lunes, 30 de julio de 2012

El modelo se despliega contra los pueblos de nuestro país y Nuestra América


Justo cuando otra sociedad y otro continente-mundo 
son posibles
El modelo es esencialmente extractivo. Vacía a nuestro país-continente de recursos naturales o de cuanto es valioso para la producción y el desarrollo del capitalismo imperialista y subimperialista. De modo que el sistema mundializado progresa a costa de aniquilar el potencial de buen vivir y trabajo de los pueblos sometidos a su saqueo. Antes que nada consume volúmenes descomunales de agua dulce mediante los monocultivos, las plantas de crushing en la ribera del Paraná a la altura de Rosario-San Lorenzo y la superexplotación minera e hidrocarburíferas. Se la quita a la vida de todos los seres cuyo componente fundamental es el agua. La sustrae a las poblaciones de zonas semiáridas y las desposee no sólo de tan elemental derecho sino de poder seguir adelante con sus actividades agropecuarias y turísticas.

A tamaño consumo oligopólico del agua dulce y de su transferencia gigantesca en forma de “agua virtual” hacia los países importadores de productos agrícolas se suma la destrucción de los ríos, las costas y los humedales por la IIRSA y por los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios. Aún más todo el país-continente se ve amenazado en su habitabilidad por la megaminería transnacional pues ataca al sistema de glaciares-periglaciares y al de la cordillera, con lo cual se afecta gravemente las fuentes de alimentación de las cuencas hidrográficas, las reservas hídricas y la crisis climática. Se trata de un exterminio futuro que ya se anuncia como genocidios silenciosos a causa de la criminalidad de lesa humanidad de contaminar sólo para el lucro a corto plazo del poder económico e imperialista y de expulsar a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios y a las pequeñas, medianas localidades de sus territorios.

Es una desertificación que deriva de la ocupación imperialista de todo el país-continente para hacerlo funcionar en acuerdo con las necesidades y los intereses de los oligopolios globalizados. Esta ocupación comienza, en Argentina, a planificarse e instaurarse mediante la dictadura militarizada de la alianza entre las elites locales y los poderes del capitalismo central. Prosigue con el apoderamiento transnacional del Estado y sus empresas estratégicas que el Consenso de Washington programó. Su implementación liderada por el Partido Justicialista y la colaboración de la Unión Cívica Radical, preparó la viabilidad de la actual acumulación gran capitalista por desposesión de vida, territorio y dignidad a los pueblos. Dentro de los efectos principales del neoliberalismo están también: el empobrecimiento del país y su población, el desempleo masivo, el colapso de economías extrapampeanas, el alto porcentaje de trabajo despojado de derechos laborales y la descentralización del Estado que lo neofeudalizó.


Hacia relaciones sociales de superación del capitalismo
Una herramienta eficaz de concentración y centralización capitalista es el supermercadismo porque subsume al país entero en la recolonización y en el deslizamiento hacia una situación de hambre parecida a la de Haití sin que la mayoría de la población se percate debido a estar cautivada por la modernidad consumista. ¿Cómo convocarla a participar en los cambios que emancipen del crecimiento en desigualdad, desamparo y subordinación?

Frente a la sojización y el supermercadismo de Argentina cabe organizar y luchar por la «soberanía alimentaria» como propone Vía Campesina. El proyecto de la «soberanía alimentaria» procura establecer relaciones tendientes a la reciprocidad entre los distintos de abajo, de los ámbitos urbanos con los rurales y de la sociedad con la naturaleza. Construye esta unidad popular en diversidad y en armonía con la Madre Tierra conforme expande la deliberación y toma de decisiones sobre qué y cómo producir y distribuir para el acceso de una creciente mayoría a alimentos nutritivos, acordes con las culturas e higiene y adecuados a las necesidades de toda la población. Sin embargo, ese involucramiento colectivo surge y se sustancia en las luchas sociales. Porque parte de la afirmación de sujetos colectivos en sus derechos. Basta ver cómo minorías componentes de la mayoría se organizan para sus luchas por ejercer derechos y lo hacen según nuevos vínculos que anticipan las posibilidades de otra sociedad, otro país y otro mundo emancipados del poder económico e imperialista. Lo primordial es que convergen desde múltiples caminos de autoorganización horizontal, pluralista e intercultural en el compromiso de desquiciar al sistema capitalista sólo centrado en el apoderamiento de riquezas y poder por una minúscula minoría de la humanidad.

La sojización, el supermercadismo, la sustitución de pueblos y actividades productivas por monocultivos de pinos o eucaliptos, las industrias sucias como las pasteras, la megaminería, el reemplazo de la producción alimentaria por monocultivos de agrocombustibles y la superexplotación pesquera e hidrocarburíferas son expresiones de la desterritorialización y reterritorialización que realiza la ocupación imperialista del país-continente. Antepone su mercado global a la vida de los pueblos con impunidad y de manera ‘democrática’ por la participación de las elites locales como socios menores. Gobiernos y Estados (en sus distintos niveles) intervienen activamente para legalizar y conseguir la licencia social al sistema de saqueo y devastación que profundiza la dependencia de Argentina de las potencias imperialistas. También criminalizan tanto a los que el capitalismo desposee de todo como a quienes resisten a la prioridad del extractivismo sobre el presente y futuro buen vivir de los de abajo.  

Sin embargo, en toda la Argentina, tiene lugar la disputa por territorios que significa la confrontación popular con la lógica capitalista de privatización y mercantilización de la naturaleza o de los bienes comunes. De modo que ya está en potencia el desafío de que todos los de abajo se identifiquen con crear e impulsar la reforma agraria integral que exigen organizaciones campesinas e indígenas. Significa la recuperación y/o reconstitución de los territorios por los pueblos con voluntad de transformarlos según las autonomías e identidades de cada cual y conforme al hermanamiento entre ellos. En esa senda marcha el Espacio Intercuencas desde mediados de 2007 que, bajo el lema “Bs.As. Se Abraza por la Vida”, une “esfuerzos por cuencas hídricas limpias, libres de contaminación y por la recomposición y ordenamiento socioambiental del territorio”1 perteneciente a la zona metropolitana (1. www.espaciointercuencas.org).

Hacia un régimen de propiedad acorde con la soberanía popular y los derechos de la Naturaleza
A lo largo y ancho de Argentina hay luchas en defensa del agua, la vida y los territorios. En esa resistencia al modelo de producción y desarrollo capitalista se hallan las Asambleas Ciudadanas (UAC), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueblos originarios, militancias de izquierda partidaria e independiente y otras importantes agrupaciones están también en esa lucha. Coinciden todos en multiplicar diálogos mirando a enfoques integrales de porqué ¡NO! al progreso capitalista y de cómo es posible el buen vivir abajo. Aprecian los saberes e historias que han sido menospreciados y silenciados. Saberes que provienen de pueblos de otros continentes y de Nuestra América. Saberes que tienen los de abajo sobre su cotidianeidad social y los campesinos e indígenas sobre los ecosistemas locales. 


También están los saberes de estudiantes y profesores universitarios e incluso Facultades que participan en la descolonización científica y tecnológica. Porque no sólo se esmeran en concretar la transdisciplinariedad de todas las ciencias en vez de su fragmentación capitalista y toman partido por el buen vivir de los de abajo. Sino, sobre todo, se incorporan al sujeto colectivo de las resistencias a la expropiación y ocupación destructiva de los «territorios»  que son la vida, la cultura y la historia en común de los pueblos que los crearon en interacción con la naturaleza propia del lugar. Participan en pie de igualdad de la elaboración conjunta de conocimientos e iniciativas comunicacionales como herramientas de lucha. 
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El «territorio» es multidimensional, resulta de gran variedad de relaciones y prácticas de ahí que su defensa para ser efectiva debe articular las distintas luchas contra otras consecuencias del modelo o del capitalismo e imperialismo: las condiciones precarias de vida y trabajo de los desalojados de sus tierras, en especial, por el sistema global de agronegocios; los autoritarismos provinciales; los nexos del modelo extractivo con las redes internacionales de prostitución y trata de personas así como con el narcotráfico y el Estado represor cada vez más militarizado y terrorista. Pero esta unidad con voluntad de afirmar los derechos de todos los de abajo requiere la autoorganización popular para otro paradigma de desarrollo.

El otro paradigma de desarrollo arranca de la defensa de un lugar (Ej. la lucha de asambleas contra la privatización de la reserva natural y ribera del Río de la Plata desde Villa Domínico hasta Quilmes) y de los territorios por pueblos cordilleranos, comunidades campesinas y pueblos originarios. Esta disputa con los sectores dominantes se da por poseer otras perspectivas económicas, ecológicas y culturales que las capitalistas. Resistencia basada en la diferencia y confrontación que infunde el imperativo de constituirse sujetos colectivos de las transformaciones emancipadoras. En el campo intelectual, al mismo tiempo, surgen espacios comunes de reflexión y análisis de los conflictos socioambientales que conforman a la ecología política como método de discusión trans e interdisciplinaria sobre los modos de apropiación, usufructo y control de la naturaleza. En el presente su objetivo principal es facilitar las articulaciones complejas y contradictorias entre los diversos de abajo (de lo local, provincial, nacional, continental e internacional) al analizar desde qué prácticas y representaciones participan en la constitución de esos territorios de distinta extensión y comprensión.

Por el contrario, el capitalismo usa los avances científico-técnicos para el crecimiento en la concentración y centralización de la economía planetaria. Mediante la biotecnología al servicio de las transnacionales, no requiere de la propiedad sobre las tierras para imponer su sistema global de agronegocios que liquida la fertilidad de los suelos, uniformiza las ecorregiones y conduce a la desaparición forzada de campesinos e indígenas. También la modernidad de las transnacionales mineras, petroleras, pesqueras e infraestructurales arrasan con las condiciones de vida y trabajo de los pueblos.

En medio de la crisis estructural y civilizatoria del capitalismo mundializado, el gobierno de Cristina Fernández utiliza a Tecnópolis para que las mayorías confíen en el futuro de la gran escala de producción, de las megalópolis y de la artificialización de la naturaleza. Es una versión actualizada de la creencia inducida por el menemismo de nuestro ingreso al llamado Primer Mundo mediante las privatizaciones y de los beneficios a recibir por parte de las transnacionales y los grupos económicos locales. Lo cierto es que se apoderaron de esos bienes comunes sociales de modo fraudulento al recibirlos bajo la justificación de ser parte del pago de deuda externa pública o mejor dicho de la estafa impuesta a los diversos de debajo de Argentina con terrorismo de estado. Hoy se la sigue privilegiando en nombre del desendeudamiento, falso por mantenerse el incesante aumento de ese sistema de supernegocios de la economía capitalista de casino a costa del desmantelamiento total del Estado social o de desatender a las necesidades básicas de todos los pueblos de Argentina.

Hacia la centralidad del campesinado y los pueblos originarios para salir del extractivismo
Es fundamental recomponer los equilibrios ecológicos en su unidad dinámica o sea la heterogeneidad de las ecorregiones de Argentina. Se trata de reconstruir las biodiversidades naturales y agropecuarias a partir de estudios de prospectivas ecológicas con raíces en el saber empírico de campesinos e indígenas sobre los ecosistemas locales. Además es imprescindible la descolonización de las instituciones científico-tecnológicas para el desafío de reconstituir la articulación de las cuencas hidrográficas y enfocar el poblamiento de Argentina que erradique la catástrofe socioambiental que son las megalópolis o la distribución demográfica tan fundada en el desalojo-exclusión de campesinos, indígenas y productores medianos y pequeños. Significa poner fin a los enclaves de exportación que exige reorganizar las economías regionales desde los nuevos autores sociales, la red ferroviaria, la escala humana de la producción y la generación de energía, las industrias mirando por necesidades e intereses populares, etc.

Que sea crucial identificarnos con la lucha de las organizaciones campesinas y las indígenas obedece, sobre todo, a que nos convocan a poner en práctica la «soberanía alimentaria» y el «buen vivir» respectivamente. Son paradigmas de desarrollo a protagonizar creativamente por los distintos pueblos adueñados de sus autonomías y del hermanamiento entre ellos. Nos desafían a la autoorganización de una convivencia multidimensional en torno a la dignidad de vida y trabajo de todos los de abajo. Es aprender a  apreciar la gran variedad de semillas como calidad alimentaria, fuente de armonía con los derechos de la Naturaleza y patrimonio cultural de milenios.

Aún más, las organizaciones campesinas y las indígenas tienen un papel central en reconstituir el suelo y el agua como soportes de la vida y de las actividades humanas fundamentales. Al respecto indaguemos porqué es cierta la consigna: “la agricultura campesina enfría el planeta”. A diferencia de la agricultura industrial o sin agricultores que depende del petróleo: 
-Por un lado, prioriza los mercados locales (sin intermediarios monopólicos) sobre el comercio internacional que exige transporte a larga distancia, industrias de procesamiento-empaque-refrigeración y supermercados. 
-Por otro lado, diversifica cultivos de pequeña escala e integra la producción vegetal con la animal, de esta manera tiende a aproximarse a la estabilidad de la naturaleza consiguiendo así reducir plagas y enfermedades que, a la vez, controla gracias a aprovechar relaciones ecológicas (no soluciona en forma química o de agrotóxicos). 


Asimismo cuida los suelos en su carácter de ecosistemas vivos y dinámicos cuya fertilidad depende de la descomposición de materia orgánica que realizan millones de microorganismos y otros seres vivos. Esa descomposición genera los nutrientes que absorben las plantas para su fotosíntesis. Pero la materia orgánica del suelo no sólo asegura la fertilidad y la estructura productiva del suelo con retención enorme de agua que libera gradualmente en ríos, lagos y alrededor de las raíces de las plantas. También si los agricultores del mundo se dedicaran a reconstituir la acumulación de materia orgánica del suelo, destruida por los agronegocios, habría captura de 20% a 35% del CO2 atmosférico en exceso.

GRAIN nos aclara*
“Devolver la materia orgánica al suelo no será posible si continúan las actuales tendencias a concentrar más la tierra y homogenizar el sistema alimentario. Devolverle al suelo más de 7 mil millones de toneladas de materia orgánica cada año, sólo será posible si lo llevan a cabo millones de campesinos y comunidades agrícolas. Se requieren reformas agrarias radicales. Que los pequeños agricultores –la gran mayoría del mundo- tengan acceso a la tierra necesaria para hacer posible económica y biológicamente las rotaciones de cultivos, los barbechos cubiertos y la formación de pastizales. Hay que desmantelar las actuales políticas anti-campesinas, que devoran fincas y comunidades agrícolas, que corren a la gente de sus tierras, que cuentan con leyes que fomentan la monopolización y privatización de las semillas y que con regulaciones y criterios protegen a las corporaciones pero aniquilan los sistemas alimentarios tradicionales (...)".
*“Cuidar el suelo” en Compendio especial sobre Crisis Climática de Biodiversidad, sustento y culturas. http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Crisis_climatica._Falsos_remedios_y_soluciones_verdaderas


viernes, 13 de julio de 2012

Otra comunicación está entre los silenciados, ninguneados e invisibilizados, por ejemplo, las mujeres campesinas e indígenas


Córdoba se Mueve - En la Construcción de un Movimiento Político se refiere, en “Monsanto para todos y todas”, al discurso pronunciado por la Presidenta en el Council de las Américas sobre su orgullo de que Monsanto se expanda en Argentina. “Mientras el gobierno nacional, con la total complicidad de los gobiernos locales, festeja los anuncios por una inversión de 1500 millones de pesos por parte de la empresa líder en agronegocios, en Córdoba, en el marco del primer juicio por fumigaciones con agrotóxicos, las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo denuncian cómo se empeña el futuro de nuestros y nuestras hijas con el ejemplo lamentable de 200 casos de cáncer, vecinxs enfermxs, la mayoría con leucemia, lupus, púrpura, infecciones en la piel, alergias y asma. Claro está, enfermedades que poco importan al capital nacional o extranjero si de ganancias se trata. (…)

La lucha contra esta multinacional se extiende a lo largo y ancho del mundo (India, Sudáfrica, Malí, EEUU, Guatemala, Brasil, Perú, Haití, Francia, España, Alemania, etc.). Sin embargo, haciendo oídos sordos, la continuidad y profundización del agronegocio –como el de la megaminería- intenta disfrazarse de progreso desde el discurso oficial. Hablan de la buenaventura del desarrollo tecnológico, de la investigación, del ingreso de dólares y de los puestos de trabajo. Pero en la práctica, no es más que el devenir de un modelo agroexportador que comenzó a consolidarse hace 16 años cuando el gobierno de Menem autorizó la siembra de soja transgénica con uso de agrotóxicos.

El anuncio de las inversiones se presenta en “sintonía fina” con los 7 millones de hectáreas que se extendieron desde la asunción de los Kirchner al gobierno, que hoy representan el 56% de la tierra cultivada en argentina. En nuestra provincia, con la sanción de una Ley de Bosques que permite a los empresarios del agro seguir talando el escaso 5% de bosque nativo que queda. Y, por supuesto, con el PEA 20-20 (Plan Estratégico Agroalimentario) que contempla el aumento de la producción transgénica en volumen (58%) y superficie de cultivo (27%); que lógicamente tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país extractivo-exportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables, avanzando a sangre y fuego en la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos (...)”.

El PEA persigue intensificar la agricultura industrial y desprecia a los campesinos y a la soberanía alimentaria. Veamos cuán valioso es aprender de:

Mujeres: gestoras de la  soberanía alimentaria
Por Irene León y Lidia Senra
La alimentación, que es indisociable de la supervivencia humana, ha evolucionado mediante un largo proceso de investigación y creación, históricamente encabezado por las mujeres.  Ellas han experimentado; hibridado semillas; seleccionado lo comestible y lo no comestible; preservado alimentos; inventado y refinado la dietética, la culinaria y sus instrumentos.  A través de esto han generado uno de los más importantes referentes de cada una de las culturas y sociedades.  Y no es poco decir: ellas alimentan al mundo. La visión que hombres y mujeres han ido construyendo de la agricultura no es la misma.  La desigual distribución de poder de gestión y de propiedad de la tierra favorable a los hombres respecto a las mujeres, fruto de las desigualdades de género, no naturales, sino sociales, contribuye a esta visión y posición que adoptan. Las mujeres (en general) han venido considerando la actividad agraria fundamentalmente como fuente de alimentación.  Y de hecho, las campesinas abastecen entre el 60 y el 80% de la producción alimenticia de los países más pobres y alrededor del 50% a nivel mundial. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo hay más de mil 600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras, que representan más de la cuarta parte de la población mundial:  - Las mujeres campesinas son las productoras de los principales cultivos básicos de todo el mundo: arroz, trigo y maíz, que proporcionan hasta el 90% de los alimentos que consume la población empobrecida de las zonas rurales. - En el África Subsahariana, las mujeres producen hasta el 80% de los alimentos básicos para el consumo familiar y la venta, ellas cultivan hasta 120 especies vegetales diferentes en los espacios libres junto a los cultivos comerciales de los hombres. - Las mujeres realizan del 25 al 45% de las faenas agrícolas en Colombia y Perú.  En algunas zonas andinas, las mujeres establecen y mantienen los bancos de semillas de los que depende la producción de alimentos. Los huertos domésticos que las mujeres mantienen  "...son, muchas veces, verdaderos laboratorios experimentales informales, al interior de los cuales ellas transfieren, favorecen y cuidan las especies autóctonas, experimentándolas a fondo y adoptándolas para lograr productos específicos y si es posible variados, que ellas están en capacidad de producir.  Un estudio reciente realizado en Asia ha mostrado que 60 huertos de un mismo pueblo contenían unas 230 especies vegetales diferentes.  La diversidad de cada huerto era de 15 a 60 especies" 1 . Gracias a la acumulación de conocimientos relativos a la práctica agrícola, a la previsión productiva, al procesamiento y distribución, las mujeres, aún en contextos de pobreza extrema, no solo alimentan a la humanidad sino que mantienen patrones de consumo congruentes con el cuidado de la tierra y la colectividad.  Sin embargo, al momento de definir las políticas agrícolas y alimenticias esta es una consideración de último rango, pues en el mundo del rey mercado, ellas apenas mantienen el dominio del 1% de las tierras agrícolas. La FAO registra que menos del 10% de las agricultoras de India, Nepal y Tailandia poseen tierras.  Según este organismo, el análisis de los sistemas de crédito en cinco países africanos reveló que las mujeres recibían menos del 10% del crédito concedido a los pequeños agricultores. 
Es más, desde 1970, el total de mujeres rurales que viven en condiciones de pobreza se ha duplicado, incrementando la "feminización de la pobreza". Las desigualdades de género en el mundo rural se ubican entre las más crudas de las relaciones sociales que afectan a la sociedad y en especial a las mujeres, cuya invisibilidad histórica llevó a que su propia existencia como sujetos tan solo empezara a ser reconocida en el último cuarto del siglo pasado. Hasta ahora, aunque han sido adoptadas significativas políticas en distintas esferas, en la práctica, la discriminación en el mundo campesino y en el de la alimentación se mantiene casi intacta, especialmente porque las mujeres no son consideradas aún ni actoras econó- micas, ni productoras de conocimientos, ni sujetos sociopolíticos integrales. 
Enfoques opuestos 
Para las mujeres campesinas, la propuesta de la soberanía alimentaria es consubstancial a su propia existencia y definición social, pues su universo ha sido históricamente construido, en gran parte, en torno al proceso creativo de la producción alimentaria.  Su reto actual, es hacer que al construir esta propuesta, queden atrás los prejuicios sexistas y que esta nueva visión del mundo incluya a las mujeres, las reivindique, y les permita la opción de ser campesinas en pie de igualdad. No obstante, la ideología patriarcal es la columna vertebral de las tendencias capitalistas que apuntan a la premisa de que hay que producir más, lo que equivale a depredar más, y desarrollar tecnologías, como las resultantes de la biogenética, para maximizar la rentabilidad.  Las lógicas que subyacen en esta visión de la producción para el comercio y la exportación, son diametralmente opuestas a aquellas que nutren las propuestas y prácticas de autosustento, desarrolladas a través de los tiempos por las mujeres; son también la antítesis del concepto de soberanía alimentaria, pues cuando el mercado decide sobre las políticas agrícolas y las prácticas alimentarias que resultan de ellas, los pueblos apenas tienen el papel de consumidores y, en algunos casos, de empleados, no de tomadores de decisiones. Desde hace decenios, las organizaciones campesinas y ecologistas han sustentado y comprobado que la actual producción de alimentos es más que suficiente para alimentar a todas y todos.  Insisten en que hay que cambiar los patrones de producción y consumo de los países ricos y establecer una distribución igualitaria de los bienes alimenticios, destacando, además, la ligazón entre buena alimentación y salud.  Pero las políticas internacionales -basadas en las consecuencias y no en las causas- continúan enfocando problemas y soluciones aisladas. De hecho, todo indica que resolver el problema del hambre y la alimentación a través de los mecanismos mercantiles es imposible.  Al mantener las diferencias estructurales y la mala distribución intactas, nada indica que los ingresos potenciales de las personas consumidoras vayan a mejorar.  Más bien las tendencias apuntan hacia una mayor polarización de las desigualdades. 
Formular una perspectiva de género 
El reto que plantea la Comisión de Mujeres de la Vía Campesina, de formular de una perspectiva de género para la soberanía alimentaria, es muy grande, pues está ineludiblemente asociada a la vindicación de una de las áreas de producción y conocimientos más devaluadas socialmente, e incluso asociada al confinamiento de las mujeres: la producción de alimentos. Desconociendo los siglos de investigación, creación, y producción de conocimientos que ellas han realizado, la división patriarcal del trabajo ha rescindido el valor de estas creaciones, haciendo de ellas un terreno de exclusión.  El reivindicarlas implica una amplia agenda de reparaciones que aluden directa mente a la transformación de las relaciones de desigualdad entre los géneros en todas las esferas.  Por tanto, sus demandas no se restringen a las dinámicas productivas sino que abarcan el conjunto de relaciones sociales inherentes, precisamente, a la soberanía, la autodeterminación y la justicia de género. Las mujeres campesinas consideran que han de estar atentas y muy vigilantes sobre como se implementan las políticas para asegurar la soberanía alimentaria, pues si estas políticas avanzan sin la presencia de las mujeres campesinas en los lugares de toma de decisión, tanto en las organizaciones como en las instituciones, se corre el peligro de que las campesinas sigan estando discriminadas respecto a la soberanía alimentaria.  Ello implica analizar los contenidos y los instrumentos de las políticas que han de desarrollarse, así como profundizar en las alianzas con las organizaciones de mujeres, como por ejemplo con la Marcha Mundial de las Mujeres. Al colocar al centro de sus reivindicaciones el derecho humano a la alimentación, las campesinas abogan por la reorientación de las políticas alimentarias en función de los intereses de los pueblos, lo que apela a la refundación de valores colectivos y la revalorización de cosmovisiones integrales.  Para encaminar este propósito, ellas enfatizan en la reivindicación de la igualdad de género en el conjunto del planeamiento y toma de decisiones relacionadas con el agro y la alimentación.  Ello se expresa, entre otros, en la lucha que llevan por establecer la paridad en todas sus organizaciones, y propiciarla en otras instancias de decisión. 
Irene León, socióloga ecuatoriana, es miembro de ALAI.  Lidia Senra es Secretaria General del Sindicato Campesino Gallego y miembro del Comisión Internacional de la Vía Campesina. Fuente: http://alainet.org/images/alai419w.pdf

El conflicto central de la humanidad entera es con el capitalismo y los pueblos indígenas andinos nos proponen romper con el desarrollismo depredador mediante la puesta en práctica de nuevas relaciones en la sociedad y con la Madre Tierra

Gustavo Nagel, comentarista en micro radiales del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sostiene que la crisis es sólo del capitalismo central y el gobierno CFK ha tomado medidas bien orientadas. Al igual que los dirigentes de Nuevo Encuentro, asegura el porvenir del capitalismo en Argentina, desconociendo que el modelo post convertibilidad maximizó y prosigue el acaparamiento económico-territorial de las transnacionales. Ningunea que el extractivismo, el llamado des-endeudamiento y la participación en el G-20 están contribuyendo con nuestro empobrecimiento y devastación a que los oligopolios imperialistas puedan continuar acumulando riquezas y poder. ¿Por qué?


Las Jornadas de debate sobre megaminería en el NOA nos aclaran que frente al saqueo y destrucción:los "colegios de profesionales, sindicatos, partidos políticos son corresponsables o de optar por los Delitos de Lesa Humanidad y Lesa Naturaleza, o de situarse al lado de las poblaciones y la defensa de sus Derechos Humanos y Ambientales. 


En su posicionamiento hacia Río+20, los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones plantean sus "propuestas, sustentadas en nuestros saberes y prácticas ancestrales del Buen Vivir como alternativas a la crisis climática y a la crisis de civilización que sacuden el planeta; para decir que es indispensable y urgente que Río+20 signifique la ruptura con el capitalismo desarrollista depredador y la adopción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el diálogo y la armonía con la Madre Tierra.

Estamos convencidos de que en el marco del sistema capitalista no es posible hallar soluciones a la crisis climática. Los Estados toman acuerdos en las conferencias internacionales para luego hacer exactamente lo contrario en sus países. Entre su obligación de proteger derechos y salvaguardar la vida y servir a los intereses de las corporaciones multinacionales, optan por lo segundo. (...)

Los pueblos indígenas andinos proponemos:
Pilar cultural: Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. No como folclor sino como el reconocimiento de una propuesta civilizadora emancipadora. La diversidad natural y la diversidad cultural están ligadas y deben ser igualmente protegidas. Demandamos a los Estados políticas públicas interculturales en salud, educación, justicia y todos los campos de la actividad humana.
Estándares de derechos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de los organismos internacionales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica deben ser incorporados como estándares de derechos para la implementación del desarrollo sostenible. El consentimiento previo, libre e informado debe ser el estándar aplicable en todo lo que afecte a los pueblos indígenas.
Derechos de la Madre Tierra: La adopción por las Naciones de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Esto debe ser vinculado a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática que sancione las violaciones a los Derechos de la Madre Tierra por parte de los Estados y las corporaciones multinacionales, que deben reconocer y pagar su deuda histórica con los pueblos y con la naturaleza.
Participación plena: Garantizar la participación plena y efectiva de todas las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas la de los pueblos indígenas, en todos los espacios (nacionales, regionales y globales) de debate de planes, programas y proyectos relacionados con el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía. Implementación del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, con sus propios espacios y herramientas y la concesión de espacios radiofónicos, televisivos y en todos los medios de comunicación.
Agua, biodiversidad y minería: Reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, páramos, zonas de alta biodiversidad. Medidas efectivas para la conservación de estas zonas, declarando su intangibilidad para las actividades extractivas y entregándolos en custodia a los pueblos indígenas, que hemos sabido cuidarlos durante miles de años. Moratoria y regulación real a las actividades mineras en territorios indígenas, por ser fuente de enormes impactos.
Conocimientos tradicionales: Efectivo reconocimiento y real protección de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y sus sitios sagrados. Estos saberes deben contar con salvaguardas y no pueden ser violentados por ningún acuerdo normativo de protección de la propiedad intelectual a favor de empresas privadas. Incorporación de los conocimientos ancestrales en el sistema educativo.
Diversidad de economías: Reconocimiento de los diversos modelos económicos, locales y comunales y no de una sola economía verde. Orientar las economías hacia la satisfacción de las necesidades de todos y todas, no hacia el híper-consumismo, la acumulación individual y el enriquecimiento ilimitado de las corporaciones multinacionales. Frente a la competencia, planteamos la reciprocidad y la complementariedad.
Mujeres indígenas: Incorporar la visión y participación de las mujeres indígenas en todos los espacios de discusión sobre pueblos indígenas. Reconocer a las mujeres indígenas como dadoras de vida y transmisoras de los conocimientos ancestrales, así como ejes fundamentales para el mantenimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y del mundo. Hacer explícitos los efectos del cambio climático para las mujeres indígenas y acordar medidas para afrontar estos problemas. Garantizar a las mujeres indígenas el derecho al acceso a los territorios para asegurar la supervivencia de los pueblos. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador - ECUARUNARI
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ
 

jueves, 12 de julio de 2012

Otro país-mundo emancipado será obra de los pueblos unidos por reconocimiento mutuo de sus distintos derechos e identidades y por voluntad de decidir sobre el destino común

Si escrutamos qué país está dejando el modelo K, comprobamos que consolida la descentralización del Estado hecha en los '90 según programa del Banco Mundial para alcanzar la transnacionalización del actual poder económico de Argentina. La profundiza mediante, por ejemplo, la Ley corta de Hidrocarburos o Ley de Emiratos y mediante la expansión de agronegocios del global sistema agroalimentario y agroindustrial que va expulsando pueblos enteros y forzando a desaparecer a los campesinos e indígenas. 


Ese avance arrasador del extractivismo destruye comunidades de vida, trabajo, cultura e historia y les impone disgregarse, desarraigarse, dejar de hacer lo que saben y hacinarse en asentamientos precarios en las ciudades grandes donde los hijos sufrirán los abusos policiales que hasta los asesina. Pero hay resistencia a ser desalojados y desposeídos, entonces se los criminaliza y mata.


Los diversos de abajo necesitamos tomar conciencia de que esta desertificación (consistente en la tierra arrasada para y por los monocultivos de exportación) se complementa con las zonas de sacrificio que así son designadas por el Estado descentralizado para justificar la entrega de esos territorios a las transnacionales mineras y petroleras. Como OPSur dice:" Zonas de sacrificio que son territorios que albergan pueblos, culturas, ecosistemas: diferentes formas de vida. Al aceptar la creación de zonas de sacrificio como un hecho irreversible. (.) Se evita la reflexión sobre quiénes habitan esas zonas de sacrificio y qué derechos tienen; por acción u omisión se valida la existencia de ciudadanos de segunda.

Desde el momento que se aceptan las zonas de sacrificio, se recrea el “desierto”: todo lo existente en ese lugar virtualmente desaparece, se crean una nueva geografía y un nuevo sentido del territorio con un único objetivo: extraer la energía almacenada en las entrañas de la Tierra". 

Veamos porqué la ocupación de esas vastas extensiones hipoteca el futuro de todos y no sólo ejerce violencia sobre los actuales afectados.


Las Jornadas de debate sobre megaminería en el NOA nos interpela para situarnos en que el modelo implica "Delitos de Lesa Humanidad porque: 1) se violan Derechos Humanos Fundamentales a amplios sectores de población; 2) estas violaciones se efectúan en forma sistemática y de acuerdo a un plan preestablecido, como la larga preparación del saqueo minero y agroexportador; 3) los estados provinciales (por ejemplo, la Organización Federal de Estados Mineros -OFEMI ) y el Estado  Nacional tienen participación necesaria, continua y directa en este plan sistemático, dejando indefensa a toda la población". 

Nos convoca a ser posible la Segunda Emancipación Nacional y Continental a partir de que toda la población tome conciencia de que está ocurriendo.

"El pueblo de Famatina muestra, mediante el compromiso de coraje cotidiano, digno de nuestra historia, que esta Segunda Independencia no sólo es posible, sino que va siendo cada día más real. También lo muestran Chilecito, la ciudad de La Rioja y, en Catamarca, Andalgalá, Tinogasta, Santa María, etc. además de otros pueblos tucumanos, salteños y jujeños, y a lo largo de toda la zona cordillerana y precordillerana argentina, siempre unidos en la lucha contra la megaminería.

Otros frentes independentistas en esta misma epopeya tienen lugar mediante la lucha contra la agricultura industrial con uso de agroquímicos, que afecta gravemente al agua y a la salud de la población, que erradica campesinos y pueblos originarios en todo el país, con la violencia acompasada de grandes propietarios y de los estados provinciales y nacional". Se afirman en el derecho a decidir sobre el destino común. Por eso, las Jornadas de debate sobre megaminería en el NOA plantean: "Difundir en todos los ámbitos y en forma permanente tanto los Derechos Humanos, los Derechos Culturales de los pueblos y sus Derechos a las Culturas del Agua y a las Culturas de la Tierra, que le son propios, imprescriptibles e irrestrictos".

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La construcción de un país-continente emancipado arraiga también en la profunda autoconciencia colectiva que expresa el Comunicado público de Pueblos indígenas en alerta por afectación de derechos territoriales en reforma de Código Civil (07-05-2012)

Por OPSur 

La Presidenta Cristina Kirchner presentó en marzo ante el Congreso de la Nación una propuesta para modificar el Código Civil Argentino. El título V de ese Código reglamenta cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas y sus derechos reconocidos.
Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los Pueblos Indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas.

Estas son algunas de las razones:
- Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo INAI.
- Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo Código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.
- Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.
- Persona Jurídica de derecho privado: el artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas.
- Pueblos, no Comunidades: la propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDÍGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:”…reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas…” a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental de nuestro desarrollo como Pueblos Preexistentes.
- Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: “…está sujeto a previa información y consulta a las comunidades…” es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses. Este avance conseguido en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de “información y consulta”.
En este caso lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. Creemos que no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios.

Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles. La Propiedad Comunitaria no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una Ley Especial, como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional Indígena, en el marco de los festejos del Bicentenario, luego de la histórica Marcha a Plaza de mayo que reunió a casi 30.000 hermanos de todo el país.
Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!!
Elias Maripan – REGION SUR
Paz Argentina Quiroga – REGION CUYO
David Sarapura – REGION NORTE
Nilo Cayuqueo – REGION Pcia de BsAs
Nestor Juan Angel – REGION CHACO
Jorge Nahuel – Confederación Mapuche (Neuquén)
Luis Alberto Angel – UNIS Unidad Norte Indígena en Salta (Salta)
Horacio Osores – Organización Warpe Waro (Mendoza)
Jorge Mamani – CPI Kolla de la Puna de Jujuy (Jujuy)
Alejandra Castro – CPI Kolla de la Puna de Jujuy
Lorenzo Canaviri – Organización Kolla Qollamarka (Salta)
Eduardo Nievas – Comunidad Indigena Amaicha del Valle (Tucuman)
Catri Duarte – Mburuvicha de Tekoa Ka`aguy Miri rupa (Misiones)
Ignacio Prafil – Lofce Fvta Anekon (Rio Negro)
Juan Ramos – Consejo de la Nación Guarani (Misiones)
Felix Diaz – Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (Formosa)