistencia y movilización cada año con el fin de dar a conocer a la sociedad civil el riesgo al que se enfrenta hoy la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Para el movimiento campesino, es importante e imprescindible fortalecer la alianza con la clase trabajadora del campo y de ciudad, pues el derecho humano a la alimentación no solo debe cuidar del acceso, sino que debe garantizar una alimentación saludable, sana y culturalmente apropiada para los pueblos.
Hoy las empresas transnacionales del agronegocio mediante una triple alianza entre estados, bancos y medios de comunicación publicitan ampliamente el modelo de la agricultura extensiva argumentando que es altamente productiva y que puede acabar con la crisis alimentaria. Pero la realidad, según la Vía Campesina, muestra que en este momento más de 1 mil millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición "mientras que las corporaciones transnacionales siguen especulando con la alimentación pues su único objetivo es lucrar”.
"El agronegocio expulsa millones de campesinas y campesinos de sus territorios, generando un campo sin agricultores y concentrando los bienes naturales como el agua, la tierra y destruyendo la biodiversidad”.
 
La entidad apunta empresas como Monsanto, Cargill, Bunge, Dupont, AMD, entre otras, que monopolizan y acaparan el comercio de granos y semillas, criminalizando la práctica ancestral de conservar, cuidar e intercambiar semillas. El agronegocio incentiva al uso indiscriminado de agrotóxicos, degradando los suelos, atentando contra la vida de las y los campesinos, y de los consumidores de las ciudades.
Vía Campesina, además en esta Jornada de Acción Global del próximo 16 de octubre, ratifica la urgencia de la Reforma Agraria Integral como un mecanismo para conquistar la Soberanía Alimentaria y afirma la producción agroecológica como práctica alternativa y coherente con el proyecto campesino, que también mitiga los efectos del cambio climático y enfría el planeta. Fuente:http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=82912
Enfoquemos la importancia de debatir porqué, para qué y cómo concretar la reforma agraria integral partiendo del programa del MST de Brasil.

 

ALAI, América Latina en Movimiento
 Brasil


Programa Agrario del MST: ¡Luchar! ¡Construir reforma agraria popular!

29 de enero de 2014


Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
Sumario
Presentación
I. El proceso de desarrollo del capitalismo en el campo
1. Contexto histórico
2. Los cambios estructurales en la propiedad de la tierra, la producción, el trabajo y la renta
3. Las clases sociales
4 Las contradicciones del modelo de producción del capital versus los intereses de la sociedad
II. La naturaleza de la lucha por la Reforma Agraria: contexto histórico y desafíos actuales
III. Fundamentos de nuestro programa de Reforma Agraria Popular
IV. Propuesta de un programa Reforma Agraria Popular
V. Nuestro lema: ¡Luchar, Construir Reforma Agraria Popular!
Presentación (...)
 
44. Así, nuestra lucha y nuestro Programa de Reforma Agraria Popular busca contribuir activamente con los cambios estructurales necesarios y, al mismo tiempo, es dialecticamente dependiente de estas transformaciones. Un nuevo proyecto de país que necesita ser construido con todas las fuerzas populares, orientado a atender los intereses y necesidades del pueblo brasileño. Buscamos así, con la lucha por la reforma agraria popular, acumular fuerzas, obtener conquistas para los campesinos y derrotas para las oligarquías rurales, organizar y politizar nuestra base social, ampliar y consolidar el apoyo de la sociedad a nuestra lucha. Es de esta forma que vamos a construir nuestra participación en las luchas de toda la clase trabajadora para construir un proceso revolucionario, que organice la sociedad y un nuevo modo de producción, bajo los ideales del socialismo. 
 
45. Nuestro proyecto se insiere en la lucha de la clase trabajadora por la construcción de relaciones sociales de producción que eliminen la explotación, la concentración de la propiedad privada, la injusticia y las desigualdades. Nuestro horizonte es, pues, el de la superación del modo de producción capitalista. Los objetivos de creación del MST continúan valiendo y son cimientos de la reforma agraria Popular. El concepto “popular” busca identificar la ruptura con la idea de una reforma agraria clásica realizada en los limites del desarrollo capitalista e indica el desafío de nuevos niveles de fuerzas productivas y de relaciones sociales de producción, necesarias para otro padrón de uso y de pose de la tierra. Se trata de una lucha y de una construcción que están siendo llevadas a cabo desde ya, como resistencia al avance del modelo de agricultura capitalista y como forma de reinserir la reforma agraria en la agenda de lucha de los trabajadores. 
 
46. La reforma agraria integra relaciones amplias entre el ser humano y la naturaleza, que envuelve diferentes procesos que representan la re-apropiación social de la naturaleza, como negación de la apropiación privada de la naturaleza realizada  por los capitalistas. Implica un nuevo modelo de producción y desarrollo tecnológico que se fundamente en una relación de co-producción entre el hombre y la naturaleza, en la diversificación productiva capaz de robustecer y promover la biodiversidad y en una nueva comprensión política de convivencia y aprovechamiento social de la naturaleza. 
 
47. Los campesinos, trabajadores del campo y pueblos tradicionales (indígenas, extractivistas, quilombolas) han sido protagonistas de prácticas de un modo de hacer agricultura que representa un contrapunto a la agricultura capitalista y se constituye en la resistencia y en las luchas de enfrentamiento directo al capital. Por lo tanto, puede protagonizar un nuevo modelo de producción agrícola bajo el control de los trabajadores y dirigido a proporcionar necesidades y derechos de todo un pueblo. 
 
48. La construcción de la Reforma Agraria Popular solo puede ser conquistada por un amplio abanico de fuerzas populares representadas por el conjunto de los trabajadores del campo y de la ciudad. También asume una perspectiva necesariamente internacionalista porque la lucha de los trabajadores contra el orden del capital es internacional en la actual fase de hegemonía del capital financiero y de las empresas transnacionales que actúan en todo el mundo. El modelo de agricultura popular y campesina ha sido también l a construcción a partir de las experiencias de los trabajadores de muchos países, culturas, organizaciones y luchas. 49. Esta nueva naturaleza de lucha por la reforma agraria, coloca nuevos desafíos, como: a) la reforma agraria popular debe resolver los problemas concretos de toda población que vive en el campo; b) la reforma agraria tiene como base la democratización de la tierra, pero busca producir alimentos saludables para toda la población; objetivo que el modelo del capital no consigue alcanzar; c) El cúmulo de fuerzas para este tipo de reforma agraria depende ahora de una alianza consolidada de los campesinos con todos los trabajadores urbanos. Los sin tierra solos no conseguirán la reforma agraria popular. d) Ella representa un cúmulo de fuerzas para los campesinos y toda clase trabajadora en la construcción de una nueva sociedad.
 
III. Fundamentos de nuestro programa de Reforma Agraria popular.
Nuestro programa agrario busca cambios estructurales en la forma de usar los bienes de la naturaleza, que pertenecen a toda la sociedad, en la organización de la producción y en las relaciones sociales en el campo. Queremos contribuir de manera permanente en la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna. Para ello, proponemos los siguientes objetivos: 
1. Tierra
La tierra y todos los bienes de la naturaleza, en nuestro territorio nacional, deben estar bajo control social y destinados al beneficio de todo el pueblo brasileño y de las generaciones futuras. Por eso, debemos luchar para: a) Democratizar el acceso a la tierra, a las aguas, a la biodiversidad (bosques, fauna y flora), recursos mineros y fuentes de energía. b) Impedir la concentración de la propiedad privada. c) Establecer el tamaño máximo de propiedad de la tierra. d) Eliminar el latifundio. e) Garantizar la función social del uso, posesión y propiedad de la tierra. f) Asegurar la devolución para el pueblo de todas las tierras, territorios, recursos minerales y biodiversidad de los que se han apropiado empresas extranjeras. g) Demarcar y respetar todas las áreas de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas, ribeirinhas, extractivistas, de pescadores artesanales y tradicionales. 

2. Bienes de la naturaleza
El agua y los bosques autóctonos son bienes de la naturaleza que deben ser tratados como un derecho de todos los trabajadores. 

No pueden tratarse como mercancías ni ser objeto de apropiación privada. a) Asegurar y preservar las aguas y bosques como un bien público, accesible a todos/as.  b) Combatir la tala ilegal y el comercio clandestino de las madereras.  c) Reforestar las áreas degradadas con gran diversidad de árboles autóctonos y frutales, asegurando la conservación ambiental. 
 
3. Semillas
Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y no puede existir sobre ellas la propiedad privada ni ningún tipo de control económico: a) Conservar, multiplicar y socializar las semillas criollas, sean tradicionales o mejoradas, de acuerdo con la biodiversidad de nuestros biomas regionales, para que todo el campesinado pueda usarlas. b) Defender la soberanía nacional sobre producción y multiplicación de todas las semillas y plantones. 
 
4. Producción
Toda producción será desarrollada con el control de los trabajadores sobre el resultado de su trabajo. Las relaciones sociales de producción deben abolir la explotación, la opresión y la alienación. a) Asegurar que la prioridad sea la producción de alimentos saludables, en condiciones ambientalmente sostenibles, para todo el pueblo brasileño y para las necesidades de otros pueblos. b) Considerar que los alimentos son un derecho humano, de toda la ciudadanía y no pueden estar sometidos a la lógica del lucro. c) Utilizar técnicas agroecológicas, aboliendo el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas. d) Usar máquinas agrícolas apropiadas y adaptadas a cada contexto socioambiental, velando por el aumento de la productividad de las tierras agrícolas, del trabajo y de la renta, en equilibrio con la naturaleza. e) Promover las diversas formas de cooperación agrícola, para desarrollar las fuerzas productivas y las relaciones sociales. f) Instalar agroindustrias en el campo bajo control de los agricultores y demás trabajadores, generando múltiples alternativas de trabajo y renta, en especial para la juventud y las mujeres. 
 
5. Energía
a) Debemos construir la manera en que se desarrolle la soberanía popular sobre la energía en cada comunidad y en todos los municipios brasileños. b) Desarrollar de manera cooperativizada la producción de energía a nivel local, con diferentes fuentes de recursos renovables para atender las necesidades del pueblo brasileño. 

6. Educación y cultura 
El conocimiento debe ser un proceso de concienciación, liberación y de permanente elevación cultural de todos y todas las que viven en el campo. a) Garantizar a la población que vive en el campo, el acceso a los bienes culturales y el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a todos los niveles. b) Incentivar, promover y difundir la identidad cultural y social de la población campesina. c) Asegurar el acceso, la producción y el control de los más diferentes medios de comunicación social en el campo. d) Desarrollar la formación técnico-científica y política, de forma permanente, para todos los que viven en el campo. e) Combatir, permanentemente, todas las formas de prejuicio social para que no se produzca discriminación por género, edad, etnia, religión, orientación sexual, etc. 

7. Derechos Sociales 
a) Los trabajadores/as rurales bajo régimen de asalariados deben contar con todos los derechos sociales, seguridad social y derechos laborales garantizados y equivalentes a los de los trabajadores urbanos; y las relaciones de trabajo deben ser construidas sobre la base de la cooperación, gestión social y de combate a la alienación. b) Asegurar que la remuneración sea proporcional a la renta y riqueza generada. c) Garantizar condiciones dignas y jornadas adecuadas de trabajo.  d) Combatir de forma permanente e intransigente el trabajo aná- logo a la esclavitud, expropiando a todas las haciendas y empresas que hacen uso de dicha práctica. e) Combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y niños/as, penalizando de manera ejemplar a los que la ejerzan. 

8. Condiciones de vida para todos y todas 
El campo debe constituirse en un lugar de buen vivir. Donde las personas tengan derechos, oportunidades y condiciones de vida dignas.
CRI - Cartilha Programa agrário del MST  29/12/2013

Fuente: http://alainet.org/active/70899
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