domingo, 17 de septiembre de 2017

Es hora de comprobar qué economía los gobiernos progresistas establecen y cómo hay perspectivas distintas en las disputas socioterritoriales desde abajo

Las nuevas fronteras de 

las commodities en Venezuela
10 de marzo de 2016

Por Emiliano Terán Mantovani
“El capitalismo está definido por el movimiento de frontera […] La apropiación de la tierra y el trabajo de frontera ha sido la condición indispensable para las grandes olas de acumulación de capital, desde la era de los Holandeses en el siglo XVII hasta el ascenso del neoliberalismo en los años 70 y 80 del siglo XX […] Las fronteras [son] la vía decisiva para que otros, fuera del circuito del capital, [paguen] la factura de la acumulación interminable de capital”.
Jason Moore
La Faja [del Orinoco] es territorio virgen, no hay resistencias”
Ricardo Menéndez, Ministro de Planificación, 2015
“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
Berta Cáceres
La significativa reorganización geoeconómica del territorio venezolano que se está impulsando actualmente alrededor del extractivismo no es cualquier cosa. Si hay algo que ha unido a todos los grandes proyectos político-partidistas en disputa en el país –Plan de la Patria, Programa de la MUD, “Petróleo en La Mejor Venezuela” de Leopoldo López– es su horizonte hacia un extractivismo repotenciado (y en numerosos sentidos salvaje). Sólo que ahora en este contexto de capitalismo del desastre y de crisis histórica, se han creado las condiciones para evitar cualquier resistencia por parte de políticas nacionalistas: ahora la pelota parece estar del lado del capital transnacional.
Así pues, el capital reorganiza coaliciones con las élites políticas nacionales, redefine las funciones históricas de Venezuela en la división internacional del trabajo y la naturaleza, y acelera la expansión tanto en extensión como en intensidad, a las nuevas fronteras de las commodities, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, para abrir paso a un nuevo proceso de acumulación originaria. Esto no es cualquier cosa porque no se trata sólo de la conformación de un nuevo pacto político, o la asunción de nuevas estructuras de poder, sino de cómo se va a moldear el territorio nacional, como se va a desarrollar el capitalismo-en-la-naturaleza (J. Moore), orientado a las funciones del mercado mundial, tal y como ocurrió en las primeras décadas de la Venezuela petrolera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza en el país. (…)

(…)Modalidades del extractivismo en las nuevas fronteras de las commodities
Las nuevas fronteras de las commodities no solo suponen un avance cuantitativo de la mercantilización y apropiación de la naturaleza y la vida (más hectáreas ocupadas, más cuotas extractivas, más sectores de la actividad extractiva). En estos tiempos en los que se hace cada vez más borrosa la distinción entre “progresismo” y neoliberalismo en América Latina, es importante evaluar también qué modalidades y operaciones le dan forma a estos proyectos y formas de gestión y gobernanza de los “recursos naturales” y los territorios. Mencionaremos 4 modalidades:
  • Pagar con commodities: apropiación directa del “recurso”
Este formato ya se ha venido desarrollando desde hace unos años con los préstamos por petróleo que ha venido adquiriendo el gobierno venezolano con China. El “modelo exitoso de la Faja del Orinoco” (E. Del Pino) parece que se aplicará en los demás convenios extractivos. Por ejemplo, en enero de este año el Ministro Del Pino ofrecía estímulos a inversores para levantar la extracción de carbón de Carbozulia, proponiendo pagar con carbón de alta calidad parte del financiamiento adquirido con éstos.
  • Las Fajas y las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional: extractivismo como desterritorialización salvaje
En noviembre de 2014 se hizo oficial la "Ley de Regionalización Integral" (LRI), que plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED). En ellas se plantean políticas tales como: estímulos fiscales y aduanales, incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; liberación de restricciones arancelarias, suspensión de impuestos a empresas; definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla; y orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente).
El reordenamiento geográfico de este formato extractivista propone una territorialización que no se centra únicamente en el enclave extractivo, planteando en cambio todo un eje integral desarrollista, una nueva forma del capitalismo-en-la-naturaleza: las fajas (faja minera, faja petrolífera, faja pesquera). Junto a Paraguaná, el eje Morón-Puerto Cabello, y en el eje Ureña-San Antonio, estos enclaves de las nuevas fronteras de las commodities han sido decretados oficialmente como ZEDN, para potenciar la acumulación originaria que allí se proyecta.
Aunque la LRI no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial sea un cheque en blanco para la devastación de la naturaleza, y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente.
  • La naturaleza como reserva monetaria: hipotecar la vida
La expansión del extractivismo de oro en Venezuela tiene relación no sólo con el negocio en sí, sino también con las posibilidades de reforzar directamente las reservas internacionales del país. Adicionalmente, tras una reforma de la Ley del Banco Central realizada por el presidente Maduro en diciembre de 2014, el diamante y demás piedras o metales preciosos forman parte de las reservas internacionales.
Así que, incluso lo que no se ha extraído entra a la valoración del casino del mercado mundial –de ahí el afán por la certificación de las reservas mineras–. La Vida ecológica pasa a ser reserva monetaria, forma de cumplimiento de pago de deuda, y garantía de la hipoteca. Con esta neoliberalización de la naturaleza, esta entra de lleno en los términos del ajuste y la reestructuración económica. De ahí que la relación de la minera canadiense Gold Reserve Inc. con el gobierno nacional pasara, de ser expropiada en 2009, seguido de un arbitraje del CIADI por este caso que falló contra Venezuela por 760 millones US$ en 2014, a firmar en febrero de este año (2016) un acuerdo con dicho gobierno para operar en la mayor mina de oro del país –el CEO de Gold Reserve ha dicho también que aspira contar con la conformación de una ZEE–, al tiempo que Venezuela se comprometió a pagar el monto del arbitraje en 60 días. Hemos pasado del extractivismo por desarrollismo al extractivismo por endeudamiento. En esencia, la trampa de la deuda se cobra con taladros, excavadoras y cianuro.
  • Gobernanza sobre los “recursos naturales”: la amenaza de una oligarquía autoritaria
Una expansión territorial de este tipo supone necesariamente un tipo gobernanza sobre los llamados “recursos naturales” y el territorio que se amolde a ella. Una coalición corporativa aparece como la garante del “desarrollo” y la seguridad nacional. Conviene pues preguntarse, cuál será el papel tanto del sector militar, como el de las compañías transnacionales en estos procesos.
Respecto al primero, además de evaluar su rol histórico en la composición del Petro-estado venezolano y su papel en el devenir de la Revolución Bolivariana, el decreto del 10/02/2016 de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG - Gaceta Oficial N° 40.845) parece indicar las formas de este nuevo rol: no solo apunta a una completa “securitización” de los recursos naturales del país –ya se contemplan despliegues de las Fuerzas Armadas y labores de inteligencia logística en las ZEDN–, sino también a una gestión directa del sector militar en el proceso extractivo, siendo que la Camimpeg estará facultada para realizar una larguísima lista de operaciones que lo abarca prácticamente todo (art. 3): “todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”. La sociedad mercantil tendrá una duración de al menos 50 años y otorga atribuciones directas al Ministro de la Defensa.
Esto se combina con un mucho mayor nivel de incidencia territorial por parte de las compañías transnacionales por medio de las flexibilizaciones y liberalizaciones de las ZEDN y los acuerdos económicos realizados con el gobierno nacional, en el marco de un Decreto de Emergencia Económica (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.214) y la declaración de estado de excepción en varios municipios de estados fronterizos desde fines del año pasado. En comparación con la forma de la alianza política en los primeros años de la Revolución Bolivariana (Petro-Estado y base popular organizada), donde se plantearon Comunas, NUDES o demarcación de tierras indígenas, la crisis y la nueva correlación de fuerzas podrían apuntar a una modalidad de autoridad y gobernanza oligárquica sobre el territorio y los recursos naturales.
Consecuencias
Los cambios en curso, en el marco de la reproducción del extractivismo, un modelo de acumulación capitalista que genera profundas desigualdades sociales, devastación ambiental y dependencia sistémica, tendrían consecuencias que podrían ser muy significativas. Mencionaremos algunas de ellas:
a) Renta extractiva, déficit ecológico y pobreza estructural: uno de los argumentos principales es que esta colonización salvaje de las nuevas fronteras se hace para obtener más divisas, “impactar positivamente en el PIB” y garantizar la continuidad de las políticas sociales. Lo que en realidad terminará ocurriendo es la liquidación masiva de riqueza de la vida natural, de los medios de reproducción de la vida social, para transformarlos en dinero el cual serviría para el consumo de productos importados en las ciudades o para pagar la deuda externa.
Hay por tanto una riqueza que emerge (renta extractiva) sobre la destrucción de otra (vida natural) –esta imagen promocional del gobierno nacional representa muy bien esta disputa de valoraciones–. Un ejemplo de esto está en la altísima huella de agua y materiales que supone la minería de oro a cielo abierto (que será aplicada en el proyecto Brisas-Las Cristinas). Si partimos de la estimación del Ministro Del Pino, de las 7.000 toneladas de las reservas potenciales de oro en el Arco Minero se obtendrían unos 200.000 millones US$ (esto dependería de los flujos y condiciones del mercado mundial y de las pautas de los convenios). Pero al mismo tiempo, obtener esta suma de dinero supondría, por ejemplo, una pérdida abismal de riqueza de agua (la que sería utilizada específicamente para el proyecto) de entre 3,1 a 7,4 billones de litros de agua –basado en estimaciones en diversas investigaciones de minería de oro a cielo abierto en Colombia–.
Desde un criterio de sostenibilidad, el cotejo MMM US$/billones lts de agua es absurdo en semejantes cantidades, sencillamente porque la gente no puede ni comer ni beber dinero. Además, la transformación de la naturaleza en dinero hace que dicha riqueza circule bajo las lógicas del capital mundial (flujos financieros), favoreciendo a las clases propietarias y los países del Norte Global. Las consecuencias de esto son un aumento del déficit ecológico y el potenciamiento de las bases estructurales de la pobreza.
b) Patrón primarizado, dependencia y crecimiento del metabolismo social: aunque se esté anunciando que ahora sí vamos a salir del modelo rentista, este reordenamiento del territorio supone un fortalecimiento del patrón primarizado, produciéndose un conflicto entre usos del suelo, a favor del extractivismo. Como ejemplo, podríamos preguntarnos ¿qué va a pasar con la agricultura en estados como Guárico, Anzoátegui y Monagas, donde se va desarrollando la Faja del Orinoco?; ¿qué va a pasar con la pesca en Sucre si se sigue impulsando megaproyectos gasíferos y de infraestructuras en sus costas?
Adicionalmente, la expansión de los impactos ambientales va mermando la disponibilidad de bienes comunes naturales para la vida, al tiempo que podría crecer el metabolismo social producto de la modernización y urbanización de nuevas zonas. Por ejemplo, la gravísima crisis eléctrica en Venezuela –el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha advertido de un colapso eléctrico en abril, si no se toman medidas urgentes– es también producto del enorme sesgo urbano nacional (casi 90% de la población) y la incapacidad doméstica para sostener el crecimiento del metabolismo social del país. Un mayor déficit ecológico acentúa la insostenibilidad económica del capitalismo rentístico venezolano.
c) Una devastación ambiental de grandes proporciones: la vida en Venezuela es posible gracias a sus fuentes de agua, al papel que cumplen sus sistemas ecológicos no urbanos, inclusive posibilitando la existencia de las grandes ciudades del país, que dependen de la importación de naturaleza para sobrevivir. La enorme devastación ambiental que conlleva la expansión de estos megaproyectos extractivos tendría un impacto en la vida integral del país. Recordemos, por ejemplo, que la zona FPO/Arco Minero se desarrollaría en el medio de la cuenca hidrográfica más importante del país. Son conocidos los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela –la más poblada del país–, que se ven agravados por fenómenos de intensas sequías (2010, o la actual). A su vez, podríamos asistir a una mayor depredación de zonas de reserva como la Reserva Forestal del Imataca, Parques Nacionales como Canaima o el Aguaro-Guariquito, o el Delta del Orinoco. Antes que una reivindicación paisajista, se trata de un llamado a la preservación de las posibilidades de vida armoniosa en el país.
d) Extraordinaria amenaza para la subsistencia de los pueblos indígenas del país: los pueblos indígenas se encuentran ubicados, fundamentalmente, en las nuevas fronteras de las commodities. Los varios yukpa asesinados en los últimos años, la contaminación por mercurio de la mayor parte de los pueblos Yekwana y Sanema en la cuenca del río Caura, o los desplazamientos por contaminación y las infecciones de VIH en el pueblo Warao, son ejemplos de efectos directos o indirectos que las actividades extractivas dejan en sus territorios, y que se verían extraordinariamente potenciados por esta expansión extractivista, que se realiza sin ninguna consulta previa a estos. Una alerta debe propagarse para evitar que este proceso colonizador arrase con lo que queda de nuestros pobladores originarios.
Alternativas al tren del extractivismo: ¿se pueden ‘ambientalizar’ las luchas en un país tan urbano como Venezuela?
Existen alternativas a esta nueva oleada de acumulación por desposesión, que estarían vinculadas, por ejemplo, al impulso de la agricultura en diversas escalas; la recuperación de pozos petroleros convencionales no explotados, en vez de insistir en la FPO y la megaminería depredadora (moratorias), lo que serviría para financiar una recuperación y la transición hacia otro modelo, como lo ha propuesto el analista petrolero Carlos Mendoza Pottellá; usos diferentes de estas reservas naturales, como el turismo sustentable; o bien una nueva arquitectura de distribución de las rentas que tenga un sentido de justicia social (abolir impuestos a los más necesitados y pechar, por ejemplo, a la banca nacional) de transición ecológica (estímulos a actividades productivas comunitarias sostenibles y desincentivos a actividades que generen devastaciones ambientales), y de estrategia geopolítica (¿existe deuda odiosa en Venezuela?).
Pero no se puede dejar de reconocer que la correlación de fuerzas ha cambiado negativamente respecto a años atrás y el estado de corrupción que reina en las élites políticas, gobernantes, partidos políticos y grandes sectores económicos del país es enorme, lo que achica notablemente el margen de maniobra para una política de izquierda.
Esto supone que una alternativa ante esta ola de mercantilización de la naturaleza y depredación de la vida debe ser construida necesariamente desde abajo. Diversos conflictos eco-territoriales están en desarrollo en el país, generalmente vinculados a pueblos indígenas, que defienden sus territorios y sus modos de vida ante el avance desarrollista. Pero la población de las ciudades suele estar bastante desvinculada de estos conflictos, o apática ante los procesos de degradación ambiental en otros territorios lejanos al lugar donde habita.
La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su desenfreno, es necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. ¿Podría la crisis del capitalismo rentístico, el aumento de las dificultades para acceder al agua en las ciudades, la creciente insostenibilidad de las mismas, abrir una etapa para una mayor “ambientalización” del movimiento popular? Creemos que sí.
Esto en ningún sentido es una tarea fácil. La histórica “cultura del petróleo” (Rodolfo Quintero) que en buena medida ha configurado nuestros imaginarios, cuerpos y prácticas, se ha proyectado como un ideal urbano, anti-agrícola y colonial con la naturaleza. Si hay algo que podría ser culturalmente revolucionario en Venezuela es promover la agricultura urbana y la ambientalización de las luchas populares. No porque esto vaya a resolver todos los problemas del país, sino que puede constituir la base orgánica de una transformación profunda y necesaria, que tenga como una de sus premisas la defensa de los medios de reproducción de la vida.
  • Emiliano Terán Mantovani es sociólogo es investigador
Fuentes consultadas: (…)
Notas: (…)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Las_nuevas_fronteras_de_las_commodities_en_Venezuela

Fuente: 

II. Es hora de percibir qué mundo el capitalismo impone y las razones de las disputas territoriales desde abajo

La nueva cara del colonialismo:

los acuerdos de asociación económica entre 

la Unión Europea y África.

14 de septiembre de 2017

 

Un nuevo informe de GRAIN capta voces de diferentes ámbitos del continente africano que nos hablan de los devastadores efectos de los Acuerdos de Asociación Económica (AEE) impulsados por la Unión Europea (UE), en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala.

Desde 2002 los países de África, El Caribe y Pacífico (ACP) negocian un acuerdo recíproco de libre comercio conocido por el nombre de Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE). Si bien se publicitó como la solución mágica que impulsaría la industrialización y el desarrollo de los países del ACP es, en realidad, un acuerdo injusto que está inserto en un ámbito colonial. Aunque no ha sido muy divulgado, el AAE ha enfrentado una oposición permanente en todos los países ACP, sobre todo por su efecto devastador sobre los pequeños agricultores. Los casos de algunos países africanos presentados aquí son ilustrativos de la forma en que las comunidades están luchando para retomar el control sobre sus recursos y proteger sus mercados de la avalancha de alimentos procesados a bajo precio procedentes de la UE, junto con pesticidas y organismos genéticamente modificados.

“Una tonelada de cacao tiene un valor aproximado de mil 300 dólares, mientras que un vehículo 4x4 vale actualmente unos 120 mil dólares. De manera que se necesitan unas 92 toneladas de cacao para intercambiarlo por un 4x4. Pero para obtener una tonelada se necesitan no menos de 8 hectáreas de tierra. El agricultor de cacao promedio de Gana posee solamente unos 2-3 acres, lo que significa que le tomaría a él o ella más de 500 años producir el suficiente cacao para comprar un 4x4.” John Opoku, abogado y activista de derechos humanos, Gana. E sta afirmación muestra con claridad las horribles condiciones comerciales que deben enfrentar a diario los africanos y otras personas del Sur global. Desde tiempos inmemoriales, los países del Sur Global han firmado acuerdos comerciales injustos con el resto del mundo —lo que los mantiene en una pobreza permanente! El tipo de comercio y los beneficios que se derivan de estos acuerdos siempre han sido a favor de un solo lado. Los llamados Tratados de Libre Comercio (TLC) continúan apareciendo por diversos rincones. Uno de estos TLC es el Acuerdo de Asociación Económica (AAE). Desde septiembre de 2002, los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) negocian AAEs como acuerdos comerciales recíprocos con la Unión Europea (UE), Desde 2002 los países de África, El Caribe y Pacífico (ACP) negocian un acuerdo recíproco de libre comercio conocido por el nombre de Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE).

Si bien se publicitó como la solución mágica que impulsaría la industrialización y el desarrollo de los países del ACP es, en realidad, un acuerdo injusto que está inserto en un ámbito colonial. Aunque no ha sido muy divulgado, el AAE ha enfrentado una oposición permanente en todos los países ACP, sobre todo por su efecto devastador sobre los pequeños agricultores. Los casos de algunos países africanos presentados aquí son ilustrativos de la forma en que las comunidades están luchando para retomar el control sobre sus recursos y proteger sus mercados de la avalancha de alimentos procesados a bajo precio procedentes de la UE, junto con pesticidas y organismos genéticamente modificados, dentro del acuerdo de Cotonou.

Estos AAEs tienen como objetivo liberalizar aún más las economías de las ex colonias europeas, una jugada que podría tener consecuencias de gran alcance para los agricultores, pescadores, mineros, trabajadores y consumidores a lo largo de las regiones involucradas. Antes de los AAEs, los países ACP tenían acuerdos comerciales preferenciales con la UE. Unos de estos acuerdos fue la iniciativa “Todo Menos Armas” (EBA en inglés) que ofrecía un acceso unilateral no recíproco a los mercados de la UE para los países menos desarrollados (LDC en inglés), garantizando a los LDC una excepción de aranceles y cuotas para acceder a los mercados de la UE. A pesar de esta apertura, los países ACP raramente lograban completar las cuotas de exportación permitidas hacia la UE bajo el acuerdo EBA. Uganda, por ejemplo, tiene una cuota de 5 mil toneladas métricas para el azúcar, pero sus exportaciones a la UE nunca alcanzaron esta cantidad, debido en parte a las estrictas normas de origen europeas y a las restricciones en la capacidad de oferta.

El principio invocado por la UE para cambiar del EBA al AAE con los países ACP, fue que el comercio preferencial no estaba en regla con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto fue una artimaña, ya que las excepciones a las reglas de la OMC siempre son posibles. En realidad, la idea fue promover aún más la liberalización en las tres regiones para el beneficio del capital europeo (en primer lugar los exportadores, y los nversionistas en el largo plazo), creando un mercado global con las mismas reglas en todas partes. Los paí- ses ACP obtendrían como resultado, supuestamente, un mayor crecimiento, más puestos de trabajo y transferencia tecnológica.[1]

En realidad, las promesas del AAE no son en nada diferentes de las que vimos y oímos cuando anunciaron las grandes cosas que se ofrecían en los ahora fallidos Programas de Ajuste Estructural (SAP en inglés) —¡cuyos efectos aún se sienten! Ambos están insertos en un marco de colonialismo que permite a las corporaciones transnacionales de la UE y del Norte Global extraer materias primas desde estos países, estableciendo sus propias condiciones. Como con todos los TLCs, el AAE debe ser analizado y entendido como una serie de eventos interrelacionados que son negociados uno tras otro con el único propósito de paralizar las economías emergentes.

En lugar de intentar acuerdos TLC bilaterales con los 79 países ACP, Europa dividió a los países ACP en 7 bloques —África Occidental, África Central, África Oriental y del Sur (ESA en inglés), la Comunidad de África Oriental (East African Community o EAC), Southern African Development Community (SADC), el Caribe y el Pacífico. El proceso fue presentado como una forma de promover la integración regional. Sin embargo, desde que se inició en septiembre de 2002, se ha generado una gran división y frustración, los plazos no se han respetado y la situación actual, como se ilustra en el mapa, es muy confusa, especialmente en el continente africano.

Efectos del AAE en la alimentación y los agricultores de África
Desde el inicio, el AAE ha estado envuelto en controversias. Esto es debido a ciertas cláusulas que se incluyeron en el acuerdo y que implican una seria amenaza a los derechos humanos y obliga a la privatización de sectores críticos de las economías nacionales.

Esto es especialmente cierto en la mayoría de los países africanos. Además de socavar la soberanía nacional, los AAE desestabilizaron los procesos de integración regional, ahogaron a las industrias locales y redujeron el espacio político de la sociedad civil. Son de particular interés los efectos del AAE sobre la agricultura de África, en especial la agricultura e pequeña escala, la columna vertebral de la mayoría de las economías de África.[2] Los pequeños agricultores de África corresponden al 90 por ciento de todas las propiedades agrícolas, pero tienen acceso solamente al 15 por ciento de las tierras agrícolas del continente; además, los pequeños agricultores proveen el 90 por ciento de la semilla que se usa en el continente africano. Los pequeños agricultores producen 80 por ciento del abasto de alimentos en estas regiones. Cerca de 43 por ciento de la mano de obra agrícola en el África Sub-Sahariano son mujeres. Se estima que el sector de la pesca y la acuicultura dan empleo a cerca de 13 millones de personas en el África Sub-Sahariano.

El pastoralismo es un medio de subsistencia para 50 millones de personas, de los cuales, entre 12 y 22 millones se hallan en el Cuerno de África. En paralelo a este sector esencial, el sector de las plantaciones dominado por los grandes capitales, produce cultivos de exportación como bananas, caña de azúcar, cacao, piña, té y café.[3] Los pequeños agricultores producen para alimentar a sus propias comunidades y mercados locales y no tienen la capacidad ni el interés real de producir para Europa. Gracias a las desequilibradas normas del libre comercio, la UE tiene un lucrativo acceso a los mercados africanos, a través de la exportación de alimentos procesados. Al contrario, los países de África están amarrados al negocio menos lucrativo y menos sustentable de la exportación de materias primas agrícolas, como el café y el algodón, hacia los mercados de la UE.

La liberalización del mercado de la EAC significa que los productos baratos y subsidiados provenientes de la UE pueden circular libremente por la región y, finalmente, paralizar al sector industrial. Por lo tanto, tienen mucho que perder en un TLC con Europa, el cual permitiría que los productos alimenticios europeos desplacen a sus propios productos y esto abriría la puerta a las compañías europeas para establecer más plantaciones, granjas pesqueras y otras operaciones de exportación agrícola que afectaría su acceso a la tierra, agua, semillas y mercados.[4] La experiencia ya muestra que los acuerdos con Europa no existen para beneficiar a los países africanos, sino para abrir sus fronteras a las compañías europeas para que vengan y produzcan para sus propios mercados. Consideremos el caso de África Oriental donde este acuerdo ya está afectando la seguridad alimentaria de muchos y destruyendo el ambiente natural. África Oriental es el territorio del Lago Victoria, el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. El lago tiene una variedad de peces que es la fuente de sustento de muchas personas en toda la región. Sin embargo, las personas comunes de África Oriental ya no pueden pagar estos pescados. Como resultado, sólo tienen acceso a comprar, al alcance de sus bolsillos, los mgongo wazi (esqueleto de pescados).

Los mgongo wazi son restos de pescado provenientes de las empresas de pescado que procesan la pesca del Nilo para exportarla. Esto, junto con la producción de flores, cacao, algodón, habichuelas y café, confirman que la producción en África está, fundamentalmente, orientada a la exportación hacia la UE.

El ofrecimiento de acceso al mercado de la Comunidad de África Oriental en el AAE
El objetivo de las negociaciones del AAE era promover la liberalización de las economías africanas así como aumentar el acceso de las compañías europeas a los mercados africanos. De este modo, los países africanos, como muchos de los países de la ACP, fueron obligados a abrir sus mercados progresivamente a los productos europeos como se ilustra en la secuencia de liberalización de más abajo. A primera vista, el programa garantiza la protección a las nuevas industrias y los productos “sensibles”. Al revisar con cuidado, aparecen en el programa contradicciones increíbles que no pueden ser pasadas por alto. Por ejemplo, por un lado, la EAC ha protegido la harina de maíz (Código HS, 6 dígitos 110220) con un arancel de 50%. Sin embargo, por otro lado, el almidón de maíz (Código HS, 6 dígitos 110812), que es un subproducto de la harina de maíz, fue liberalizado. Estas contradicciones se producen igualmente en otros productos como las papas. Con este tipo de programa de liberalización, la posibilidad de agregar valor a través del procesamiento de los productos agrícolas estará limitada y también comprometerá la seguridad alimentaria, dados los vínculos de apoyo entre la agricultura y la industria alimentaria.

La colonización de los mercados agrícolas en África
Algunos países de la UE también son parte de la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G7 (NASAN), la cual está apoyando en forma directa la expansión de las principales compañías de agronegocios como Bayer y Unilever en África. Para ello, estos países participan en el programa de apertura de los mercados africanos a las empresas de la UE, de manera que puedan vender sus pesticidas, semillas transgénicas y alimentos procesados baratos. Además, las compañías semilleras se enfrentan a mercados saturados en Norteamérica, Europa y Japón. Cada vez es mayor la presión sobre África para abrir mercados a sus productos. Por ejemplo, el presidente de Syngenta, Ren Jianxin, aspira a duplicar el tamaño de Syngenta en los próximos 5 a 10 años. Jianxin ya ha señalado que esta expansión ocurrirá principalmente en India y los países de África.[5]

Una vez que el gobierno de Kenia advirtió que el sustento de cerca de 60 mil productores lecheros se vería afectado negativamente por la importación de leche en polvo y productos lácteos desde la UE, optó por poner los productos lácteos en la lista de productos sensibles. En África Occidental, los lácteos están excluidos, a excepción de la leche en polvo, de la que Nigeria es el importador más grande. En el caso de Sudáfrica, algunas carnes y lácteos han sido excluidos, pero no todos.[9] La pesca es otro sector amenazado por el AAE en los países africanos. Los aranceles para el comercio de pescado están diseñadas, claramente, para proteger a los procesadores de pescado de la UE y asegurarles el máximo de flexibilidad posible para abastecerse de pescados, a los precios más bajos, en los mercados africanos. Como resultado de la enorme diferencia de aranceles entre los productos de pescado procesado y no procesados para entrar a los mercados de la UE, las pesquerías de África se ven forzadas a exportar productos de pescado no procesado, a bajos precios, mientras que los productos de pescado enlatado provenientes de la UE invaden los mercados locales. La liberalización del sector de pesquería no tiene beneficio alguno para los pueblos de pequeños pescadores. En cambio, lo que se observa es un aumento de casos de personas que no tienen para pagar por el pescado, que hay pesca de arrastre ilegal en las áreas costeras y que disminuyen las reservas debido a la sobrepesca.[10]

Un acuerdo para negociar derechos para la industria de semillas
Como se señaló, los AAE entre la UE y África sólo implican, por ahora, comercio en bienes. Pero éstos contienen una cláusula que señala que en un periodo de 5 años, las partes negociarán capítulos adicionales bajo la cláusula Rendezvous. Esta Cláusula estipula que, dentro de un plazo de cinco años, una vez que el acuerdo entre en vigencia, las partes deben comprometerse a concluir negociaciones en otros asuntos. Esto incluye negociaciones en áreas de servicio, inversión, adquisiciones de gobierno, comercio y desarrollo sustentable, derechos de propiedad intelectual y políticas de competencia.[13]
Respecto a la propiedad intelectual, si tomamos el AAE del Caribe como ejemplo, los Estados africanos pueden esperar que la UE presente nuevas reglas que van más allá del estándar internacional actual, como fue establecido por la OMC. Se les pedirá que adopten las reglas de la UPOV, las cuales conceden derechos a los fitomejoradores equivalentes a patentes, para aumentar las ganancias de las compañías multinacionales de semillas y, posiblemente, que se integren a la UPOV.[14]

Un acuerdo para entregar más derechos a los inversionistas extranjeros
No está claro cuán lejos llegará la UE para exigir la liberalización de las reglas de inversión que las compañías de la UE gozan bajo otros acuerdos similares en otras regiones, incluyendo el poderoso sistema de Arbitraje de Disputas Inversionista-Estado (ADIE o ISDS en inglés). Este sistema es un mecanismo de procedimientos que es incluido en acuerdos internacionales de inversión. Permite a los inversionistas extranjeros llevar un caso, directamente en contra del estado donde invirtieron, ante un tribunal de arbitraje, si sienten que el Estado ha roto las reglas establecidas en el acuerdo. Si las últimas negociaciones se toman como modelos, la UE podría presionar por una liberalización lo más amplia posible, junto con una versión modificada del ISDS que la UE incluyó en un reciente acuerdo comercial con Canadá.

Una preocupación importante se relaciona con la tierra. Los TLCs tienden a promover el concepto de “tratamiento nacional”, lo cual significa que los inversionistas extranjeros deben recibir el mismo trato que los inversionistas nacionales. A menos que los Estados de África tomen una posición sobre esto, el AAE podría convertir en ilegal la restricción de acceso a tierras agrícolas por parte de extranjeros. Además de la tierra, liberalizar las reglas sobre inversión asegurará a los agronegocios europeos y las principales cadenas de menudeo —de Nestlé y Danone a Carrefour—obtener amplios beneficios al desarrollar su presencia en África. Los efectos devastadores sobre el sector agrícola se extienden hacia otros sectores. Debido a los injustos acuerdos comerciales, la industria local de alimentos procesados está en decadencia o luchando por mantenerse en la mayoría de los países africanos. Junto con esto, la capacidad de los agricultores para producir alimentos para sus propias comunidades y mercados locales está comprometida y, con esto, la soberanía alimentaria. La predominancia de cultivos comerciales orientados a la exportación en África es uno de los signos de que la explotación colonial está viva y goza de buena salud, 50 o 60 años después de la independencia de muchos países de África. Producción y transformación “Si alguien está tratando de planificar con ustedes según dónde estén ustedes ahora, cuando ustedes tienen planificado mudarse a otro sitio, será sabio anticiparse y asegurarse que el acuerdo prevea donde estarán ustedes. El problema con los AAE es que no anticipa qué tipo de economía industrial queremos ser.”[15] La participación de la manufactura de África es, sin lugar a dudas, tan pequeña que llevó a la Unión Africana (UA) a implementar una iniciativa llamada Plan de Acción para el Desarrollo Industrial Acelerado (AIDA en inglés). AIDA se adoptó en 2007.

Si la manufactura ya está luchando para sobrevivir, un AAE no será la poción mágica que necesita África para desarrollar su sector manufacturero. Cuando se trata de los productos manufacturados, la firma de un AAE significa que la industria y los productos se tienen que adherir de manera estricta al estándar europeo, antes de que puedan ser aceptados para exportarlos a la UE. Como lo señala John Opoku, adherir a los estándares, lo que realmente significa es priorizar el sector manufacturero de Europa a expensas del de África. Él argumenta que “aun el aceite común de palma tiene que alcanzar los estándares antes de que le permitan exportar. El pescado tiene que cumplir ciertos estándares, de otra manera no podemos exportar pescado. De manera que uno encuentra que llega a ser un medio para restringir nuestra matriz productiva y permitirles a ellos que continúen trayendo sus mercaderías.”[16] Esto es cierto para casi todas las economías de África, las cuales siguen exportando productos sin procesar que, eventualmente, volverán al mismo país, procesados y más costosos. Kenia es uno de los principales productores de café, pero un keniano común no puede pagar por un café instantáneo. Precisamente, es por estas razones que Tanzania y Nigeria se han encaminado a no firmar el AAE.[17]

Lo que sigue
Otra importante preocupación en relación al AAE es el Brexit y su aparente impacto sobre el AAE. No es desconocido que Gran Bretaña es el principal consumidor de la mayoría de los productos de estos países. Solamente para la EAC, Gran Bretaña representó un 35.5% del total de las exportaciones de la EAC hacia la UE en 2015. El Brexit debiera llamar a una inmediata suspensión de las negociaciones porque las partes en negociación han cambiado. África Kiiza, de SEATINI, explica que “Primero necesitamos determinar las consecuencias del Brexit. […] Porque es posible que no nos beneficiemos, pero la UE [sin Gran Bretaña] se beneficia de muchas maneras”.[20] A pesar del obvio desorden que existe, la UE continúa presionando fuertemente a los bloques más reticentes, como África Oriental y Occidental, para que firmen el AAE. Todo esto ocurre en el contexto de las inminentes negociaciones por la sucesión del Acuerdo de Cotonou, que expira en 2020. Los Estados de la ACP ya han anunciado que quieren cambiar su acuerdo de relaciones de inversión con la UE, desde el libre comercio a uno de régimen preferencial bajo un nuevo acuerdo. Además está el Área de Libre Comercio Continental (CFTA en inglés) la que fue establecida durante la Cumbre de la Unión Africana como un intento de llevar por una vía rápida la integración comercial a nivel continental considerada en el Tratado de Abuja de 1991. El CFTA es un intento de la Unión Africana para crear la Comunidad Económica Africana. Entre otros aspectos, debe negociar asuntos relacionados con la eliminación de aranceles, reglas de origen, barreras no arancelarias, estándares sanitarios y fitosanitarios, facilitación del comercio y comercio de servicios. Se espera que se complete a fines de 2017. El AAE se ha encontrado con todo tipo de obstáculos como el Brexit, con un creciente aumento de las tendencias nacionalistas y con la xenofobia, así como con otros procesos internos nacionales que están dificultando los acuerdos regionales e internacionales. Hay una oposición creciente contra los TLCs en África y otros países. Aun dentro de la UE, existen movimientos que se oponen al AAE. Como consecuencia, los gobiernos difícilmente son capaces de aprobar estos acuerdos. Estos contratiempos representan una oportunidad perfecta para renovar la oposición al AAE y otros TLCs futuros, como el acuerdo post Cotonou que está siendo desarrollado actualmente. Éste es el momento para que todo el programa de los TLCs en África deba ser cuestionado y los grupos se junten para presionar por un nuevo acuerdo. Ahora es el tiempo para que los países de África prioricen a sus ciudadanos y a sus necesidades, antes de negociar y firmar los TLCs.
Referencias: (…)

I. Es hora de percibir qué mundo el capitalismo impone y las razones de las disputas territoriales desde abajo

La geopolítica de Washington 
y las Zonas Económicas Especiales

16 de septiembre de 2017

Por Carlos Fazio (Alainet)
Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).
Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 deEl Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.
Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo
Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).
Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.
Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional. En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.
El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.
Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Enclaves productivos de exportación
Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.
Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.
En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.
Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.
Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital. Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales . Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.
El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).
Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión; distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.
En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.
Carlos Fazio, escritor, académico de la UNAM y la UACM. Periodista de investigación, colaborador del diario La Jornada de México y el semanario Brecha de Montevideo.
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento de ALAI No. 527: Los territorios de la guerra (Coedición con OLAG).

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231603

miércoles, 19 de julio de 2017

Las elecciones y nacionalizaciones en Nuestra América están subordinadas al capitalismo global.


Esto nos desafía, abajo y a la izquierda, a enfocar qué país construir desde ahora
por aprender y multiplicar rupturas emancipatorias 
de nuestras subjetividades colectivas.
 
Esas rebeldías ya se dan en el continente y mundo como:
Los normalistas, la educación pública y México
29 de junio de 2017
Por Francisco Lemus (Rebelión)

Una de las muy escasas oportunidades para salir de la marginación la representan las escuelas Normales rurales, que para muchas familias campesinas son la posibilidad de que sus hijos puedan aspirar a una vida mejor. Primero despojados de oportunidades en la marginación del campo, ahora en las aulas de clase gracias a las contrarreformas neoliberales. La historia de las Normales rurales en México ha estado marcada por la lucha social, desde su nacimiento, con el proyecto de educación socialista, hasta el auge de las acciones guerrilleras en la década de los 70. Esto las convierte en una amenaza viviente para el Estado que preferiría que los Normalistas se integraran a la apatía que caracteriza en este momento a la mayor parte de los estudiantes.
Pero aún en los momentos en que los estudiantes han buscado hacerse escuchar hay algo que distingue a los normalistas. El ejemplo más notable es el del movimiento #YoSoy132, al que bastó una acción represiva por parte del gobierno federal el 1º de diciembre de 2012 para desmovilizarlo y sumarlo a las luchas del pasado.
Una historia de lucha no se puede subestimar tan fácilmente, y a pesar de sus errores tácticos y estratégicos, hay que reconocer que los normalistas han tenido el temple de salir una y otra vez después de las acciones represivas del Estado, ya sea mediante el gobierno federal, estatal y a veces hasta municipal.
El gobierno federal sabe que tiene en ellos y en los profesores sindicalizados a sus adversarios más fuertes en su plan de llevar a cabo una contrarreforma que le ponga fin de una vez por todas a la idea de educación pública que México ha tenido hasta ahora, para entonces poder seguir con otros contrincantes menores en número y en organización: los estudiantes y profesores universitarios.
La educación pública y gratuita tenía un fin en la era del modelo de sustitución de importaciones, generar mano de obra capacitada para inversionistas nacionales o extranjeros, ahora que es más negocio vender servicios, se ha decretado que la educación, aún esa que genera obreros, debe ser un bien de mercado, y quien “se esfuerce” debe ser quien acceda a ella.
 
El normalista asume, hoy más que nunca, que para poder sobrevivir tendrá que enfrentarse al Estado para el que es un estorbo. No sólo reconoce que es el heredero de una lucha de casi 100 años, también reconoce que para el Estado sus padres y abuelos fueron instrumentos y ahora son estorbos, que si no luchan van a desaparecer no sólo figurativamente, también físicamente.
 
El problema es que el resto de la sociedad se niega a aceptar que si los normalistas desaparecen, y con ellos el modelo de educación pública, las repercusiones en el aumento del costo de la vida y los retrocesos en la vida democrática del país no se harán esperar, afectando a los sectores más precarios que, vale aclarar, son ya más del 60 por ciento de los mexicanos.
La retirada del Estado mexicano de sus obligaciones sociales sólo puede dar pie a pensar que prefiere tener un país cada vez más desfragmentado, con altos índices de pobreza y delincuencia, que empezar a reconstruir condiciones para un verdadero desarrollo nacional. 

Publicada por primera vez en Cambio de Michoacán: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc25390
 
 
 
Observamos el predominio nacional e internacional de dirigentes e intelectuales de izquierda que ejercen su labor en acuerdo a lo que consideran políticamente correcto, encubren facetas antirrevolucionarias y en sus análisis concilian con el capitalismo.
 
 

a. Edgardo Lander: “Uno de los problemas históricos de la izquierda es aprender de la experiencia”

27 de marzo de 2017
 
 Por Natalia Uval
Edgardo Lander una persona vinculada desde hace años a los movimientos sociales y a la izquierda en su país. Desde ese lugar, afirma que el apoyo incondicional de las izquierdas de la región al chavismo reforzó las tendencias negativas del proceso. Sostiene que las izquierdas a nivel global no han tenido “capacidad de aprender”, que terminan respaldando un “gobierno de mafias” como el de Nicaragua, y que cuando “colapse el modelo venezolano” es posible que simplemente “miren para otro lado”.
 
Hace tres años caracterizaste la situación en Venezuela como la “implosión del modelo petrolero rentista”. ¿Ese diagnóstico sigue vigente?
Lamentablemente, los problemas que pueden caracterizarse como asociados al agotamiento del modelo petrolero rentista se han acentuado. El hecho de que Venezuela ha tenido 100 años de industria petrolera y de estadocentrismo girando en torno a cómo se reparte la renta ha conformado no sólo un modelo de Estado y de partido, sino también una cultura política e imaginarios colectivos de Venezuela como un país rico, de abundancia, y la noción de que la acción política consiste en organizarse para pedirle al Estado. Esa es la lógica permanente. En el proceso bolivariano, a pesar de muchos discursos que aparentaban ir en la dirección contraria, lo que se hizo fue acentuar esto. Desde el punto de vista económico se acentuó esta modalidad colonial de inserción en la organización internacional del trabajo. El colapso de los precios del petróleo simplemente desnudó una cosa que era evidente, cuando uno depende de un commodity cuyos precios necesariamente fluctúan.
 
Las críticas a la situación de la democracia en Venezuela se han acentuado tras la asunción de Nicolás Maduro. ¿Por qué es así? ¿Cómo se compara con la situación bajo el gobierno de Hugo Chávez?
Primero hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasó en el tránsito de Chávez a Maduro. Yo soy de la opinión de que la mayoría de los problemas con los que nos encontramos hoy son problemas que venían acumulándose con Chávez. Los análisis de parte de la izquierda venezolana que reivindican la época de Chávez como la época de gloria, en la que todo funcionaba bien y de repente aparece Maduro como un incompetente o un traidor, son explicaciones demasiado maniqueas y que no permiten desentrañar cuáles son las lógicas más estructurales que llevan a la crisis actual. El proceso venezolano, por decirlo muy esquemáticamente, siempre estuvo sustentado sobre dos pilares fundamentales: por un lado, la capacidad extraordinaria de Chávez de comunicar y de liderazgo, que generó una fuerza social; por otro lado, precios del petróleo que llegaron en algunos años a más de 100 dólares el barril. En forma casi simultánea, en 2013, estos dos pilares colapsaron: murió Chávez y los precios del petróleo se vinieron abajo. Y el emperador quedó desnudo. Quedó claro que esto tenía un alto grado de fragilidad, por depender de cosas de las cuales no se podía seguir dependiendo. Además, hay diferencias muy importantes entre el liderazgo de Chávez y el de Maduro. Chávez era un líder con capacidad de dar orientación y sentido, pero también tenía un extraordinario liderazgo dentro del gobierno bolivariano como tal, de manera que cuando él decidía algo, esa era la decisión. Eso genera falta de debates y muchos errores, pero genera también una acción unitaria, direccionada. Maduro no tiene esa capacidad, nunca la ha tenido, y ahora en el gobierno cada quien jala por su lado. Por otra parte, durante el gobierno de Maduro ha habido un incremento de la militarización, quizá porque Maduro no viene del mundo militar, entonces para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas tiene que incorporar a más integrantes de las Fuerzas Armadas y darles más privilegios. Se han creado empresas militares, actualmente la tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares, y están en lugares muy críticos de la gestión pública, donde ha habido mayores niveles de corrupción: la asignación de divisas, los puertos, la distribución de alimentos. El hecho de que estén en manos de militares hace más difícil que sean actividades transparentes, que la sociedad sepa qué es lo que está pasando.
 
¿Qué sucedió con los procesos de participación social que promovieron los gobiernos bolivarianos?
Hoy en Venezuela hay una desarticulación del tejido de la sociedad. Después de una experiencia extraordinariamente rica de organización social, de organización de base, de movimientos en relación a la salud, a las telecomunicaciones, a la tenencia de la tierra urbana, a la alfabetización, que involucró a millones de personas y generó una cultura de confianza, de solidaridad, de tener la capacidad de incidir sobre el propio futuro, uno suponía que en momentos de crisis habría capacidad colectiva de responder, y resulta que no. Por supuesto, hablo en términos muy gruesos, hay lugares donde hay mayor capacidad de autonomía y autogobierno. Pero en términos generales se puede decir que la reacción que se vive hoy es más en términos competitivos, individualistas. De todos modos, creo que quedó una reserva que en algún momento puede salir a flote.
 
¿Por qué no pudo mantenerse esa corriente de participación y organización?
El proceso estuvo atravesado desde el principio por una contradicción muy seria, que es la contradicción entre entender la organización de base como procesos de autogestión y de autonomía, de construcción de tejido social de abajo hacia arriba, y el hecho de que la mayor parte de estas organizaciones fueron producto de políticas públicas, de promoción desde arriba, desde el Estado. Y esa contradicción se jugó de manera diferente en cada experiencia. Donde había experiencia organizativa previa, donde había dirigentes comunales, había una capacidad de confrontar al Estado; no para rechazarlo, sino para negociar. Además, a partir de 2005 hay una transición del proceso bolivariano desde algo muy abierto, desde un proceso de búsqueda de un modelo de sociedad diferente al soviético y al capitalismo liberal, a tomar ya la decisión de que el modelo es socialista, y a una interpretación del socialismo como estatismo. Hubo mucha influencia político-ideológica cubana en esta conversión. Entonces estas organizaciones ya empiezan a ser pensadas en términos de instrumentos dirigidos desde arriba, y empieza a consolidarse una cultura estalinista en relación a la organización popular. Y eso le ha dado obviamente mucha precariedad.
 
¿Cómo es la situación de la democracia en términos liberales?
Obviamente es mucho más grave [durante el gobierno de Maduro], y es más grave porque es un gobierno que ha perdido muchísima legitimidad y que tiene niveles crecientes de rechazo por parte de la población. Y la oposición ha avanzado significativamente. El gobierno tenía hegemonía de todos los poderes públicos hasta que perdió aparatosamente las elecciones (parlamentarias) en diciembre de 2015. Y a partir de allí empezó a responder en términos crecientemente autoritarios. En primer lugar, desconoció la Asamblea, primero desconociendo los resultados de un Estado que le quitaba la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea, con razones absolutamente tiradas de los cabellos. Posteriormente, ha habido un franco desconocimiento de la Asamblea como tal, que desde el punto de vista del gobierno no existe, es ilegítima. Y es tan así que hace unos meses era necesario renovar los integrantes del Consejo Nacional Electoral [CNE], y entonces la Corte desconoció a la Asamblea y nombró a los integrantes del CNE, que por supuesto son todos chavistas. Maduro tenía que presentar a comienzos de año una memoria de gestión del año anterior, y como no reconocen a la Asamblea, la memoria se presentó ante la Corte. Lo mismo sucedió con el presupuesto. Teníamos un referéndum revocatorio para el cual se habían cumplido todos los pasos. Debía hacerse en noviembre del año pasado y el CNE resolvió posponerlo, y eso significó matarlo: simplemente ahora no hay referéndum revocatorio. Era constitucionalmente obligatoria la elección de gobernadores en diciembre del año pasado, y simplemente la pospusieron indefinidamente. Entonces estamos en una situación en la que hay una concentración total de poder en el Ejecutivo, no hay Asamblea legislativa, Maduro tiene ya más de un año gobernando por decreto de emergencia autorrenovado, cuando debe ser ratificado por la Asamblea. Estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. En ese contexto, la respuestas que se dan son cada vez más violentas, de los medios y de la oposición, y la reacción del gobierno, ya incapacitado de hacer otra cosa, es la represión de las manifestaciones, los presos políticos. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder.
 
¿Qué consecuencias tiene esta situación a largo plazo?
Yo diría que hay tres cosas que son extraordinariamente preocupantes de las consecuencias de todo esto a mediano y largo plazo. En primer lugar, hay una destrucción del tejido productivo de la sociedad y va a tomar muchísimo tiempo recuperarlo. Recientemente hubo un decreto presidencial de apertura de 112 000 kilómetros cuadrados a la minería transnacional a gran escala en un territorio donde están los hábitats de diez pueblos indígenas, donde están las mayores fuentes de agua del país, en la selva amazónica. En segundo lugar está el tema de cómo la profundidad de esta crisis está desintegrando el tejido de la sociedad, y hoy como sociedad se está peor de lo que se estuvo antes del gobierno de Chávez; esto es algo muy duro de decir, pero efectivamente es lo que se vive en el país. En tercer lugar, cómo se han revertido las condiciones de vida en términos de salud y de alimentación. El gobierno dejó de publicar estadísticas oficiales y hay que confiar en estadísticas de las cámaras empresariales y de algunas universidades, pero estas indican que hay una pérdida sistemática de peso de la población venezolana, algunos cálculos dicen que es de seis kilos por persona. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en desnutrición infantil y tiene efectos a largo plazo. Por último, esto tiene extraordinarias consecuencias en relación a la posibilidad de cualquier imaginario de cambio. La noción de socialismo, de alternativas, está descartada en Venezuela. Se ha instalado la noción de que lo público es necesariamente ineficiente y corrupto. Es un fracaso.
 
¿Cómo ves las reacciones de los partidos de izquierda a nivel global, y especialmente en América Latina, respecto de Venezuela?
Creo que uno de los problemas que ha arrastrado históricamente la izquierda es la extraordinaria dificultad que hemos tenido como izquierda de aprender de la experiencia. Para aprender de la experiencia es absolutamente necesario reflexionar críticamente sobre qué pasa y por qué pasa. Por supuesto, sabemos toda la historia de lo que fue la complicidad de los partidos comunistas del mundo con los horrores del estalinismo, y no por falta de información. No fue que se enteraron después de los crímenes de [Iósif] Stalin, sino que hubo una complicidad que tiene que ver con ese criterio de que como uno es antiimperialista y es un enfrentamiento contra el imperio, vamos a hacernos los locos con que se mató tanta gente, vamos a no hablar de eso. Creo que esa forma de entender la solidaridad como solidaridad incondicional, porque hay un discurso de izquierda o porque haya posturas antiimperialistas, o porque geopolíticamente se expresen contradicciones con los sectores dominantes en el sistema global, lleva a no indagar críticamente sobre cuáles son los procesos que están ocurriendo. Entonces se genera una solidaridad ciega, no crítica, que no solamente tiene la consecuencia de que yo no fui a criticar lo otro, sino que tiene la consecuencia de que activamente se está celebrando muchas de las cosas que terminan siendo extraordinariamente negativas. El llamado hiperliderazgo de Chávez era algo que estaba allí desde el principio. O el modelo productivo extractivista. Lo que hoy conoce la izquierda en su propia cultura sobre las consecuencias de eso estaba ahí. Entonces, ¿cómo no abrir un debate sobre esas cosas, de manera de pensar críticamente y aportar propuestas? No que la izquierda europea venga a decirles a los venezolanos cómo tienen que dirigir la revolución, pero tampoco esta celebración acrítica, justificativa de cualquier cosa. Entonces, los presos políticos no son presos políticos, el deterioro de la economía es producto de la guerra económica y de la acción de la derecha internacional. Eso es cierto, está ahí, pero obviamente no es suficiente para explicar la profundidad de la crisis que estamos viviendo.
La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en relación, por ejemplo, a la situación de Cuba hoy, porque durante muchos años asumió que mientras estuviese el bloqueo de Cuba no se podía criticar a Cuba, pero no criticar a Cuba quería decir no tener la posibilidad de reflexionar críticamente sobre cuál es el proceso que está viviendo la sociedad cubana y cuáles son las posibilidades de diálogo con la sociedad cubana en términos de opciones de salida. Para una gran proporción de la población cubana, el hecho de que se estaba en una especie de callejón sin salida era bastante obvio a nivel individual, pero el gobierno cubano no permitía expresar eso y la izquierda latinoamericana se desentendió, no aportó nada, sino simplemente solidaridad incondicional. El caso más extremo es pretender que el gobierno de Nicaragua es un gobierno revolucionario y parte de los aliados, cuando es un gobierno de mafias, absolutamente corrupto, que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres es de los regímenes más opresivos que existen en América Latina, en una alianza total con sectores corruptos de la burguesía, con el alto mando de la iglesia católica, que antes era uno de los grandes enemigos de la revolución nicaragüense. ¿Qué pasa con eso? Que se refuerzan tendencias negativas que hubiera sido posible visibilizar. Pero además, no aprendemos. Si entendemos la lucha por la transformación anticapitalista no como una lucha que pasa allá y vamos a ser solidarios con lo que ellos hacen, sino como una lucha de todos, entonces lo que tú haces mal allá nos está afectando a nosotros también, y también tengo responsabilidad de señalarlo y de aprender de esa experiencia para no repetir lo mismo. Pero no tenemos capacidad de aprender, porque de repente, cuando termine de colapsar el modelo venezolano, vamos a mirar para otra parte. Y eso, como solidaridad, como internacionalismo, como responsabilidad político-intelectual, es desastroso.
¿Por qué la izquierda adopta estas actitudes?
Tiene que ver, en parte, con que no hemos terminado de descargar al pensamiento de izquierda de unas concepciones demasiado unidimensionales de qué es lo que está en juego. Si lo que está en juego es el contenido de clase y el antiimperialismo, juzgamos de una manera. Pero si pensamos que la transformación hoy pasa por eso, pero también por una perspectiva crítica feminista, por otras formas de relación con la naturaleza, por pensar que el tema de la democracia no es descartar la democracia burguesa, sino profundizar la democracia; si pensamos que la transformación es multidimensional porque la dominación también es multidimensional, ¿por qué este apoyo acrítico a los gobiernos de izquierda coloca los derechos de los pueblos indígenas en un segundo plano, coloca la devastación ambiental en un segundo plano, coloca la reproducción del patriarcado en un segundo plano? Entonces termina juzgando desde una historia muy monolítica de lo que se supone que es la transformación anticapitalista, que no da cuenta del mundo actual. Y obviamente, ¿de qué nos sirve liberarnos del imperialismo yanqui si establecemos una relación idéntica con China? Hay un problema político, teórico e ideológico, y quizá generacional, de personas para las que ésta era su última apuesta por lograr una sociedad alternativa, y se resisten a aceptar que fracasó.
23/03/2017
 
 
 
Reflexionemos sobre porqué esos dirigentes e intelectuales prefieren la batalla de ideas a expandir los espacios en común entre la diversidad de abajo para deliberar y tomar decisiones sobre problemas fundamentales para la soberanía popular como la erradicación del extractivismo y la emancipación del capitalismo. Aún peor, su autocomplacencia les impide percibir que son ellos los alejados e incluso enfrentados a los pueblos y comunidades de las "zonas de sacrificio" en aras del progreso capitalista que no es de los pueblos.
 
Comprobemos cómo no hay investigación suficiente al ejemplificar mintiendo sobre las realidades para argumentar su opinión y siendo sociólogo fetichiza al Estado y desconoce tanto al carácter local y dependiente del capitalismo en nuestros países como que los gobiernos progresistas surgieron de partidos con bases creídas en que apoyaban líderes mirando por cambios anticapitalistas y de la insubordinación al neoliberalismo de movimientos sociales y pueblos originarios. Esos líderes hicieron lo opuesto a esas luchas de los de abajo. De ahí que el desafío de hoy nos interpela, abajo y a la izquierda, hacia construcciones de los pueblos de su autodeterminación.
 
 
 
 
El pensamiento crítico latinoamericano hoy
18 de julio de 2017
Por Emir Sader (Alainet)
Siempre habían coincidido períodos históricos importantes para el continente y auges del pensamiento crítico latinoamericano. El período vivido por varios países del continente en este siglo configura, sin ninguna duda, un período especial en que, a pesar de los efectos negativos vividos por el continente como resultado de las grandes trasformaciones regresivas vividas por el mundo en las últimas décadas y por las tendencias negativas predominantes en el mundo actualmente, tuvimos países que han reaccionado positivamente, a contramano de lo que pasa en el mundo.
No sólo fue un período importante por ello, sino por el surgimiento, como una de sus expresiones, de una generación de líderes políticos excepcionales, como Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros. Bastaría ello para confirmar que es un período extraordinario.
Sin embargo, tampoco se puede negar que el pensamiento crítico no ha estado a la altura de los desafíos políticos enfrentados por esos gobiernos, no se ha generado un período de auge de nuevas construcciones teóricas muy importantes para el pensamiento latinoamericano. ¿A qué se debe ello?
Sin duda una de las dificultades es la misma complejidad de ese período, su carácter contradictorio. Globalmente es un período de retrocesos, con el paso de un mundo bipolar a un mundo unipolar bajo la hegemonía imperial norteamericana; con el paso de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo; con el paso de la hegemonía de un modelo de bienestar social a la de un modelo de competencia libre en el mercado. América Latina vivió esos cambios de forma concentradamente negativa, marcados por la crisis de la deuda a finales de los años 1970; dictaduras militares en algunos de los países más importantes del continente; y por ser la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y en sus modalidades más radicales.
Las dificultades para comprender cómo, en un marco negativo como ese, fue posible el surgimiento de gobiernos progresistas, es un problema teórico que hay que descifrar, para poder enfrentar los dilemas del nuevo período, así como las herencias como Estados mínimos y economías desindustrializadas, con la soya y la extracción de productos primarios con un rol importante, con la mayor parte de los trabajadores sin contrato de trabajo, con profundas desigualdades sociales, entre otras.

Gobiernos antineoliberales
Comprender el carácter antineoliberal de las izquierdas en nuestro tiempo, así como el carácter de esos gobiernos, que han tenido como prioridad las políticas sociales y no los ajustes fiscales; los procesos de integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU; el rescate del papel activo del Estado como inductor del crecimiento económico y como garante de las políticas sociales, en lugar de la centralidad del mercado, es condición para comprender la era neoliberal del capitalismo.
Las dificultades para esa comprensión han llevado a que algunos intelectuales y corrientes de pensamiento hayan sido llevados a rechazar el rol del Estado y a centrar su reflexión y las formas de acción en la “sociedad civil”, en contra del Estado, de la política, de los partidos. Han propuesto la “autonomía de los movimientos sociales” respecto a la política, recayendo en posiciones corporativas y que han relegado a los que han adoptado esa posición a la defensiva permanente, a la impotencia en la disputa política y finalmente a la intranscendencia e incluso a la desaparición de algunos movimientos, como fue, por ejemplo, el caso de los piqueteros.
Una vez surgidos gobiernos con los rasgos apuntados, esa dirección de pensamiento ha desconocido su importancia, empezando por disminuir profundamente las desigualdades sociales en el continente más desigual del mundo, el fortalecimiento de los Estados en la lucha por la superación del neoliberalismo, el fortalecimiento y expansión de procesos de integración regional independientes de los EEUU, como única región del mundo que tuvo un conjunto de gobiernos antineoliberales y procesos de integración con esos rasgos.
Reducir a gobiernos como los de Bolivia y Ecuador a “modelos extractivistas” es un reduccionismo economicista radical. Los gobiernos de Perú han sido eso. Los de Bolivia y Ecuador no pueden ser reducidos a eso, incluso porque sus rasgos fundamentales son otros –sociales, étnicos, políticos, culturales, económicos–, que van mucho más allá de una caracterización tan reductiva y simplista como esa.
Como resultado, una parte de la intelectualidad latinoamericana ha quedado aislada de los más importantes procesos políticos que sus países y Latinoamérica han vivido. El sectarismo, el intelectualismo, la falta de contacto con la realidad concreta de los países y de los pueblos de nuestro continente, los ha reducido a producir artículos críticos, a una incapacidad de pensar lo nuevo, impidiéndoles ir más allá de las teorías clásicas.
Pero una parte del pensamiento crítico ha sabido comprender los rasgos innovadores del nuevo período histórico, de la lucha por superar el neoliberalismo, a contramano de las tendencias dominantes del capitalismo en escala mundial. Han comprendido la naturaleza de esos gobiernos, sus particularidades y por ello, entre otras cosas, han hecho los mejores balances críticos de esos gobiernos. (Como se puede ver en el libro Las Vías Abiertas de América Latina, en sus ediciones ecuatoriana, argentina, venezolana y boliviana, y luego en la brasileña). La obra de Álvaro García Linera, el más importante intelectual latinoamericano contemporáneo, es la mejor expresión de esa capacidad de comprender esos fenómenos y de cómo ellos permiten la mayor creatividad teórica, los mejores balances y las mejores proyecciones del futuro posible del continente.
En el momento en que incluso los organismos que tradicionalmente habían representado el pensamiento crítico han perdido representatividad, capacidad de aglutinación y de convocatoria del pensamiento crítico, es hora de que nuevas generaciones de intelectuales críticos ocupen el lugar de destaque y produzcan, apoyados en lo mejor que se ha generado, un nuevo pensamiento crítico latinoamericano, a la altura de los desafíos que el continente enfrenta.
Texto publicado originalmente en la revista de junio-julio de ALAI Ante escenarios desafiantes
 
 
Destaquemos todos los gobiernos progresistas continuaron y profundizaron el sistema de deuda perpetua como súper negocio de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales a expensas de ir empobreciendo países y pueblos. Sin embargo, la historia enseña que la política, en vez de la politiquería, vuelve posible lo que parecía imposible.
 
 
 
 
Serie: Centenario de la revolución rusa y del repudio de las deudas
Rusia: el repudio de las deudas en el núcleo de las revoluciones de 1905 y de 1917
29 de junio de 2017
 
Por Eric Toussaint (CADTM)
En febrero de 1918, el repudio de las deudas por el gobierno soviético sacudió las finanzas internacionales y provocó una condena unánime por parte de los gobiernos de las grandes potencias.
Esa decisión de repudio estaba enmarcada en la continuidad del primer gran movimiento de emancipación social que sacudió al imperio ruso en 1905. Ese amplio levantamiento revolucionario había sido provocado por la conjunción de varios factores: el desastre ruso en la guerra con Japón; la cólera de los campesinos que exigían tierras, el rechazo de la autocracia, las reivindicaciones obreras… El movimiento comenzó por unas huelgas en Moscú en octubre de 1905, y se extendió como un reguero de pólvora a todo el imperio, adoptando diversas formas de lucha. En el transcurso del proceso de autoorganización de las masas populares nacieron los consejos (sóviets en ruso) de campesinos, consejos de obreros, consejos de soldados…
En su autobiografía, León Trotsky, que presidió el Soviet de San Petersburgo —capital de Rusia hasta marzo de 1818—, explica la detención de toda la dirección del Sóviet de San Petersburgo el 3 de diciembre de 1905 por la publicación de un manifiesto en el que los miembros de ese consejo elegido llamaban al repudio de las deudas contraídas por el régimen del Zar. Explica también que este llamamiento de 1905 al no pago de la deuda acabó por concretarse a comienzos del año 1918, cuando los sóviets aprobaron el decreto de repudio de las deudas zaristas:

A mí me detuvieron al día siguiente de haberse publicado el llamado “Manifiesto financiero”, en que proclamábamos que la bancarrota de la Hacienda zarista era inevitable, declarando categóricamente que el pueblo victorioso no reconocería las deudas contraídas por los Romanov. |1|
El manifiesto del sóviet de los diputados obreros declaraba bien claro lo siguiente:
«La autocracia no ha tenido jamás la confianza del pueblo, ni ha recibido de éste mandato alguno. Decretamos, por tanto, que no hemos de consentir que sean saldadas las deudas nacidas de todos esos empréstitos emitidos por el Gobierno zarista, en abierta guerra contra el pueblo ruso.»

A los pocos meses, la Bolsa francesa contestaba a nuestro manifiesto abriendo al Zar un nuevo empréstito de dos mil doscientos cincuenta millones de francos. La prensa reaccionaria y la liberal se burlaban de aquella amenaza fanfarrona que los Sóviets dirigían a la Hacienda zarista y a los banqueros europeos. Pasado algún tiempo, el manifiesto cayó en olvido. El mismo se encargó de aflorar nuevamente a la memoria del mundo, en momento oportuno. El derrumbamiento militar del zarismo fue acompañado por la bancarrota financiera del régimen, que venía gastándose desde muy atrás. Al triunfar la revolución, los Comisarios del pueblo, el 10 de febrero de 1918, decretaron que quedaban canceladas totalmente las deudas zaristas. Este decreto sigue en vigor
. |2|
Se equivocan los que dicen que la revolución rusa viene a dejar incumplidas las obligaciones. ¡Las suyas, no! La obligación que contrajo ante el país el día 2 de diciembre de 1905, con el manifiesto de los diputados obreros de Petrogrado, quedó cumplida íntegramente el 10 de febrero de 1918. Y la revolución puede decir con justicia a los acreedores del zarismo: “¿De qué os quejáis, señores? ¡Bien a tiempo se os advirtió!
En esto, como en otras muchas cosas, el año 1905 no hizo más que preparar el advenimiento del 17.»
 
En el libro titulado 1905, L. Trotsky describe la sucesión de acontecimientos que llevó a la aprobación del Manifiesto financiero con que el Sóviet, órgano de la democracia revolucionaria, llamaba a rechazar el pago de las deudas contraídas por el Zar.
Un amplio campo de actividad se abría pues ante el Sóviet; en su derredor se extendían inmensos baldíos políticos, que solamente hubiera sido preciso trabajar con el fuerte arado revolucionario pero faltaba el tiempo. |3| La reacción, febrilmente, forjaba cadenas y podía esperarse, de hora en hora, un primer golpe. El comité ejecutivo, a pesar de la masa de trabajos que tenía que realizar cada día, se apresuraba en ejecutar la decisión adoptada por la asamblea el 27 de noviembre 1905. Lanzó un llamamiento a los soldados y en una conferencia con los representantes de los partidos revolucionarios aprobó el texto del manifiesto “financiero” (…).
«El 2 de diciembre 1905 el manifiesto fue publicado en ocho periódicos de San Petersburgo, cuatro socialistas y cuatro liberales. He aquí el texto de este documento histórico:
«El gobierno llega a la bancarrota. Ha hecho del país un montón de ruinas, lo ha sembrado de cadáveres. Agotados, hambrientos, los campesinos ya no están en situación de pagar los impuestos. El gobierno se ha servido del dinero del pueblo para abrir créditos a los propietarios. Ahora no sabe qué hacer con las propiedades que le sirven de garantías . Ni los talleres ni las fábricas funcionan. Falta el trabajo. Por todas partes vemos el marasmo comercial. El gobierno ha empleado el capital de los empréstitos extranjeros en construir ferrocarriles, una flota, fortalezas, en hacer provisión de armas. Al agotarse las fuentes extranjeras, los pedidos del Estado no se reciben más. El comerciante, el gran proveedor, el empresario, el fabricante que ha cogido la costumbre de enriquecerse a expensas del Estado, son privados de sus beneficios y cierran sus despachos y sus fábricas. Las quiebras se suceden y se multiplican. Los bancos se derrumban. Todas las operaciones comerciales se han restringido hasta el último límite.
«La lucha del gobierno contra la revolución suscita perturbaciones incesantes. Nadie está seguro del día siguiente.
«El capital extranjero pasa en sentido contrario la frontera. El capital “puramente ruso” también se esconde en los bancos extranjeros. Los ricos venden sus bienes y emigran. Las aves de rapiña huyen del país, llevándose lo que es del pueblo.
«Desde hace tiempo el gobierno gasta todos los ingresos del Estado en mantener el ejército y la flota. No hay escuelas. Las carreteras están en un estado espantoso. A pesar de lo cual, falta el dinero, incluso para la alimentación del soldado. La guerra nos ha dado la derrota, en parte porque carecíamos de municiones. En todo el país son señaladas sublevaciones del ejército reducido a la miseria y hambriento.
«La economía de las vías férreas está obstaculizada por el fango; gran número de líneas han sido devastadas por el gobierno. Para reconstituir la economía de los ferrocarriles, serán precisos cientos y cientos de millones.
«El gobierno ha dilapidado las cajas de ahorro y ha hecho uso de los fondos depositados para el sostenimiento de los bancos privados y de empresas industriales que, con frecuencia, son absolutamente dudosas. Con el capital del pequeño ahorro, juega a la bolsa, exponiendo los fondos a riesgos cotidianos.
«La reserva de oro del Banco del Estado es insignificante en relación a las exigencias que crean los empréstitos gubernamentales y a las necesidades del movimiento comercial. Esta reserva será reducida a polvo si se exige en todas las operaciones que el papel sea cambiado contra moneda de oro.
«Aprovechando que las finanzas carecen de todo control, el gobierno acordó tiempo atrás empréstitos que sobrepasaban en mucho la solvencia del país. Mediante nuevos empréstitos, paga los intereses de los precedentes.
«El gobierno, de año en año, establece un presupuesto ficticio de ingresos y gastos, declarando éstos como aquellos por debajo de su importe real, a su voluntad, acusando una plusvalía en lugar del déficit anual. Los funcionarios no controlados dilapidan el Tesoro ya bastante agotado.
«Sólo una Asamblea Constituyente puede poner fin a este saqueo de la Hacienda, después de haber derribado a la autocracia. La Asamblea someterá a una investigación rigurosa las finanzas del Estado y establecerá un presupuesto detallado, claro, exacto y verificado de los ingresos y los gastos públicos.
«El temor del control popular que revelaría al mundo entero la incapacidad financiera del gobierno fuerza a éste a fijar siempre para más tarde la convocatoria de los representantes populares.
«La quiebra financiera del Estado procede de la autocracia, del mismo modo que su quiebra militar. Los representantes del pueblo estarán intimidados y obligados a pagar lo antes posible las deudas.
«Tratando de defender su régimen con malversaciones, el gobierno fuerza al pueblo a llevar a cabo contra él una lucha a muerte. En esta guerra, cientos y miles de ciudadanos perecen o se arruinan; la producción, el comercio y las vías de comunicación son destruidos de arriba abajo.
«No hay más que una salida: es preciso derribar al gobierno, arrebatarle sus últimas fuerzas. Es necesario cerrar la última fuente de donde extrae su existencia: los ingresos fiscales. Esto es necesario no sólo para la emancipación política y económica del país, sino, en particular, para la puesta en orden de la economía financiera del Estado.
«En consecuencia, decidimos que:
«No se efectuará ninguna entrega de dinero por rescate de tierras ni pago alguno a las cajas del Estado. Se exigirá, en todas las operaciones como pago de salarios y contratos, moneda de oro y cuando se trate de una suma de menos de cinco rublos, se reclamará moneda sonante.
«Se retirarán los depósitos hechos en las cajas de ahorro y en el Banco del Estado, exigiendo el reembolso íntegro.
«La autocracia nunca ha gozado de la confianza del pueblo y no estaba en modo alguno fundada en ella.
«Actualmente el gobierno se conduce en su propio Estado como en país conquistado.
«Por estas razones decidimos no tolerar el pago de las deudas sobre todos los empréstitos que el gobierno del zar ha concertado mientras llevaba a cabo una guerra abierta contra todo el pueblo.»
(Fin del Manifiesto)
Al pie del Manifiesto, publicado en la prensa el 2 de diciembre de 2005, figuraba la siguiente lista de las organizaciones que apoyaban este llamamiento a rechazar el pago de la deuda zarista y a asfixiar financieramente a la autocracia:
«El Sóviet de Diputados obreros.
»El Comité Principal de la Unión Panrusa de Campesinos.
»El Comité Central y la Comisión de Organización del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.
»El Comité Central del Partido Socialista Revolucionario.
»El Comité Central del Partido Socialista Polaco.»
Trotsky añade un comentario final: «Lógicamente, este manifiesto no podía por si mismo derrocar el zarismo ni a sus finanzas. (…) El manifiesto financiero del sóviet no podía servir más que de introducción a los levantamientos de diciembre 1905. Apoyado por la huelga y por los combates que se libraron en las barricadas, encontró un poderoso eco en todo el país. Mientras que, para los tres años precedentes, los depósitos hechos en las cajas de ahorro en diciembre rebasaban los reembolsos en 4 millones de rublos, en diciembre de 1905 los reembolsos superaron a los depósitos en 90 millones: ¡El manifiesto había sacado de la reservas del Estado, en un mes, 94 millones de rublos! Cuando la insurrección fue aplastada por las hordas zaristas, el equilibrio se restableció en las cajas de ahorro…» (Fuente: https://issuu.com/centromarx/docs/t... p. 212-215)

Conclusión: la denuncia del carácter ilegítimo y odioso de las deudas zaristas jugó un papel fundamental en las revoluciones de 1905 y de 1917. El llamamiento a no pagar la deuda acabó por concretarse en el decreto de repudio de la deuda zarista aprobado por el gobierno soviético y por los consejos de obreros, campesinos y soldados en febrero de 1918.
Traducido por Griselda Pinero
Notas:
|1| Este extracto del libro Mi vida, disponible en http://www.marxistsfr.org/espanol/t...
|2| Trotsky redactó este texto en 1930
|3| Este extracto del libro 1905 está disponible en: http://www.elsoca.org/pdf/libreria/...
Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d’un homme exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad , Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global , El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos , Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique , Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Ultimo libro: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015. Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda.

Consideremos su presente y su carácter global:

Las deudas abiertas de Hamburgo
18 de julio de 2017
Por Alberto Acosta(Rebelión)
 
Compromisos en extremo generales, con muy escaso contenido concreto, caracterizan la declaración de clausura de la cumbre del G-20 en Hamburgo. Más allá de las tradicionales lecturas y análisis sobre los resultados obtenidos, que arrancaron apenas se despidieron los gobernantes de los países más poderosos del mundo, quedó absolutamente claro que en algunos puntos no se avanzó nada y en otros los problemas fueron ignorados olímpicamente.
En el tema de los acuerdos ambientales de París, los EEUU mantuvieron su posición y el cuestionado gobernante turco anticipó que su parlamento no ratificaría dichos acuerdos. Esto es lamentable para la Humanidad. Lo que se logró en la capital francesa a fines del 2015 era muy tibio. Lo que impulsa Donald Trump es grave: no sólo más de lo mismo, sino más de lo peor…
 
Otro asunto es el relativo al endeudamiento externo. Esta cuestión afecta críticamente a 116 países en todo el mundo, como se desprende del informe anual de la organización alemana erlassjahr.de. Una situación que se explica sobre todo por el sistema imperante, que ha transformado históricamente a la deuda externa en una herramienta de dominación de las grandes potencias. Es lamentable que en este punto, cuando parecía haber algunos avances en la pasada reunión de ministros de finanzas del G-20 también en Alemania, en la ciudad hanseática ya no se dijo nada. Recordemos que en marzo del presente año, en el conocido casino de Baden-Baden, los ministros de finanzas hablaron de un esquema referencial:Operational Guidelines for Sustainable Finance, que se esperaba serviría para normar de alguna manera la concesión de créditos.
 
A la final de tanta palabrería en la cumbre organizada por la canciller Angela Merkel sabemos que los problemas no sólo que seguirán siendo los mismos, sino que, con seguridad, aumentarán. Aceptémoslo, junto a la deuda externa financiera, emergen y se consolidan otras deudas, también externas: las deudas social y ecológica. Y todas esas deudas demandan nuevas y creativas luchas democráticas, al margen de la sinrazón destructora de unos cuantos que con su miopía alimentan y hasta dan pábulo para que se “justifique” la violencia estatal en todas sus formas.
Conocemos la miseria y la pobreza que provocan las crisis de la deuda financiera externa y lo que ocasionan las políticas fondomonetaristas para intentar -casi siempre inútilmente- resolverlas. Esos impactos sociales configuran una enorme deuda social, en la que los acreedores de la deuda financiera son los deudores de la deuda social. A la par, las grandes potencias económicas deberían asumir su corresponsabilidad por los destrozos provocados a la Naturaleza, en otras palabras deben aceptar y pagar su deuda ecológica.
No se trata simplemente de una deuda climática. La deuda ecológica encuentra sus primeros orígenes con la expoliación colonial –que empezó con la extracción de recursos minerales en Potosi o con la tala masiva de los bosques naturales, por ejemplo–, se proyecta tanto en el “intercambio ecológicamente desigual”, como en la “ocupación gratuita del espacio ambiental” de los países empobrecidos por efecto del estilo de vida depredador de los países industrializados.
Aquí cabe incorporar las presiones provocadas sobre el medio ambiente a través de las exportaciones de recursos naturales –normalmente mal pagadas y que tampoco asumen la pérdida de nutrientes y de la biodiversidad, para mencionar otro ejemplo– provenientes de los países subdesarrollados, exacerbadas por los crecientes requerimientos que se derivan de la aperturismo comercial a ultranza y por el servicio de la propia deuda externa financiera. La deuda ecológica crece, también, desde otra vertiente interrelacionada con la anterior, en la medida que los países más ricos han superado largamente sus equilibrios ambientales nacionales, al transferir directa o indirectamente contaminación   (residuos o emisiones) a otras regiones sin asumir pago alguno.
A todo lo anterior habría que añadir la biopiratería, impulsada por varias corporaciones transnacionales que patentan en sus países de origen una serie de plantas y conocimientos indígenas. En esta línea de reflexión también caben los daños que se provocan a la Naturaleza y a las comunidades, sobre todo campesina, con las semillas genéticamente modificadas, para mencionar otro ejemplo. Por eso bien podríamos afirmar que no solo hay un intercambio comercial y financieramente desigual, sino que también se registra un intercambio ecológicamente desigual, que resulta desequilibrado y desequilibrador.
La crisis provocada por la superación de los límites de la Naturaleza nos conlleva necesariamente a cuestionar la institucionalidad y la organización sociopolítica. Tengamos presente que, “en la crisis ecológica no sólo se sobrecargan, distorsionan agotan los recursos del ecosistema, sino también los ‘sistemas de funcionamiento social’, o, dicho de otra manera: se exige demasiado de las formas institucionalizadas de regulación social; la sociedad se convierte en un riesgo ecológico” (Egon Becker). Este riesgo amplifica las tendencias excluyentes y autoritarias, así como las desigualdades e inequidades tan propias del sistema capitalista.
 
Ante estos retos, la tarea radica en el conocimiento de las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad y en asumir la capacidad de la Naturaleza de soportar perturbaciones, que no pueden subordinarse a demandas antropocéntricas. Una nueva ética para organizar la vida misma es cada vez más necesaria. Se precisa reconocer que el desarrollo y el progreso convencional nos conducen por un camino sin salida. Los límites de la Naturaleza, particularmente exacerbados por las demandas de acumulación del capital, están siendo superados de manera acelerada.
 
La labor parece simple, pero es en extremo compleja. En lugar de mantener el divorcio entre la Naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su reencuentro, algo así como intentar atar “el nudo gordiano” roto por la fuerza de una concepción de vida depredadora y por cierto intolerable, especialmente desde la implantación de patrones civilizatorios de corte patriarcal.
La economía debe subordinarse a las demandas de la sociedad y de la ecología. El ser humano antes que el capital, implica, a la vez, que el ser humando debe vivir en armonía con la Naturaleza. Por una razón muy simple, la Naturaleza establece los límites y alcances de la sustentabilidad y la capacidad que poseen los sistemas para auto regenerarse, de las que dependen las actividades productivas y sociales. Es decir, que si destruye la Naturaleza se destruye la base de la economía y de la sociedad misma.
Escribir ese cambio histórico, es decir el paso de una concepción antropocéntrica a una socio-biocéntrica (en realidad se trata de una trama de relaciones armoniosas vacías de todo centro), es el mayor reto de la Humanidad. Un reto que no será enfrentado por el G-20, que configura una suerte de gobierno global de los poderosos interesados en defender sus privilegios, un gobierno legitimado exclusivamente por el poder de unas pocas naciones.
Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Exministro de Energía y Minas.
 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229227 
 
Comparemos las críticas contra nosotros de Emir Sader con las explicaciones de Emiliano Terán para comprender que el enfrentamiento entre ambas izquierdas bloquea, esperemos momentáneamente, la deliberación y toma de decisiones sobre el extractivismo.
 
 

Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica
9 de mayo de 2016

 
Como prácticamente todo en este país, lo del Arco Minero ha desatado una polémica. Sin embargo, a diferencia de prácticamente todas las demás, puede que en este caso se trate de una polémica productiva.
Y es que dando por descontado el uso maniqueo del cual tampoco escapa, lo cierto del caso es que a lo interno de los sectores más progresistas de la sociedad, el tema ha dado para un debate crucial sobre los modelos de desarrollo,  los costos de los mismos y sus alternativas posibles dentro del marco de la sostenibilidad social y natural.
Con la publicación del escrito de Emiliano Terán Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica, abrimos en 15 y Último un espacio para este debate, el cual continuará en los próximos días con otras contribuciones. Esperemos les sea de utilidad en el espíritu de los trabajos que nos caracterizan acá, hechos no para decir qué pensar, sino para poner a pensar.
Por Emiliano  Terán Mantovani [1]         
En numerosas ocasiones se ha invocado la “irreversibilidad” de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidaddel proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.
La situación que vivimos en la actualidad no es sólo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.
 
Como respuesta a esta crisis, el Gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO). En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no solo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.
 
Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO. En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una relectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no solo las nefastas consecuencias que este megaproyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia.
 
1.- Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria
El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.
Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no sólo de lo que se encuentra dentro del “mercado”, sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema abierto muy complejo.
 
La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el Gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socioecológico que este conllevará.
 
Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).
 
¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA solo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica. ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?
 
¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería este un proyecto económicamente viable?
 
Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.
 
Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.
 
2.- El metabolismo social crece
El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera.
Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL; o el país que más CO2 per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial.
 
El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis del Guri se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela.
 
Conviene pues, evaluar tres elementos: el primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removidos para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.
El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Como ejemplo, es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo de electrodomésticos y otros aparatos vinculados al american way of life, se produce una paradoja en términos de “bienestar” e insostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social, y de domesticación de la población, a este tipo de consumos.
Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (aproximadamente una tercera parte del total).
El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.
 
3.- Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas
Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no solo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para sostener el argumento de la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).
Nosotros planteamos aquí el análisis no solo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no solo afectarían la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.
Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Por citar un ejemplo, el déficit energético ha sido analizado en Venezuela, en buena medida, a partir de las fallas en la capacidad instalada, o bien por el fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní, producto, entre otras cosas, de procesos de deforestación en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el Guri, y por tanto para la vida en las ciudades y el sector industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.
 
4.- Déficit físico en el comercio internacional
Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centro del sistema global, o bien que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.
Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del Gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: “el impulso a las exportaciones” (no sólo minería, sino gas y pesca). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.
Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de baja, recesión o depresión, el capital buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.
 
5.- Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?
La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse doónde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años (la importancia de una auditoría de todas las cuentas públicas).
No tiene sentido hablar de “expansión” y “crecimiento” sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza?, ¿a la luz de esta crisis, qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas?, ¿qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.
Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar?, ¿para qué será usado?, ¿qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.
 6.- Buen Vivir y debates sobre el consumo
Queda para otro espacio y ocasión planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.
Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo?, ¿qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada?, y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al american way of life sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?
Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no sólo se reivindique un ideal abstracto deseable, sino también referentes que se adecuen a la crisis ambiental global. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos y, por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.
[1] Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.
 
 
 
Revisemos  la gravedad de que una parte importante de nosotros no tenga conciencia sobre que el sistema capitalista está en crisis estructural y civilizatoria. Tal desinformación es a causa de que CFK y el progresismo convencen de lo contrario. Ejemplifiquemos porqué ese desconocimiento va contra la atención de nuestras necesidades e intereses. En el año 2009, mientras acá el kirchnerismo censuraba los debates para no contribuir al poder destituyente o ser funcional a la derecha y elaboraba reforma política para garantizar la continuidad de la conciliación con el poder fáctico, en el mundo los de abajo maduraban:
 
 
Declaración de la Cumbre de los Pueblos del Sur
Protagonismo popular, construyendo soberanía
26 de julio de 2009

 
Nosotras y nosotros, organizaciones sociales y políticas de diferentes países y continentes, y pueblos originarios, nos reunimos en la ciudad de Asunción los días 23 y 24 de julio de 2009, en la Cumbre de los Pueblos del Sur “Protagonismo popular, construyendo soberanía” para debatir la coyuntura actual de la crisis del sistema capitalista y las salidas frente a ésta.
Nos plantean desde los poderes estatales, financieros y mediáticos que la crisis que atravesamos es una crisis financiera que puede ser resuelta con la inyección de fondos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nunca en la historia del capitalismo se había otorgado tal cantidad de dinero para el salvataje de las empresas privadas. Así se benefician unos pocos que no casualmente son quienes causaron la crisis en un primer lugar. El objetivo del salvataje es entonces que el casino financiero siga funcionando, mientras millones de personas permanecen en la indigencia.

A la par, también promueven la idea de que estamos atravesando una crisis alimentaria diciendo que es a causa de que países como India y China están hoy aumentando su consumo diario de alimento.
 
Pero esta argumentación no muestra que hay un nuevo patrón de producción basado en biotecnologías de avanzada que provocan la destrucción de la agricultura familiar-campesina, y las costumbres campesinas e indígenas.
Este modelo productivo basado en la agricultura mecanizada, extensiva e intensiva, con el uso masivo de transgénicos y agrotóxicos, impacta directamente sobre el medio ambiente, destruyendo y afectando muy fuertemente el clima del planeta. Es por esto que el segundo acuífero más grande del mundo, el Acuífero Guaraní, está en grave peligro de contaminación por la implementación de este modelo extractivo de desarrollo que está ubicado justamente en las zonas de recarga de dicho acuífero.

Esto viene de la mano de la idea de que estamos viviendo una crisis energética, lo cual coincidió con una campaña mundial impulsada por países como EEUU y Brasil, d
onde se plantea la necesidad de aumentar la escala del monocultivo de soja, maíz y caña de azúcar para la producción de etanol y biocombustibles.

Frente a esto, nuestra conclusión es que se trata de una crisis integral del capitalismo, que no es momentánea y que no se va a solucionar con la inyección masiva de capitales. Esta crisis integral pone al desnudo el modelo de desarrollo imperante.
 
La respuesta a esta crisis integral debe ser también integral. Hay que transformar el modelo de desarrollo para salir de la crisis. Esto quiere decir que tenemos que construir un proyecto propio desde los pueblos de América Latina.

Por ello
 hoy estamos en el proceso de construcción y reivindicación de la soberanía alimentaria desde y para los pueblos. Creemos en la necesidad de una producción autónoma, autogestionada y comunitaria, así como la distribución popular e igualitaria. Defendemos el derecho a alimentarnos sanamente, y por ello resistimos desde la defensa de las semillas y la producción agroecológica. Es imprescindible rescatar la memoria y el patrimonio para el saber identitario, desde la pluriculturalidad y desde la puesta en el centro al territorio como base de la identidad cultural. Asimismo, exigimos el diseño de políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria (...)".