domingo, 22 de abril de 2018

Comprobemos qué Estado restablecieron los gobiernos K y los otros gobiernos progresistas.


   El de entierro de las «luchas desde abajo» que les dieron origen. Mediante cooptación e incorporación de dirigentes de las mismas a la gobernabilidad del sistema expoliador. En simultáneo perfeccionaron el represor e incluso terrorista de amplio espectro pero convergente en la confrontación con lo comunitario-popular.

Analicemos este proceso en 12 años del gobierno de un partido de izquierda -el MAS- a diferencia del Partido Justicialista vertebrando más de una década del K. Sin embargo, ambos gobiernos neodesarrollistas procedieron de forma similar.

Las dificultades para la producción de sentidos rebeldes en los tiempos del MAS

Bolivia y la necesidad de
una agenda política desde abajo
16 de abril de 2018
 
Por Huascar Salazar Lohman (Rebelión)
A 18 años de la Guerra del Agua –aquel momento histórico que inauguró los tiempos de la Bolivia Rebelde, de las grandes movilizaciones populares que cimbraron el orden neoliberal–, y después de 12 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) –en los que se restituyó un nuevo orden dominante–, en Bolivia nos está costando rearticular luchas fértiles y actualizar perspectivas útiles que nos permitan ver más allá del tan limitado, pobre y sórdido campo político en el que se contrapone el gobierno y las élites racistas de este país.
Como ya es una constatación, el flamante Estado Plurinacional restauró el rol que asume como mediador del capital, continuador –ahora con el camino mucho más libre– de un agresivo modelo económico primario exportador. Para lo cual re-articuló a viejas y nuevas clases dominantes en torno suyo –incluido lo más rancio: la oligarquía terrateniente-agroindustrial del oriente–. Sin embargo, a diferencia del neoliberalismo, este gobierno logró dicho cometido al asumir tendencialmente una función parasitaria, que se fue nutriendo de la fuerza, discurso, experiencia y capacidad política de las luchas que las organizaciones sociales –urbanas y rurales– construyeron durante años en la búsqueda de sus propios y múltiples horizontes de transformación; y lo hizo reactualizando formas brutales de misoginia, represión y tutela.
Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Bolivia se sumergió en un momento particularmente complejo. El 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlado por el oficialismo, habilitó a Evo Morales para una tercera reelección –por medio de un artificioso recurso jurídico que argumenta que la Constitución Política del Estado violenta los derechos políticos del presidente al no permitir que vuelva a presentarse a una nueva elección presidencial–, desconociendo con ello los resultados del Referendo vinculante del 21 de febrero de 2016 –promovido por el mismo gobierno– en el que ganó la opción del No a la modificación de la carta magna para permitir dicha re-elección. Unos días después, el 3 de diciembre, la indignación frente a dicha habilitación se expresó en las elecciones judiciales, imponiéndose a nivel nacional el voto nulo y blanco frente al voto válido, con porcentajes superiores al 60%.
En este contexto también se objetó la promulgación del nuevo Código Penal impulsado por el ejecutivo. Diversos sectores consideraron esta normativa como atentatoria a algunos intereses civiles y gremiales, desde la tipificación de nuevos crímenes –por ejemplo, en la práctica de algunas profesiones como la medicina o el derecho–, hasta la posibilidad de un ejercicio discrecional –no mediado por la justicia– de los aparatos represivos del Estado en ciertos casos que previamente debían pasar por filtros jurídicos; pasando por el incremento promedio de las penas para la sociedad civil y disminuyendo las condenas para los crímenes cometidos por funcionarios públicos, además de una clara intención de criminalizar la protesta social. Y si bien también era posible encontrar artículos considerados “progresistas” respecto al Código Penal precedente –como los relacionados con la despenalización parcial del aborto–, lo cierto es que frente a la tendencia cada vez más autoritaria del gobierno y al desconocimiento por parte de éste de la CPE, el cuestionamiento al código penal pasó de un debate técnico a una impugnación política en la que ya no importó tanto el contenido mismo del código sino la indignación de la sociedad civil que se expresó en la consigna: “abrogación completa del código penal”, lo que finalmente sucedió a finales de enero.
Ahora bien, la victoria del voto nulo y blanco en las elecciones judiciales y la abrogación del nuevo código penal como resultado de un país movilizado –expresando una legítima indignación por la manera en que el gobierno violentó los límites de la democracia formal que en otros momentos se jacta de promover– tuvo poca densidad orgánica y en buena medida se acopló en torno a sentidos y consignas provenientes de núcleos políticos que normalmente reconocemos como “derecha tradicional” –es decir, la élite política racista y clasista cuyo discurso es distinto al del gobierno, pese a que ambos actores políticos tienen un horizonte económico similar–.
Lo que generalmente en Bolivia reconocemos como una constelación de organizaciones sociales en lucha con horizontes políticos diversos, esta vez se presentó como una “sociedad civil” difusa, es decir, como unas élites políticas productoras de un discurso democrático conservador; unas clases medias ensimismadas, poco creativas y permeadas por ese discurso; mientras que los sectores populares históricamente contestatarios –aquellos que no están subordinados al MAS– aparecieron poco organizados y con escasa o nula capacidad de poner sobre la mesa de debate un horizonte que reivindique la autonomía política, la disputa por el excedente económico o cuestione la relación mando-obediencia que se sostiene en principios clasistas y/o racistas, como históricamente lo han hecho.
En otras palabras, existe una capacidad visible y efectiva de movilización social, pero que se presenta confusa y sin posibilidad de rebasar el discurso de oposición planteado por las élites políticas tradicionales del país –que gira en torno a una idea vacía de democracia formal–. Esta situación es resultado de dos hechos que se conjugan y han sido parte componente de la construcción hegemónica del MAS durante la última década.
  • Por un lado, la expropiación de sentidos emancipatorios desde el ámbito estatal: el partido de gobierno se presenta como el único sujeto político con capacidad de conducir el “proceso de cambio”, que no es más que una artimaña discursiva para legitimar un nuevo proyecto estatal dominante revestido de ornamentos folclóricos que aluden a lo “popular”. Se ha consolidado, así, un enorme proceso de despojo político abierto después de la Masacre del Porvenir, conexo con la creciente tutela de cualquier sentido político disidente o mínimamente crítico.
  • Por otro lado, desde hace ya varios años, se ha impulsado una política de desarticulación inducida de las fuerzas sociales contestatarias y de sus diversas formas organizativas autónomas que, por lo general, se mostraron adversas al proyecto político y económico promovido por el MAS. Esto sucedió a través de la subordinación de estas estructuras al partido gobernante y/o a través de la intervención directa –y en algunos casos violenta– de las organizaciones que no se sometieron y disciplinaron, como sucedió con la CIDOB y el CONAMQ.
A efectos prácticos, lo anterior ha significado un desdibujamiento de la capacidad organizativa y prefigurativa de respuesta popular frente a la política estatal. Que a su vez logró aislar, fragmentar y devaluar la lucha de diversos pueblos que, de manera invisibilizada, resisten los embates directos de la política de despojo promovida a través de los mega proyectos extractivistas, energéticos y de comunicación, y que es en estas luchas donde subsisten con mayor fuerza horizontes comunitario-populares que reivindican prerrogativas de decisión autónoma para decidir sobre su vida y sus territorios.
Una estrategia eficaz del gobierno ha consistido en producir un escenario de polarización entre oficialismo y “derecha tradicional”, logrando con esto, por un lado, enmascarar la similar alianza de clases que ambos sectores sostienen; así como invisibilizar los horizontes comunitario-populares y las luchas en contra de estas alianzas y planes que cuestionan el núcleo de la estructura dominante y procapitalista del Estado Plurinacional, catalogándolas como horizontes y luchas “funcionales” o “promovidas por la derecha”.
Es decir, esta polarización, que viene operando como organizadora de la política boliviana en los últimos años, produce una apariencia desde la cual se visibiliza como relevantes a dos contrincantes que se enfrentan en el plano de lo estatal, mientras se encubre al “contrincante principal”, que son todas aquellas organizaciones y luchas que desde abajo, desde las formas organizativas no estatales y cotidianas, impugnaron el orden neoliberal y ahora impugnan el modelo dominante del MAS.
Esta ausencia de sentidos que organicen posibles cursos de acción de lucha popular en esta coyuntura derivó en lo que considero dos posiciones poco fértiles –y que nuevamente nos arrinconan a la artificiosa polarización política–: 1) “frente a la captura por parte de la élite política tradicional racista de la movilización social, el mal menor es el gobierno”; o 2) “no importa cómo, incluso si es a lado de la ‘derecha tradicional’, el gobierno debe ser debilitado para hacer prevalecer la ‘democracia’ y el ‘Estado de Derecho’”. Esta aparente, frustrante y paralizante dualidad se presenta, se promueve y se alimenta como el único horizonte posible en la política Boliviana. Nos enfrentamos, entonces, a un desafío significativo: producir sentidos críticos más allá de los que emanan de los núcleos de poder político.
Nos toca ser creativos en tiempos oscuros y difíciles. Nos toca darnos a la tarea de producir, actualizar y revitalizar sentidos críticos que no caigan en el lugar común de la frustración y despolitización. Nos toca romper con la hegemonía del discurso dominante que intenta dar forma y condicionar nuestro hacer político. Nos toca nombrar claramente a la dominación. Nos toca volver a construir, de a poco pero sin pausa, una agenda política emancipatoria que en adelante nos permita posicionarnos de manera potente frente a lo que sucede. También nos toca reconocer que no tenemos esa agenda en este momento, los pocos sentidos claros de resistencia durante los últimos años se han nutrido fundamentalmente de las luchas de pueblos indígenas frente a los proyectos de despojo, y si bien esas luchas deben ser potenciadas y también debemos trabajar sobre ello, no podemos poner sobre esos pueblos todo el peso de la historia, ni la responsabilidad de la transformación hacia adelante.
Pero para producir y actualizar una agenda de este tipo, que será resultado de un proceso histórico en el que se conjuguen la práctica y las palabras, tenemos que comenzar por resignificar y reinterpretar los códigos de lo que nos sucede, lo que nos amenaza y las dificultades a las cuales nos enfrentamos; no podemos hacerlo sin más desde las mismas claves que nos plantea la dominación.
Este proceso crítico y autocrítico pasa, entonces, por cuestionar una serie de presupuestos que parecen de “sentido común” o incuestionables, y más cuando esta realidad es interpretada desde aquella estéril polarización que abordamos anteriormente. Sin aspiraciones exhaustivas, a continuación reflexiono brevemente sobre algunas suposiciones que considero importante cuestionar en el ánimo de producir nuevas claves para una agenda política emancipatoria desde abajo.
·         Izquierda” y “Derecha” nos dicen poco. Ambos son conceptos históricos que en Bolivia tienen mucho arraigo y tradición. El ser de “izquierda”, por lo menos entre 2000 y 2005, permitía identificar a sujetos políticos (personas, organizaciones y partidos) que se asociaban en torno a horizontes populares, algunos más comunitarios que otros, pero que claramente se confrontaban contra el orden neoliberal establecido. Mientras, por otro lado, la etiqueta “derecha” representaba el poder oligárquico, burgués y su élite política (principalmente blanca). Es cierto que existían varios matices, pero estos conceptos permitían identificar a los aliados –cercanos y lejanos– y a los enemigos de los que luchaban desde abajo.
En el presente estos conceptos han perdido su capacidad de organizar comprensivamente las determinantes del antagonismo social, la muestra de ello es la excesiva adjetivación de los cuales son objeto: “la derecha del MAS”, “la derecha tradicional”, “la derecha reciclada”, “la derecha indígena”, “la izquierda oligárquica”, “la izquierda higiénica”, “la izquierda infantil”, “la izquierda opositora”, “la izquierda estatal”, “la izquierda popular”, etc. Los adjetivos parecen decir más que los sustantivos. Quizá esto tenga que ver con la apropiación y auto-identificación de “izquierda” de un gobierno que recurre a discursos centrados en lo popular pero que promueve un proyecto que históricamente se reconoce como de “derecha”; y, segundo, porque una parte importante de la “izquierda” siempre fue anticomunitaria en su horizonte político estatal –en especial los partidos comunistas más ortodoxos–.
En este contexto es fundamental darnos a la tarea de repensar claves articuladoras frente a la dominación, para lo cual considero que es de vital importancia que estas surjan de haceres compartidos y no –por lo menos de manera primaria– de premisas ideológicas o nacionalistas–. Reconocernos en común frente a la dominación por: trabajar la tierra, trabajar en fábricas, construir proyectos centrados en garantizar la vida, producir resistencias colectivas frente al estado, el capital, el patriarcado, etc. Nuestro reconocimiento frente al otro como aliado o antagónico no debe depender tanto de si se defiende más a un autor o a una idea teórica, sino a la calidad y profundidad de relaciones y haceres que sostienen sentidos disidentes, inconformes y de subversión.
·         El MAS es el menos… malo. Si hay algo que no pudo hacer el neoliberalismo es lo que el MAS si logró durante esta década: quebrar la fuerza popular que frenó el embate de ese modelo socioeconómico, abriendo la senda para un impulso agresivo y sin precedentes del capitalismo en el país. En buena medida esto fue posible gracias a una política sostenida en la prebenda y el asistencialismo, política vigorosa durante varios años gracias a los recursos generados por la exportación de materias primas a precios elevados, lo que, junto al discurso de “izquierda”, permitió contener y desarticular la potencia de lo popular no estatal.
Sin embargo, la frustración política y el propio discurso del MAS nos plantea que el actual gobierno es “lo menos malo” frente al posible retorno, con paso de parada, de una “derecha neoliberal”, es decir, aquellos que están al otro lado de la polarización producida y recreada por el mismo gobierno.
Frente a esta afirmación toca considerar dos cosas: 1) la posibilidad del retorno de esta élite política tiene más que ver con la desarticulación inducida desde el Estado que sufrieron las organizaciones sociales que en otros tiempos impusieron límites al proyecto dominante. En otras palabras, es el propio gobierno, su política cada vez más autoritaria y su modelo económico y prebendal, el que abrió las puertas para un retorno rimbombante de sujetos neoliberales que ya habían sufrido una muerte política… no es la gente confundida o la sociedad en decadencia, como afirman los gobernantes. 2) Así esa vieja élite política no retorne al gobierno y el MAS se mantenga en el poder, los hechos del presente nos demuestran que el horizonte estatal en manos del gobierno actual es cada vez más antipopular y procapitalista, lo que nos permite observar una coincidencia de proyectos entre las élites políticas supuestamente enfrentadas; el horizonte político no es “mejor” ni “menos malo” así el MAS se sostenga en el poder.
En este sentido, considero que una agenda desde abajo, disidente y popular –más que abordar una discusión escolástica sobre si el MAS es el partido “menos malo”– debe concentrarse en desplegar nuestra energía en torno al resguardo de lo que tenemos, no se puede conceder más, debemos cuidar nuestras fuerzas, cuidarnos colectivamente; cuidar nuestras fuentes de subsistencia y su calidad, que no se precaricen más; cuidar nuestra relación con la naturaleza; acuerparnos, producir decisión colectiva autónoma desde donde sea posible, resistir y –como hemos venido diciendo– hacer el esfuerzo por cambiar las claves de lucha a otras renovadas y potentes.
·         Miremos lo pequeño para pensar lo grande. En Bolivia se ha impuesto una deriva “trucha” de la Real Politik –que ya de por sí nos refiere y nos limita a la política estatal como ámbito privilegiado para la toma de decisiones sobre asuntos públicos–. Sin embargo, desde el cinismo patético y el manejo utilitario de los discursos de izquierda, el gobierno boliviano hace muchos años que viene argumentando que toda concesión a –y/o negociación con– los grupos dominantes del país, a la expansión capitalista e, incluso, al enriquecimiento de sus burócratas de alto rango, es parte de una necesidad estratégica coyuntural que se da en el marco de “lo posible”, tachando cualquier crítica de “idealismo”, “izquierdismo deslactosado” y una serie de apelativos –muy demandados por una “izquierda” intelectual mediocre y, por lo general, muy paternalista– que nos plantean un posibilismo estatal ramplón y que no es otra cosa que la justificación de una serie de políticas de despojo, prebendales, antipopulares y procapitalistas que el gobierno trata de justificar como “fatalismo histórico”.
Nuestra agenda debe, por lo menos al inicio, concentrarse en la política seria, es decir, en las formas de autogobierno y decisión colectiva que se producen desde ámbitos cotidianos: gobiernos indígenas y originarios, juntas barriales, sindicatos campesinos comunitarios, colectivos urbanos, cooperativas de agua, etc. Si algo hay en Bolivia es una amplia y polimorfa experiencia y capacidad de producir decisión colectiva no estatal, e históricamente ahí reside la potencia transformadora del país. Se vienen (o se profundizarán) tiempos difíciles y de lo que se trata no es tanto de volcar nuestras energías para interpelar al Estado desde la democracia formal liberal –habrá que hacerlo cuando sea necesario–, sino en (re)construir ámbitos autónomos y autogestivos para reapropiarnos de la decisión y de la riqueza que está siendo despojada.
De ninguna manera digo que se debe dejar de mirar la dominación a escala estatal, pero nuestra fuerza para enfrentarla –y la historia nos lo confirma– no reside en los cánones políticos de la política estatal, sino en nuestra capacidad de darnos forma política más allá del Estado. Desde ahí sabemos, de manera efectiva y contundente, enfrentarlo, cambiar gobiernos de ser necesario y posicionar horizontes de transformación real.
Estos puntos hacen referencia, de manera inacabada, a algunas cuestiones que considero importantes para comenzar a repensar una agenda política desde abajo, desde lo popular, desde lo comunitario, desde donde se vive la agresión del Estado y el capital, desde los márgenes, desde el subsuelo, desde aquellos lugares que la cerrazón estatal invisibilizó, reprimió, despreció y devaluó. Hay muchos temas más, desde la centralidad que ahora ocupa la lucha de las mujeres, hasta la descolonización de nuestra vida, pasando por las luchas socioambientales, son temas que tenemos que ir tejiendo entre todxs. Los ensayos de respuesta que planteo no son, para nada, un intento de zanjar discusiones, sino una búsqueda –compartida con otras personas– de abrir debates contrarios a los que en este momento están en la agenda política dominante.
Recuperemos la capacidad de nombrar lo que nos pasa, compartamos palabras, reflexionemos, debatamos abierta y apasionadamente –como se suele hacer en Bolivia– para significar nuestros horizontes de futuro y desde ahí comencemos a hacer lo necesario; haceres que seguramente –y ojalá sea así– sean múltiples, distintos e, incluso, contradictorios por momentos; no busquemos la homogeneización y unidad (lo “único”), sino, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, empecemos por construir los puentes para la articulación de lo diverso.

 
"Empecemos por construir los puentes para la articulación de lo diverso". Pero, entonces, tengamos en cuenta:
 
 

El siguiente paso
24 de marzo de 2018
 
Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)
Una de las  acepciones del concepto de corporativismo, que desarrolló creativamente el marxista argentino Leopoldo Mármora (El concepto socialista de nación, Colección Pasado y Presente, 1986), refiere a la incapacidad de una fuerza política, partido, sector o clase social, para salir del ámbito de sus propios intereses y problemáticas, y, en consecuencia, la renuncia a extender su hegemonía sobre otros sectores de la sociedad. Precisamente, al situarse en el polo opuesto de la hegemonía, el corporativismo impide observar más allá, que, en forma coloquial, se describiría como dejar de verse el ombligo y tener el arrojo de ampliar las alianzas y articulaciones con sujetos socio-políticos diversos, e, incluso, en naciones multiétnicas como las latinoamericanas, con grupos con identidades étnico nacionales y procesos autonómicos anticapitalistas.
Siguiendo a Gramsci, Ana María Rivadeo señala que: “La hegemonía como función de dirección de la sociedad –que implica una función ética, cultural y moral que se despliega en el terreno de la sociedad civil– es ejercida por un grupo social fundamental sobre los grupos subordinados. Se trata, por ende, de un espacio complejo y contradictorio en el que se estructuran, organizan e institucionalizan las relaciones de fuerza entre grupos sociales”. (Lesa Patria. Nación y Globalización, UNAM, 2003) En el desarrollo argumentativo de Gramsci por Rivadeo, ella identifica un quiebre fundamental en su pensamiento: “una clase se produce a sí misma en cuanto que se convierte en sujeto histórico autónomo; es decir, en la medida en que constituye su unidad interna –su homogeneidad, su autoconciencia y su autoorganización– como sujeto político. Pero ello implica, justamente, con su autoproducción como sujeto hegemónico… Esto supone trascender su propio corporativismo, los límites particularistas de su horizonte económico-social-cultural-ideológico inmediato”. (Ibid. P. 69)
Así, en la lucha anticapitalista contra-hegemónica, en la que están inmersos quienes hacen propia la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es primordial superar el corporativismo, trascender los límites particularistas. Precisamente, cuando el EZLN propone la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno y el CNI lo acepta, estas organizaciones muestran una vocación hegemónica, que no es para nada vanguardista. Los mayas zapatistas, en particular, han reiterado y lo han demostrado una y otra vez, que no buscan ser vanguardia de nadie, en el antiguo significado negativo de este término.
Las organizaciones, comunidades y pueblos que integran el movimiento indígena no han dejado de luchar, cada una en su espacio, modo y tiempos, contra las corporaciones extractivistas que van desde las mineras hasta el crimen organizado, pasando por las eólicas, turísticas, farmacéuticas, acaparadoras y privatizadoras de agua, etcétera, y contra el Estado que las representa. La diferencia es que ahora, con el CIG, se pretende pasar a otro nivel de esa lucha anticapitalista, trascender sus particularidades; establecer nexos que van más allá de lo indígena, lo local, lo regional e, incluso, lo nacional.
También, en la lucha contrahegemónica, los grupos de poder hacen todo lo que está a su alcance para impedir u obstaculizar la formación o el fortalecimiento de sujetos históricamente autónomos. Cuando éstos surgen, buscan inmediatamente neutralizarlos e, incluso, exterminarlos (por cierto, la historia genocida del Estado mexicano es cada vez más conocida internacionalmente). Para ello, emplean directamente la represión de sus aparatos militares, policiales y de inteligencia, o las acciones clandestinas de sus grupos paramilitares y/o delincuenciales.

También, el régimen de partidos de Estado, como el que predomina en México, utiliza la democracia tutelada por los poderes fácticos para cooptar, mediatizar o neutralizar a las organizaciones que manifiestan tendencias autonomistas y rupturistas del sistema hegemónico dominante. Una vía muy socorrida es buscar su fragmentación, su división interna o implosión, ofreciendo presupuestos, ayudas desinteresadas, cargos, o canonjías a sus direcciones políticas, y, claro, en temporadas electorales, las diputaciones federales y locales, las senadurías, las candidaturas para las alcaldías aparecen en las vitrinas del mercado de conciencias, siempre y cuando las dirigencias obtengan el apoyo clientelar de la base.
De esta manera, muchas organizaciones con carácter y estructuras nacionales, como democráticas y de izquierda, prefirieron mirar al otro lado, mientras el proceso para lograr el apoyo ciudadano tenía lugar. Asimismo, organizaciones indígenas reconocidas, con prácticas autogestionarias, incluso paradigmáticas, adujeron diversos pretextos para no involucrarse en el esfuerzo de ampliar y vigorizar el CIG y en el apoyo de su vocera como aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República. Tampoco se observó la presencia de la Iglesia progresista, como tal, en la campaña de apoyo ciudadano.
 
Mientras tanto, el CNI, el CIG, la asociación civil
 
Llegó la hora del florecimiento de los pueblos y el EZLN hicieron pública una convocatoria a las “personas individuales, grupos, colectivos, organizaciones del campo, de la ciudad, indígenas y no indígenas, en México y en otros países… A que hagan análisis y valoraciones… para darle seguimiento a esta lucha que, lo sabemos, apenas empieza… Porque, como lo dijeron una y otra vez el CIG y su vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el primero de julio de 2018 ni se circunscribe sólo a México. La resistencia, la rebeldía y el empeño de construir un mundo donde quepan muchos mundos es internacional y no se limita ni por los calendarios ni por las geografías de quienes allá arriba nos explotan, nos desprecian, nos roban y nos destruyen”.

Bienvenido el semillero "Miradas, Escuchas, Palabras: ¿Prohibido Pensar?".

Comprobemos qué economía gestionaron CFK y los otros gobiernos progresistas en contra de las «luchas desde abajo».

Fue de extractivismos en confrontación con lo 

comunitario-popular

y a favor de la acumulación gran capitalista.

Aclaremos ante todo significados e implicancias de las luchas por la  afirmación de derechos humanos de los diversos de abajo.  Descubramos la construcción de poder emancipatorio de los pueblos mediante creación, recuperación, multiplicación y profundización de comunalidades.
 
El Comité Organizador del “Primer Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y estrategias comunitarias: horizontes más allá del capital”, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, México, durante los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2015, realizamos el siguiente pronunciamiento público en torno a una serie de temas y preocupaciones que fueron abordados a detalle durante estos días de discusión y reflexión:
 
  • Ante los violentos procesos de despojo material y simbólico a los cuales se enfrentan los pueblos de América Latina y el mundo, desencadenados por la dinámica incesante del capitalismo global que trata de convertir toda relación social y toda relación humana con la naturaleza en un vehículo para la producción de ganancias para unos cuantos; es fundamental apuntalar las luchas sociales que emergen cotidianamente desde el sentido y la práctica común de los pueblos y colectivos  por garantizar la reproducción colectiva de la vida. Estas luchas, que emergen desde saberes, conocimientos y haceres compartidos de mujeres y hombres que día a día reproducen su existencia, son la base de una emancipación siempre en curso.
     
  • La comunalidad, lo comunitario, lo común, son nombres que refieren a una relación social en la cual el centro de la actividad humana es la reproducción de la vida compartida, a partir del establecimiento de una serie de tejidos colectivos que emergen desde la capacidad autónoma de las personas de autogobernarse, autorregularse. Desde la palabra que circula y acuerda, y desde los acuerdos en los que autónomamente nos obligamos, brota la capacidad y la habilidad para ocuparnos de los asuntos que en común nos atañen. Lo común, lo comunitario, la comunalidad no es una condición inalterada de la existencia humana, no es una esencia: es una producción sistemática a partir del trabajo de servicio, de faena, de tequio, de cax´qol, del trabajo en común que se teje colectivamente para materializar los acuerdos. Si bien son los pueblos indígenas, con profundas raíces históricas, los que más experiencia y práctica tienen en producir estas relaciones compartidas y comunes, eso no significa que éstas no estén permanentemente actualizadas y que puedan ser producidas en otros ámbitos, en otras latitudes, y en espacios tan duros como los urbanos. La comunalidad, lo común, lo comunitario es una relación social y una multiplicidad de prácticas que se materializan en una diversidad de presentes  que apuestan y pugnan por la vida. No es, bajo ningún punto de vista, una mera etiqueta (de la cual intentan apropiarse los organismos internacionales de crédito o las organizaciones filantrópicas).
     
  • Como profesorxs, estudiantes, luchadores e intelectuales de distintas latitudes y con diferentes temáticas de interés, planteamos la necesidad de producir un conocimiento que sea útil para las luchas por lo común y el cuidado de la vida. Es fundamental una reflexión epistémica que revise el sentido que asume el conocimiento que se elabora desde las ciencias sociales y que plantee y/o recupere formas de conocer que se articulen y se produzcan a la par del hacer de los pueblos, sus luchas y sus horizontes emancipadores, rompiendo con la presuntuosa, falaz y estéril aspiración de ser un conocimiento “superior”. Se deben propiciar debates fértiles en torno a la labor intelectual para potenciar un conocimiento que vaya más allá de la autoreferencialidad  y la legitimación de la dominación.
     
  • El panorama político de América Latina evidencia que si bien existen países en los que se ha dado continuidad a un programa neoliberal, mientras que en otros se han impulsado procesos de transformación estatal a los cuales se ha denominado como  “progresistas”, el denominador común de ambos modelos es el despojo, el extractivismo y la intensificación de la explotación (que incluye novedosas formas financieras), que derivan en una agresión directa a las formas comunitarias y populares de organización de la vida. Bajo la égida del desarrollo, ya sea a través de un patrón de acumulación que gire en torno al mercado o a otro centrado en el control estatal, los gobiernos de la región han quedado insertos en una práctica que tiende a consolidar la necesidad capitalista de controlar la vida, que en realidad la niega y la deforma, imponiéndose casi siempre a través de la represión, la judicialización, la tortura y la muerte. Por tanto, es necesario repensar las posibilidades de acción política a partir de una clave que subvierta la política liberal estadocéntrica que fácilmente se conjuga con un “neodesarrollismo”, para volver a mirar, impulsar y entender la política que desde abajo se practica; esa otra política que busca todo el tiempo  trastocar y subvertir las herencias de la modernidad capitalista apostando a veces por la  construcción de modernidades alternativas.
     
  • Puebla, México, sede del Primer Congreso Internacional de Comunalidad, es una ciudad y un estado parte de un país que durante estos últimos años ha vivido una escalada de violencia desgarradora. La política estatal en resguardo de los grandes capitales nacionales y transnacionales –legales e ilegales–, nos ha colocado en un estado de guerra. En esa guerra los “enemigos” del estado somos nosotros, los hombres, las mujeres y en general los pueblos que oponemos resistencia a los procesos de despojo de recursos comunes y luchamos contra la incrementada explotación del trabajo. El amedrentamiento, persecución y asesinato de miles de personas, la mayoría luchadoras y luchadores cotidianos, por parte del aparato represivo del estado o de organizaciones criminales, que en la mayoría de los casos asumen una función paraestatal represiva, se ha convertido en el mecanismo de contención de cualquier posibilidad de emancipación. Ante esta situación es fundamental, hoy en México, y también en cualquier otro país, reconstituir e impulsar los tejidos sociales que permitan resguardar la vida en torno a acciones colectivas que sean capaces de poner límites a la ofensiva de la dominación. Hace poco más de 13 meses, 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales y miembros del grupo paramilitar Guerreros Unidos, con conocimiento de miembros del ejército y de la Policía Federal. Esta misma noche fueron vilmente asesinados 3 otros estudiantes de la Normal y 3 personas más, todxs a manos de fuerzas estatales. Los 43 se sumaron a más de 27 mil desaparecidxs, y lxs asesinadxs a más de 153 mil desde que inició el sexenio de Felipe Calderón, cuando empezó la guerra en contra del narcotráfico, que es, en realidad, una guerra contra el pueblo mexicano. La rabia y la indignación por estos hechos de barbarie, por los anteriores y por los que siguieron nos ha nutrido en este congreso, desde donde exigimos la aparición con vida de todxs lxs desaparecidos en México y ratificamos nuestro compromiso con la lucha contra la desaparición, el feminicidio, la tortura y la muerte. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
     
  • Nos solidarizamos y manifestamos nuestro compromiso, también, con las distintas luchas por la defensa de lo común, del agua, del territorio; por trabajo digno y contra el despojo múltiple que ocurre en cada vez más lugares de México, de América Latina y del mundo.
 
 
 
Describamos el extractivismo para aclarar porqué despierta la resistencia de las poblaciones pertenecientes a las zonas de sacrificio suyas y porqué persigue desintegrar lo comunitario popular.
También permite ilustrar el papel de China en esta devastación ambiental y desalojos, envenenamientos y quita de las condiciones básicas para la vida a las poblaciones de las designadas "zonas de sacrificio".
 
 
Maristella Svampa: “A mayor extractivismo, 
menor democracia”.
23 de septiembre de 2015
Publicado en LATINOAMERICA
 
-Cuándo hablamos de extractivismo, ¿  ¿De qué estamos hablando? Sabemos que es un tema que poco se discute en los medios de comunicación.
– El extractivismo es una categoría que se ha difundido mucho en el pensamiento crítico y también en el lenguaje de los movimientos sociales de América Latina en los últimos 5 o 6 años y designa el proceso de sobre explotación de recursos o bienes naturales no renovables o agotables y la expansión de las fronteras de producción hacia territorios antes considerados improductivos.
Es decir que la sobre explotación es uno de los rasgos fundamentales, así como la exportación de materias primas a gran escala. Porque efectivamente nuestros países latinoamericanos han sido históricamente productores de naturaleza, pero en los últimos 15 años y a raíz del aumento del precio de los commodities, la mayor parte de los países, amparándose en el lenguaje de las ventajas comparativas, aceptaron de manera pasiva esta nueva división del trabajo internacional, exportando a gran escala a través de la introducción de nuevos grandes emprendimientos: sean de minería, mega represas, petróleo, la expansión de la explotación hidrocarburífera en los no convencionales y el modelo de los agronegocios a gran escala en todos nuestros países.
La Argentina es uno de los países que ilustra claramente estos modelos que yo denomino de mal desarrollo. Cuando hablamos de emprendimientos estamos subrayando también la envergadura de los mismos, como el caso de lo que sucedió en San Juan. Veladero es un gran emprendimiento y por ende sus impactos también son mayores; se utiliza mayor cantidad de agua, mayor cantidad de energía y termina por reconfigurar efectivamente el territorio. Se trata también de mega proyectos que son implantados en el territorio de manera vertical sin consultar a las poblaciones. Por eso, en los últimos 10 años, hemos avanzado en una lectura que pone énfasis en la ecuación de más extractivismo menos democracia.
 -¿Cuáles son las consecuencias en la vida cotidiana de nuestro pueblo?
– Hay como una cierta desconexión entre esas luchas que son locales, que afectan sobre todo a pequeñas y medianas localidades -a veces a territorios más aislados y por ende los sujetos involucrados son mucho más vulnerables-, y los grandes centros urbanos que no viven cotidianamente la amenaza de la introducción de un mega emprendimiento, que no sólo implica una amenaza clara en el mediano plazo, sino que también amenaza con reconfigurar toda una estructura productiva.
En ese sentido yo creo que la gente que habita las grandes ciudades tiende a comprender mejor la envergadura de estos fenómenos cuando uno habla de cuáles son las consignas que movilizan a la mayor parte de los movimientos que luchan contra el extractivismo, que es la defensa del agua.
Porque todos estos mega emprendimientos requieren la utilización de grandes cantidades de agua; sea petróleo no convencional, mega minería, mega represa o agro negocios. Y afecta a las fuentes hídricas y en algunos casos amenazan claramente con contaminar como sucede ahora en el caso de San Juan con la mina Veladero. Es decir que están afectando fuentes hídricas que no reconocen fronteras y que vienen de la cordillera y alimentan los cauces de los ríos de los cuales nosotros tomamos el agua potable. Así que impacta claramente también en las formas de vida de las grandes poblaciones.

Esto también se puede explicar por el lado del modelo de consumo. Lo que encontramos aquí son poblaciones que están apostando a modelos de consumo que están basados en la sobre explotación de recursos naturales cada vez más escasos.
La emergencia de una conciencia ambiental, en ese sentido, no es espontánea. Implica difusión de información, comunicación y por otro lado implica también tener en cuenta que hay grandes intereses que lo que van a hacer es favorecer la consolidación de esta matriz extractiva.
-¿Es posible un proyecto de país que no esté basado ni en la soja ni en otro extractivismo?
– Esto exige construir escenarios de transición. Algo que en nuestro país no está previsto. En sí, en nuestro país ha habido una adaptación muy pasiva a las demandas del mercado mundial, y esto obturó la posibilidad de pensar escenarios de transición hacia, por ejemplo, energías alternativas, o hacia otras matrices productivas. Pero de hecho nosotros venimos trabajando, yo particularmente vengo trabajando con el Grupo Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo; vengo colaborando también con el CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social), que dirige Eduardo Gudynas; desde los cuales trabajamos con hipótesis de transición que impliquen por un lado una moratoria, es decir, una suspensión de proyectos extractivos, que combinen una moratoria extractiva con el aumento de la renta por la vía de grandes impuestos a actividades extractivas indispensables.
Esa combinación entre mayores controles ambientales, mayores impuestos a actividades extractivas consideradas indispensables y moratoria de grandes y nuevos proyectos implicaría configurar un escenario de transición diferente y económicamente impactaría más bien de manera positiva en la propia caja de los gobiernos.
Este escenario fue, por ejemplo, planteado por economistas peruanos hace un par de años, aunque efectivamente el gobierno peruano hizo caso omiso a esta propuesta, pero implica que en realidad lo que no existe es voluntad política para pensar otros escenarios posibles. Nuestros gobiernos lo que hacen es optar por aquello que es más fácil, que es seguir extendiendo la frontera minera, la frontera sojera, comprometiendo la vida de los territorios, avanzando con más criminalización y represión y respondiendo a la demanda de commodities del mercado internacional. En un momento, además, en el cual ha habido una caída de los precios internacionales de los commodities, sobre todo a partir de 2013, los gobiernos entran como en una suerte de espiral perverso que es el de hacer más extractivismo para poder en ese sentido mantener una balanza comercial positiva.
 
-¿Cuál es tu mirada sobre el nuevo código civil donde desaparece el derecho al agua potable como un Derecho Humano?
– La verdad que nosotros hicimos con Enrique Viale, abogado ambientalista, varias notas que publicamos en diversos diarios sobre el tema del Código Civil, inclusive desde Plataforma 2012 nos expresamos críticamente, no sólo por ese artículo, sino por otros más, pero en lo que tiene que ver con lo ambiental y derechos básicos ligados a esta dimensión cada día más esencial. Criticamos la exclusión de este artículo, siendo que hoy todos los movimientos socioambientales lo que hacen es reivindicar como un derecho humano elemental el agua para impedir su mercantilización. Lo que hace entonces el Código Civil es avanzar en la mercantilización y también en la privatización de los espacios públicos.
A nivel urbano hay también otras cuestiones que no están ligadas al Código Civil, pero sí a la matriz extractiva, que es lo que nosotros denominamos urbanismo neoliberal o extractivismo urbano, que está más vinculado por ejemplo a la idea de que en las ciudades -sobre todo en las zonas suburbanas- se están multiplicando las urbanizaciones privadas que se asientan sobre humedales. Los humedales también son reguladores hídricos y esto tiene una repercusión muy negativa en épocas en las cuales sufrimos lo que son las consecuencias del cambio climático y por ende estamos sujetados a estos cambios tan extremos, que en los últimos años se han traducido también por las distintas inundaciones.
Es decir que, lo de las inundaciones no está ligado solamente al cambio climático, sino al modelo de ciudad neoliberal que se ha venido alimentando en los últimos años. Lejos de creer que con el kichnerismo, en estos 12 años de llamada ‘Década Ganada’ hemos avanzado hacia un modelo de ciudad inclusiva, en realidad lo que nosotros sostenemos es que se ha considerado una matriz cada vez más excluyente y de corte neoliberal, que implica privatización y consecuencias socio ambientales muy nefastas, que por sobre todas las cosas impacta en primer lugar en los sectores más vulnerables.
 
-Sos una de los pocos intelectuales que han alertado sobre las relaciones asimétricas que está entablando nuestro país con China. ¿Qué repercusiones tienen tus críticas?
– La verdad que no sé, se dicen tantas cosas. En realidad a mi me sorprende mucho -y en varios países de América Latina lo hemos discutido- que ante el nuevo fenómeno del gigante asiático, que se está constituyendo como nuevo hegemón (para decirlo en lenguaje politológico) que ciertos sectores de la izquierda latinoamericana reaccione de manera tan ingenua, pensando que en realidad esto serviría para hacer de contrapeso al imperialismo norteamericano.
En realidad se está construyendo una nueva hegemonía. América Latina está negociando de manera absolutamente unilateral con China, más allá del declamado discurso regional o de integración latinoamericana. Algunos de ellos están celebrando tratados de libre comercio; otros, convenios unilaterales, como es el caso de Argentina. Con lo cual se negocia además en una situación de absoluta subordinación, mucho más en un contexto de crisis. La Argentina ha abierto las puertas a la inversión china en casi todos los rubros, en minería, petróleo, construcción de mega represas, hay una estación espacial en el norte de Neuquén cuyo convenio tiene cláusulas secretas y que efectivamente no sabemos si puede tener usos militares o no. Hay otros países también que están obteniendo préstamos de China a cambio de commodities, como es el caso de Venezuela o Ecuador; que se endeudan a tasas bastante altas con China y a cambio de ello están obligados a entregar petróleo. En un contexto de caída de los precios internacionales imagínense que esto es bastante problemático.
Pero bueno, creo que en líneas generales no ha habido todavía de parte de intelectuales que se dicen de izquierda, ligados al gobierno, un análisis de lo que significa el ingreso de China como nuevo actor hegemónico y la relación de dependencia que se está gestando de América Latina al mismo.
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Las espirales del debate sobre extractivismo

y los nuevos tiempos

11 de septiembre de 2014


Por Emiliano Teran Mantovani 
Hay claros indicios de que estamos frente al agotamiento de un ciclo político en América Latina, y en el tránsito hacia otra fase que nos enfrenta a una serie de amenazas de diferentes grados para los pueblos de la región. Es importante destacar que los diversos procesos de lucha social latinoamericanos suelen estar, en buena medida, atravesados por el carácter cíclico de nuestras economías, que influye poderosamente en las movilizaciones sociales, en la legitimidad del sistema político, en la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, y en la composición política del Estado en un momento determinado. Esto evidentemente ha marcado las dinámicas de transformación de los últimos años, y marcará las que vendrán en el futuro.
 
Los debates sobre extractivismo toman aún más importancia en la actualidad debido a varias razones, de las cuales destacamos dos:
a)    Después de 10-15 años de estos procesos de transformación política, social y cultural en la región, lo que tenemos como saldo es, junto a un robustecimiento de nuestro carácter primario-dependiente, una gran expansión de las fronteras extractivas, avanzando en muchas ocasiones sobre territorios “vírgenes”, o que habían sido muy poco impactados por la modernización capitalista. Este avance extractivista se incrusta en nuestros territorios no sólo por la vía de infraestructuras, sino también mediante varios acuerdos de mediano y largo plazo con empresas transnacionales, al tiempo que se siguen explorando y negociando nuevos enclaves de extracción, muchos de ellos de fuentes no convencionales.
 
Si mapeáramos los diversos proyectos de explotación de la naturaleza en los países latinoamericanos, podríamos advertir con gran preocupación cómo cada vez más territorio es comprometido, hipotecado y/o ocupado por la lógica de despojo y depredación del capital, tanto si hablamos de gobiernos francamente neoliberales (donde destacan Colombia [1] [2], Perú [1] [2] y México), hasta llegar a los denominados “progresistas” (como por ejemplo los casos de Ecuador [1] [2] [3], Bolivia y Venezuela [1] [2]).

Ya se ha subrayado en otros momentos las crecientes consecuencias económicas, ambientales, políticas, geopolíticas, sociales y culturales de profundizar el carácter extractivista de nuestros modelos de sociedad.

 
b)    Al parecer, una segunda fase del nuevo extractivismo (neoextractivismo) en América Latina se configura entonces sobre la base del desgaste, ralentización y estancamiento de los procesos de transformación recientes en la región, con una tendencia progresiva a la mutación del perfil social reivindicativo que han tenido buena parte de los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, hacia formas híbridas y más complejas de acumulación por desposesión ‒esto es, lo que hemos llamado el «neoliberalismo mutante»‒, que podrían apuntar a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de neoliberalismo. Un “cambio de época” como este para América Latina, supondría que los dispositivos de dominación que se desprenden del extractivismo sería más tenaces y agudos.
 
La configuración de nuevos tiempos y escenarios para la región ha hecho al mismo tiempo brotar nuevas espirales en el debate sobre extractivismo, a la vez que la necesidad de enfrentar futuros desafíos exige intentar caracterizar los flujos y corrientes de poder político y epistemológico que se desprenden de ellos.
 
Aquí proponemos 7 hipótesis de trabajo para la discusión sobre viejos y nuevos tópicos que se han vinculado a los debates sobre extractivismo en América Latina.
 
1) Pensar el extractivismo como proceso metabólico y un tipo de régimen de reproducción de la vida
Buena parte de los debates sobre extractivismo plantean un enfoque en el cual parece que se está discutiendo únicamente sobre un “modelo económico”, o bien un tipo de perfil o gestión estatal. La cuestión es que el extractivismo no es sólo esto, sino que en su esencia es un tipo de metabolismo [1] del sistema capitalista que atraviesa, permea e interviene sobre los propios procesos de producción de vida, para adaptarlos a su función específica en la División Internacional del Trabajo, y en el caso del ordenamiento territorial interno de los países, a lo que hemos llamado la «División Nacional de la Naturaleza» [2] , que producen los Estados extractivistas.
En este sentido, se trata de una reivindicación del análisis del extractivismo desde la transdisciplinariedad, enriquecido primordialmente desde la geografía crítica y la ecología política, que haga que, por un lado, reconozcamos que el extractivismo es un sistema transterritorial, y por el otro un régimen biopolítico, en el cual la territorialidad no puede ser sólo entendida como una sociabilidad posada en un espacio inerte, sino que se trata de la reproducción biosocial de la vida, una simbiosis que es indivisible.
El sistema extractivista genera pues territorialidades, ordenamientos geográficos, que se ven articulados jerárquicamente en torno a procesos hegemónicos de acumulación de capital; genera poder sobre los cuerpos; genera configuraciones narrativas y culturales funcionales a estas dinámicas; reproduce un proceso metabólico particular sobre la naturaleza y la producción de energía. Se hegemoniza no sólo al establecer una estructura organizada, transnacionalizada y corporativa de extracción/producción de energía y materia para el mercado mundial, sino también al intentar configurar los procesos productivos moleculares y territoriales haciendo que se deriven de ésta.
La temporalidad y la velocidad del metabolismo biosocial de un país como Venezuela, sus particulares ritmos de procesamiento del consumo y el movimiento, no están sólo determinados por la disposición de tecnología que tiene para ello, sino en primera instancia por cómo la lógica del capital ha generado históricamente un sesgo que se hace cada vez más brutal en su territorialidad piénsese que el 96% del monto de sus exportaciones son petroleras, y el porcentaje de importación del total del consumo nacional de alimentos ha crecido enormemente [3] , por cómo el extractivismo petrolero venezolano configura un ordenamiento geográfico donde los sujetos han sido progresivamente desterritorializados de sus ecosistemas originarios, de sus metabolismos tradicionales, para que sus procesos de producción/consumo/vida se adapten a la específica relación espacio-temporal que genera el dinero de la renta petrolera, con sus particulares formas de producción de subjetividad, de corporalidades, su tipo de representación de los imaginarios sociales, sus intensivos procesos energéticos per cápita.
Al analizar los denominados “recursos minerales estratégicos”, haciendo un mirada especial sobre el litio, uno de los metales que ha creado mayores expectativas en vías a nuevos proyectos y ejes extractivos en Suramérica, vemos que sus principales usos están dirigidos a las cadenas de producción de electrodomésticos, como televisores pantalla plana, teléfonos celulares, computadores portátiles, cámaras de video o de fotografías, y otros similares. Este metabolismo depredador transterritorial que determina los «modos de vida imperial» (U. Brand), puede alimentar guerras o conflictos de orden geopolítico, o bien el robustecimiento del carácter extractivista del Estado boliviano país donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, una reconfiguración de su ordenamiento territorial, así como la desterritorialización subjetiva de los afectados por estos nuevos proyectos extractivos, todo para alimentar procesos de acumulación de capital de estas ramas de la producción industrial transnacional, y los consumos suntuarios de un fragmento “privilegiado” de la población mundial.
El sistema extractivista pues, interviene “de arriba hacia abajo” sobre procesos socio-bioproductivos populares, que pueden tener un carácter autónomo, autosuficiente y de escala molecular, desestimando socialmente los valores que produce, subordinándolos a su modo de acumulación, o bien destruyéndolos ‒externalizando costos hacia los trabajadores, pobladores y la naturaleza‒. Se conforman así, las rutas metabólicas del sistema, un patrón energético piramidal que a partir de una serie específica de productos, materias y energías funcionales al capital, alimentan una cadena que llega hasta la cotidianidad de hombres, mujeres y niños.

Creemos entonces conveniente, analizar la lógica de dominación de los sistemas extractivistas más allá del proceso extractivo en sí, más allá de sus dinámicas estructurales, o bien que trasciendan una visión puramente “económica”, o política (centrada en el Estado), etc. Poder hacer visibles las derivaciones metabólicas que se originan de un tipo de régimen de reproducción de la vida que opera transterritorialmente, es decir, que sobrepasa el territorio donde se produce la extracción de naturaleza, en el sentido en que articula en torno a su modo de acumulación, múltiples espacios geográficos, subjetividades, funciones sociales, que pueden ser muy diversos unos de otros, pero que están subordinados a las zonas donde se masifican los «modos de vida imperial» (puede ser países como Suiza, Suecia o Canadá, o bien, zonas privilegiadas de Johannesburgo, Santa Cruz de la Sierra o Buenos Aires). Esto por supuesto, tiene implicaciones en la ampliación de los objetos y sujetos que se analizan desde la crítica al extractivismo.
2) Extractivismo, soberanías y neoliberalismo mutante
La muy promovida socióloga peruana Mónica Bruckmann afirma que: El acceso, la gestión y la apropiación de los recursos naturales abre un amplio campo de intereses en conflicto en América Latina, evidenciando, por lo menos, dos proyectos en choque: la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional y, por otro lado, la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente que encuentra en los tratados bilaterales de libre comercio uno de sus principales instrumentos para debilitar el primero [4] .

Es importante resaltar que una disputa fundamental que se desarrolla en torno al debate del extractivismo es la que tiene que ver con la soberanía, la cual parece ser entendida casi unánimemente como un problema de Estados-nación o sistemas interestatales. Esto oculta otros actores en realidad los actores constituyentes de los procesos políticos y los territorios que están en disputa tanto contra el capital, como contra el Estado, para evitar procesos de explotación y despojo, y la imposición de proyectos extractivos. (...)

 Lucha en general en torno a la defensa del territorio y de los bienes comunes, como una fuerza de resistencia antidespojo, pero que al mismo tiempo busca reconfigurar su realidad territorial alrededor de lo común. Lamentablemente, y a pesar de la difusión de un imaginario latinoamericanista, son luchas normalmente atomizadas y poco articuladas unas con las otras en términos regionales, a pesar de algunos esfuerzos que resaltan en los últimos años.
Hay sobre estas interpretaciones que hemos propuesto, un factor clave en el debate sobre extractivismo, que tiene que ver con la importante distinción entre lo común, lo público y lo privado. La defensa de lo común, de nuestros comunes, se vuelve imperiosa ante el avance permanente de la acumulación por desposesión, sobre todo tomando en cuenta que tres de los cuatro proyectos en disputa mencionados, con sus diferencias, se proponen expandir el modelo y las fronteras del extractivismo. De la emergencia epistemológica de lo común se desprenden toda una serie de ideas no sólo sobre nuevas subjetividades y premisas ontológicas, así como diferentes formas de resistencias desde el territorio, sino incluso algunas bases para pensar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas en las cuales los pueblos ejerzan un tipo de gobernanza y tengan una soberanía directa por medio de formas de autogobierno y autogestión sobre sus territorios y bienes comunes.
 
Podemos, en efecto, evaluar el papel del Estado, tratando de salvar un teórico nexo fundamental y productivo entre lo común y lo público, sobre todo en los gobiernos denominados “progresistas”. UNASUR se ha propuesto crear el Instituto de Altos Estudios de la unión, alrededor del cual ya giran algunas intelectualidades como Theotonio Dos Santos y Mónica Bruckmann, que sostienen que esta “ afirmación de la soberanía” nacional se da sobre la base de estados fuertes que a partir de sus “recursos naturales”, planifican su uso sustentable para el provecho de la mayoría de los actores sociales [5] . El “desarrollo nacional” se alcanzaría ahora por la vía de una industrialización de la naturaleza.
Sin embargo, y sin poder profundizar mucho más sobre las apreciaciones de los teóricos de la UNASUR, es importante resaltar lo profundamente problemático que es el supuesto vínculo “progresivo” entre nacionalismo energético y la defensa de los comunes (en términos de mantener la soberanía de los pueblos en sus territorios y conservar la naturaleza de la degradación expansiva), y más bien consideramos fundamental demarcar claramente la diferencia entre el ámbito de lo común y el de lo público.
Esto es así por dos razones.
  • La primera es que la intensificación progresiva del extractivismo y la lógica desarrollista en América Latina están en profunda relación con la paulatina distensión de los vínculos que los gobiernos en esta era de perfil “progresista”, han tenido con los movimientos populares que los llevaron al poder, y le dieron sentido a su proyecto político; están también en relación con la pérdida de la composición radical que ha tenido este “bloque político del descontento” y el retroceso de las prácticas alternativas que han dado vida al impulso transformador de los proyectos de estos gobiernos; y a su vez con la progresiva desmovilización de los pueblos y la burocratización de dichos procesos de cambio social. A estas alturas creemos que es evidente que los Estados de orientación popular y progresista han podido hacer más de lo que finalmente han hecho, en términos de iniciar transiciones post-extractivistas; y el hecho de lesionar los vínculos con sus bases populares organizadas, debido al no reconocimiento de que la fuerza constitutiva de estos proyectos de cambio profundo está en ella, ha traído consecuencias, evidentes en la situación de estancamiento político que se vive actualmente en la región.
     
  • La segunda razón tiene que ver con las enormes presiones que ejerce la crisis del sistema capitalista mundial sobre los Estados, principalmente los periféricos o los del Sur Global, para que tengan un carácter político y administrativo cada vez más flexible y abierto a los flujos del mercado, lo que a su vez provoca una gran presión de los Estados sobre los territorios, en busca de procesos de acumulación por desposesión. De ahí las preocupaciones de Eduardo Gudynas sobre el anclaje del progresismo con la globalización [6] .
La UNASUR se propone mapear todos los recursos naturales de la región mediante el Servicio Geológico Suramericano (SGSA), insertarse de una manera repotenciada al mercado global capitalista ‒aquí no se habla en ningún sentido de post-desarrollismo, post-extractivismo, ni mucho menos post-capitalismo‒, así como impulsar toda una red de infraestructuras territoriales para la integración multimodal: ferrovías, hidrovías, carreteras, puertos y aeropuertos [7] , bajo la lógica del COSIPLAN (antiguo IIRSA). Los peligros de que la hibridación que impulsan las formas mutantes del neoliberalismo, por las diversas razones antes mencionadas, termine configurando una política masiva de acumulación por desposesión son muchos. La profundización del extractivismo, con sus crecientes necesidades expansivas de flujos de capital y de conexiones globalizadas abre aún más estos riesgos.
¿Cómo seguir las pistas de este proceso? Tal vez preguntándonos: ¿hacia dónde están apuntando actualmente las políticas estatales respecto al enfoque del rendimiento económico en las exportaciones directas; a la actitud ante la apertura a la inversión extranjera directa y la inserción en el mercado mundial; al tipo de trato y relacionamiento interno que se da con los inversionistas extranjeros; a las políticas cambiarias; al tipo de ejercicio soberano que pone en práctica el Estado ante los grandes capitales respecto a sus “recursos naturales”; a la manera cómo intermedia respecto al acceso popular a los bienes comunes para la vida; a la manera cómo estructura los procesos redistributivos domésticos y la composición de quiénes son los sectores más favorecidos por estos; a cómo opera y qué alcance tiene la voluntad de protección que posee el Estado ante los sectores históricamente excluidos de la sociedad? [8]
3) Extractivismo, «capitalismo delincuencial» y guerra mundial por los recursos
El impresionante despliegue de diversas formas de violencia y guerras a lo largo y ancho del planeta en la actualidad, hacen parte, o se encadenan, a un mismo conflicto geopolítico de orden global, que responde no sólo a la propia crisis mundial del sistema capitalista, sino a una guerra por los llamados “recursos”, que determina la hegemonía o la supervivencia, siendo uno de sus objetivos centrales el control del territorio.
En este sentido, no sólo hablamos de una progresiva ampliación de la militarización de los territorios, sean de origen estatal o formas privadas paraestatales; del establecimiento de mecanismos policiales de represión y satanización social de la protesta todos podemos ser potenciales sospechosos de “terrorismo”; sino también de la forma en la que la política tradicional se ha articulado creciente y alarmantemente con formas delincuenciales instituidas y en expansión; de cómo las disputas y soberanías territoriales que desbordan a los Estados son afrontadas por complejas corporaciones mafiosas transnacionalizadas que tienen cada vez más incidencia en estas dinámicas de poder y dominación del espacio geográfico.
Como ya lo hemos expuesto en otro momento, el modelo de acumulación de capital en el siglo XXI va tomando la forma de un capitalismo delincuencial, como lo ha planteado Ana Esther Ceceña. Dispositivos como estos en México y Centroamérica, Colombia y muy evidente en tiempos recientes en Venezuela, Brasil y en muchos territorios de toda la región, dan cuenta de una estrategia sumamente preocupante, que podría apuntar a una intensificación de la relación entre extractivismo y violencia, apuntando a la expansión de formas de extractivismo delincuencial, o bien de delincuencia extractiva articulada a redes más amplias de poder.
Estas tendencias suponen que la crítica al extractivismo no se dirigiría únicamente al poder de los Estados y las compañías transnacionales, sino a todo un entramado corporativo profundamente mafioso que puede reconfigurar la forma tradicional como se constituyen las correlaciones de fuerza y las disputas políticas en las luchas territoriales. Creemos que es importante analizar bien esta situación, y preguntarnos qué supone este escenario de feudalización mafiosa en la resistencia de los pueblos ante el extractivismo.
4) Ciudades y extractivismo urbano
El grueso de los debates sobre extractivismo ha centrado, con toda justificación, su mira geográfica en áreas rurales y semi-rurales, zonas campesinas, territorios indígenas, así como áreas de reserva natural. Sin embargo, y como hemos propuesto, es necesario reconocer el proceso metabólico transterritorial del extractivismo; esto es, que los rasgos más intensivos de este proceso se reproducen en las ciudades; que la conformación y/o expansión de un enclave urbano, de la masificación de los «modos de vida imperial», suponen al mismo tiempo la implantación y/o extensión de las «zonas de sacrificio» que sostienen ese “desarrollo”, sea de forma directa, por la vía de “importar” de manera creciente bienes comunes como agua, cultivos, entre otros; o primordialmente de forma indirecta por la vía de la intermediación del capital: su transformación en dinero, que retorna al Estado en forma de renta o ingresos transferidos como petrodólares y luego se distribuye para la modernización. En la medida en la que este patrón de poder se ejerce metabólicamente, entonces este proceso sólo podrá ser trascendido metabólicamente.
Ahora bien, lo que se suma a esta importancia de un análisis transterritorial del extractivismo, es el impacto de las transformaciones socio-espaciales que se han dado en América Latina en los últimos 15 años. La oleada de modernización en la región que se sigue del boom de los commodities a partir de la década de 2000, tiene un correlato directo con la expansión cuantitativa y cualitativa de los enclaves urbanos en nuestros países. Esto a su vez, hace que la incidencia política, económica, social y cultural de la cuestión urbana se haga aún más compleja y problemática de lo que ya era.
Si revisamos los últimos años vemos que buena parte de las movilizaciones políticas determinantes fueron de origen urbano: por ejemplo las movilizaciones por las tarifas del transporte público en São Paulo del año pasado y en general las protestas contra el mundial en Brasil en este año; movimientos estudiantiles en Chile y Colombia, así como el movimiento «Yo soy 132» en México; los diversos saqueos por el conflicto policial en distintas provincias en Argentina en 2013; y las diversas manifestaciones, con una fuerte carga contrainsurgente, en Venezuela en 2014. En este sentido, la territorialidad urbana, tanto como fenómeno particular de un sistema extractivista, como un objeto esencial de políticas post-extractivistas, toma una importancia completamente fundamental. Piénsese en qué suponen los debates sobre extractivismo en una Venezuela que tiene casi 90% de la población viviendo en ciudades.

Es esencial pues, comunicar y conectar espacios que aparecen desvinculados, luchas que parecen divorciadas la lucha contra el extractivismo y la lucha por el derecho a la ciudad, no sólo porque la explotación del trabajo en las zonas urbanas, tiene su base material en la extracción masiva de naturaleza en el campo, sino también porque en este período neoliberal, de predominio de la acumulación por desposesión, las operaciones de extracción (S. Mezzadra) también se producen en las ciudades. Más allá de la explotación social del trabajo, el «extractivismo urbano» (E. Viale) [9] apunta también a la desposesión social de bienes comunes en las urbes, como lo vemos permanentemente en numerosas ciudades de América Latina, y de manera muy grosera y reciente en la Brasil del Mundial de Futbol [10] . Esta es una faceta del extractivismo sobre la que creemos hay que profundizar.

5) Extractivismo y el papel de China en América Latina
El avance de China en el mundo, y su vertiginoso posicionamiento en América Latina, que comienza a expandirse desde la década de 2000, ha abierto el debate sobre el papel geopolítico que tiene esta “potencia emergente” respecto a procesos soberanos y de “liberación” de los países de la región. Las dramáticas huellas que ha dejado y sigue dejando el imperialismo estadounidense en la historia latinoamericana, ha provocado una especie de justificación para que algunos países se cobijen cálidamente en los robustos brazos del gigante asiático.
Para Mónica Bruckmann, China retomaría el espíritu de Bandung de 1955 [11] un espíritu anticolonial y de movimiento de países no alineados y junto a la emergencia de los BRICS, abriría el camino para un proyecto de coexistencia global que nos llevará a un profundo cambio de paradigmas: del «choque de civilizaciones» hacia un nuevo enfoque de «alianza de civilizaciones» [12] . El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del país que tiene los nexos relativos más estrechos con China en toda la región, ha dicho que “por primera vez en la humanidad surge una nueva potencia no imperialista, ya eso es mucho” [13] .

Esta matriz de opinión de una «potencia no imperialista» o de la formación de un imperialismo amable, oculta cuatro factores fundamentales: a) no es posible ser una potencia en el sistema capitalista sin impulsar procesos de explotación y despojo a escala mundial, dado que el carácter intrínseco del capital es de naturaleza polarizante; b) la crisis sistémica global del capitalismo tensiona cada vez más a que los capitales mundiales hegemónicos (como los chinos) masifiquen formas de acumulación por desposesión de ahí el carácter “correctivo” del neoliberalismo; c) el imperialismo no sólo opera por la vía militar, sino que cuenta con un muy diverso y sofisticado aparato biopolítico para garantizar sus procesos de control territorial y acumulación capitalista, incluyendo claro está el capital financiero [14] ; y d) habría que no sólo recordar los procesos de acumulación por desposesión que se dieron en la propia China, sus esquemas políticos domésticos, sus formas de externalización de costos sobre la naturaleza, que impulsaron el muy notorio crecimiento de su economía desde los 90; sino también los actuales mecanismos geopolíticos de posicionamiento de sus capitales a lo largo y ancho del mundo, para tener una idea de cómo opera la reproducción de esta potencia capitalista en auge, y si es posible que sea considerada un amable naciente imperio.
La repotenciación del extractivismo en América Latina tiene también la marca de China. La presión que ha ejercido el gigante asiático dirigiendo sus inversiones en muy buena medida hacia la extracción de materias primas, atenazándonos por la vía financiera, posicionando sus mercancías en nuestros vulnerables mercados [15] , y disputándose nuestros territorios geopolíticamente, ha tenido una poderosa influencia en las nuevas dimensiones de los sistemas y metabolismos extractivos de la región. El problema no es sólo con quiénes generamos alianzas estratégicas, sino tal vez primordialmente qué tipo de alianzas y bajo qué modelos las hacemos. Probablemente esta visión romantizada de algunos sobre nuestra relación con China sea, con el tiempo, cada vez más difícil de sostener.
6) Persiste el falso dilema desarrollo-ambiente
Un argumento que sigue teniendo fuerza para desacreditar la crítica al extractivismo es la supuesta oposición entre “desarrollo” y “ambiente”. Por supuesto, la forma como son presentadas estas dos variables, de manera cosificada y trascendental, oculta un patrón de poder biosocial. Lo que aparece como un problema de orden temporal “en América Latina debemos llegar al estadio superior del desarrollo”, y que supondría un inevitable sacrificio de la naturaleza para alcanzar tan “ansiada” meta es, en términos de dominación geopolítica, un problema de orden geográfico.
La depredación sostenida del ambiente se justifica en el sentido de decir que se trata de una reivindicación de progreso para la gente en detrimento de la naturaleza, pero eso que se ha instrumentalizado como “ambiente”, en realidad es una relación ecosistémica de vida que además de “naturaleza”, implica al mismo tiempo la existencia de tierra y territorio. Por eso, en este proceso de dominación geográfica no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar.
En verdad no se trata de que la gente se enriquece en detrimento de un empobrecimiento de la naturaleza. La real polarización no es la de “desarrollo-ambiente”, sino una polarización colonial constitutiva que rige la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, y la división social y racial del trabajo (A. Quijano). Cuando hablamos de una dominación de orden geográfico, nos referimos a cómo el capital controla, administra y/o coopta el proceso metabólico de un territorio, que implica la síntesis indivisible de devastación ambiental y polarización social, en beneficio de una coalición de oligarquías globalizadas que por supuesto genera utilidades a las élites nacionales y a las burocracias de nuestros Estados extractivistas. Esta es la verdadera polarización a la que hay que atender. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece.

A esto hay que agregarle algo. El desarrollo de los capitalismos extractivos convierte a la naturaleza en renta, en dinero captado internacionalmente algunos dicen que es la riqueza de las naciones, y el dinero capitalista es un mecanismo de dominación porque, entre otras cosas, genera una intermediación, que resaltamos en dos sentidos: a) configura una nueva territorialidad que gira en torno al mercado mundial, en el cual se va destruyendo o cooptando el vínculo directo que hay entre el trabajo, el territorio y el acceso a los bienes comunes, lo que obliga a la gente a requerir de la intermediación del dinero para acceder al consumo (que generalmente compra naturalezas procesadas de los despojos de otras partes del mundo); y b) en términos del sistema-mundo, la conversión de los bienes comunes territoriales en dinero, hace que la riqueza fluya acorde a los inmensamente desiguales mecanismos de distribución y transferencia de capital a nivel mundial [16] . El nivel máximo de este proceso internacional de despojo es la crisis de la deuda externa. En ambos sentidos de la intermediación, resalta la relación entre pobreza y dependencia. El extractivismo es un problema económico porque es un problema ecológico y geográfico también.

7) Extractivismo y producción de subjetividad
Poco se trabaja la dimensión cultural del extractivismo, el impacto que tienen estos sistemas, sus modelos políticos, en la producción de subjetividad. Venezuela es un buen ejemplo de cómo en la medida en la que el metabolismo biosocial de todo un país está más determinado por el extractivismo, este genera fuerzas muy influyentes en la producción de subjetividad, que incluso, como ha pasado en la Revolución Bolivariana, atentan contra los cambios de modelo y los procesos de transformación.
El antropólogo venezolano Rodolfo Quintero había nombrado desde principios de los años 70 a este proceso de producción de subjetividad en la Venezuela petrolera, la «cultural del petróleo», para hacer referencia a los diversos recursos materiales e inmateriales que producían este patrón de vida que “crea una filosofía de la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora de materias primas” [17] . A partir de ahí muy poco se ha trabajado esta importante relación en la literatura política del país.
Desde este análisis metabólico que proponemos, un lugar común como la idea de que para superar nuestros principales males sociales hay que impartir una mejor educación, debe ser problematizada. Si se generaran tales procesos “educativos”, manteniéndose todos los procesos metabólicos propios de los capitalismos extractivos, que reproducen las formas culturales de estas subjetivaciones rentistas, difícilmente se podrían alcanzar tales objetivos nuevamente, Venezuela es un buen ejemplo de ello. Por citar un ejemplo, los fenómenos de reprimarización de las economías latinoamericanas, producto de la abundante captación de la renta internacional de la tierra desde mediados de la década de 2000, con sus efectos perniciosos sobre los factores productivos, sobre el ensanchamiento artificial de los mercados internos por la vía de las importaciones, están en profunda relación con la necesidad de redimensionar este tipo de subjetivación cultural rentista. Se trata de un requerimiento metabólico de estos modos de acumulación extractivos respecto al ámbito cultural, que tiene sus modalidades territoriales en las zonas de los proyectos extractivos ‒en contra de culturas campesinas ancestrales, de pueblos indígenas‒, y en los complejos enclaves urbanos.
Los signos de un cambio de época en América Latina, los peligros de procesos masivos de despojo territoriales y degradación de la naturaleza en la región, y el impulso de teorías ad hoc para justificar la expansión del extractivismo, hace de estos debates espacios necesarios para el diálogo y la reflexión, en pro no sólo de insistir en la creación de caminos alternativos, sino de defender los comunes. Lo único que nos queda.

Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – CELARG.
La Paz, septiembre de 2014

Fuentes consultadas: (...)
Notas:(...)

 
Insistamos en examinar consecuencias e implicancias del extractivismo y de la intervención de China. Pero, además, es crucial señalar el papel nefasto de los gobiernos progresistas incluyendo a los de izquierda como el de Venezuela y Bolivia.
 

 

Emiliano Teran Mantovani: “Con el Arco Minero del Orinoco

estamos frente a un suicidio”.
Publicado por Portal de la Izquierda en 4 de septiembre de 2017


Entrevistó Carlos Carcione. UPC de CER Latinoamericana para Aporrea.org | Domingo, 03/09/2017

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.
 
Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.
Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que éste no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.
 
Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de  favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez.  Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no sólo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.
 
Qué significa esto, y ésta es la trampa de lo que yo llamo el «neoliberalismo mutante»: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.
Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo,  a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.
Esto supone además, una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.
 
Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en Santiago de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.
Una tendencia  de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental,  yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Paucachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escasez, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.
Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.
 
Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar.  Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.
Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y  por supuesto la arista social.
Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.
Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.
Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente…
Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar  el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.
Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.
El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.
 
Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?
Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.
Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.
 
Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.
 
Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela.  Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.
Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es sólo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a  quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.
Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.
E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.
Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial.  Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.
Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente.  Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.

Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.
Como están los movimientos sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.
Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.
Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomó el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.
Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yupka fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.
Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.
Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.
Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es sólo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.